Por Pablo Fernández Blanco.

La gestión pública le permitió a Julio De Vido adquirir una gimnasia especial en el oficio de la negación. Durante los años más duros de la crisis energética, el ministro de Planificación debió ejercitarlo muchas veces. Lo hizo en el invierno de 2010 y en los veranos de 2011, 2012 y 2013, sólo por poner algunos ejemplos.

En septiembre de 2006, cuando aún no había estallado la disputa con el Grupo Clarín, estuvo en el programa A dos voces (que emite los miércoles Todo Noticias, el canal de cable del grupo) y declaró con énfasis: "Habrá energía en abundancia".

Al mismo tiempo, documentos de Cammesa, la empresa mixta que administra el sector eléctrico y en la cual De Vido tomaba las principales decisiones, cuestionaban con datos técnicos esa afirmación. Uno de los años más críticos fue, justamente, 2006.

Una serie de comunicaciones internas, informes de riesgo y notas a las que tuvo acceso LA NACION confirman que entre 2003 y 2011 el sistema eléctrico funcionó en estado de "emergencia operativa" (es el término que usaron los técnicos para describir la situación) en el sector de generación. Es decir, el área donde actúan las empresas encargadas de producir la electricidad, que luego se transporta por las redes de distribución a todos los consumidores finales, incluyendo fábricas, comercios y hogares. Esos informes luego se discontinuaron.

Una nota de Cammesa describe la emergencia operativa como la situación que ocurre cuando la generación eléctrica disponible "remanente", luego de "ingresar toda la generación necesaria para satisfacer la demanda, queda en valores mínimos o cero".

Una pequeña tabla elaborada por técnicos del Estado muestra con crudeza la profundidad de la crisis energética en los últimos años.

En 2004, cuando el kirchnerismo recién comenzaba a tomar dimensión de la situación, en el 46% de los días hábiles del año se registró al menos una de las situaciones que hacen a la emergencia operativa. El número bajó al 27% al año siguiente, pero escaló al 63% en 2007 y alcanzó el 71% en el crítico 2008, el peor año de la crisis. En 2011, ese número se redujo al 26%, todavía muy alto.

"Esto significa que el sistema eléctrico ha estado operando, en términos medios, al menos la mitad de los días hábiles del año en situaciones de emergencia operativa", detalló uno de los informes de Cammesa, que ahora está bajo el control del ministro de Economía, Axel Kicillof.

Los técnicos del Gobierno estimaron que la principal causa de la reducida reserva térmica del sistema (la que generan usinas de electricidad que funcionan principalmente a gas) se debió a la "falta de combustible", otra de las patas flojas del sistema energético durante el kirchnerismo.

En otros términos, por la caída en la producción de gas, el incremento de la demanda en hogares y las demoras para hacerse de combustibles sustitutos, como el gasoil y el fueloil, que la Argentina importó en cantidades multimillonarias en casi toda la década.

"Sin esta reserva, ante la salida de servicio de cualquier generador, a los efectos de abastecer la demanda debe recurrirse a la utilización de reservas hidráulicas de los embalses o a la reducción de la demanda a través de la reducción de tensión o de acuerdos programados con los agentes", lamenta Cammesa en otro de sus textos.

Los llamados "acuerdos" son, en realidad, cortes en el suministro eléctrico que sufren las empresas cuando la energía producida no alcanza para cubrir toda la demanda, con el objeto de dar prioridad al abastecimiento en los hogares y en servicios públicos esenciales.

Los documentos internos del Gobierno recuerdan 2007 como uno de los peores años en materia de suministro eléctrico, si bien tal cosa nunca fue informada oficialmente.

"El año 2007 resultó uno de los más fríos de la serie histórica, presentando consecuentemente una elevada demanda de energía eléctrica durante el invierno. Este hecho, junto con la disminución de la oferta de gas a usinas por la misma causa y períodos de baja disponibilidad del parque térmico, provocó situaciones de emergencia de gran profundidad durante todo el período."

Como los recursos disponibles no alcanzaron, "a partir de mediados de junio y hasta principios de agosto debió recurrirse a la reducción programada de la demanda de los usuarios industriales durante las horas de mayor consumo", dice una de las notas de Cammesa, con una sinceridad poco habitual para el kirchnerismo en términos públicos.

En 2011, en cambio, el funcionamiento del sector mejoró por el ingreso de nueva oferta eléctrica. De todas maneras, se debió utilizar la generación de bajo rendimiento y confiabilidad para el 13% de los días hábiles del año. Sin embargo, en todos los años se debió recurrir a la importación de electricidad desde Uruguay y Brasil, muchas veces a un precio oneroso.

