Entre ellas, no se encuentra ninguno de los políticos supuestamente vinculados al escándalo de corrupción en Petrobras. La decisión fue aprobado por una comisión del Congreso brasileño.
La comisión del Congreso brasileño que investiga el escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras pidió hoy el procesamiento de 52 personas, entre las cuales no está ninguno de los políticos que supuestamente se beneficiaron de los desvíos millonarios de fondos de la empresa.
El informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), que recomienda que se procese a varias de las personas que ya están presas y son juzgadas por los desvíos, fue aprobado ayer por 19 votos a favor y ocho en contra de los senadores y diputados que participaron en las investigaciones.
El Congreso decidió realizar una investigación propia sobre los desvíos en Petrobras e independiente de las que ya son realizadas por la Policía Federal, la Fiscalía, la Contraloría y el Tribunal de Cuentas de la Unión, pero sus resultados tuvieron menor alcance.
Además de citar en su lista de acusados a casi todos los implicados que ya están presos y están procesados, la CPI se abstuvo de pronunciarse sobre los cerca de treinta políticos que supuestamente se beneficiaron de los desvíos.
Las denuncias de corrupción en Petrobras, que han paralizado a la empresa y provocado una pérdida de cerca del 40 % en su valor de mercado este año, salpican a varios dirigentes y políticos aliados del Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.
El escándalo también llevó a que se investigue a importantes empresas del país, incluyendo las mayores constructoras de Brasil, que, de acuerdo con las denuncias, obtuvieron contratos a cambio de millonarios sobornos.
Los recursos desviados, según admitieron algunos de los implicados, fueron transferidos a diferentes partidos políticos, incluido el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) y otros de la alianza que apoya a Rousseff.
Según calcula la Policía, el dinero desviado de la petrolera en los últimos diez años podría llegar a la suma de 10.000 millones de reales (cerca de 3.850 millones de dólares).
El asunto ha llevado a la cárcel a dos exdirectores de Petrobras y a una decena de directivos de empresas relacionadas con la trama, algunos de los cuales han revelado detalles de cómo operaba la mafia a fin de negociar una reducción de las penas que les esperan.
Entre las personas que la CPI pide que sean procesadas figuran el exdirector de Abastecimiento de la petrolera Paulo Roberto Costa y el empresario Alberto Youssef, los principales protagonistas del escándalo, que están presos desde marzo pasado y han delatado a todos los demás implicados a cambio de beneficios judiciales.
La comisión del Congreso también pidió que sean enjuiciados el exdirector de Servicios de la empresa estatal Renato Duque y el exdirector del áreas internacional Néstor Cerveró, que igualmente ya están incluidos en diferentes procesos judiciales.
Costa y Youssef mencionaron en sus declaraciones ante la Justicia a decenas de dirigentes políticos y parlamentarios que se beneficiaron de los desvíos de Petrobras, pero la comisión del Congreso que investigó el escándalo se abstuvo de incluirlos en su informe final.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, pidió este jueves sancionar a los funcionarios de la gigante Petrobras implicados en un millonario caso de sobornos pero sin destruir la mayor empresa del país e invocó a firmar un pacto nacional contra la corrupción.
"Tenemos que sancionar a las personas, no destruir a las empresas. Tenemos que saber sancionar el crimen, no perjudicar el país o su economía (...) Tenemos que cerrar las puertas a la corrupción, pero no al crecimiento", dijo el jueves Rousseff tras recibir del Tribunal Electoral las credenciales como ganadora de las elecciones presidenciales.
"Tenemos que saber investigar y saber sancionar, sin debilitar a Petrobras, sin disminuir su importancia para el presente y el futuro ", agregó la mandataria reelecta en octubre por el Partido de los Trabajadores (izquierda, PT).
Según Rousseff, la petrolera paraestatal Petrobras es más grande que cualquier problema, y que saldrá de todo esto "más fuerte".
Rousseff dijo que enfrenta "sin temor" la investigación a algunos altos funcionarios de Petrobras e invocó a firmar un pacto nacional contra la corrupción.
"Llegó la hora de firmar un gran pacto nacional contra la corrupción, que involucre a todos los sectores de la sociedad y a todas las esferas del gobierno", sostuvo.
"Este pacto va a desembocar en una gran reforma política que Brasil necesita promover el próximo año. Vamos a invitar a todos los poderes de la República y a todas las fuerzas de la sociedad, para elaborar medidas y compromisos duraderos", aseguró.
