Una vigencia de dos años tendrá la baja de 1,3% en las tarifas del agua que aplicará Aguas Andinas a sus clientes, tras el acuerdo al que llegó hace unas semanas con la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), en el marco del proceso tarifario 2015-2020.

La reducción se concretará producto de los nuevos ingresos que la sanitaria tendrá por el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, una vez que éste entre en operación, lo que sucedería en 2018.

El presidente de la sanitaria, Felipe Larraín, explicó que este descuento acordado con la autoridad funcionará en 2019 y 2020, bajo el supuesto que el proyecto de AES Gener y Antofagasta Minerals entre a operar en los plazos estimados y posteriormente, se empalmará con el nuevo proceso tarifario de la sanitaria que se dará en 2020, momento en que la reducción será revisada.

Según se había calculado, en un año normal, Aguas Andinas recibiría ingresos extra por cerca de $ 7.000 millones por el funcionamiento de la eléctrica. De ellos, acordó con la SISS traspasar a tarifa el 50%, según comunicó en su momento la autoridad.

Larraín señaló además, que tras el proceso tarifario están en condiciones de asumir el plan inversiones por US$ 900 millones que tienen a 2020.

Consultado por el rápido acuerdo que se dio con la autoridad, Larraín catalogó dicho proceso como normal y explicó que se enmarca dentro de las etapas que la ley estipula.

De hecho, relató que de los cuatro procesos tarifarios que ha estado en la compañía, en dos oportunidades se había logrado acuerdo y en las otras se recurrió a la instancia de los expertos.

Sequía e inversiones
Respecto a la sequía, el presidente de la sanitaria controlada por Agbar (GDF Suez) explicó que el embalse El Yeso está a 50% de su capacidad y que en los últimos cinco años han estado trabajando para garantizar la disponibilidad del recurso.

En este período y en el marco de un plan para enfrentar la sequía han invertido entre $ 25.000 a $ 30.000 millones en temas como arriendo de derechos y compra de agua, a lo que sumó inversiones en infraestructura.

"Obviamente, esto ha tenido un costo importante para la compañía, pero lo hemos asumido y no lo ha traspasado a tarifas", dijo Larraín.

Larraín explica que el trabajo realizado con los canalistas y la junta de vigilancia del río Maipo, les ha permitido tomar medidas para tener un uso eficiente del agua, por ejemplo, acumulando el recurso en temporadas donde no se usa agua para riego.

Se preveía que el trámite ambiental de la hidroeléctrica San Pedro, propiedad de Colbún, se reactivaría este mes, pero el cronograma de la iniciativa se retrasó, debido, principalmente, a problemas administrativos. Según trascendió, la iniciativa por US$ 500 millones ubicada en la Región de Los Ríos, que aportará 150 MW al SIC, ingresaría su Estudio de Impacto Ambiental durante los primeros meses de 2015.

Las obras de esta unidad fueron paralizadas en 2010 por riesgos geológicos. Desde esa fecha se han perfeccionado los estudios de suelos para poder retomar la construcción. Si bien en el plan de obras de la Comisión Nacional de Energía (CNE) se prevé que la central comience a inyectar su potencia en 2020, desde la compañía aseguran que esto podría adelantarse al menos un año.

Cercanos al proceso comentan que el directorio de la firma eléctrica ligada al Grupo Matte está temeroso porque no considera que exista un clima muy propicio a la inversión en Chile. Por lo mismo, dicen, es probable que opten por no llevar adelante la iniciativa sin antes contar con un apoyo explícito por parte del Gobierno. Fuentes sostienen que los primeros acercamientos con los residentes de la zona evidenciaron altos niveles de rechazo e incluso algunos actores estarían esperando volver a negociar con la empresa.

Durante este año, Colbún se dedicó a informar a las autoridades ciertas modificaciones a la central y también se abocó a socializar el proyecto con las comunidades cercanas a la iniciativa eléctrica.

Por otra parte, hace un tiempo fuentes de Colbún indicaron que en el caso del proyecto termoeléctrico Santa María II (unidad de 350 MW de capacidad), ubicado en Coronel, estaban siguiendo con atención las definiciones que adopte la autoridad respecto del proyecto Bocamina II (planta generadora carbonera de propiedad de Endesa).

Altas fuentes de la compañía señalan que si bien ese desenlace es importante, el proyecto termoeléctrico ya cuenta con permisos ambientales. Precisan que se realizará solo si las condiciones sociopolíticas del lugar son favorables.

INVERSIÓN
El costo total del proyecto ronda losUS$ 500 millones, suma muy superior a la que registra el EIA de 2007.