El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) dictó sentencia de nulidad sobre decenas de permisos de prospección y servidumbres de estudio emitidos por la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) a favor de Aratirí ante recursos presentados por los productores rurales afectados, según supo El País.
La sentencia menciona como principal argumento que, cuando se tramitaron los permisos, no se cumplió con el requisito de dar vista previa a los propietarios de los predios comprendidos.
Ahora, la empresa que pretende extraer hierro en la zona de Valentines, debería, si sigue interesada en esos predios, reiterar el trámite.
Los recursos en primera instancia fueron promovidos a partir de 2010 por un número de afectados que rondó los 150 superficiarios. Algunos no continuaron con las siguientes etapas porque los costos que debían enfrentar eran elevados. Finalmente, ante el TCA fueron presentadas 46 acciones de nulidad promovidas por 79 actores.
La reforma del Código de Minería que fuera sancionada en diciembre de 2011 incorporó formalmente el requisito de la vista previa como consecuencia del reclamo y las movilizaciones de los productores rurales que se sentían afectados por los pedimentos de Aratirí.
Hay otro cuatro nuevos recursos de nulidad en trámite sobre permisos de exploración que fueron igualmente otorgados por la Dinamige sin la vista previa. La denegatoria ficta para estos recursos, habilitaría la presentación de una demanda de nulidad ante el TCA.
El gobierno negoció durante todo este año un contrato de explotación a 20 años de las cinco minas de la zona de Valentines pero existe incertidumbre respecto a si finalmente se firmará un acuerdo. El plazo legal para que se firme con Aratirí vence el próximo 28 de febrero.
El TCA, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, declaró nulos decenas de permisos de prospección y servidumbres solicitados por Aratirí y aprobados en su momento por la DInamige (Dirección Nacional de Minería y Geología) a al proyecto Aratirí.
Según supo El País, la decisión se tomó a raíz de un recurso presentado por un grupo de casi 80 productores rurales afectados.
El dictamen esgrime como principal argumento que, cuando se tramitaron los permisos para la exploración, no se cumplió con el requisito de dar vista previa a los propietarios de los predios comprendidos.
A partir de esta decisión, la empresa Zamin Ferrous, que está detrás del proyecto Aratirí deberá reiterar estos trámites desde cero.
