Parte de la deuda en moneda extranjera de Petrobras podría ser declarada en default técnico a partir del martes, si los bonistas adhieren a una campaña para obligar a la petrolera estatal brasileña a acelerar una valoración de las pérdidas generadas por un enorme escándalo de corrupción.
La campaña, que está siendo liderada por el fondo con sede en Nueva York Aurelius Capital, es aplicable sólo a los bonos por 54.000 millones de dólares de Petrobras regidos por la ley estadounidense en el estado de Nueva York.
Aurelius, un reconocido fondo especializado en deuda en problemas o "buitre", está pidiendo a inversores que coloquen a la compañía en default como "medida precautoria", según una carta del 29 de diciembre a la que accedió Reuters.
Según los términos de emisión de esos bonos, Petrobras debe entregar sus resultados financieros del tercer trimestre dentro de los 90 días posteriores al cierre del periodo, en este caso el lunes 29 de diciembre.
Petrobras no ha publicado aún esos resultados porque las acusaciones de arreglo de contratos y sobornos en la compañía han generado dudas sobre el verdadero valor de sus activos.
Para que la declaración de default tenga efecto en alguno de los más de 20 bonos de Petrobras en circulación bajo las leyes estadounidenses, los bonistas que representen al menos el 25 por ciento de cualquiera de esas series deben pedir la acción, explicó Aurelius en la carta.
Aurelius es uno de los líderes de un grupo de inversores que se negó a aceptar una reestructuración de deuda soberana de Argentina, llevando al país a los tribunales estadounidenses.
Petrobras, que planeaba en principio revelar sus resultados a comienzos de noviembre, ha extendido el plazo para hacerlo hasta el 31 de enero al salir a la luz nuevas acusaciones de corrupción diciendo que cuenta con una exención de los inversores, pero no ofreció detalles.
La entrega en enero de resultados no auditados cumpliría con las obligaciones ante los acreedores y evitaría un pago anticipado de la deuda, dijo el lunes Petrobras en un comunicado.
"Creemos que los bonistas deberían tomar inmediatamente la precaución de dar aviso formal de default", escribió en la carta la directora gerente de Aurelius, Eleanor Chan.
"Si bien la mera noticia de un default no debería causar una crisis, los tenedores de bonos no pueden evitar una crisis sólo con enterrar sus cabezas en el suelo y aceptar las garantías de Petrobras como algo seguro", agregó.
Los fondos de deuda en problemas se especializan en comprar bonos de compañías o países en riesgo de caer en cesación de pagos. Tales fondos de cobertura, también conocidos como fondos "buitres", suelen usar a importantes abogados para conseguir términos favorables en cualquier bancarrota.
Pocos han sugerido que Petrobras no será capaz de pagar sus deudas en el corto o mediano plazo. La compañía tiene enormes recursos de hidrocarburos y el respaldo del Gobierno brasileño.
Sin embargo, Petrobras ya ha sido excluido de los mercados de capitales por el escándalo y corre riesgo de perder su calificación de grado de inversión, una situación que podría reducir los potenciales inversores en la compañía e incrementar los costos de crédito.
Un aviso de default exigirá que Petrobras entregue su declaración financiera para principios de marzo o enfrente pedidos de pago anticipado de su deuda.
Incluso si las cosas no llegan a esa instancia, la declaración incrementará la presión sobre los ejecutivos de Petrobras para que negocien con los bonistas y muestren una cifra creíble sobre los costos del escándalo de corrupción, algo que la propia presidenta ejecutiva de Petrobras dijo que podría tomar meses.
"Si Petrobras entrega sus resultados financieros del tercer trimestre antes de comienzos de marzo, el default se puede solucionar", dijo Aurelius.
"Si Petrobras no ha entregado sus resultados financieros antes de comienzos de marzo, las causas subyacentes de la demora podrían ser considerablemente peores respecto a lo que se entiende hoy", agregó.
Petrobras también dijo el lunes que está revisando las inversiones previstas por más de 40.000 millones de dólares para el 2015 basándose en un valor promedio de 2,60 reales brasileños por dólar y un precio promedio del petróleo Brent de 70 dólares por barril.
(Reporte de Jeb Blount; editado en español por Hernán García)
Parte de la deuda en moneda extranjera de Petrobras podría ser declarada en default técnico a partir del martes, si los bonistas adhieren a una campaña para obligar a la petrolera estatal brasileña a acelerar una valoración de las pérdidas generadas por un enorme escándalo de corrupción.
La campaña, que está siendo liderada por el fondo con sede en Nueva York Aurelius Capital, es aplicable sólo a los bonos por 54.000 millones de dólares de Petrobras regidos por la ley estadounidense en el estado de Nueva York.
Aurelius, un reconocido fondo especializado en deuda en problemas o buitre, está pidiendo a inversores que coloquen a la compañía en default como "medida precautoria", según una carta del 29 de diciembre a la que accedió Reuters.
Según los términos de emisión de esos bonos, Petrobras debe entregar sus resultados financieros del tercer trimestre dentro de los 90 días posteriores al cierre del periodo, en este caso el lunes 29 de diciembre.
Petrobras no ha publicado aún esos resultados porque las acusaciones de arreglo de contratos y sobornos en la compañía han generado dudas sobre el verdadero valor de sus activos.
Para que la declaración de default tenga efecto en alguno de los más de 20 bonos de Petrobras en circulación bajo las leyes estadounidenses, los bonistas que representen al menos el 25 por ciento de cada una de esas series deben pedir la acción, explicó Aurelius.
"Creemos que los bonistas deberían tomar inmediatamente la precaución de dar aviso formal de default", escribió en la carta la directora gerente de Aurelius, Eleanor Chan.
