Con una inversión de S/. 20 millones, el Ministerio del Ambiente (Minam) ejecutára un proyecto piloto de reforestación en la depredada selva de Madre de Dios. El financiamiento será realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que se suma a la cruzada que intenta remediar los pasivos dejados por la minería ilegal.

El viceministro del Ambiente, Mariano Castro, informó que el proyecto se aplicará en la zona de Jayave, a inmediaciones del río del mismo nombre, donde los mineros han depredado inmensos áreas.

"Se reforestarán unas 800 hectáreas. Además del BID, estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) y el gobierno regional de Madre de Dios", sostuvo Castro, quien explicó que se tiene previsto recuperar suelos contaminados con mercurio.

El funcionario se mostró a favor de las operaciones de interdicción que realiza el Estado en las zonas donde se depreda la selva para extraer oro de manera artesanal e ilegal.

"Por un lado están los proyectos de reforestación que permiten contener aquellas actividades ilegales que hacen daño a la economía y a los ecosistemas de la región y del país, y por otro están las operaciones de interdicción y las acciones de formalización", dijo.

El funcionario consideró que el éxito de estas intervención permitirá reducir la tendencia de la degradación del bosque amazónico.

La Defensoría del Pueblo dio cuenta esta mañana de las debilidades encontradas en el proceso de formalización minera y recomendó fortalecer con urgencia las capacidades de las entidades a cargo, en particular a los gobiernos regionales. Se ha planteado dar solución a los problemas de superposición de derechos y saneamiento físico legal, además de dar prioridad a las acciones de remediación y protección ambiental frente a la minería ilegal.

Durante la presentación del Informe Defensorial Nº 167: “Balance de la gestión estatal frente a la Minería Informal e Ilegal en el Perú. 2012-2014 supervisión a las entidades de alcance nacional y regional”, se informó que, a la fecha, de las 58835 declaraciones de compromisos que se encontraban vigentes se formalizaron: 16. Al cierre del plazo del Proceso de Formalización, 19 de abril de 2014, solo lo hicieron: 7. Los mineros beneficiados ascienden a 631.

Esta situación respondería —entre otros motivos— a las carencias en materia de personal especializado, logística y presupuesto en las instancias encargadas de los gobiernos regionales. Estas son las responsables de conducir los procedimientos de la formalización de la pequeña minería y minería artesanal, así como su supervisión y fiscalización.

“Hemos identificado que la supervisión administrativa de la pequeña minería y minería artesanal a cargo del nivel regional es insuficiente. Por dicha razón, estamos recomendando fortalecer la capacidad técnica de los gobiernos regionales, así como dotarlos de los recursos presupuestales suficientes para que puedan ejercer sus funciones con eficacia. Además, es urgente acortar el actual déficit de supervisión”, señaló Iván Lanegra, Adjunto para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo.

El Informe N°167 señala que, el Estado ha otorgado otros derechos, incluso superpuestos, en las áreas en las cuales quienes están en el proceso de formalización pretenderían desarrollar actividades mineras.

En ese contexto, la Defensoría del Pueblo ha recomendado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dictar las normas que faciliten la resolución de controversias o conflictos surgidos por dicha situación, salvaguardando los derechos adquiridos, en particular los de los pueblos indígenas. Para esto es necesario determinar los criterios legales y técnicos, de acuerdo a la legislación vigente, atendiendo a la realidad de cada región y coordinando con los distintos sectores involucrados.

Cabe señalar que también se ha advertido dificultades en otras áreas, como por ejemplo la remediación ambiental, a cargo del gobierno nacional y del nivel regional. El Plan de Recuperación de Impactos Ambientales, instrumento a cargo del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio del Ambiente, que debió aprobarse hace más de dos años, sigue pendiente.

Hernando de Soto, quizá el economista peruano más importante a nivel mundial, lanza en esta entrevista una dura crítica contra Mario Vargas Llosa.

Al margen de una rivalidad que es conocida, el laureado autor de “El misterio del capital” opina que el Premio Nobel mantiene un silencio “cómplice” frente al escándalo de corrupción que involucra al amigo de la pareja presidencial, Martín Belaunde Lossio.

De Soto exhorta además a los “garantes” del gobierno de Humala a defender la democracia y no las banderas personales que, en el peor de los casos, “contribuyen con la corrupción”.

¿Considera que el presidente Ollanta Humala abandonó la lucha por la formalización de la minería? Ahora su preocupación se encuentra en la impopular Ley Laboral Juvenil...

