Codelco busca ponerle un freno momentáneo a la tramitación de su proyecto estructural Andina 244, cuya inversión supera los US$6.800 millones.
Según conocedores del proceso, la cuprera estatal espera subsanar una serie de aspectos claves del proyecto que permitirá a la División Andina producir alrededor de 600.000 toneladas de cobre fino al año, fundamentalmente relacionados al posible impacto ambiental en glaciares. Esto luego de que la Dirección General de Aguas (DGA) cuestionara la medición de impactos de la millonaria iniciativa, y sobre todo frente a eventuales cambios en la legislación que protege a estos recursos.
Otro aspecto que estaría sobre la mesa es la posibilidad de realizar la expansión de manera escalonada, en dos etapas, disminuyendo el nivel de riesgo del proyecto.
El pasado jueves, el representante legal de la División Andina, Ricardo Palma Contesse, oficializó la petición de Codelco de por lo menos congelar la tramitación ambiental hasta el 31 de julio de 2015, y elaborar una segunda adenda para el proyecto.
Para estos efectos, la cuprera envío una solicitud al director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, Jorge Troncoso, quien en los próximos días deberá definir si procede congelar la tramitación de la expansión que ingresó su Estudio de Impacto Ambiental el 4 de enero de 2013.
La paralización en el proceso implicaría un retraso en la carta gantt original pensada por la estatal en este proceso, ya que se esperaba que la evaluación se generara a más tardar el 19 de marzo entrante.
Las tareas venideras para el proyecto no son menores, ya que deberá realizar una nueva propuesta de mitigación para glaciares, luego de que la DGA -entidad que tiene tutela sobre ellos- criticara duramente la medición de impactos de la iniciativa. Según la entidad dependiente del MOP, Andina 244 subestimó los impactos significativos que generaría el proyecto. Otra tarea será enmarcar el proyecto en la Estrategia de Desarrollo Regional promulgada por la Intendencia Metropolitana en 2012. Esta petición fue solicitada por el propio intendente Claudio Orrego.
El proyecto
Antes de abandonar su puesto en Codelco, Thomas Keller notificó al directorio de una decisión crucial para el futuro de la corporación: recomendaba a la mesa no ejecutar Andina 244 debido tanto a su alto costo como a las críticas por sus efectos ambientales, y también a su visión de que existían alternativas casi tan rentables como la expansión, pero más baratas y con menor impacto ambiental.
Ello llevó a que en el Plan de Negocios y Desarrollo (PND) 2014, que Codelco envió a Hacienda en marzo de este año, se incluyera una alternativa de desarrollo modular de Andina 244. Incluso más: en ese documento se pone como fecha de puesta en marcha 2023 y no 2021 como aún figura en la página web de la corporación.
“El proyecto está en revisión con el propósito de identificar una secuencia de desarrollo modular, que permita reducir los riesgos de ejecución, crear mayor flexibilidad para su financiamiento y reducir las inversiones necesarias para su implementación”, señala el documento, que añade que la decisión de inversión está proyectada para 2016 y que la puesta en marcha está fijada para 2023.
Andina 244 es el único proyecto que añade producción a Codelco, pues tanto Chuquicamata Subterránea como Nuevo Nivel Mina El Teniente, Ministro Hales y RT Fase 2 están concebidos como proyectos de reposición.
No obstante, el actual CEO de Codelco, Nelson Pizarro, anunció que todos los proyectos estructurales serán revisados.
Descartada quedó desde el Gobierno, la posibilidad de que la Empresa Nacional de Minería (Enami) haya comprado el concentrado sustraído en el camino entre la mina La Escondida y la planta de Potrerillos de la División de El Salvador, de Codelco, agotando con ello una de las vías de posible reducción del material robado.
Ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre robo de concentrados de Codelco, la Ministra de Minería, Aurora Williams, especificó que esta conclusión se desprende de la auditoría corporativa de Enami, recientemente finalizada, la cual incluyó tres líneas investigativas: análisis de las variaciones en los estándares de venta de quince productores identificados en el sector; estudio de posibles variación en las leyes del mineral (entre el comprado con anterioridad y el recibido en los últimos años); y comparación de los perfiles minerológicos entre el concentrado proveniente de La Escondida y el de los quince proveedores.
"No hay una relación entre los concentrados que compró Enami y el perfil minerológico del concentrado de Escondida, lo que indicaría que, efectivamente, éste no tuvo como destino a Enami, que era una situación que preocupaba y eso permite ratificar los controles que efectivamente se tienen en las plantas de Enami", enfatizó la Secretaria de Estado.
Aurora Williams resaltó que la investigación puso especial atención respecto de uno de los proveedores de Enami, Gilberto Aciar, unos de los procesados en el caso, analizando no sólo el perfil minerológico de lo que se vendió a Enami, sino también de las minas de donde se obtuvo dicho material, no detectándose ninguna relación entre los perfiles analizados.
Recalcó que, desde que asumieron como Gobierno y recibieron la tutela de Codelco y Enami, se preocuparon por mantener los controles necesarios para que situaciones como este robo no vuelvan a ocurrir. Especificó que, además de la investigación realizada por Enami, Cochilco inició una auditoría a Codelco, para evaluar las condiciones de control que había en el momento en que se produjo la sustracción de concentrado en El Salvador; y a Enami, para investigar el empadronamiento de los pequeños mineros proveedores de la estatal. "Estas dos líneas de investigación, la de Enami y de Codelco, concluyen en las próximas semanas y esperamos en la primera semana de enero tener los resultados", puntualizó.
La Ministra, finalmente, valoró la investigación realizada por la Comisión y resaltó que todos los aportes que pueda hacer la instancia que permitan evitar que estos hechos ocurran, van a ser reconocidos por Codelco.
El presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, se manifestó satisfecho con el resultado de la sesión y estimó que fueron despejadas las dudas planteadas por los legisladores, tanto sobre los controles que se realizan para prevenir nuevos casos de fraude, como en torno a la desvinculación de tres supervisores que vinieron a la Comisión Investigadora, en sesiones anteriores, a denunciar fallas en la gestión administrativa y de control de la empresa.
Nelson Pizarro aclaró, durante la sesión, que el despido de los trabajadores se realizó tras tener en mano el informe de la consultora Price Waterhouse Cooper (PWC), el 12 de noviembre pasado. Especificó que dicho informe arrojó que Daniel Lecaros Flores, Félix Rasjido Ávalos y Manuel Meriño Zagal no cumplieron con sus contratos de trabajo.
Con más detalle, explicó a los diputados que Andrés Lecaros se desempeñaba como ingeniero en jefe de la planta de recepción de materiales; jefe de los llamados ITOs (inspectores técnicos de obras); y responsable del mecanismo de pesaje de los materiales. Indicó que el informe de PWC acusa que "no cumplió con su obligación de monitorear la debida ejecución del muestreo especial o aleatoria que deben efectuar los ITOs en la recepción de camiones con concentrado externo".