Aurelius es uno de los líderes de un grupo de inversores que se negó a aceptar una reestructuración de deuda soberana de Argentina, llevando al país a los tribunales estadounidenses.
Petrobras, que planeaba en principio revelar sus resultados a comienzos de noviembre, ha extendido el plazo para hacerlo hasta el 31 de enero al salir a la luz nuevas acusaciones de corrupción diciendo que cuenta con una exención de los inversores, pero no ofreció detalles.
Petrobras no respondió a un pedido de comentarios.
Pocos han sugerido que Petrobras no será capaz de pagar sus deudas en el corto o mediano plazo. La compañía tiene enormes recursos de hidrocarburos y el respaldo del Gobierno brasileño.
Sin embargo, Petrobras ya ha sido excluido de los mercados de capitales por el escándalo y corre riesgo de perder su calificación de grado de inversión, una situación que podría reducir los potenciales inversores en la compañía e incrementar los costos de crédito.
Un aviso de default exigirá que Petrobras entregue su declaración financiera para principios de marzo o enfrente pedidos de pago anticipado de su deuda.
Incluso si las cosas no llegan a esa instancia, la declaración incrementará la presión sobre los ejecutivos de Petrobras para que negocien con los bonistas y muestren una cifra creíble sobre los costos del escándalo de corrupción, algo que la propia presidenta de Petrobras dijo que podría tomar meses.
El gobierno brasileño teme que las grandes constructoras socias de Petrobras entren en mora en caso de ser impedidas de participar en obras públicas si se llegan a comprobar las denuncias de corrupción que pesan sobre ellas.
Según informes oficiales citadas por el diario Folha de Sao Paulo, las empresas contratistas y la petrolera estatal -todas bajo sospecha de desvío de fondos, formación de cartel (acuerdo informar entre empresas) y pago de sobornos, entre otros delitos- deben por concepto de préstamos a bancos públicos y privados en Brasil más de US$ 48.148 millones.
El temor del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y de la banca es que una eventual morosidad por parte de esas empresas, así como una posible inhabilitación, afecte toda la economía del país.
De acuerdo a las denuncias investigan el Ministerio Público (Fiscalía) y la policía federal, 16 grandes socias de Petrobras están bajo sospecha de haber formado un cártel para cometer fraudes en licitaciones e inflar los precios de los contratos. Los delitos fueron cometidos en complicidad con altos funcionarios de la estatal y políticos, se indicó.
De confirmarse las denuncias, las empresas implicadas quedarían impedidas de firmar nuevos contratos públicos por hasta cinco años, y aunque la legislación no les impediría, en tal situación, dar continuidad a obras en marcha, tendrían restricciones para acceder a más préstamos bancarios, lo que podría llevar a un eventual cese de pagos.
De hecho, uno de los argumentos esgrimidos por los abogados de los cerca de 20 altos ejecutivos de esas empresas que están procesados es que el país puede quedar paralizado en caso de que las constructoras queden inhabilitadas para actuar en obras públicas. Es por esa razón que la Defensoría Estatal (AGU) instruyó al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) a liberar créditos a estas empresas, al menos por el momento, siempre que quede comprobado que pueden honrar los pagos.
En su justificación, el organismo defensor estatal mencionó, precisamente, el peso de estas grandes empresas en el desarrollo del país.
"Se trata de deudores institucionales con relevante participación en el (producto interno bruto) PIB y responsables de la conducción de inversiones de primordial relevancia para el desarrollo nacional", expresó la AGU al responder una consulta hecha por el banco de fomento sobre la oportunidad de renovar los préstamos.
El sector público brasileño acumuló en los primeros once meses del año un déficit fiscal primario de 19.640 millones de reales (u$s 7.553,8 millones), el mayor saldo negativo para el período en los últimos 13 años, informó ayer el Banco Central.
Fue la primera vez que Brasil registró un saldo negativo en sus cuentas públicas en el período desde que el indicador comenzó a ser medido con los actuales criterios en 2002. Hasta ahora el peor resultado era el de 2002, cuando las cuentas públicas acumularon en once meses un superávit primario de u$s 20.665,4 millones).
El déficit en el período contrastó con el superávit fiscal primario de 80.900 millones de reales (u$s 31.115,4 millones) que Brasil acumuló en los primeros once meses de 2013.
El resultado primario en las cuentas públicas es la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno central, de las administraciones regionales y de las empresas estatales sin tener en cuenta los recursos destinados al pago de intereses de deuda.
Este indicador es la referencia utilizada en Brasil para medir la salud de las cuentas públicas, puesto que indica el posible ahorro que el Gobierno hace para pagar los intereses de la deuda pública.
El saldo negativo acumulado hasta noviembre puso en duda la posibilidad de que el gobierno cumpla la meta de terminar 2014 con un superávit primario de 10.100 millones de reales (u$s 3.884,6 millones).
El gobierno se había propuesto inicialmente terminar el año con un superávit primario de 167.400 millones de reales (u$s 64.384,6 millones), que fue reduciendo gradualmente.
De acuerdo con el Banco Central, el déficit acumulado hasta noviembre fue provocado principalmente por la caída de la recaudación impositiva como consecuencia de la estancamiento económico del país y por las numerosas exenciones que el gobierno ha concedido para favorecer sectores en crisis.
Además, el gasto público saltó significativamente en un año marcado por las elecciones presidenciales de octubre.
Los analistas del mercado financiero prevén que, por la menor demanda externa debido a la crisis y a la reducción del consumo interno, la economía brasileña sufrirá una nueva desaceleración este año, en el que tan sólo crecerá un 0,14 %.
