Un proyecto de reforma laboral en Chile, que busca fomentar la sindicalización y modificar la negociación colectiva, amenaza con convertirse en un nuevo dolor de cabeza para las empresas mineras, justo cuando intentan batallar contra débiles precios del cobre y un galopante aumento en sus costos.

El Gobierno prometió enviar la iniciativa al Congreso el 29 de diciembre y, pese a que se mantiene en reserva su contenido, trascendió que recortaría plazos para los contratos colectivos y modificaría el derecho de contratar reemplazos ante una huelga.

La incertidumbre sobre la estabilidad de las reglas podría retrasar una parte de las inversiones mineras, previstas en 104.000 millones de dólares para la próxima década, afirman algunos ejecutivos del sector.

"No es el momento para hacer una reforma laboral radical, porque hemos tenido demasiados cambios y cada cambio genera incertidumbre", dijo a periodistas el presidente de la chilena Antofagasta, Diego Hernández.

La iniciativa laboral forma parte de una serie de reformas prometidas por la presidenta socialista Michelle Bachelet en su ofensiva contra la desigualdad en el país, y el Gobierno ha dicho que se implantará de forma "gradual".

Pero los cambios que trascendieron son particularmente sensibles para la industria minera, sobre la que trabajadores sindicalizados y de empresas contratistas suelen ejercer mucha presión en demanda de mejores condiciones laborales.

Los envíos de cobre representan más de la mitad de las exportaciones de Chile, cuya economía atraviesa por una fuerte desaceleración que empresarios atribuyen en parte a la cautela en las inversiones por la incertidumbre sobre las reformas.

"Lo que tenemos son los titulares de la reforma y lo que hemos manifestado es que nos gustaría mucho (...) conocer las propuestas que van a hacer para poder aportar y tener una buena legislación", dijo Alberto Salas, presidente de la empresarial Sociedad Nacional de Minería (Sonami).

Algunas faenas en las minas de Chile, el mayor exportador mundial de cobre, han sufrido paralizaciones temporales en los últimos años por reclamos de trabajadores, lo que ha presionado el precio del metal en los mercados internacionales.

El Consejo Minero -que agrupa a las mayores firmas productoras- está evaluando el posible impacto de los cambios que prepara el Gobierno en materia laboral. Pero su presidente, Joaquín Villarino, declinó opinar "hasta que no tengamos una posición consensuada".

GIGANTES EN VILO

La industria del cobre en Chile es liderada por la estatal Codelco, pero también tienen fuerte presencia gigantes como BHP Billiton, Glencore y Anglo American y Antofagasta Minerals.

Las modificaciones al marco laboral ocurren en un año marcado por la aprobación de una millonaria reforma tributaria y la discusión de profundos cambios al sistema educativo del país.

En un intento por poner paños fríos a las quejas de los empresarios, la ministra de Minería, Aurora Williams, comentó que las preocupaciones del sector se han hecho llegar y "el Ministerio del Trabajo la va a evaluar en su justa dimensión".

Pero incluso los mismos representantes de los trabajadores se han quejado de no tener acceso al diseño de la reforma que presentará el Gobierno y de desconocer la contundencia de los cambios.

Ante la disconformidad, la semana pasada el Gobierno se reunió con sindicatos para precisar los contenidos.

¿REFORMA RAZONABLE?

La Federación Minera de Chile, que agrupa a trabajadores de las empresas privadas del sector, emitió un comunicado donde difundió contenidos de la eventual reforma y pidió garantías adicionales.

Entre las modificaciones que impulsaría el Gobierno está la de extender beneficios a los trabajadores que se sindicalicen, ampliar el universo de quienes pueden negociar colectivamente, derecho a huelga irrenunciable y sin reemplazo.

Además, figura establecer cada contrato como piso para el siguiente, ampliar las materias a discutir además del salario y simplificar el proceso y los plazos de la negociación colectiva.

Pero los trabajadores también piden la derogación de un artículo sobre la desincorporación de trabajadores por invalidez y mayores garantías en salud y seguridad laboral.

El senador del oficialista Partido Socialista Juan Pablo Letelier dijo a Reuters que la modificación a la legislación laboral "es una reforma necesaria pero tremendamente razonable".

"No va a ser algo que genere una carga especial para los proyectos mineros en lo mas mínimo", afirmó.

Mientras el legislador consideró "excesivo" que algunos contratos colectivos tengan duración de cuatro años y dijo que se debe debatir cuál es un plazo razonable, Hernández de Antofagasta consideró que ese punto no se debería ajustar.

"Hoy el mínimo es dos años y máximo cuatro años que me parece que es bastante adecuado. Reducirlo a un año estaríamos en constantes negociaciones colectivas y eso no le hace bien ni a los trabajadores ni a las empresas", apuntó el ejecutivo.