Humala no se dio cuenta de que formalizando la minería se crea más empleo que con la “Ley Pulpín”. El ministro (de Economía) Alonso Segura estima que se pueden crear, gracias a la “Ley Pulpín”, unos 91 mil puestos de trabajo. La cifra es muy buena, pero si formalizamos la pequeña minería, se crearían entre 300 y 360 mil puestos de empleo, casi cuatro veces más... ¿Entonces? Aquí no habría recortes de beneficios laborales ni restricciones para nadie, puesto que los mineros no piden beneficios, solo una autorización para trabajar.

¿Por qué cree que el presidente Humala optó, entonces, por no continuar en esa línea?

Creo que el presidente Humala tiene buena voluntad y quiere el progreso del país, pero lo que le falta es gente a su alrededor que conozca de esta problemática. En lo que se refiere al ministro (del Ambiente) Manuel Pulgar Vidal, él cree que los informales son todos aquellos que destruyen el medio ambiente.

¿El ministro Pulgar Vidal estaría, desde su perspectiva, saboteando el proceso?

Cuando yo escucho al ministro Segura, que quiere ir por ese camino, y a un Presidente y a una Primera Dama (Nadine Heredia), es una señal positiva. El ministro del Ambiente representa, sin duda, un bache. Esto ya no puede ser delegado a un ministro tan incompetente como Pulgar Vidal.

¿Qué le recomendaría al presidente Humala?

Que se dé cuenta de que todos son problemas de inclusión. La formalidad es un problema de inclusión, en el que no se han puesto a pensar en desarrollar empresa, surgir en la vida, y ahí está la valla; y su ministro del Ambiente es el responsable de este fracaso. El Presidente ha dicho “yo quiero ayudar a la juventud”. Le pregunto: ¿él cree que no hay mineros y agricultores jóvenes? Que logre ver por encima y se dé cuenta de esa incoherencia que representa la “Ley Pulpín” sobre la de la formalización de la minería. Si continúa gobernando con varios ministerios como si fuesen silos impermeables, separados, todo va a ir mal. El deber del jefe de Estado es unir todo eso.

A nivel internacional, ¿cómo estamos posicionados en temas referidos a la formalización minera?

Por cada hueco que se ha perforado en América Latina, en Estados Unidos se han hecho mil. Nuestro potencial minero podría aumentar no una, dos, cien, sino muchísimo más, si es que se permitiera a los exploradores en el país, es decir, la pequeña minería, que retuviera beneficios sobre los yacimientos que explora o con los cuales participa con la gran y mediana minería.

FRAGMENTACIÓN. ¿Cómo deja al país esta problemática?

El Perú que teníamos en el 2010 no es el Perú del 2014. Éramos un país moralmente mucho más integrado. Ahora nos estamos dividiendo. Esa persecución a los mineros informales, que son 18% del país, es una prueba de esa fragmentación. Otra prueba es la cantidad de candidatos que han sido elegidos y que están contra el establishment. Es una clara muestra de que hay un desagrado fundamental. El resentimiento contra los grandes mineros es otra manifestación de ello; el rencor. Lima vive de espaldas a la realidad nacional.

A partir de ese escenario, ¿qué candidato cree que puede llegar a alcanzar el sillón presidencial el 2016?

Vamos a quedar sorprendidos. La Presidencia la va a ganar una persona que representa al descontento en la medida justa, sin ir demasiado lejos. Con la violencia e inseguridad excesiva, el país elegirá a alguien que vaya a reprimirlas con fuerza, que prometa orden en el país. Vamos a ir a extremos. Esa es la tendencia natural, salvo que venga un gran espíritu conciliador, que logre por un lado indicar fuerza y por otro apertura, pero no creo que la gente vote por aquellos que no han indicado que tienen una capacidad de ir contra el statu quo. Lo que la gente quiere es que venga y la proteja a ella, a los que están fuera del sistema. Si te ven con gente vinculada al sistema, no votarán por ti. Entonces, la posibilidad del outsider yo creo que es bastante grande, no veo ninguna novedad en eso, o un candidato que se radicalice hacia la derecha o izquierda. Un radical saldrá porque la situación se ha vuelto radical.

LA CORRUPCIÓN.

¿ Y cómo cree que influirá en las elecciones la corrupción que invade al país? Muchos coinciden en que la pareja presidencial busca favorecer a Martín Belaunde Lossio...

El Presidente y la Primera Dama dicen que se sienten mal al respecto y han dicho que quieren aclarar las cosas. El ministro del Interior, Daniel Urresti, aseguró que quiere encontrar a todos los miembros vinculados a este supuesto esquema de corrupción.

Pero MBL es amigo de la pareja presidencial. ¿Les cree?

Lo que creo es que el sistema que nos gobierna, mediante el cual tantas decisiones se toman sin vigilancia alguna de parte de los ciudadanos, es la fuente de todos los males. Mientras subsista esta situación, de que no estén democratizadas las decisiones del Gobierno, como lo logran todos los países del Primer Mundo, va a haber corrupción.

