Informe de CooperAción señala que solo verían la luz proyectos con EIA aprobados. Problemas financieros y constante conflictividad amenazan al sector.

El último informe del Observatorio de Conflicto Mineros advirtió que de los U$S 61,000 millones en inversiones mineras que el Gobierno promueve como portafolio, solo un 30% se ejecutaría. En este momento, hay 54 proyectos en 17 regiones.

En diálogo con Gestión José de Echave, subdirector de CooperAcción, estimó que solo aquellos planes que tienen Estudios de Impacto Ambiental (EIA) aprobado lograrán desarrollarse.

Estos suman U$S 23,000 millones. En la lista figuran Constancia (Cusco), Las Bambas (Apurímac), Tía María (Arequipa), San Luis (Áncash), Inmaculada (Ayacucho), Crespo (Cusco), entre otros.

Pero ¿por qué solo los proyectos con EIA lograrían concretarse? Según explicó el especialista, existe una corriente entre las empresas mineras de ser más “conservadoras” a la hora de tomar decisiones de inversión.

Indicó también que los conflictos socioambientales influyen, pero (sobre todo) existe una tendencia global a que las propias compañías interrumpan sus actividades por problemas financieros.

“Sentimos que el sector minero tendrá un crecimiento muy poco significativo. El contexto internacional dice que acabó el superciclo de precios. En las empresas se registra menos exploraciones y cada vez hay más postergaciones por problemas corporativos”, subrayó.

Precisamente, el presidente Ollanta Humala, -hace dos días- afirmó que la devolución de Michiquillay (Cajamarca) y el retraso de Quellaveco (Moquegua) se deben a problemas internos de Anglo American, empresa encargada de dichos proyectos.

“La desaceleración mundial no solo ha golpeado a las naciones sino también a las grandes corporaciones”, anotó Humala.

Conflictos sociales

Aunque De Echave admite que en los últimos dos años los conflictos sociales han disminuido; también crítica al Gobierno y advierte que el 2015 será “un año turbulento” por el continuo retroceso en las regulaciones ambientales y sociales.

“El próximo año viene con grandes retos entorno a los conflictos sociales y la actividad minera para las nuevas autoridades regionales electas. El 58% de conflictos sociales son de competencia del Gobierno central, el 20% de competencia regional”, indicó.