El Senado aprobó y giró a la Cámara Baja el acuerdo en materia de cooperación económica entre la Argentina y China, y dos convenios complementarios referidos a inversión industrial y para infraestructura establecidos entre los gobiernos de ambos países.

Al convenio, que fue aprobado por 36 votos afirmativos contra 13 negativos, el oficialismo le hizo un agregado en el recinto para aclarar que la cuestión laboral está regulada por la legislación local donde se ejecuten las obras, el respeto por las actividades lucrativas y de asegurar la ocupación de mano de obra argentina en los proyectos que se ejecuten en el país.

Aunque en los hechos, por tratarse de un convenio establecido entre los gobiernos de dos países, el parlamento solo puede aprobar en general o rechazar el entendimiento.

El radical Juan Carlos Marino cuestionó el acuerdo y puso énfasis en la cuestión laboral, al sostener que los trabajadores argentinos pueden ser perjudicados por el mismo, también dijo que complicará a los países de la región: "Flaco favor le hacemos a nuestros socios del Mercosur con este tipo de acuerdos".

El macrista Diego Santilli coincidió con el radical en el aspecto y reclamó "clarificación en término de la legislación laboral", pero aclaró que en su opinión "todo aquel que venga a producir puede quedarse en la Argentina".

¿QUÉ ESCONDE EL ACUERDO?

El gobierno argentino, sin financiamiento externo tras el default selectivo de julio, acrecienta sus lazos con su único prestamista, el gobierno de China, con el tratamiento exprés de un polémico acuerdo bilateral de inversión. Una vez que se sancione definitivamente, el objetivo es que el canciller Héctor Timerman lo presente en la próxima reunión de la CELAC el 8 de enero en Pekín.

Luego del swap de reservas y la compra de trenes 0km a China, el Gobierno busca dar un paso más trascendental con la segunda economía del mundo. Muchos de los legisladores tuvieron que suspender sus vacaciones ya que el Congreso entró en receso a mediados de diciembre hasta febrero de 2015.

Entre los puntos polémicos del acuerdo figura el artículo 5 que permite un proceso de adjudicación directa para las obras de infraestructura que ingresarán en el convenio. Condicionará a los próximos gobiernos ya que se extenderá por un período de cinco años. Los rubros en los que China tendrá prioridad serán minería, energía, agricultura y el desarrollo de parques industriales.

El oficialismo en el Senado consiguió aprobar este lunes tres convenios de cooperación económica y de inversión con China, que ahora deberá avalar la Cámara de Diputados.

Las iniciativas obtuvieron 36 votos a favor y 13 en contra por parte de la oposición, que cuestionó las ventajas que otorgan los acuerdos al gigante asiático.

El convenio principal, que constituye el marco regulatorio para las inversiones de China en nuestro país, se firmó el 18 de julio pasado durante la visita del presidente Xi Jinping.

Entre otras cosas, contempla la adjudicación directa para proyectos de infraestructura del sector público, acceso inmediato de financiamiento de bancos de China y facilidades en materia de permisos de residencia y trabajo para la ejecución de las inversiones planeadas.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Ruperto Godoy (FpV) destacó que el convenio está “orientado a una mayor cooperación entre empresas chinas y argentinas a los fines de seguir sosteniendo el crecimiento en ambos países”.

Explicó que el acuerdo contempla “la cuestión energética, minera, la agricultura, la manufactura y la posibilidad de poder distribuir de mejor manera los productos agropecuarios”, entre otras cosas.

Además, dijo que el convenio “está orientado a poder incorporar mayor valor agregado y capacidad exportadora” a nuestros productos. “Es poder ingresar a la gran cadena de valor que hoy tiene China”, resumió.

El senador oficialista pidió pensar el convenio en el marco del contexto internacional al señalar la emergencia de “nuevos países que comienzan a ser protagonistas” e indicó que China es “el centro dinámico del comercio y del desarrollo”.

En este sentido, negó que la Argentina esté aislada del mundo: “cada vez tenemos mayor relacionamiento”, aseguró.

Los argumentos no convencieron a la oposición, que advirtió sobre los amplios beneficios que tendría China de ratificarse este convenio.

El radical Mario Cimadevilla se preguntó “si no estamos frente a un nuevo estilo de imperialismo del siglo XXI” y alertó que “condiciones tan desventajosas para el país no se veían desde el pacto Roca-Runciman”.

Por el mismo bloque, Juan Carlos Marino ironizó “flaco favor le hacemos a nuestros socios del Mercosur con este acuerdo”, luego de que se aprobara minutos antes la elección popular en el Parlasur.

En tanto, el macrista Diego Santilli apuntó a la “poca clarificación en términos de legislación laboral”.

