Una serie de documentos del Ministerio de Energía, de empresas del sector, y de la Fiscalía Nacional Económica se presentaron en el proceso iniciado por la Municipalidad de Maipú ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que busca que se fijen las tarifas de suministro de la empresa Metrogas luego de que se revelara que superó el límite de rentabilidad de 11% -llegando a 16,9%- en los años 2012 y 2013 habiendo afectado a más de 600.000 clientes, la mayoría de ellos residenciales de la Región Metropolitana.

En ese sentido, el informe presentado por la FNE admitió que la existencia de vínculos de propiedad y control manifiestos entre empresas distribuidores de GLP y comercializadores de Gas Natural, podría eventualmente importar un riesgo a la libre competencia, en tanto existe la posibilidad de que se generen incentivos para la adopción de decisiones comerciales coordinadas que busquen maximizar ganancias conjuntas en ambos segmentos de mercado. 

Asimismo, hace algunas semanas el Gobierno tuvo una derrota en este caso: el TDLC rechazó poner término y archivar la solicitud de la Municipalidad de Maipú, pese a que el Ministerio de Energía arguyó la insuficiencia de la legislación vigente que llevará al Gobierno a durante el próximo mes enviar un proyecto que regulará el mercado de distribución de gas de red en Chile. 

El documento presentado por el ministro Máximo Pacheco, manifestó que la existencia de deficiencias en la legislación actual aplicable a la regulación tarifaria de los servicios de suministro de gas que la cartera de Energía tendría que mejorar en caso que el TDLC lo determinara, causan que un procedimiento como el comenzado por la Municipalidad de Maipú “resulte actualmente inoficioso, y por dicha razón, se decidió no iniciarlo mientras los problemas no sean corregidos”. 

El Ministerio de Energía dio a conocer al TDLC que estima que incluso si el TDLC le solicitara fijar las tarifas de suministro de gas y servicios afines en el país, el Gobierno actualmente se encontraría frente a la ausencia de parámetros legales suficientes para llevar a cabo esto, “por razones ciertamente ajenas a su responsabilidad y voluntad”.