¿Existen otros elementos que contribuyan a alimentar el cáncer de la corrupción?

Hay muchos personajes en el país que no se han pronunciado sobre las personas que son sospechosas. Y eso es parte de lo que contribuye con la corrupción. Es muy difícil levantarse y hacer acusaciones porque uno paga sus acusaciones, ¿no?

¿Se refiere a los garantes del gobierno de turno? ¿A Mario Vargas Llosa?

Mario es una persona que dice no tener pelos en la lengua, que combate a la corrupción. Evidentemente, tiene que explicar su silencio particular con personas que no son Alberto Fujimori. Debería repartir por igual.

¿Le sorprende su silencio?

Lo que produce, sobre todo, es silencio. Todo el mundo sabe que es una persona que se ha pronunciado de manera tan agresiva con una persona que está encarcelada (Alberto Fujimori), contra su hija (Keiko Fujimori), que nada dice que esté envuelta en actos de corrupción. Son insultos realmente gratuitos. Su silencio deja ahora mucho que desear.

¿Qué revelan, a su parecer, comentarios como los que acaba de mencionar?

Evidentemente hay mucha gente que se ha especializado en atacar, por ejemplo, a Fujimori. Esa es su tirria particular. Hay otros cuya tirria personal está con Alan García. Y hay otros contra la pareja presidencial. La gente en este país se está especializando en sus odios. Otra sería la cosa si entre peruanos nos franqueamos, sobre todo si alguno de nosotros tiene la pretensión de ser una autoridad moral.

A partir de eso, ¿exhortaría a MVLl a pronunciarse sobre el caso Belaunde Lossio?

Es una pregunta que debería responder él. Yo no soy tan atrevido como Mario, en el sentido de asegurar qué existe detrás del caso Belaunde Lossio. Su silencio no extrañaría sino interviniera continuamente en política, pero claro que sí interviene. Es un hombre intelectualmente poderoso, pero su influencia ha ido bajando a raíz de eso. Pero tal vez nos sorprenda y demuestre un coraje que no hemos visto, ¿no?

Cerca de medio centenar de operativos de interdicción contra la minería ilegal realizó durante el 2014 la Policía Nacional, con apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, y para el próximo año se duplicarán las acciones, se reveló hoy.

El alto comisionado contra la Minería Ilegal, Augusto Soto Castagnola, dijo que esta cifra no contempla las intervenciones que realizan las capitanías de puerto de la Marina de Guerra del Perú en Madre de Dios, Loreto o en Ucayali.

En tal sentido, Soto cuestionó el reciente informe que sobre la minería ilegal ha presentado la Defensoría del Pueblo, al no coincidir con las cifras que maneja la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

"Se habla de 18 intervenciones este año. Eso es imposible, pero ese es un dato que lo ha dado la Fiscalía Especial de Medio Ambiente, no la ha dado la PCM ni el Ministerio del Interior",manifestó en declaraciones a la Agencia Andina.

Asimismo, precisó que las 16 declaraciones de compromisos que han sido aprobados dentro del proceso de formalización de la minería ilegal e informal, han beneficiado directamente a un total de 631 personas dedicadas a esta actividad.

Destacó que, de acuerdo a los datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), a la fecha están en proceso de formalización un promedio de 60,000 mineros informales.

"35,000 están en el registro de saneamiento y los otros que están a la espera de ingresar al registro de saneamiento para cumplir con el proceso", manifestó.

Reiteró que la lucha contra la minería ilegal en el Perú continuará hasta su total erradicación y que, en el caso de Madre de Dios, no se dará cuartel a la zona de La Pampa, en la provincia de Tambopata, donde operan muchos mineros ilegales y otras actividades ilegales como la prostitución.

"El proceso y la estrategia de interdicción continúa. Vamos a seguir en Madre de Dios, en Puno, la vez pasada hemos estado en el norte. Es una tarea grandiosa que tenemos por delante", aseveró.

Garantizó que su oficina cuenta con todo el apoyo presupuestal, el potencial humano y la voluntad política del presidente Ollanta Humala, para seguir con esta tarea.

"Seguiremos con esta brega adelante sin dar marcha atrás", manifestó Soto Castagnola.

Solamente 631 mineros informales, de un universo que oscila entre 300 mil y 500 mil, han concluido el proceso de formalización minera iniciado por el Gobierno peruano en el 2012, informó la Defensoría del Pueblo.

“A la fecha, de las 58.835 declaraciones de compromiso que se encontraban vigentes, se formalizaron 16 (...) Los mineros beneficiados ascienden a 631”, refirió la entidad durante la presentación de su Informe de Defensoría N° 167, dedicado a analizar el proceso de normalización de la minería informal.

