La Asociación de Abogados Ambientalistas Patagónicos (AAAP) presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción de amparo para que se impida el inicio de la millonaria obra de dos represas en el río Santa Cruz, planeado para la segunda quincena de enero, hasta que se haga un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y se conozcan sus resultados. La Corte le dio trámite inmediato: derivó el caso a la Procuración General de la Nación, encabezada por Alejandra Gils Carbó, “para que se expida acerca de la competencia del tribunal”, dijeron fuentes judiciales.

Así, la promesa energética del kirchnerismo sigue sumando reclamos. Después que los referentes de Electroingeniería –adjudicatarios del proyecto hidroeléctrico- anunciaran la semana pasada al gobernador santacruceño, Daniel Peralta, el inicio de la obra en enero, el presidente de la AAAP, Mariano Aguilar, presentó el amparo por el EIA cuya realización fue solicitada a la Secretaría de Recursos Hídricos hace más de tres meses.

La AAAP sostiene que las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, que generarán 1.740 megawatts, podrían afectar a los glaciares Perito Moreno, Upsala y Spegazzini. Todos ellos caen de la cordillera de los Andes al Lago Argentino, desde donde se nutre el río Santa Cruz hacia su desembocadura en el océano Atlántico.

La acción de amparo ambiental federal se sustenta en los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional. El reclamo central es la finalización del EIA pese a que las autoridades nacionales explicaron que sus conclusiones no podrán ser tomadas en cuenta para el diseño de la represa sino para las normas de operación.

El ingeniero Gerardo Bartolomé, que encabezó la junta de 29.000 firmas para lograr la realización del EIA, indicó a Clarín que la acción de amparo “es correcta y necesaria, porque estamos hablando de una obra muy importante que precisa ser evaluada en todos los campos y especialmente en el ambiental”.

“Su inicio está previsto para los próximos 60 días y es inaudito que se inicien los trabajos sin el estudio de impacto ambiental que exigen las leyes”, añadió Bartolomé.

Haciéndose eco de estos planteos, los abogados ambientalistas indicaron en su presentación ante la Corte que el EIA debe ser previo al inicio de las obras “para poder estar tranquilos” que en nada éstas alterarán “el ecosistema y la naturaleza toda”.

La confirmación del arranque de obra con los trabajos preliminares se supo la semana pasada, cuando el vicepresidente de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, informó a Peralta que en enero se comenzará con la primera etapa de la obra: apertura de caminos y movimiento de suelo. “Conseguimos el financiamiento” aseguraron las autoridades de la empresa cordobesa. El préstamo de los bancos chinos será de US$ 4.714 millones. Al dólar actual, las represas costarán $39.950 millones, cuando se licitó por $25.000 millones. La AAAP pidió la “inmediata” intervención de la Corte. Ahora debe resolver Gils Carbó.

Lo dijo el Diputado Arabel al referirse a la decisión de un grupo de abogados ambientalistas de recurrir a la Corte Suprema de Justicia para frenar el inicio de las sobre el Río Santa Cruz.

"Es improcedente y absurdo el amparo por las represas", dijo el Diputado Arabel al referirse a la decisión de un grupo de abogados ambientalistas de recurrir a la Corte Suprema de Justicia para frenar el inicio de las sobre el Río Santa Cruz.

En este mismo sentido el legislador del FVS señaló que “resulta extraño que se desconozca la competencia provincial en la materia establecida por nuestra propia Constitución Nacional, la que, si bien establece que le cabe a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, reconoce a la vez, en su artículo 41, las jurisdicciones locales en la materia.

“Demás está decir, agregó Arabel, que ha sido la propia Corte Suprema la que ha reconocido en distintos fallos que son las autoridades administrativas y judiciales de los Estado Provinciales las encargadas de valorar si las obras proyectadas afectan aspectos tan propios del derecho provincial, como lo es todo lo concerniente a la protección del medio ambiente.”

Finalmente, el Diputado Provincial, fue elocuente al afirmar que “el futuro de los santacruceños está naturalmente asociado al aprovechamiento hidroeléctrico del Río Santa Cruz y somos optimistas en cuanto a que, el gobierno y la empresa contratada, cumplirán con todos los extremos legales exigidos por nuestra legislación y las represas comenzaran a ser posible, más allá de acciones como la de estos personajes que rozan el carancheo político y que sólo buscan crear incertidumbre en la población.

