Las dos unidades de Alto Maipo son las únicas iniciativas a nivel nacional de más de 200 MW:
El agua es uno de los pocos recursos propios del país, y podría ayudar a bajar las tarifas eléctricas. El Gobierno está en proceso de definir las principales cuencas para desarrollar centrales de este tipo.  

Cada vez menos inversionistas se atreven a llevar a cabo iniciativas hidroeléctricas en Chile -sobre todo de gran tamaño-, debido a la creciente oposición tanto de las comunidades como de las distintas organizaciones.

Las cifras así lo demuestran. Los principales países de Latinoamérica cuentan con un total de 44 mil megawatts (MW) de este tipo de centrales en construcción para el período entre 2015 y 2022. Pero de esta capacidad, Chile solo aporta con 880 MW, equivalente al 2%, según cifras entregadas por el presidente de Colbún, Bernardo Larraín, en una exposición ante alumnos de ingeniería de la Universidad Católica.

El país que está justo sobre Chile en la materia es Ecuador, que cuenta con más del triple de potencia hidroeléctrica en construcción, sumando 3.980 MW (ver infografía). Más arriba están Colombia, Argentina, Perú y Brasil, con 26.360 MW.

Si bien muchas de estas naciones presentan buenas condiciones para la construcción de estas centrales, Chile resalta en gran medida por su hidrología en el sur, condición que facilita la implementación de este tipo de centrales. Estas, a su vez, son capaces de entregar una energía limpia y a precios competitivos.

El país está sumamente atrasado en el desarrollo de estos proyectos, y por eso la Agenda de Energía presentada a principios de año por el Gobierno define como una de sus prioridades llevar a cabo un proceso de planificación territorial energética para el desarrollo hidroeléctrico. Esto, porque según estudios encargados por el propio Ministerio de Energía, se estima que en un escenario conservador, el potencial hidroeléctrico entre las cuencas del Aconcagua y Puelo superaría los 10 mil MW de capacidad. Por otro lado, existirían alrededor de 6 mil MW adicionales en la Región de Aysén. Hasta ahora, poco de eso se aprovecha.

Chile importa el 60% de su energía primaria (carbón, gas y petróleo), por lo que está subordinado a la volatilidad de los precios internacionales. Así, los valores de la energía eléctrica han aumentado de forma sostenida en la última década. La cuenta que pagan hoy las familias es un 20% superior en relación con el año 2010. El Gobierno ha sido enfático en decir que de mantenerse el escenario de precios adjudicados en las licitaciones de suministro de 2013 (a un valor promedio de US$ 128 MWh para clientes regulados), el costo de la electricidad podría subir 34% la próxima década.

En el mercado hay consenso de que además de la importancia de abrir el mercado e inyectar competencia -lo que se está llevando a cabo por medio del nuevo proceso de licitaciones-, una medida clave para reducir las tarifas consiste en impulsar las centrales hidroeléctricas.

Nueve proyectos entrarían al sistema entre 2015 y 2020, según datos de la CNE.

44 mil MW suman los proyectos hidro en construcción de Chile, Ecuador, Colombia, Argentina, Perú y Brasil.

531 MW suman las unidades Alfalfal II y Las Lajas, de Alto Maipo . Ambas entrarían a operar en 2018.

 El freno a las centrales de gran capacidad

Del total de los proyectos hidroeléctricos de la región, 38 mil MW corresponden a centrales mayores a 200 MW. En Chile, 531 MW de los 880 MW se explican por proyectos superiores a esta capacidad, número que se sustenta en la entrada de las unidades de Alto Maipo de AES Gener, es decir, Alfalfal y Las Lajas.

HidroAysén, que fue rechazado por el Comité de Ministros, aportaría más de 2 mil MW al sistema, lo que superaría con creces a la cifra total de proyectos hidroeléctricos que ingresarán a 2022 en el país. El freno al desarrollo de esas centrales de propiedad de Endesa y Colbún detuvo el único proyecto de embalse del país. Ahora las inversiones se concentran en hidro de pasada de menor capacidad.

Las cifras entregadas por Larraín no coinciden del todo con las entregadas por la Comisión Nacional de Energía (CNE), sustentadas en su plan de obras. De hecho, suman casi 200 MW menos que el Gobierno. Lo anterior respondería a que el ejecutivo no considera la entrada de San Pedro, iniciativa de Colbún que se espera ingrese este mes su trámite ambiental para entrar en operación alrededor de 2020.