Sin embargo, el oficialismo introdujo a último momento una modificación en este sentido, acordada con la Jefatura de Gabinete y el sindicato de la Construcción.

Según informó el jefe del bloque, Miguel Pichetto, se incorporó un párrafo al artículo 6 que busca “afianzar” el esquema laboral “con sujeción de la legislación del lugar donde se ejecute la obra” y “facilidades para la realización de actividades asegurando para Argentina la ocupación de mano de obra local”.

En materia de infraestructura, el convenio establece un plan integrado de cinco años de duración donde “el gobierno de Argentina aplicará el proceso de adjudicación más ventajoso que se utilice en programas de cooperación similares con otros países”, según indican los fundamentos del proyecto.

Además, “las adquisiciones en el marco de los proyectos del sector público argentino podrán efectuarse a través de adjudicación directa siempre que estén sujetos a financiamiento concesional de la parte china y que la adjudicación se realice en condiciones ventajosas de calidad y precio”.

Por último, “cada parte otorgará a los nacionales de la otra facilidades para la realización de actividades lucrativas en condiciones de igualdad con los nacionales del Estado receptor, siempre que se hubieran concedido los permisos de residencia y de trabajo necesarios para el ejercicio de dichas actividades”.

Este lunes 29/12 en el Senado de la Nación se llevó a cabo la última sesión del 2014, con un debate "exprés" y sin modificaciones, la Cámara Alta aprobó un oscuro y difuso convenio con la República China que permitirá no sólo la llegada de inversiones del gigante oriental, sino también la adjudicación directa de obras a empresas de ese país y el desembarco de inmigrantes que quieran trabajar en la Argentina. La iniciativa fue aprobada con 36 votos a favor y 13 en contra.

El acuerdo K con China

El acuerdo consta de diez artículos que conceden amplios beneficios a China y habilitan decisiones discrecionales al gobierno nacional. A cambio de financiamiento, el país oriental recibirá privilegios para invertir en los sectores de "energía, minerales, productos manufacturados, agricultura y sistemas de apoyo, tales como centros de investigación y desarrollo y parques industriales", según consta en el artículo 4 del documento. El primero de esos centros de investigación y desarrollo sería la misteriosa estación espacial de exploración lunar que Pekín prevé instalar en un predio de 200 hectáreas en Neuquén.

El artículo número cinco del convenio establece además que el Poder Ejecutivo argentino podrá utilizar "el proceso de adjudicación más ventajoso" para beneficiar a la administración comunista y sus empresas. Eso incluye la posibilidad de eludir licitaciones para conceder obras y contratos mediante "adjudicación directa siempre que estén sujetos a financiamiento concesional de la parte china".

El acuerdo con China también concede facilidades para que cualquier ciudadano chino pueda instalarse en la Argentina "para la realización de actividades lucrativas, ya sean laborales o profesionales, como empleados o por cuenta propia". La única condición para que puedan quedarse en el país será que cumplan con "los permisos de residencia y de trabajo necesarios", según establece el artículo 6.

Las mismas condiciones regirán para los argentinos que quieran instalarse en China. Pero si se comparan los 40 millones de habitantes que tiene la Argentina con los más de 1.300 millones que posee el país oriental, quedan pocas dudas de cuál de las dos naciones habrá de recibir más inmigrantes por el convenio.

En un futuro cercano, los beneficios que logró Pekín podrían ser ampliados aún más. Gracias a la autorización que le concede el artículo 2, el gobierno nacional quedó habilitado a firmar nuevos "convenios específicos en los que se detallarán el plan de trabajo, el procedimiento para la recepción y el uso de fondos y el perfil de la participación de las distintas partes en cada caso". Un cheque en blanco para que la administración de Cristina Kirchner o incluso quien la suceda continúen las negociaciones con el presidente chino Xi Jinping.

El acuerdo diplomático fue firmado por los mandatarios de ambos países el 18 de julio pasado durante la visita de la delegación china a la Argentina. Recién el 16 de diciembre, casi cinco meses después de la rúbrica, los senadores pudieron leerlo por primera vez, cuando el Poder Ejecutivo giró el documento a la Cámara alta.

La oposición

Los legisladores de la oposición rechazaron que la discusión del proyecto en la Comisión de Relaciones Exteriores se hiciera apenas un día después. Pero, con la ayuda de sus aliados habituales, el kirchnerismo consiguió imponer su criterio y logró el dictamen necesario. Para apurar aún más los tiempos, el jefe del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto, convocó a una votación con el fin de adelantar el tratamiento. Como no logró el respaldo de dos tercios de los senadores, tuvo que conformarse con discutirlo este lunes, pese a las quejas de quienes ya tenían programadas sus vacaciones, el proyecto fue aprobado sin mayores problemas.

