YPF apelará la decisión de la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María José Sarmiento de hacer lugar a una acción de amparo presentada por el diputado nacional Manuel Garrido para acceder al acuerdo entre YPF y Chevron.
Cabe señalar que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que es la que tiene que resolver la apelación, ya ha rechazado un planteo idéntico al efectuado por Garrido, que en su momento realizó el senador Rubén Giustiniani. La cámara señaló en aquella oportunidad: “YPF debe recibir el tratamiento de una sociedad anónima regida por el capítulo II, Sección V de la ley 19.550, no encontrándose alcanzada por el régimen de acceso a la información pública”. Estas decisiones reafirman que todo lo actuado por YPF se encuentra dentro de la legalidad.
YPF es una Sociedad Anónima, según el artículo 15 de la ley 26.741, y que cumplió con todas las obligaciones que surgen de la ley de Sociedades Comerciales y de la de Mercado de Capitales, por ser una sociedad que cotiza en la Bolsa de Buenos Aires y en la de Nueva York.
YPF difundió oportunamente todos los aspectos materiales del contrato celebrado con Chevron en los Hechos Relevantes del 16 de julio, 28 y 29 de agosto y 10 de diciembre de 2013, y 10 de abril de 2014; los Estados Contables auditados, que fueron presentados ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; y el informe anual (20F) comunicado a la Securities and Exchange Commission (SEC), de Nueva York. Todas estas comunicaciones al mercado fueron acompañadas por sus respectivos informes de prensa. Además, el 29 de agosto de 2013, el propio presidente de YPF y el presidente de Chevron para las operaciones de exploración y producción en África y América latina encabezaron una conferencia de prensa para explicar en profundidad todos estos aspectos del acuerdo.
Telám
La empresa anunció que apelará la decisión de la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, María José Sarmiento, que la obliga a difundir información sobre la explotación del yacimiento en conjunto con la empresa Chevron, iniciada por el diputado Manuel Garrido.
"YPF apelará la decisión de la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María José Sarmiento de hacer lugar a una acción de amparo presentada por el diputado nacional Manuel Garrido para acceder al acuerdo entre YPF y Chevron", informó hoy la compañía a partir de un comunicado.
La apelación queda en manos de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que en su momento rechazó un planteo similar al de Garrido pero realizado por el senador nacional Rubén Giustiniani.
El comunicado de YPF recordó que en esa oportunidad la cámara consideró que la empresa "debe recibir el tratamiento de una sociedad anónima regida por el capítulo II, Sección V de la ley 19.550, no encontrándose alcanzada por el régimen de acceso a la información pública”.
Estas decisiones reafirman que todo lo actuado por YPF se encuentra dentro de la legalidad, remarcó la empresa.
Esta mañana fuentes judiciales indicaron que la jueza Sarmiento había hecho lugar "a la acción entablada" por Garrido "ordenando en consecuencia a YPF S.A. que en el plazo de 10 días hábiles judiciales, entregue al actor la información que fuera solicitada con fecha 29 de mayo del corriente año al Presidente y Gerente General, Ingeniero Miguel Galuccio, referida al acuerdo firmado para la explotación de Vaca Muerta entre YPF y Chevron".
Para Sarmiento, según la resolución de 11 carillas a la que Télam accedió, "no cabe duda que el aquí actor goza de legitimación ‘ad causam’ en el presente proceso, habida cuenta la amplitud de la legitimación activa contenida en el artículo sexto del Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional".
Las cláusulas secretas del acuerdo entre Chevron e YPF quedaron cerca de salir a la luz: la juezaMaría José Sarmiento ordenó que la petrolera argentina entregue en un plazo máximo de diez días hábiles los documentos solicitados por el diputado Manuel Garrido.
El legislador radical había presentado un pedido de amparo el 29 de mayo pasado para reclamar que la empresa estatal hiciese públicas las cláusulas del contrato que firmó con la petrolera norteamericana para la explotación de una porción del yacimiento Vaca Muerta. Un día antes de que termine el año, la titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 se lo concedió, según publicó el Centro de Información Judicial (CIJ).
Cada vez que le consultaron sobre el tema, el CEO de YPF, Miguel Galuccio, insistió en que no existen cláusulas secretas, sino que se trata de cuatro artículos "confidenciales por tratarse de dos compañías privadas que cotizan en bolsa". El gobierno nacional asegura que no toda la información de YPF es pública porque no se trata de una empresa estatal común y corriente, sino de unasociedad anónima cuyo 51% está en manos públicas.
Aunque nunca se dieron a conocer de forma oficial, distintos tramos de esas cláusulas fueron revelados por el periodismo en distintos momentos. En agosto del año pasado, trascendió el tema (aunque no la redacción) de tres de ellas. Luego, en octubre, el prestigioso The New York Timespublicó más información al respecto. Pero aún falta la información oficial.
Si YPF cumpliera con la decisión de la jueza Sarmiento, debería entregar la información entre el martes 13 y el miércoles 14 de enero. Pero lo más probable es que los abogados de la petrolera resuelvan apelar la decisión. El propio Galuccio había ya señalado en su momento que revelar esas cláusulas podría generar inestabilidad jurídica y poner un freno a la llegada de inversiones.
La respuesta de YPF
La petrolera estatal informó a través de un comunicado que apelará la decisión y recordó que "la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que es la que tiene que resolver la apelación, ya ha rechazado un planteo idéntico al efectuado por Garrido, que en su momento realizó el senador Rubén Giustiniani".
En esa ocasión -repasó YPF- la Justicia indicó que la compañía "debe recibir el tratamiento de una sociedad anónima regida por el capítulo II, Sección V de la ley 19.550, no encontrándose alcanzada por el régimen de acceso a la información pública".
Finalmente la empresa argentina remarcó que "cumplió con todas las obligaciones que surgen de la ley de Sociedades Comerciales y de la de Mercado de Capitales", ya que "difundió oportunamente todos los aspectos materiales del contrato celebrado con Chevron".