Asimet se sumó ayer a las advertencias provenientes del mundo empresarial sobre los efectos de eventuales cambios a la legislación laboral. A través de un comunicado de prensa, el gremio dio cuenta del resultado de un informe que encargó a F & K Consultores, el que señala que -dado el alto nivel de rigidez que tiene actualmente el mercado del trabajo-, un incremento en los costos asociados a este ítem aumentaría aún más la proporción de empleos temporales.

El gremio reparó en que si el incremento en los costos laborales que traería aparejado la reforma laboral no es acompañado por alzas en productividad, no haría más que seguir profundizando la crisis del sector.

El documento hace hincapié en la necesidad de analizar esta reforma desde la perspectiva de la industria, y revisar con atención los potenciales efectos adversos que se puedan generar.

Al respecto, señala que la reforma que ingresará al Congreso se centrará en el fortalecimiento de los derechos colectivos de los trabajadores, cuyo objetivo, según se explicita en el programa de gobierno, es "dar más simetría a la relación entre trabajadores y empresarios, lo que reduciría las desigualdades de ingresos en el país".

En ese sentido, el documento indica que si bien es claro que en Chile existen desafíos importantes en esta materia, "la evidencia de que el fortalecimiento de los derechos colectivos contribuya a disminuir la desigualdad no es clara".

El estudio menciona que la OCDE ha resaltado que los principales problemas del mercado laboral chileno se encuentran en lograr mayor inclusión. Al respecto, informa que si se comparan las tasas de participación laboral chilenos con las de los países de la OCDE, se comprueba que los principales desafíos están en lograr mayor inclusión de las mujeres y los jóvenes. En ese sentido, el estudio destaca el programa "Más capaz" del Sence, dirigido a mujeres y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, e indica que evaluar y apoyar este tipo de programas va en la dirección correcta.

Según este estudio, la evidencia internacional sugiere que una de las principales causas que se han debatido sobre la desigualdad creciente en los países de la OCDE está fundamentada en la globalización. Esto, porque mercados más competitivos e innovadores han provocado un aumento en la demanda por trabajo calificado, y con ello los beneficios se han concentrado en este grupo de trabajadores con mayor fuerza.

Por ello, el informe recomienda que para emparejar la cancha es necesario focalizarse en la educación y la capacitación de los trabajadores poco calificados, más que rigidizar aún más el mercado laboral. "Políticas diseñadas en esa dirección lograrían aumentar la productividad y la competitividad de la economía y del sector", concluye el informe.

A menos de una semana para que se cumpla el plazo fijado por el gobierno -29 de diciembre- para presentar su proyecto de reforma o agenda laboral, los ministerios de Hacienda y Trabajo intensifican reuniones con diversos actores sociales para afinar el contenido de la iniciativa legal.

A las 12.30 horas de este miércoles el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, junto a Rafael Guilisasti -que encabeza la comisión de trabajo del gremio-, llegarán hasta las dependencias de Hacienda, en Teatinos 120, para sostener la que será la última reunión con el gobierno en esta materia.

La cita, solicitada por los empresarios, tiene como objetivo conocer más detalles de la agenda laboral. 

Esto, en un contexto en que tras un fuerte desencuentro con el gobierno, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) asegurara la disposición del autoridad a debatir  temas inicialmente excluidos en los 9 puntos del programa laboral de Michelle Bachelet y que conforman la base del proyecto. Entre ellos: la disposición a revisar  el artículo 161 del código laboral sobre despidos por necesidades de la empresa,  y a evaluar el  rol de los sindicatos interempresas en las negociaciones colectivas.

La dirigencia de la Central y el gobierno se reunirán nuevamente el próximo viernes en el Ministerio de Hacienda.

Críticas

Ad portas de conocerse los contenidos definitivos de la agenda laboral, el sector privado ha endurecido sus cuestionamientos, señalando que sólo fortalece a los sindicatos y que no apunta a elevar el empleo en jóvenes y mujeres.

El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Hermann von Mühlenbrock, señaló el fin de semana, en entrevista con La Tercera, que la iniciativa “afectaría a las personas” incluso más que la reforma tributaria. Ayer, el dirigente reiteró sus críticas, y sostuvo que la agenda busca obligar a los trabajadores a pertenecer a un sindicato. 

“El problema es simple. No nos parece que haya que obligar a la gente a pertenecer a un sindicato. Yo siempre he creído en la libertad de las personas”, manifestó el empresario tras participar temprano en una actividad en La Moneda.

Más tarde la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, aseguró que “en Chile existe y seguirá existiendo libertad sindical. El proyecto no innova en esta materia”. 

La secretaria de Estado afirmó que se apuntará a  mayores incentivos para pertenecer a un sindicato, y se darán más espacios de diálogo para los trabajadores y empleadores.

Proyecto RN

La ministra del Trabajo recibió ayer a diputados de Renovación Nacional (RN), encabezados por Nicolás Monckeberg, quienes presentaron una propuesta alternativa a la agenda laboral.

