El secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, considera que el sector minero está resurgiendo en la provincia "gracias al impulso decidido de la Junta de Andalucía a esta actividad". Así ha quedado "patente", según Caraballo, tras el anuncio realizado por la jefa del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz, de sacar a concurso de forma inminente otros 73 derechos mineros en Huelva.
Para el dirigente socialista, "este nuevo concurso es una prueba más del trabajo concienzudo de la Junta por seguir impulsando la minería en todas sus vertientes como uno de los sectores clave para la economía de la provincia y la generación de empleo". "Estamos ante un ejemplo más del apoyo del Gobierno andaluz a esta actividad que evidencia que jamás ha puesto freno, sino todo lo contrario, no para de trabajar por el futuro de este sector y por una minería del siglo XXI, totalmente alejada de los modelos coloniales", agregó.
Por ello, lamentó que el Gobierno central y el PP "no estén a la altura de las circunstancias y se nieguen a reconocer el apoyo de la Junta" que, a su juicio, "está dando pasos firmes para la puesta en marcha de proyectos que sean viables y garanticen empleo, bienestar y futuro a estas comarcas".
En este sentido, Caraballo resaltó que la provincia de Huelva "está viviendo un momento muy interesante", por lo que incidió en la necesidad de que estos proyectos "sigan siendo sostenibles con el medio ambiente y que cuenten con todas las garantías laborales y financieras".
Recordó, además, que el conjunto de explotaciones y permisos de investigación activos en Huelva implican un total de 1.350 millones de inversión y 6.000 empleos a corto plazo. El dirigente socialista aseveró que, "siendo el empleo una de las máximas prioridades de esta formación política, los proyectos que se desarrollan en la provincia y los nuevos que se pondrán en explotación próximamente constituyen una fuente indiscutible de yacimientos de empleo". "Estos puestos en torno a la minería vienen a cubrir la demanda en territorios deprimidos y a incentivar la actividad en las zonas históricamente mineras de la provincia", añadió. Por ello, mostró su "satisfacción" por un trabajo "que se está haciendo bien" y que está situando a la provincia "a la cabeza de la minería", haciendo que "se recobre esta seña de identidad de Huelva como uno de los sustentos tradicionales de su riqueza y expansión".
Susana Díaz apuesta por la minería de forma acrítica y sin considerar siquiera cómo garantizar la generación de riqueza más allá de le mera inversión. La minería no paga regalía por extraer un recurso público como es el mineral del subsuelo.
Ecologistas en Acción recuerda que la minería en Andalucía ha supuesto graves impactos ambientales y que mucho tendrían que cambiar los procesos productivos y las garantías exigidas por la administración como para fiarle el futuro desarrollo de la Comunidad.
En Andalucía hemos constatado en nuestro territorio, una y otra vez, que no existe minería a cielo abierto respetuosa con el medioambiente por más que pretendan convencer a los ciudadanos de sus garantías técnicas. Los destrozos sobre el territorio, claramente visibles en la cuenca minera onubense y en los de alto valor ecológico del entorno del Guadiamar, las emisiones atmosféricas del tratamiento de minerales, los accidentes industriales y la contaminación de las aguas y del suelo, se han venido repitiendo invariablemente en todos los proyectos mineros incluidos los que se autodenominan minería del siglo XXI como el de Las Cruces.
En pocos años de actividad esta empresa modélica, según la administración, está vaciando y contaminando el acuífero y generando lodos donde iba a haber una protección exquisita en cantidad y calidad de las aguas subrterráneas y no se iban a generar balsas de residuos.
Ya son muchos años exigiendo la restauración ambiental del entorno de Aznalcóllar y Río Tinto cuyas balsas y escombreras aún provocan filtraciones a los ríos Guadiamar, Tinto y Odiel, con el grave incumplimiento de la Normativa Europea sobre el agua y nuestro compromiso de mejora de los cauces, por lo que seremos sancionados por la Comunidad Europea. Todos estos vertidos terminan en Doñana y en las marismas del Odiel, afectando a su restauración hidrológica, a pesar de la ingente cantidad de recursos públicos destinados a este fin.
La propuesta de la Junta de Andalucía de fiar el desarrollo económico andaluz a la minería no puede ser más errónea, se ponen del lado de las compañías depredadoras de los bienes comunes que aprovechan la escasa atención a las políticas medioambientales por parte de la Junta de Andalucía en época de crisis económica.
