La política emprendida por el Estado en el año 2012 en materia de formalización minera no ha dado resultados enfatizó la Defensoría del Pueblo en base a un balance cuantitativo de la situación descrita en el informe “Balance de la gestión estatal frente a la Minería informal e ilegal en el Perú 2012-2014. Supervisión a las entidades de alcance nacional”.

La Defensoría advirtió que observa con “preocupación” que, al vencimiento del plazo del proceso de formalización de mineros informales e ilegales el 19 de abril, de acuerdo a lo reportado por los gobiernos regionales únicamente siete de las 58,835 declaraciones de compromisos registradas habían acreditado el cumplimiento de la autorización de inicio/reinicio de actividades mineras.

Asimismo, consideró que en la implementación del Proceso de Formalización se han identificado tres dificultades, de las cuales la primera es la falta de personal especializado y logística, lo cual está relacionado con la falta de presupuesto de la Dirección Regional de Energía y Minas, que son las instancias competentes para llevar a cabo los procedimientos de formalización de pequeña minería y minería artesanal.

La segunda dificultad es el retraso en la implementación de la Ventanilla Única y la tercera es la inadecuada planificación del proceso de formalización.

En este último punto, la Defensoría identificó la inexistencia de una línea base, con anterioridad al establecimiento de procedimientos de formalización con plazos para su implementación, lo cual habría ayudado a prever las particularidades en cada región.

También se detectó la falta de previsión de las dificultades en la normativa vigente, como las vinculadas al saneamiento físico legal de los inmuebles y a la superposición de derechos otorgados por el Estado.

“Dicha situación, por ejemplo, ha generado que se disponga la ampliación de plazos y el retraso en el cumplimiento de los requisitos previstos”, señaló la Defensoría.

Sin embargo, la Defensoría consideró necesario destacar los avances a nivel normativo y de implementación de los procedimientos administrativos que se han producido para este fin, así como adoptar las medidas que correspondan para la atención de los temas pendientes.

A fin de superar dichas dificultades, la Defensoría manifestó que es necesario fortalecer a los gobiernos regionales, dotándolos de capacidad técnica y sostenibilidad presupuestal, de tal manera que ejerzan sus competencias en materia de pequeña minería y minería artesanal.

Así también se requiere que los gobiernos regionales gestionen adecuadamente los recursos que se les asigna.

“También resulta necesaria la implementación de la Ventanilla Única en todas las regiones del país, en el entendido que se han presentado declaraciones de compromisos en los 25 gobiernos regionales y en el Ministerio de Energía y Minas en Lima.