Por Carlos Galván.

Aunque en lo discursivo lo fustiga de manera habitual, el kirchnerismo volvió a pedirle auxilio a Carlos Menem. Gracias al ex presidente, que viajó especialmente desde La Rioja, más la del neuquino Guillermo Pereyra, que entró como opositor, el oficialismo alcanzó ayer el quórum y consiguió aprobar en el Senado la ley que unifica las elecciones de diputados del Mercosur con las presidenciales.

La norma, que abre las puertas a una eventual candidatura de Cristina Kirchner el año próximo, fue aprobada por 37 votos a favor y 12 en contra. El kirchnerismo alcanzó con lo justo la mayoría especial de la mitad más uno del cuerpo (37 votos) que se requería, por ser una reforma electoral.

Por la urgencia de la Casa Rosada, el Senado debió sesionar casi a fin de año, una fecha completamente insólita, para aprobar la ley que ya tenía media sanción. Sólo participaron algunos opositores para fundamentar la posición contraria de sus bloques.

Uno de los puntos polémicos de la ley es que otorga a los parlamentarios del Mercosur la misma inmunidad con la que cuentan los senadores y diputados nacionales. Desde sectores opositores se especula con que la Presidenta, complicada con la causa Hotesur, podría candidatearse en 2015 en esta categoría para conservar sus fueros. “Esta ley es garante de impunidad”, alertó el senador Mario Cimadevilla (UCR-Chubut).

Pero también tendría como objetivo favorecer al oficialismo en las elecciones de 2015, según reconocen en el bloque. El Ejecutivo debe reglamentar dónde irá la boleta del Parlasur (ver “La Presidenta definirá...”) y en el kirchnerismo creen que si Cristina encabeza una lista que va en primer término traccionaría más votos.

Angel Rozas (UCR) denunció que el apuro en la sanción de la ley revelaba una “forma de oportunismo electoral”. “¿Quién puede estar en contra de que se elijan parlamentarios o se profundice el Mercosur? Pero esta ley no se merece que se saque con una mayoría matemática, a las apuradas y con algún calculo electoral”, planteó.

Luis Juez (Frente Cívico) fundamentó su voto en contra: “No voy a admitir, en memoria de mi viejo que era un gran peronista, que me hagan creer que con esta ley se va a aumentar la calidad parlamentaria. Eso es un chamuyo”.

La nueva ley dispone elegir 19 diputados por distrito único y 24 por las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Desde la oposición hicieron notar que el país ocupa 26 bancas en el Parlasur y que las 43 que se pretenden consagrar por esta ley recién correspondería elegirlas en 2020, tal como acordaron los legisladores de ese foro en la última prórroga para la elección directa y simultánea de sus miembros. El kirchnerista José Mayans argumentó que Brasil ampliará su representación si lo hace la Argentina y que se busca “fortalecer la integración latinoamericana”.

Al inicio de la sesión juró como senador Juan Manuel Abal Medina en reemplazo de Aníbal Fernández. Con su voto, el oficialismo llegó a los 37: Menem se retiró apenas comenzó la sesión y Pereyra votó en contra. El vicepresdiente Amado Boudou, procesado en dos causas, volvió a presidir la sesión y otra vez la oposición le exigió que renuncie al cargo.

Por Gustavo Ybarra

Con lo justo, el oficialismo en el Senado alcanzó ayer la mayoría calificada que establece la Constitución y sancionó la ley que reglamenta la elección de los representantes argentinos en el Parlamento del Mercosur (Parlasur). Se votarán el mismo día que las elecciones presidenciales de octubre próximo y Cristina Kirchner podría convertirse en protagonista de la lista sábana oficialista.

La sanción fue por 37 votos a favor y 12 en contra en la última sesión del año. Hubo duras críticas opositoras por el apuro oficialista para aprobar la ley y, sobre todo, por los fueros que se prevén para los futuros legisladores. El Parlasur sólo entrará en funciones a pleno en 2020.

Por tratarse de una modificación del Código Nacional Electoral, el proyecto requería de 37 votos afirmativos (mayoría absoluta del cuerpo). El kirchnerismo logró ese número gracias al apoyo de Carlos Menem y del neuquino Guillermo Pereyra.

También el oficialismo consiguió los votos gracias la asunción de la banca de Juan Manuel Abal Medina, que ayer juró como senador por Buenos Aires en reemplazo de Aníbal Fernández, desde hace diez días secretario general de la Presidencia.

El bajo nivel de rechazos que tuvo la ley obedeció a la decisión de varias bancadas de la oposición, sobre todo de la UCR, de darle la espalda a una sesión convocada por el kirchnerismo dos días antes de fin de año para responder al apuro de la Casa Rosada. Entre su tratamiento en la Cámara de Diputados y su sanción en el Senado, transcurrió un mes.