Para Ecologistas en Acción, sólo una actuación desde lo público, mediante proyectos de minería subterránea destinados a abastecer la demanda interna de materiales y siempre que no puedan ser obtenidos mediante el reciclado de residuos, tendría alguna justificación de sostenibilidad o, en su caso, mediante la exigencia de una regalía o canon de extracción que garantice que buena parte de los beneficios queden en Andalucía, más fianzas acordes al coste real de las restauraciones y exigencia de procesos extractivos y productivos que impidan la explotación a cielo abierto y la generación de residuos.
Regalías que se emplearían en incetivar la creación de tejido productivo endógeno, no dependientes de las empresas mineras y que ayudarían a la creación de un desarrollo autónomo, una vez finalizada la extracción del mineral.
Además, no hay que olvidar que gran parte del empleo generado se realiza con dinero proveniente de subvenciones públicas a fondo perdido que en el caso de la Mina Cobre Las Cruces ascendió a cerca de 53 millones de euros. Puestos de trabajos tan efímeros, como la duración de la explotación minera, una vez acabada ésta se acabó el puesto de trabajo. Negocio redondo donde las materias primas salen del Andalucía al mejor postor, los puestos de trabajo se pagan con dinero público, los grandes beneficios van a parar a la bolsa de valores de Toronto y nosotros nos quedamos de por vida las montañas de escorias, las balsas de lodos y residuos tóxicos y la contaminación de aguas subterráneas y la de importantes cuencas fluviales, como la de los ríos Tinto, Odiel o Guadiamar que finalmente aportan sus aguas a Espacios Naturales de importancia ecológica mundial.
El Parlamento de Andalucía debe oponerse a esta pretensión del gobierno de regalar los recursos mineros, poniendo sobre la mesa la realidad del impacto ambiental, económico y laboral y aprobando una ley de canon o regalía, que impida la alegre fuga de materias primas sin que tengan que aportar a la Comunidad parte de las ingentes ganancias.
Resolución sobre minería en Andalucía. Ante la proliferación de proyectos de explotación minera que surgen en gran cantidad en Andalucía, en muchos casos sobre instalaciones anteriormente abandonadas y sobre las que la Junta de Andalucía y otras administraciones políticas y entidades de vario tipo, están adoptando un actitud de promoción acrítica, como si fueran las tablas de salvación de las situaciones dramáticas de desempleo y pobreza que se viven en toda Andalucía, la asamblea de Ecologistas en Acción realiza las siguientes tomas de posición y propuestas: La minería, como actividad extractiva de recursos no renovables y escasos en muchos casos, no es sostenible por definición, por lo que debe estar regulada de forma exquisita para no privar completamente de esos recursos a generaciones venideras.
Además, genera un gran impacto sobre suelo, agua, medio natural, paisaje, por lo que la puesta en marcha de cualquier actividad extractiva debe realizarse cumpliendo escrupulosamente las obligaciones de respeto al principio de precaución, y a la legalidad ambiental y de reconstrucción minera, así como a la seguridad y salud de los trabajadores que la realizan.
El costo ambiental, social y económico de desastres como el vertido de Aznalcollar no debe repetirse de ninguna de las maneras. Las explotaciones mineras no son eternas e inagotables, como parece deducirse del discurso triunfalista de muchos políticos y gobernantes y en las comarcas mineras se ha comprobado demasiadas veces por desgracia.
Las propuestas de actividades mineras que están sobre la mesa, se plantean con un horizonte de pocos años y las empresas multinacionales que las lideran son conocidas por desaparecer con el beneficio, dejando por detrás paro, enfermedades profesionales y destrucción social y ambiental.
Ecologistas en Acción considera también condición imprescindible para la autorización de actividades extractivas la existencia de garantías de que una parte sustancial del beneficio se reinvierta en la promoción de tejido productivo independiente de la propia actividad minera, en las comarcas afectadas.
La restauración de los destruido es obligatoria, pero no puede ser la única actividad tras el cierre; sólo la existencia de otras actividades agrícolas, ganaderas, industriales, promocionadas en su inicio con los fondos públicos generados con los beneficios de la actividad minera, pueden garantizar una transición justa para la población trabajadora que inevitablemente quedará afectada por el final del ciclo extractivo.
