Tratando de envolver todo con el mismo papel, el diputado Jorge Arabel del FPV salió al cruce de la acción de Amparo interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia, por los abogados de la Asociación Argentina de Abogados Ambientales y que publicara OPI el día viernes. El legislador desestimó que en la práctica pueda ser posible su aplicación, pero no dejó pasar la oportunidad para denostar a quienes la interpusieron. El problema, es que, como en la usina Térmica, la realidad supera al relato y no les permite a sus defensores explicar sus dichos con pruebas irrefutables como el resultado que avaló nuestras predicciones: la usina no funcionó el 4 de diciembre y las represas siguen aplazadas. (Por: Rubén Lasagno)

Luego que OPI publicara, el día viernes último, la denuncia que ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, realizaran el Dr. Mariano Aguilar, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientales de la Patagonia, patrocinado por la Dra María Luja Pérez Terrone, abogada ambientalista y Directora Ejecutiva de la ONG Accionante, el diputado provincial Jorge Arabel (FPV), opinó al respecto y dijo que le “resulta extraño que se desconozca la competencia provincial en la materia establecida por nuestra propia Constitución Nacional, la que, si bien establece que le cabe a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, reconoce a la vez, en su artículo 41, las jurisdicciones locales en la materia”.

En tren de poner la pelota en la otra cancha Arabel señaló “Demás está decir que ha sido la propia Corte Suprema la que ha reconocido en distintos fallos que son las autoridades administrativas y judiciales de los Estado Provinciales las encargadas de valorar si las obras proyectadas afectan aspectos tan propios del derecho provincial, como lo es todo lo concerniente a la protección del medio ambiente.”

Para terminar el diputado oficialista recargó el fusil de las patrañas y dijo “el futuro de los santacruceños está naturalmente asociado al aprovechamiento hidroeléctrico del Río Santa Cruz y somos optimistas en cuanto a que, el gobierno y la empresa contratada, cumplirán con todos los extremos legales exigidos por nuestra legislación y las represas comenzarán a ser posible, más allá de acciones como la de estos personajes que rozan el carancheo político y que sólo buscan crear incertidumbre en la población”.

Los caranchos del discurso

Convirtiendo las palabras de Arabel en sus propios proyectiles, podríamos decir que tanto él como los eternos justificadores del FPV, son los caranchos del discurso, pues dicen una y otra vez cosas que no pueden sostener en el tiempo y mucho menos hacer realidad.

El ejemplo más reciente es el anuncio con bombos y platillos en enero de este año, del 4 de diciembre como la fecha para inaugurar la termousina de Río Turbio. Pasó el 4 y posiblemente llegará el otro 4 de diciembre sin estar completada la obra. Lo anunciamos muchas veces y cada nota recibió la correspondiente recriminación, considerando todo una “operación política” propio de “opositores” y de quienes “no quieren ver progresar a la provincia”.

Las represas son otro caro ejemplo de que al relato le ganan los hechos. Una vez más y después de que explicamos con datos ciertos de porqué las represas son económica y ambientalmente inviables, el gobierno ataca desde el discurso, pero no muestra resultados. Ahora se habla de enero o julio del año que viene ¿Por qué tendríamos que creerles?.

Es decir, la voz de Arabel no tiene más valor que el valor relativo de las voces que hemos escuchado hasta ahora, en todo este tiempo. Con una orden expresa de salir a minimizar críticas y desestimar información procedente de fuentes que no tienen controladas desde el gobierno, el legislador se transformó en un justificador más de lo injustificable, porque en el balance de los hechos, la información que hemos producido todo este tiempo en temas tan relevantes como YCRT, Termousina de Río Turbio y Represas, han sido exactas y confirmadas por los hechos y por los propios funcionarios que inicialmente las han desmentido.

Esto confirma que la necesidad de un sinceramiento de la clase política gobernante con el pueblo, es tan imprescindible como urgente. En tanto exista un medio con libertad para informar, las mentiras desde el poder van a caer finalmente debilitadas por el peso de la propia realidad. Si de esto no dan cuenta los políticos, verán el impacto en las urnas. No deben culpar a los medios por difundir la realidad que se opone a sus relatos, sino más bien, tienen que preocuparse por mentir menos.

El recurso de Amparo presentado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por parte de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia recoge rechazo y avales.
El diputado kirchnerista Jorge Arabel dijo que la acción es “improcedente y absurda”.

Como viene informando Ahora Calafate, esa asociación se presentó ante el máximo órgano judicial del país, para pedirle que frene el comienzo de las obras, hasta que no se cumpla con la presentación del Estudio de Impacto Ambiental en Audiencia Pública, tal cual lo indica la legislación vigente. (VER NOTA).

Sobre el tema, y mediante un parte de prensa, el diputado de nuestra ciudad cuestionó que sea la Corte Suprema la que tenga injerencia en el tema. “Resulta extraño que se desconozca la competencia provincial en la materia establecida por nuestra propia Constitución Nacional, la que, si bien establece que le cabe a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, reconoce a la vez, en su artículo 41, las jurisdicciones locales en la materia”.

"Demás está decir que ha sido la propia Corte Suprema la que ha reconocido en distintos fallos que son las autoridades administrativas y judiciales de los Estado Provinciales las encargadas de valorar si las obras proyectadas afectan aspectos tan propios del derecho provincial, como lo es todo lo concerniente a la protección del medio ambiente”, dijo el legislador.

Luego habló de “personajes que rozan el carancheo político y que sólo buscan crear incertidumbre en la población”.

Productores

Quien coincidió con la presentación fue Federico Pichl, un reconocido abogado y productor rural que integra una sociedad duela de tierras linderas al Río Santa Cruz.

“No han hecho ningún estudio de impacto ambiental de ninguna naturaleza. Se hará una obra que va a modificar absolutamente toda una zona ecológica sin prestar la más mínima atención a nada”, dijo Pichl al programa radial Actualidad 2.0 de Comodoro Rivadavia, y reproducido por medios digitales.

Pichl es socio de Ganadera Río Santa Cruz firma a la que se le expropiarán 20 mil hectáreas, de un total de propiedad de 89 mil hectáreas.

El productor también se quejó por la decisión del gobierno nacional y provincial, que contó con el aval de diputados provinciales, de ampliar la cantidad de tierras a expropiar.

En septiembre la legislatura provincia modificó en cuestión de horas la ley de expropiación. Con oposición de los diputados radicales, la Cámara de Diputados modificó artículos de la ley original. Uno de ellos extendió las tierras a expropiar, en una franja de 200 metros terrenos adentro, desde el limite original. La finalidad fue guardar hectáreas para poder utilizarlas como canteras, y no tener que pagarle a los estancieros por el quite de áridos.

“No es exactamente que se van a inundar porque lo que han hecho es modificar la ley de expropiación original. Se ha ampliado bastante esa zona sin fundamento y esto ha motivado que nos hayamos reunido los productores en Puerto Santa Cruz y emitimos una declaración por la cual planteamos que realmente es inconstitucional lo que se está haciendo”, agregó el productor.

Además Pilch planteó otra queja diciendo que “toda esta zona es poblada desde hace más de 100 años; nadie nos ha dado la menor importancia; hay yacimientos arqueológicos muy interesantes que quedarán inundados y ahora nos enteramos de que los estudios de impacto ambiental se harán vaya a saber uno cuándo, lo cual es muy sugerente”.