Desde la asamblea Riojana Capital se informó que ““el día 9 de diciembre de 2014, el Juzgado Federal de La Rioja rechazó un recurso de amparo que había presentado la C.N.E.A (Comisión Nacional de Energía Atómica) contra la resolución que impuso una clausura a la mina de uranio denominada Alipán en la localidad de Las Cañas de esta ciudad y solicitaba la suspensión de la Ordenanza 4930 que prohíbe la actividad nuclear en el Municipio de la Capital”.

Dicha ordenanza declaraba al Municipio del Departamento Capital de la Provincia de La Rioja como municipio no toxico, no nuclear y ambientalmente sustentable.

Según la Asamblea, “si bien el Juez Federal no se pronuncia sobre la validez de los permisos mineros, sino que rechaza por motivos formales, con esta resolución nuevamente la Municipalidad de La Rioja tiene el poder de policía, lo que implica que deberá hacer efectiva la clausura que tiene prevista la Ordenanza Nº 4930 cuya vigencia había sido suspendida en virtud de una medida cautelar dictada en esta misma causa”.

En ese sentido, destacó que “el cumplimiento efectivo de la ordenanza no puede seguirse dilatándose, debe realizarse con firmeza por parte del Municipio quien debe clausurar y decomisar como manda dicha norma y en caso de ser necesario usar la fuerza pública para vigilar que sea respetada la clausura”.

La Asamblea dijo que “clausurar preventivamente como se hizo, no sirvió, prueba de ello es que la C.N.E.A (Comisión Nacional de Energía Atómica) siguió trabajando y la única forma de paralizar sus actividades fue mediante el corte con acampe y las medidas que venimos realizando con los vecinos de la zona para impedirles el paso y la continuidad de los trabajos mineros”.

Por lo cual, “sabemos que las instancias judiciales son largas y esta es sólo una etapa, pero en esta instancia y a la luz de este nuevo fallo, exigimos como siempre hicimos el cumplimiento de la única norma que tenemos a favor de nuestras vidas y que hoy renueva su vigencia”, agregó.

“Queremos que se haga efectivo lo dispuesto por la Ordenanza 4930 que fue redactada por la Asamblea Riojana Capital y que a pesar de haber sido recortada y aprovechada políticamente por los bloques de la oposición, la consideramos una ordenanza popular ya que nació de una comunidad que se manifestó claramente en contra de la megaminería”, remarcó.

La Asamblea Riojana Capital sostuvo que “nuestro reclamo al Gobierno Nacional y al Gobierno Provincial, a quienes exigimos la anulación de todos los permisos y concesiones mineras por no contar con licencia social y en esta instancia del fallo, al Gobierno Municipal para que aplique la Ordenanza sin más dilaciones”.

Finalmente, dijo que “sabemos cómo opera la justicia y que este fallo puede no ser definitivo por lo que advertimos que seguiremos luchando en las calles y en las rutas hasta conseguir la anulación del Código Minero y de las leyes que habilitan estos proyectos que ponen en riesgo nuestro territorio y nuestras vidas. No permitiremos que las pocas normas que tenemos a favor sean manipuladas por conveniencias políticas electoralistas, como se vino haciendo. Escracharemos y denunciaremos a cada funcionario que viole el mandato popular, exigiendo su destitución si fuese necesario”.

Marisa Romero, integrante de la Asamblea Riojana Capital, mantuvo una comunicación a Salí con La Red para explicar los efectos del fallo del juez Federal Daniel Herrera Piedrabuena sobre la improcedencia del recurso de amparo presentado por la Comisión Nacional de Energía Atómica. 

“Cuando se realiza la clausura preventiva del emprendimiento de exploración en la mina de uranio de la Quebrada de Alipán por parte del Municipio de Capital la CNEA presenta un recurso de amparo y una medida cautelar. Primero el Juzgado resolvió la medida cautelar a favor de la CNEA, por lo que se levantó la clausura preventiva del emprendimiento y nosotros comenzamos con el corte de ruta junto a los vecinos”, recordó la ambientalista.  

Posteriormente el Municipio interpuso un recurso que fue rechazado por estar fuera de termino, por lo que tanto la ordenanza 4930 que declara a la Capital Municipio No Tóxico quedó suspendida. 

Finalmente, según el fallo firmado por el juez Federal Daniel Herrera Piedrabuena este 9 de diciembre, se rechazó el recurso de amparo presentado por la CNEA. En consecuencia vuelve a entrar en vigencia la ordenanza 4930 que otorga al Municipio de Capital el poder de policía para clausurar todo tipo de actividad de exploración y explotación minera contaminante. 

“Esto nos coloca una herramienta en la mano para solicitarle al municipio que clausure ya no de forma preventiva, sino de manera definitiva el emprendimiento minero”, aseguró Romero. 

Sin embargo la Asamblea Riojana Capital aclaró mediante un comunicado de prensa que no dejará de llevar adelante un plan de lucha que involucre a los vecinos de El Cantadero y el departamento Capital, ya que según difundió “sabemos cómo opera la Justicia y que este fallo puede no ser definitivo”.