Pocos gobiernos han alineado sus intereses tan estrechamente con los de lascompañías energéticas y mineras de su país como lo ha hecho el gobierno conservador de Canadá.

El Primer Ministro, Stephen Harper, se ha jactado de que Canadá es una “superpotencia energética emergente” y, bajo el estandarte del “desarrollo responsable de recursos”, su gobierno ha hecho su mejor esfuerzo para facilitar el camino a las compañías de minerales, en el país y en el extranjero, incluso dirigiendo alguna ayuda exterior a los países donde las empresas canadienses querían perforar. 

Los ministros señalan con orgullo los 169,000 millones de dólares(estadounidenses) de la nación en ingresos por exportación de minerales, petróleo y gas en 2013 y al hecho de que Canadá alberga a más de la mitad de las compañías de exploración y mineras públicamente enlistadas del mundo.

La desventaja de parecer tan amigable con las empresas de extracción es que, cuando una de ellas se mete en problemas – algo que ocurre inevitablemente con las1,500 empresas activas en más de 100 países, la imagen del país también se ve empañada. 

Por ello, el gobierno empezó recientemente a reducir esa vulnerabilidad adoptando una línea más estricta sobre la responsabilidad social corporativa y los sobornos por parte de empresas canadienses que operan en el extranjero.

Proteger la marca nacional es “una parte enorme de ello”, dijo Andrew Bauer del Instituto de Gobernanza de Recursos Naturales, un grupo que monitorea a la industria y cabildea a favor de la apertura.

Ed Fast, ministro de comercio internacional, lo admitió el 14 de noviembre, cuando dio a conocer nuevas reglas para que las empresas de recursos canadienses involucradas en disputas con comunidades locales tomen parte en un proceso de resolución. Si cualquier compañía se niega, el gobierno canadiense retirará su diplomacia económica en su nombre.

En opinión de Fast, la marca de Canadá brilla como un lingote recién acuñado y simplemente necesita ser preservado, en vez de restaurado. Los oponentes difieren. Señalan que un montón de protestas contra proyectos de empresas canadienses, desde Rumania, donde los ambientalistas están objetando los planes para una mina aurífera a cielo abierto, hasta Guatemala, donde guardias en una mina de níquel han sido acusados de violación en pandilla.

El gobierno también está prometiendo fortalecer el mandato de su “asesor de CSR” oficial, cuya labor es asesorar a las empresas de recursos sobre responsabilidad social corporativa y mediar en sus disputas.

El puesto ha estado vacante durante un año, y el titular anterior hizo poco progreso porque las compañías no estaban obligadas a cooperar. La medida no fue lo suficientemente lejos para algunos activistas, que habían querido que el asesor fuera independizado del gobierno.

Sin embargo, tuvieron mejor suerte con una nueva ley, introducida el mes pasado, para frenar los sobornos por parte de las empresas mineras y energéticas, demandándoles más transparencia.

La ley, que aún debe ser provista de regulaciones detalladas, requiere que revelen todos los pagos hechos a los gobiernos nacionales y extranjeros. Esto alinea ampliamente a Canadá con la legislación británica y con las reglas que están siendo completadas por la Comisión de Valores y Cambios en Estados Unidos

Ayudó que la ley fuera respaldada por una coalición inusual de organizaciones no gubernamentales y las propias compañías mineras. La legislación “es bastante fiel a nuestras recomendaciones”, dijo Pierre Gratton, director de la Asociación Minera de Canadá.

Parece que la experiencia de las compañías mineras en el manejo de comunidades locales está haciéndolas más sensibles a las preocupaciones de esas comunidades sobre corrupción y otros males. En contraste, las empresas petroleras y gaseras están cabildeando para que la ley de transparencia sea debilitada.

Quieren recibir exenciones en países cuyas leyes locales prohíben convenientemente la revelación de esos pagos. También quieren evitar tener que dar un desglose proyecto por proyecto de sus pagos, sin lo cual la información sería de poco uso.

Sigue habiendo espacio para la recaída por parte de un gobierno que es descaradamente amigable con las empresas, pero un ruego público para que permanezca firme, de parte de un ex ejecutivo de Shell, quizá aún ponga tensos a los ministros. Una ley de transparencia diluida ciertamente quitaría brillo a la marca deCanadá.