La justicia procesa actualmente a unas 39 personas, entre ellos al exdirector de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, y al exdirector del Area Internacional, Néstor Cerveró, por presuntamente haber recibido sobornos a cambio de otorgar contratos a un "cártel" de empresas, cuyos ejecutivos también están procesados.
En la víspera, la presidenta de la compañía, Graça Foster, dijo que "es urgente" que el gobierno se posicione frente a las empresas acusadas de corrupción para definir si Petrobras puede seguir haciendo negocios con ellas o debe proceder a realizar un sinfín de licitaciones internacionales.
Otro de los enjuiciados es el empresario brasileño Alberto Youssef, acusado de ofrecer sus empresas para lavar el dinero de las coimas.
Decenas de políticos, incluidos los del PT (en el poder hace 12 años) fueron implicados en el escándalo por delatores como Costa y Youssef, pero hasta ahora ninguno fue acusado formalmente.
La policía estima que la operación desvió más de 4.000 millones de dólares en una década.
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, se comprometió hoy a ayudar a implementar estándares de gobernanza corporativa más estrictos en la petrolera estatal Petrobras, envuelta en el peor caso de corrupción de su historia.
En un discurso en Brasilia, Rousseff instó a los brasileños a no perder la fe en la compañía, que durante años ha sido el estandarte de la nación. Pidió comprometerse en un "pacto para combatir la corrupción" que debería conducir a una amplia reforma del sistema político de Brasil.
Fiscales aducen que ejecutivos de Petrobras conspiraron para inflar los precios de refinerías, barcos, anuncios publicitarios y otros bienes y servicios.
También dicen que luego contratistas devolvieron un porcentaje de los contratos inflados a ejecutivos y miembros de la coalición gobernante de Rousseff en forma de sobornos y contribuciones para campañas electorales.
"Necesitamos saber cómo investigar y castigar, sin dañar a Petrobras", aseguró Rousseff. "Tenemos que castigar a personas, no destruir compañías".
Rousseff aseguró además que el 1 de enero, cuando inicie un nuevo periodo como presidenta de Brasil, detallará medidas para revivir el crecimiento de la mayor economía de América Latina.
"Tenemos que sancionar a las personas, no destruir a las empresas. Tenemos que saber sancionar el crimen, no perjudicar el país o su economía. Tenemos que cerrar las puertas a la corrupción, pero no al crecimiento", dijo el jueves Dilma Rousseff tras recibir del Tribunal Electoral las credenciales como ganadora de las elecciones presidenciales.
"Tenemos que saber investigar y saber sancionar, sin debilitar a Petrobras, sin disminuir su importancia para el presente y el futuro ", agregó la mandataria reelecta en octubre por el Partido de los Trabajadores (izquierda, PT).
Según Rousseff, la petrolera paraestatal Petrobras es más grande que cualquier problema, y que saldrá de todo esto "más fuerte".
"Vamos a invitar a todos los poderes de la República y fuerzas de la sociedad, para elaborar medidas duraderas"
Rousseff dijo que enfrenta "sin temor" la investigación a algunos altos funcionarios de Petrobras e invocó a firmar un pacto nacional contra la corrupción.
"Llegó la hora de firmar un gran pacto nacional contra la corrupción, que involucre a todos los sectores de la sociedad y a todas las esferas del gobierno", sostuvo.
"Este pacto va a desembocar en una gran reforma política que Brasil necesita promover el próximo año. Vamos a invitar a todos los poderes de la República y a todas las fuerzas de la sociedad, para elaborar medidas y compromisos duraderos", aseguró.
La justicia procesa actualmente a unas 39 personas, entre ellos al ex director de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, y al ex director del Area Internacional, Néstor Cerveró, por presuntamente haber recibido sobornos a cambio de otorgar contratos a un "cártel" de empresas, cuyos ejecutivos también están procesados.
En la víspera, la presidente de la compañía, Graça Foster, dijo que "es urgente" que el gobierno se posicione frente a las empresas acusadas de corrupción para definir si Petrobras puede seguir haciendo negocios con ellas o debe proceder a realizar un sinfín de licitaciones internacionales.
Otro de los enjuiciados es el empresario brasileño Alberto Youssef, acusado de ofrecer sus empresas para lavar el dinero de las coimas.
Decenas de políticos, incluidos los del PT (en el poder hace 12 años) fueron implicados en el escándalo por delatores como Costa y Youssef, pero hasta ahora ninguno fue acusado formalmente.
La policía estima que la operación desvió más de 4.000 millones de dólares en una década.