Dentro de los puntos que contiene el documento, los parlamentarios proponen que se establezca que los reemplazos en caso de huelga “tengan más requisitos y exigencias”. En ese sentido, proponen  subir de 4 a 10 UF ($ 240 mil) el pago extraordinario por trabajador reeemplazado o poner requisitos adicionales a los señalados en el artículo 381.

También solicitan el reconocimiento de los grupos negociadores, pues aseguran que “el solo efecto de lograr mejores condiciones laborales a través de una negociación colectiva, no es más que el ejercicio de la libertad sindical”. 

Sin embargo, agregan que es necesario reglamentar la negociación con grupos extra sindicales, pues algunos empleadores otorgan mayores beneficios a esos trabajadores con el fin de debilitar a los sindicatos constituidos.

Para el próximo viernes a las 15:00 horas en punto está agendada una reunión clave entre el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, la titular del Trabajo, Javiera Blanco y los representantes de la CUT, liderados por Bárbara Figueroa. Ese encuentro marcará el fin de las conversaciones que ha impulsado el gobierno con los trabajadores y el empresariado para definir los pormenores de la reforma laboral que enviará el lunes 29 de diciembre al Congreso.

En esa reunión, el Ejecutivo contempla informar a la CUT los detalles finales del proyecto y buscará sondear los últimos reparos del sindicalismo.

Luego, será la mismísima Presidenta Bachelet quién zanjará los puntos en duda sobre el proyecto y que, muy probablemente, tendrán un corte final durante el fin de semana post Navidad.

Entre los aspectos pendientes, está el futuro que tendrá el artículo 161 del Código Laboral (que consagra el despido por necesidades de la empresa). Fuentes de La Moneda señalan que en reiteradas ocasiones la CUT ha solicitado su derogación, pero los gremios empresariales han planteado que se debe mantener algún mecanismo que permita realizar desvinculaciones en las empresas.

Otro aspecto que se negocia a toda velocidad con las Pymes se refiere al quórum que se exigirá después de la reforma para la conformación de sindicatos -actualmente se pide un mínimo de nueve trabajadores- y que por el momento sólo cuenta con el acuerdo general de elevar ese piso.

También, esta semana se definirá con la CUT si definitivamente se establece que el contrato colectivo anterior será la base desde la cual iniciar una nueva negociación colectiva.

Una de las medidas más polémicas y que serán incluidas sí o sí en el proyecto es el fin del reemplazo de trabajadores ante una huelga. Una medida que cobró más fuerza y que prácticamente quedó fuera de discusión tras recibir el respaldo de la Corte Suprema en las últimas semanas, dicen desde el Gobierno.

En éste ámbito, uno de los aspectos que tendrá que acotar Bachelet es qué empresas podrán acceder -ante una huelga- a un servicio mínimo de trabajadores para hacer frente a sus faenas críticas.

A cambio, señalan desde La Moneda, no se incluirá en el proyecto la negociación colectiva por sectores, ramas o interempresas.

Molestia por "doble discurso"

Uno de los aspectos que más molestia ha causado en el gobierno es lo que consideran el "doble discurso" que han manifestado los gremios empresariales, como la CPC y la Sofofa.

"En las conversaciones con el gobierno han manifestado su acuerdo con que la discusión laboral se zanje rápidamente con el propósito de eliminar la incertidumbre", sin embargo, su discurso público apunta a trabar y criticar cualquier iniciativa al respecto, señalaron desde La Moneda.

Es así, desde el gobierno señalan que han sostenido más de 100 reuniones con los actores privados y sindicales para afinar el proyecto y que, de hecho, el viernes pasado la ministra Blanco se reunió a primera hora con los representantes de la CPC, liderados por su gerente general, Fernando Alvear y su asesor jurídico, Pablo Bobic, tras lo cual sostuvo un encuentro con los representantes de la SNA.

Uno de los aspectos que más pesa entre el empresariado, reconocen todos los actores involucrados en las negociaciones, es la falta de un protocolo de acuerdo al cual aferrarse en el debate legislativo de esta reforma. Sin embargo, desde el gobierno señalan que estos temores son infundados, pues esta reforma no contendrá ni más ni menos que prácticamente los mismos acuerdos a los que llegó la CPC y la CUT en 2012 y que fueron desestimados por el entonces gobierno de Piñera.

Cambios dañarán empleo, Asimet advierte

Un informe realizado por F & K Consultores para Asimet arrojó que un incremento en los costos asociados al mercado laboral aumentará aún más la proporción de empleos temporales.

Este aumento en los costos incidiría en una mayor dificultad para los trabajadores de pasar del mercado temporal al contrato indefinido, lo que podría perjudicar la calidad de los empleos, dijo el gremio de industriales metalúrgicos.

Asimet advirtió que el incremento en los costos laborales que traería la reforma laboral, si no son acompañados por aumentos en productividad, seguirán profundizando la crisis del sector.