Por Ariel Bogdanov.
La clausura de la planta cordobesa de Dioxitek podría, en caso de extenderse en el tiempo, traer serias consecuencias en materia energética en nuestro país. La planta que funciona en pleno barrio de Alta Córdoba fue clausurada el 10 de noviembre último, y a pesar de que desde los organismos oficiales prefieren no hablar públicamente del tema, por lo bajo reconocen que la capacidad de generación de energía nucleoeléctrica corre serios riesgos y podría dejar, en un plazo de entre seis y nueve meses, sin servicio a casi 10% de la población argentina, lo que afectaría a alrededor de un millón de hogares.
Dioxitek es una sociedad anónima estatal cuyas acciones pertenecen en 99% a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el 1% restante, a la provincia de Mendoza. Allí se producen unas 120 toneladas de dióxido de uranio en base a la purificación del diuranato de amonio. El producto final de la planta cordobesa se envaina y sirve de combustible para las principales centrales nucleares del país, como Atucha I y II, y la propia central de Embalse, en Córdoba. El material producido en “la atómica”, como llaman a la planta los vecinos de Alta Córdoba, es muy difícil de importar debido a que el producto generado allí tiene particularidades muy específicas y demandaría erogaciones millonarias para nuestro país.
Fuentes consultadas por este medio estimaron que el stock de dióxido de uranio alcanzará por unos nueve meses; sin embargo, no todos los expertos son tan optimistas y consideran que, de acuerdo a los requerimientos actuales, el combustible nuclear podría acabarse en seis meses. “Sin dióxido de uranio, las plantas no pueden funcionar, y el que se genera en estas plantas es de altísima calidad. El polvo de uranio de Dioxitek está hecho de una manera distinta al de otras plantas, por lo que será difícil encontrar un proveedor que pueda alcanzar estos estándares de calidad. La planta de Dioxitek en Córdoba es prácticamente irreemplazable”, aseguran los expertos.
Pese a que los directivos de Dioxitek se negaron a hablar con este medio, los empleados de la firma en Córdoba y los propios dirigentes reconocen que va a haber “un bache difícil de sortear en la producción de dióxido de uranio”.
La clausura se realizó a partir de una serie de denuncias que señalaban que la planta violaba “normas que regulan la generación y el tratamiento de residuos peligrosos”. También una ordenanza municipal prohíbe la instalación de una planta de este tipo en un barrio categoría 2. Desde el Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo (Oetec) repudiaron enérgicamente la clausura de la planta cordobesa por parte de funcionarios municipales de esa ciudad argumentando que podría poner en jaque todo el plan nuclear argentino. “El cierre de Dioxitek atenta contra el desarrollo autónomo y soberano de nuestras capacidades científicas y tecnológicas en el campo nuclear. Esta desafortunada e irresponsable decisión de funcionarios públicos cordobeses les producirá un grave daño económico a todos los argentinos” enfatiza el comunicado del organismo.
En el ambiente de la energía nuclear consideran que hubo intereses políticos en la clausura de la planta: “Los funcionarios de la Municipalidad de Córdoba se pusieron en la vereda de enfrente del gobierno nacional. Dioxitek se tiene que ir del centro, eso es lógico y se sabe, pero el intendente de Córdoba está utilizando esa herramienta para extorsionar a la Nación. Ya logró llegar al Gobierno en 2012, cuando consiguió un ambicioso plan de obras, y ahora quiere hacerlo de nuevo. Cerrar de esta manera la planta deja a las claras esos intereses”, remarcaron fuentes del sector, que no esconden su preocupación de cara al futuro cercano.