La nueva ley establece la elección de los representantes argentinos para el Parlasur, que integran Brasil, Uruguay y Venezuela. Se trata de 43 parlamentarios que se elegirán por un sistema mixto, ya que 24 surgirán de cada una de las provincias y la ciudad de Buenos Aires, mientras que el remanente (19) serán votados por distrito único a nivel nacional y distribuidos entre las diferentes fuerzas por el sistema de representación proporcional (D'Hont).

El texto, elaborado por el apoderado del PJ y diputado nacional, Jorge Landau, establece que la elección se realizará el mismo día que las presidenciales de octubre próximo. La norma exime la definición de las listas del filtro de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), por lo que cada partido o frente electoral podrá decidir el método para elegir a sus candidatos a parlamentarios del Mercosur.

El proyecto fue defendido por el formoseño José Mayans (FPV), quien destacó que la reglamentación de la elección para el Parlasur "persigue fortalecer la integración latinoamericana" y del Mercosur.

"Es fundamental que el Parlamento pueda sesionar y convertir en resoluciones medidas que después se convertirán en políticas públicas que fortalezcan la integración", afirmó el vicepresidente del bloque oficialista.

Sin embargo, la oposición rechazó de plano ese argumento y adjudicó la sanción de la ley a una necesidad del kirchnerismo de ordenar e intervenir la interna del peronismo que se viene de cara a las presidenciales del año próximo.

"Estamos discutiendo una ley electoral que consideramos oportunista, que es garante de impunidad en algunos casos", denunció el radical Mario Cimadevilla. El senador por Chubut fue el único opositor que deslizó durante el debate la cuestión de los fueros que vienen implícitos con la condición de legislador del Mercosur y el uso que de ellos podría hacer el kirchnerismo ante el avance de las causas judiciales por denuncias de corrupción.

El cordobés Luis Juez (FAP) calificó como una "picardía del oficialismo" el impulso de la ley y lo relacionó con la interna oficialista. "Han encontrado un vericueto maravilloso, un atajo importante para poder competir y armar un gran lema nacional, y a partir de ahí condicionar el armado de las listas", sentenció.

En la misma línea se manifestó Gabriela Michetti (Pro-Capital), quien relacionó el apuro del Gobierno con "una necesidad coyuntural, puntual, de hacer que la elección presidencial también sea una elección del Mercosur para acomodar las fichas del Gobierno".

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, destacó que el acuerdo, que prevé inversiones por 7.500 millones de dólares, representa "una complementación estratégica para la expansión de la capacidad económica".

Los acuerdos entre Argentina y China, impulsados desde 2004 por el entonces presidente Néstor Kirchner, permitieron fortalecer la cooperación y "promover la inversión directa, expandir el volumen total del intercambio comercial y generar los mecanismos de financiamiento para el desarrollo de la infraestructura pública", detalló Capitanich.

La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, tendría previsto en tanto viajar "en la primera quincena de febrero" a China, en respuesta a la visita que hizo su par chino, Xi Jinping, al país a mediados de año.

El intercambio comercial entre ambos países alcanza a cerca de 15.000 millones de dólares, según estimó Capitanich.

"China ocupa un lugar preponderante en el escenario mundial y forma parte de la agenda de los países emergentes desde el punto de vista de su contribución al crecimiento de la economía mundial", destacó.

El acuerdo estratégico prevé un mecanismo de financiamiento, con inversiones chinas, por unos 4.700 millones de dólares para la construcción de dos represas hidroeléctricas en la austral provincia de Santa Cruz y de otros 2.400 millones de dólares para el ramal de ferrocarril Belgrano Cargas. Los proyectos también abarcarían los sectores energético, agropecuario, de minería y obra pública, con iniciativas que se podrían aprobar por adjudicación directa, sin licitación.

Asimismo, Capitanich señaló que hay "perspectivas para el financiamiento de una nueva central atómica, la adquisición de dragas para el aprovechamiento fluvial", y los acuerdos para el intercambio de monedas ("swaps").

La oposición cuestiona el convenio marco de cooperación en materia económica y de inversiones con la República Popular de China, que fue firmado el 18 de julio pasado durante la visita de Xi a Buenos Aires.

Los puntos más cuestionados son la autorización para la instalación de una estación espacial china en la provincia de Neuquén por 50 años, las ventajas impositivas y la aplicación de normas laborales chinas a los empleados de ese país que trabajen en los proyectos.

El diario "La Nación" afirmó hoy que el acuerdo con China es "una de las iniciativas más audaces en el campo de la política exterior" y llevará "del idilio a la dependencia".