Al mismo tiempo, cayó la performance del sistema de distribución eléctrica, a cargo de empresas como Edenor y Edesur, entre otras.

Aunque sus voceros difícilmente lo digan en público, las empresas critican por esa situación el atraso en la recomposición de las tarifas, algo que está en la órbita del Gobierno y que en reiteradas ocasiones amagó modificar, sin haberlo concretado hasta ahora.

A las puertas del verano 2008/2009, muchos comerciantes, como los de la foto en la avenida Avellaneda al 3300, de la ciudad de Buenos Aires, debieron instalar grupos electrógenos para evitar los frecuentes apagones. Aquel año, como admitió uno de los informes de Cammesa (ver facsímil), fue récord en materia de cortes diarios del servicio. Hoy la situación no mejoró sustancialmente; la recesión y un clima más benigno evitaron mayores problemas.

PÉRDIDAS Y DEUDAS A LA ORDEN DEL DÍA

Los informes de Cammesa, la empresa mixta que administra el sistema eléctrico del país, dejaron de emitirse el año pasado y reflejaron puertas adentro del Gobierno la verdadera situación de emergencia, que no ha cambiado, al menos estructuralmente. Aun con temperaturas que no alcanzaron marcas extremas como otros años, los cortes volvieron a producirse en los últimos meses, afectando a numerosos barrios de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano durante varios días. Sólo la recesión económica hizo que esta vez la situación no fuera tan caótica, al menos hasta ahora.

Mientras tanto, la situación económica y financiera de las empresas del sector no hizo más que empeorar. Por ejemplo, Edenor y Edesur, distribuidoras del área metropolitana, volvieron a reflejar fuertes pérdidas en sus balances a septiembre pasado: $ 1443 millones para la primera y $ 2019 millones para la segunda.

Esto repercute en las cuentas de todo el sistema. Por ejemplo, al 30 de noviembre las principales distribuidoras le debían al Estado 18.350 millones de pesos por la energía que reciben de las generadoras, a través de Cammesa.

La reforma de la Ley de Hidrocarburos número 17.319, concretada en este 2014, comenzó a cobrar forma a mediados de 2012, tras la decisión del gobierno nacional de expropiar las acciones que la española Repsol tenía en YPF, a la que responsabilizó de la abrupta caída registrada en la producción de petróleo y gas en 2011 y por su reiterados incumplimientos de inversión.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner concretó el 16 de abril de 2012 dicha expropiación con el objetivo de revertir la situación e iniciar el proceso para desarrollar hidrocarburos no convencionales, y avanzar, así, hacia el autoabastecimiento.

Cumplir con ese objetivo implicaba fundamentalmente reactivar la exploración y la producción de esos recursos y eso requería de un nuevo orden jurídico. Se necesitaban inversiones para el sector y fundamentalmente para desarrollar ese "tesoro" que tiene Argentina en el yacimiento de Vaca Muerta, en la cuenca neuquina, considerado como el segundo reservorio mundial de recursos de "shale gas" y cuarto de petróleo "shale oil".

En el derrotero para llegar a la sanción de la nueva ley (Nro.27.007) el 30 de octubre pasado, hubo infinitos cruces entre los distintos actores del sector. En ese marco una de las voces que más se escuchó fue la del gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, en cuyo territorio está mayoritariamente Vaca Muerta.

También manifestaron reparos otros mandatarios de provincias petroleras a través de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos(OFEPHI) que preside el gobernador de Chubut, Martín Buzzi.

En medio de ese clima, el proyecto original de reforma recibió modificaciones hasta que tras intensas negociaciones entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores de la OFEPHI, el pasado 17 de septiembre se llegó a un acuerdo sobre su contenido.

La ley aprobada establece un marco regulatorio unificado que ordena el sector, permite tener al Estado nacional como actor estratégico y otorga más poder a provincias que tienen el recurso.

Asimismo fija las condiciones para las nuevas licitaciones para los convencionales, no convencionales y para las zonas off-shore.

Los cambios registrados tienen que ver con la necesidad de alcanzar el autoabastecimiento de hidrocarburos, algo que Argentina logrará si consigue explotar los abundantes recursos de no convencionales.

En la jerga petrolera se habla de "recursos" debido a que todavía no se conoce con exactitud el potencial económico que representan su explotación, lo que permitirá transformarlos en reservas y de esta forma impactar en la matriz energética.

La agencia de Energía de Estados Unidos, según un informe elaborado en 2013, señaló que Argentina tiene el segundo mayor volumen mundial de recursos recuperables de shale gas (802 Tcf) detrás de China y el cuarto de shale oil l (270.000 millones de barriles) , detrás de Rusia, EEUU y China.