Cabe señalar que cada declaración de compromiso (DC) aglutina a uno o más mineros informales, asociados en cooperativas para poder solventar el alto costo de la formalización.

Hasta el 19 de abril del 2014, fecha en que se venció el proceso de formalización de la minería ilegal, solo 5 declaraciones de compromiso (correspondientes a dos personas naturales y tres cooperativas) habían sido aprobadas, todas ellas en Puno.

CAUSAS DEL FRACASO
Según la Defensoría del Pueblo, estos exiguos resultados son consecuencia directa de la inadecuada planificación del Gobierno y de las carencias técnicas, logísticas y presupuestarias de los gobiernos regionales y direcciones regionales de minería (DREMs), entidades responsables de conducir y supervisar el proceso de formalización.

“Por dicha razón, estamos recomendando fortalecer la capacidad técnica de los gobiernos regionales, así como dotarlos de los recursos presupuestales suficientes para que puedan ejercer sus funciones con eficacia”, señaló Iván Lanegra, Adjunto para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo.

Otro agravante es la ausencia de recursos para el denominado Fondo para el Proceso de Formalización, que está a cargo del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y que debería servir para financiar los costosos procedimientos que desaniman a los mineros artesanales.

Los recursos del mencionado fondo deberían provenir de la reutilización (o venta) de la maquinaria y equipos incautados a laminería ilegal, de la cooperación internacional y de otros ítems que el Minem determine de acuerdo a ley.

“La Defensoría del Pueblo observa con preocupación que habiendo transcurrido más de dos años desde la creación del referido fondo, el Minem no ha cumplido con aprobar el Decreto Supremo que establezca los recursos provenientes de la lucha contra la minería ilegal que integrarán estos recursos”, acusó la entidad.

Cuando el economista Hernando de Soto dijo que el proceso de formalización de la minería solo había conseguido legalizar cinco concesiones, no estaba lejos de la realidad. Y es que pese a que el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, rechazó esta cifra, lo cierto es que hasta abril de este año solo siete concesiones han concluido, según un informe de la Defensoría del Pueblo.

La meta del Gobierno es concluir en el 2016 con la atención de las 58 mil 835 declaraciones de compromiso admitidas en las 25 regiones del país. Sin embargo, apenas hay 43 concesiones en la penúltima etapa a la formalización, que corresponde a la autorización del uso de agua.

"Esto solo se logrará cada vez que los gobiernos regionales funcionen. No hay manera de hacerlo solo con el esfuerzo nacional. Pero tampoco las regiones pueden actuar solas. Se requiere un esfuerzo conjunto", expresó Iván Lanegra, adjunto de la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente.

La región con más declaraciones de compromiso para formalización es Arequipa con 16 mil 642, seguida de Ayacucho con 11 mil 367. En esta última región, en el 2014, solo se destinó el 0.06% del presupuesto a su Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), oficina encargada de canalizar los procesos. Esta cifra se repite en varias regiones.

Recomendaciones

Ante la poca eficacia que ha mostrado el proceso de formalización de la minería, al menos en el plano cuantitativo, la Defensoría del Pueblo ha elaborado una serie de recomendaciones.

En ese sentido, invoca a los gobiernos regionales que prioricen la labor de sus DREM para acelerar las atenciones de las solicitudes de formalización. Pone énfasis en el aspecto presupuestal y logístico. Para esto en los próximos días la Defensoría se reunirá con las nuevas autoridades electas en todas las regiones, empezando por Madre de Dios, Arequipa, Puno, La Libertad e Ica.

Asimismo, exhorta a los ministerios involucrados en el proceso de formalización, como Ambiente, a elaborar un proyecto de remediación ambiental para las zonas impactadas por la minería ilegal.

También pide a la Comisión Multisectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), encargada del proceso de formalización, velar por el cumplimiento de las metas previstas hasta el 2016. Esto teniendo en cuenta que más de uno de los pasos dentro del proceso ha tenido prórrogas desde que se inició en 2012.

Por último, la Defensoría del Pueblo solicita a la Fiscalía que elabore un protocolo para las interdicciones que se realizan a nivel nacional para frenar a la minería ilegal, sin opciones de formalización. Pide que se priorice en las zonas donde se generen daños significativos al medio ambiente.

Reportan escasa fiscalización

En relación con la labor de fiscalización que los gobiernos regionales deben hacer a la pequeña minería, la Defensoría del Pueblo entrega cifras alarmantes. En Madre de Dios, una de las más azotadas por esta actividad, no se reportó ningún cargo. Ucayali, Loreto, Lima provincias, Apurímac y Cusco no entregaron ningún tipo de información.

Además, reportó que hay poco personal para la tarea de fiscalización. Por ejemplo, en Arequipa, solo hay 24 funcionarios, es decir que cada uno debe atender 693 solicitudes.