La empresa Impsa informó ayer ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) que “la firma Wind Power Energía SA (WPE Brasil), una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Federativa del Brasil, controlada por Venti SA (sociedad controlante de Impsa), nos ha informado que el pasado día 5 de diciembre ha realizado una presentación ante el 4to. Juzgado Civil del Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, Brasil, solicitando la apertura de un proceso de recuperación judicial bajo la Ley No. 11.101”, lo que implica el llamado a convocatoria de acreedores para la justicia argentina.

En el comunicado enviado ayer, desde la firma mendocina señalan que “de acuerdo a lo que nos informa WPE Brasil, la decisión se adoptó con el objeto de proteger a la compañía de acciones legales iniciadas por un número menor de proveedores y asegurar así la continuidad de sus futuras operaciones”.

Ahora la firma espera que el juzgado de Pernambuco apruebe el pedido, así lo hizo conocer en el mismo comunicado enviado a la CNV: “Este proceso, de aprobarse por el Juzgado, tendrá por objeto iniciar una instancia que permita superar las dificultades económicas y financieras de WPE Brasil y arribar a un acuerdo con sus acreedores, a los fines de permitir la continuidad de la empresa en marcha, promoviendo su función social, el desarrollo tecnológico, la generación de empleo y el estímulo de la actividad económica”.

Recordemos que la semana pasada la empresa no logró ser preseleccionada en el primer lugar para construir la presa Chihuido, pese a haber presentado la oferta más baja entre cinco proponentes. El consorcio Helport, de Eduardo Eurnekian, fue el grupo que quedó mejor posicionado.

La empresa mendocina Impsa -de Enrique Pescarmona- apostaba a Chihuido como su salvación. Ahora, apuesta a que el Gobierno anule la licitación, como ya hizo otras veces.

Después de adjudicarle las represas de Santa Cruz a Electroingeniería y a grupos chinos, en una aventura que costará U$S 6.000 millones, el Gobierno buscó financiamiento ruso para Chihuido, otra millonaria obra por la que pagará $ 18.257 millones.

La diferencia es que Moscú no exige una “póliza de seguro de riesgo político y comercial”, algo que impone Pekín.

El consorcio encabezado por Helport (de Eduardo Eurnekian) y Panedile fue preseleccionado en primer lugar por el ministerio de Planificación para la represa Chihuido, en Neuquén. Ese grupo posee financiamiento ruso -de la Corporación Estatal Banco de Desarrollo y Comercio Exterior (Vnesheconombank)- por U$S 2.600 millones, lo que cubriría el 85% de la obra. Dos de sus tres competidores -Electroingeniería y Rovella Carranza- iban asociados con chinos, mientras que Pescarmona prometía pedirle prestado a bancos estadounidenses.

Los funcionarios de Planificación fueron a Pekín y Moscú para constatar las condiciones de financiamiento de ambos países. “Los chinos atan el préstamo a una póliza por seguro de riesgo político y comercial emitido por Sinosure, algo que los rusos no hacen”, explicó uno de los partícipes del consorcio preseleccionado, que también incluye a Eleprint, Chediack, Isolux e Hidroeléctrica Ameghino.

En Chihuido, el Estado pagará U$S 9,49 por cada MWh (la unidad de medida en generación eléctrica) más IVA. La tasa de interés a cobrar por el banco propuesto es de 6,5% anual fijo durante todo el período del préstamo. MF y CC