La caída del precio internacional del petróleo que muchos toman con un impedimento para el desarrollo de no convencionales no sería un factor de peso en el caso de Vaca Muerta, debido a que el reservorio es muy importante en gas y el crudo es su complemento.

La nueva norma prevé un escenario más propicio para inversiones de alto riesgo como las que requiere el sector. De modo que el país tiene una gran oportunidad, pero dependerá de las políticas públicas y del esfuerzo inversor.

Otro hito del sector a destacar este año fue la recuperación de la producción de gas y petróleo lograda por YPF, que revirtió la declinación registrada durante la administración de Repsol en 2011. Este año YPF produjo 32% más de gas y 10% más de petróleo, e incrementó la exploración en Vaca Muerta.

La etapa piloto en el yacimiento neuquino contó con la inversión de 1.200 millones de dólares por parte de la petrolera Chevron.

Hoy el yacimiento cuenta con 270 pozos perforados y tiene 23 equipos de perforación activos para el desarrollo y explotación de recursos no convencionales, cifra que contrasta con creces con los 4 equipos que tenía en abril de 2012.

La buena perfomance de YPF fue corroborada por su CEO, Miguel Galuccio, en su presentación en la Conferencia anual de la UIA, donde informó que la petrolera ganó este año U$S 1.500 millones, y está invirtiendo cuatro veces más, U$S 6.000 millones.

En ese mismo marco, Galuccio destacó que en no convencionales, YPF invirtió 3.300 millones de dólares en el período 2012-2014, para una producción diaria de 35.000 barriles y lleva adelante el primer desarrollo masivo de tipo no convencional y el más importante del mundo fuera de Norteamérica, que es el yacimiento Loma Campana, en la cuenca neuquina.

El ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, afirmó hoy que "la actividad petrolera se encuentra en niveles de crecimiento e inversión notables, fundamentalmente desde la estratégica recuperación de YPF" y destacó que el Gobierno Nacional continuará con los planes de estímulos a la inversión de hidrocarburos, defendiendo el empleo, la actividad del sector y que la energía siga a costos competitivos". 

De esta manera, el ministro salió al cruce de un artículo publicado en el diario La Nación, titulado "Subsidiarán a petroleras por temor a caída de inversiones". 

El ministro remarcó que "los planes de estímulos a la inversión en hidrocarburos y el plan energético de obras siguen creciendo con resultados contundentes, lo que demuestra el éxito de las políticas energéticas implementadas desde el año 2003, ya que de otra manera sería imposible abastecer una demanda que se duplicó en 10 años y que continúa expandiéndose en forma sostenida al 4 por ciento promedio anual”. 

“El Plan Gas y el resto de los planes de estímulos a la producción de petróleo permiten al país un ahorro de 3.500 millones de dólares anuales en divisas. Basta con observar que la tasa anual de crecimiento global de pozos y metros perforados es del 10 por ciento, con un desempeñó histórico y exponencial de parte de YPF", explicó el ministro. 

Asimismo, De Vido recordó que "el nuevo marco normativo del consenso entre Estado Nacional y provincias productoras de hidrocarburos, transformado en Ley durante este año, genera condiciones optimas para continuar desarrollando la actividad a costos argentinos y competitivo.” 

Por ello, el ministro consideró que “el diario La Nación omite todo esto en su análisis, carente del mínimo rigor técnico, porque aboga por los planes de estímulos de la década neoliberal, el cual en realidad consistía simplemente en alinear los precios locales con los internacionales haciendo estragos en el país, la industria, la desocupación y la pobreza" y agregó que "éramos netos exportadores de energía a precio vil que no podíamos consumir en el mercado local porque había nula actividad económica y la mitad de las provincias no tenían energía”.

En tal sentido, De Vido destacó que “el esquema de precios de la nafta y gas oil a costos argentinos de esta gestión de gobierno es el mas competitivos de la región y generó un ahorro a todos los consumidores de 45.000 millones de pesos solo este año, acumulando un ahorro superior a los 100.000 millones de dólares en la ultima década.” 

Por último, el ministro remarcó que “este año se incorporaron al red de gas 150.000 usuarios y 250.000 a la red eléctrica. Se incorporaron más de 1.300 megavatios en generación, se construyeron más de 2.000 obras eléctricas en todo el país y la producción de gas acompañó para poder abastecer además de los 150.000 nuevos usuarios también por ejemplo a la Usina de Vuelta de Obligado de 540 megavatios".