Por Lucia Salinas.

¿La cuarta será la vencida? Después de tres anuncios fallidos, la empresa Electroingeniería, adjudicataria para la construcción de las millonarias represas de Santa Cruz, puso fecha "definitiva" para el inicio de obra: la segunda quincena de enero. Ayer, en una reunión en la residencia del gobernador Daniel Peralta, confirmaron que obtuvieron el financiamiento de China para comenzar la postergada construcción.

La obra promete crear progresivamente 5.000 puestos de trabajo, con el compromiso de emplear como prioridad mano de obra santacruceña. Pero con el retraso y el peligro del financiamiento por la pelea de Argentina con los fondos buitre, se sumó otra preocupación en torno a las represas: denuncias de ONG y agrupaciones ambientalistas que sostienen que el desarrollo y puesta en funcionamiento de la obra que llevará el nombre de “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic”, impactará negativamente en el glaciar Perito Moreno. En medio de este debate y a la espera del estudio de impacto ambiental realizado por la secretaría de recursos hídricos, la empresa aseguró que en un mes y medio los primeros trabajos ya se harán en la zona.

En la residencia de Peralta, donde se puso fecha real al comienzo de la gran promesa energética para el país, se reunieron el presidente del grupo Electroingeniería, Osvaldo Acosta, el vicepresidente Gerardo Ferreyra y al gerente de proyectos, Pablo Arizio, quienes fueron acompañados por el ministro de la Producción provincial, Harold Bark.

Ferreyra, un cordobés muy cercano al Gobierno nacional y beneficado con obras públicas, aseguró el inicio de los trabajos preliminares: apertura de caminos y movimiento de suelo se iniciarán las próximas semanas. “Después de trabajar mucho para que este proyecto se pueda concretar, tenemos la alegría de venir a pedirle permiso al gobernador porque vamos a trabajar en su provincia y a su vez, informarle que en breve daremos comienzo a los trabajos preliminares de lo que es este gran proyecto”, dijo.

El préstamo que otorgarán los bancos chinos será de US$ 4.714 millones. Este valor de final de obra es muy superior al original del contrato, por $ 25.000 millones. La empresa niega que haya aumentado el precio: “La obra se actualizó porque estaba cotizada a un dólar de cuatro y algo”, se defendieron desde la adjudicataria. Al dólar actual, las represas costarán $ 39.950 millones. Respecto al financiamiento, Ferreyra le dijo ayer a Peralta: “Este es un gran proyecto de inversión, porque no sólo son dos centrales hidráulicas que se van a construir, sino que también hemos conseguido el financiamiento para garantizar el comienzo y el final de la obra”.

Los referentes de Electroingenierìa señalaron que ingresarán divisas al país, “entre 750 y 1.000 millones de dólares sólo el primer año” y que en el financiamiento ingresó el swap y los fondos “para el Belgrano Cargas".

Para que la empresa pueda tomar posesión de las tierras, cuando aún no comenzaron el juicio de expropiación, la Fiscalía de Estado provincial presentó una medida de urgencia para tomar posesión de las mismas.

Se trata de 49.783,5 hectáreas que fueron declaradas de utilidad pública y bajo la potestad de la Provincia. Esto permite que Electroingeniería inicie los trabajos. Recientemente, el gobierno de Santa Cruz a través de una ley, amplió la superficie a expropiar, incorporando otros 200 metros linderos al río Santa Cruz. La UCR sostiene que esto “beneficiará a Lázaro Báez porque le van a expropiar más tierras y podrá explotar parte para fines turísticos”.

Báez -a quien le expropiarán parte de sus doce estancias cercanas a El Calafate- aseguró que el dinero que reciba lo donará para la construcción de escuelas técnicas.

El empresario patagónico, envuelto en más investigaciones por lavado de dinero y en una fuerte crisis financiera en su holding, espera convertirse en “proveedor de servicios” durante la construcción de las represas, con sus empresas de catering industrial hasta la subcontratación de Austral Construcciones. “En obras de esta magnitud siempre se subcontrata, pero aún no se sabe a qué empresas”, señalaron desde Electroingeniería.