Por Lucio Fernández Moores.
El fiscal Carlos Gonella, uno de los principales colaboradores de la procuradora general Alejandra Gils Carbó y titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) fue procesado ayer junto con otro colega por la presunta comisión del delito de prevaricato, esto es el dictado de resoluciones contrarias a la ley.
La decisión fue tomada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien les endilga no haber incluido al empresario kirchnerista Lázaro Báez en el requerimiento de instrucción de la causa abierta el año pasado contra el financista Federico Elaskar y el detenido “valijero” Leonardo Fariña por lavado de dinero luego de su aparición en el programa de TV Periodismo Para Todos (PPT). El otro procesado se llama Omar Orsi y trabaja junto a Gonella en la Procelac.
Ambos fiscales se presentaron en los tribunales federales de Comodoro Py hace más de un año y medio para aportarle datos al dictamen que en ese momento formulaba contra Báez el fiscal Ramiro González, quien subrogaba a su colega Guillermo Marijuán, quien luego terminó imputando a Báez.
Tras la visita de Gonella y Orsi, González modificó el dictamen que se había elaborado en la fiscalía de Marijuán y circunscribió el pedido de investigación sólo a Elaskar y Fariña, ya que los visitantes le habían arrimado información sobre ellos existentes en la Unidad de Información Financiera (UIF) a partir de reportes de operaciones sospechosas (ROS) emitidos por varios bancos.
Martínez de Giorgi, el mismo juez que mañana indagará al ministro de Justicia, Julio Alak, en otra causa, procesó a Gonella y Orsi por presunta violación del artículo 272 del Código Penal en función del artículo 271. Ambas disposiciones prevén multa e inhabilitación de hasta seis años para ejercer cargos públicos para “el abogado o mandatario judicial que defendiere o representare partes contrarias en el mismo juicio, simultánea o sucesivamente o que de cualquier modo perjudicare deliberadamente la causa que le estuviere confiada”.
Esta última parte del Código es lo que aplica para la causa seguida contra Gonella y Orsi, según explicaron fuentes judiciales en base a las supuestas dilaciones de los fiscales para aportar datos sobre Báez al inicio de la causa abierta como consecuencia de la primera emisión 2013 de PPT. Allí, tanto Elaskar como Fariña admitieron haber lavado dinero de Báez, aunque luego se desdijeron en otro programa de TV y más tarde en la Justicia. Pero todas las denuncias que se presentaron en los tribunales de Comodoro Py tras la emisión del programa denunciaban concretamente a Báez, recordó el juez en su resolución, difundida ayer por el Centro de Información Judicial (CIJ).
“El requerimiento presentado por los imputados representó un recorte a los proyectos que se confeccionaran en la Fiscalía nro. 9 en virtud de la inicial solicitud del Dr. Ramiro González y a los que ya se hiciera referencia, los que impulsaban la acción en similares términos y consideraciones al que efectuara luego de su licencia el Fiscal Guillermo Marijuan”, sostuvo Martínez de Giorgi.
Según el juez, el requerimiento acotado hecho por Gonella y Orsi al inicio de la causa, una etapa fundamental, dijo, “fragmentó la plataforma fáctica de la investigación en trámite actualmente ante el Juzgado nro. 7 del fuero, ocasionando un direccionamiento en el trámite de ese proceso y con ello la imposibilidad de adoptar medidas de investigación pertinentes, útiles y urgentes sobre los hechos que no fueron alcanzados por el impulso de la acción penal”.
El magistrado acusó a Gonella y Orsi –a quienes hizo referencia el sábado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner– de “desviar la atención de la investigación” al haber “modificado intencionalmente el marco fáctico” de lo planteado en las cuatro denuncias que habían ingresado a Tribunales tras la emisión de PPT y que incluían al empresario favorecido por la mayoría de la obra pública en la provincia de Santa Cruz.
“El direccionamiento de la investigación por parte de los imputados ocasionó una demora en la investigación –de casi veinte días desde la formulación de la primera denuncia– que conspiró contra la eficaz persecución de un delito complejo como el lavado de activos, perjudicándose la causa que le fuera confiada al generar la imposibilidad de adoptar las medidas de investigación pertinentes en relación a los hechos que no fueron alcanzados por ese impulso de la acción penal”, expresó el juez.
Por Lucia Salinas.
En medio de las denuncias por lavado de dinero y evasión fiscal que recibió, Austral Construcciones S.A. –empresa insignia de Lázaro Báez– ahora acumula otra denuncia en la secretaría de Trabajo de Santa Cruz por parte del gremio de la construcción UOCRA, por el retraso en el pago a sus empleados de la última quincena, y por falta de precisiones sobre la segunda cuota del aguinaldo correspondiente a diciembre.
La década ganada, que le representó a Austral ganar más de 54 obras en Santa Cruz por 24.500 millones de pesos y más de 1.090 millones en otras provincias, parece estar en su etapa final. Los números rojos y cheques sin fondo se incrementan, y no logra cumplir en tiempo y forma con sus compromisos contables.
El viernes pasado, el dirigente de la UOCRA Humberto Ruiz presentó la nota 230/2014 ante el secretario de trabajo santacruceño Luis Silva, denunciando que la principal constructora de Santa Cruz adeuda la segunda quincena de noviembre.
Desde Austral se justifican, aunque admiten un difícil momento financiero: “Es algo común en la obra pública el retraso, porque si te certifican tarde te retrasás” explicaron a Clarín.
En el primer semestre de este año los asesores contables del empresario K le recomendaron una masiva reducción de personal, con unos 600 despidos. Báez se negó, y sostuvo los 3.500 puestos de trabajo que genera Austral. “El problema de la empresa es que la cantidad de personal no se condice con la cantidad de obras”, reconoció una persona de la confianza de Lázaro.
La reestructuración empresarial y reordenamiento financiero es la prioridad de Báez para subsistir. En el grupo no descartan desprenderse de ALUCOM Austral SRL (integrada por Martín y Lázaro Báez), una empresa a través de la cual pagan los haberes del multimedio de Báez (Magna FM y Prensa Libre) donde hubo varios despidos el último mes y aún adeudan el sueldo de junio y el medio aguinaldo.
En agosto, el banco HSBC advirtió a la empresa por los permanentes sobregiros en descubierto que realiza en sus cuentas. Esto se replica en la constructora del empresario: el Banco Nación pidió que las emisiones sin fondos, que superaban el medio millón de pesos, sean cubiertas.
Hay empresas menores que van a pérdida, y que están en revisión: las dedicadas a la comida para empresas (Alternativa y Quality), o constructoras más chicas que Austral. Las petroleras Epsur y Misahar Argentina están intimadas por el Instituto de Energía de Santa Cruz, por no cumplir con planes de inversiones en siete áreas que tienen adjudicadas. Las empresas no marchan y les resulta complejo conseguir socios inversores.
Incluso Valle Mitre, que gerenciaba tres hoteles de la presidenta Cristina Kirchner y a quien le garantizó 14 millones de pesos en concepto de alquiler de habitaciones, no quedó exenta del crítico momento financiero que vive el emporio Báez. Registra cheques rechazados por 73.792 pesos.
Los números no acompañan en el holding del empresario amigo de los Kirchner. Pero la ayuda del Gobierno siempre está presente. Austral recibió durante el último semestre del 2013, en medio de todas las denuncias por lavado, 20 millones de pesos de Nación Fideicomiso para financiarse.