La autoridad concluyó que en los últimos 19 años la minera ha estado pagando menos regalías de las que debía cancelar por el contrato 078 de 1988. La firma estadounidense pagó bajo protesta.
Una diferencia en las interpretaciones de una cláusula del contrato 078 de 1988 tiene en conflicto a la Agencia Nacional de Minería y a Drummond, al punto de que la empresa tomó la decisión de demandar a la autoridad ante un tribunal contencioso administrativo.
La historia viene desde hace más de un año y tiene que ver con la forma como se liquidan las regalías por la operación de la empresa carbonera en La Loma (Cesar), regida por el contrato en mención.
Básicamente, la Agencia Nacional Minera, ANM, consideró que desde 1995 hasta la fecha la minera ha pagado menos regalías que lo que está obligada a cancelar, de acuerdo a los términos del contrato.
Según la autoridad minera, para saldar esta deuda -incluidos los intereses de mora- la empresa debía pagar una suma cercana a los 5 millones de dólares.
En una comunicación enviada a los directivos de la compañía, el pasado 10 de octubre, la Agencia aseguró que si Drummond no pagaba estos recursos la entidad podría incluso declarar la caducidad del contrato.
Ante esta prevención, la empresa dio el pago que le exigía la entidad el pasado 9 de diciembre, pero lo hizo “bajo protesta”.
“Hacemos este pago con la advertencia expresa de que no compartimos ni los fundamentos de derecho de la actuación de la Agencia, ni las operaciones administrativas y aritméticas realizadas o inducidas por la Agencia y que han determinado que debamos hacer este pago. Por lo tanto, muy a nuestro pesar, acudiremos ante la jurisdicción contenciosa administrativa para conseguir que se nos devuelva el dinero que nos vemos forzados a pagar, con las demás restituciones complementarias que autoriza la ley”, señaló la empresa en una carta enviada a Andrés Felipe Vargas, vicepresidente de seguimiento, control y seguridad minera de la ANM, a la que Portafolio tuvo acceso.
Voceros de Drummond aseguraron que durante los últimos 19 años ambas partes han estado de acuerdo en la interpretación del contrato para el pago de las regalías, que la firma ha venido cancelando el monto señalado por la autoridad en este tiempo y que no se le puede castigar si hubo un error, por parte de las autoridades, en el cálculo del monto. De acuerdo con la empresa carbonífera esta nueva interpretación le generó a la empresa una deuda inexistente.
En repetidas ocasiones Portafolio solicitó a la ANM un pronunciamiento con respecto a este tema, pero dicha autoridad no dio respuesta a la solicitud.
ASÍ LIQUIDAN LAS REGALÍAS
La empresa paga unas regalías sobre el volumen de carbón embarcado, que corresponden al 15 por ciento sobre el precio FOB presuntivo, es decir, que estima la propia empresa.
La minera cancela el 5 por ciento del valor los primeros 30 días del embarque y el 10 por ciento adicional en los 60 días siguientes al embarque, una modalidad que ha sido duramente criticada por varios sectores.
El gobierno colombiano impulsa hoy una estrategia para erradicar gradual y definitivamente el uso del mercurio en las faenas mineras y otros procesos, sustancia causante de daños a la salud humana y al entorno.
El llamado plan único nacional, establece lineamientos sobre transferencias tecnológicas, utilización de metodologías verdes o limpias, capacitaciones y campañas de sensibilización acerca de lo dañino del empleo de ese producto puro o en otras formulaciones, precisó el ministro para el ambiente Gabriel Vallejo.
Según una nota de prensa, el fin de la iniciativa es proteger tanto al hombre como a la naturaleza.
El mercurio es ampliamente utilizado en las labores de la minería con el objetivo de separar el oro de otros metales, su manejo dentro o en las proximidades de las fuentes de agua pone en peligro la salud de comunidades dependientes de ellas y de los animales que habitan en el ecosistema, comentaron estudiosos.
Según Vallejo el programa se convierte en la ruta que debe seguir el gobierno para eliminar su aplicación en procesos mineros e industriales, desarrollados en todo en territorio.
La meta -dijo- es reducir y descartar progresivamente esa práctica dentro de la actividad extractiva antes de julio de 2018 y de todos los ámbitos industriales y productivos antes del 2023.
Se trata de un esfuerzo conjunto entre distintas instancias gubernamentales, los ministerios de energía y minas, ambiente, trabajo, autoridades sanitarias y la sociedad en general, insistió Vallejo.
Los buscadores del metal dorado, muchos al margen de la ley, abundan en la nación andina y por lo general están acompañados de rústicos instrumentos.
