El gremio afirmó que hay más de 330 mil titulares de derechos consuntivos de aguas, gran parte de ellos, medianos y pequeños agricultores “que dependen para su actividad de la certeza jurídica sobre las aguas y la tierra”.

La Sociedad Nacional de Agricultura advirtió que algunas de las modificaciones legales que está impulsando el Gobierno al Código de Aguas son inconstitucionales y amenazan el derecho de propiedad de los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas. Así lo advirtieron el presidente del gremio, Patricio Crespo, y el fiscal de la institución, Eduardo Riesco, durante su exposición ante la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados, instancia en la que se tramita el proyecto apoyado por el Ejecutivo. 

Crespo explicó que en Chile hay más de 330 mil titulares de derechos consuntivos de aguas, gran parte de ellos, medianos y pequeños agricultores “que dependen para su actividad de la certeza jurídica sobre las aguas y la tierra, derechos consagrados y amparados por la Constitución”. 

Sin embargo, alertó que esa certeza es la que está hoy en entredicho con el artículo 1ª Transitorio que pretende extender a los derechos de aprovechamiento de aguas ya concedidos ( derechos antiguos) las limitaciones que se proponen al ejercicio de las futuras concesiones de agua que pretende crear el Ejecutivo", sostuvo.

“Cuando hablamos que las nuevas concesiones se verán enfrentadas a amplias limitaciones nos referimos a que podrán ser caducadas a los 4 años si éstas no se han usado o a los 12 años si no están siendo bien utilizados. Lo grave es que el artículo 1ª transitorio pretende extender dicha limitación a los derechos ya otorgados, pese a que la Constitución establece que los derechos concedidos son inmutables. Esto es una amenaza y un cambio a las reglas del juego”, precisó Patricio Crespo, a la salida de su presentación en la Cámara. 

El titular de la SNA agregó que el proyecto del Ejecutivo pretende caducar los derechos de aprovechamiento de parcelas CORA no inscritos en el Conservador de Bienes Raíces en un plazo de 6 meses (lo que se realizaría por la derogación del artículo 5° transitorio), pese a que dichos derechos están legalmente otorgados y la propiedad de los mismos está resguardada por la Constitución.