Por Pablo Fernández Blanco.

Los desbarajustes a los que fue sometido el sector eléctrico durante las administraciones kirchneristas ingresaron en un camino de profundización con el final de este ciclo político. La crisis del sector se podría definir en apenas una frase: tanto el Estado como las mayores empresas del rubro se acostumbraron a gestionar el negocio sin pagar todas sus cuentas, una rareza nunca antes vista desde la desregulación del servicio, aplicada por el gobierno de Carlos Menem a mediados de los años 90.

Las últimas estadísticas oficiales disponibles, a las que accedió LA NACION, muestran el quiebre de la cadena de pagos del sector con total claridad. Hasta el último día del mes pasado, las distribuidoras eléctricas, como Edenor y Edesur, entre otras, le debían al Estado nada menos que 18.350 millones de pesos por la energía que reciben y luego venden a sus clientes.

El número es gigantesco, sobre todo si se lo compara con algunos gastos del presupuesto nacional. Supera, por caso, el presupuesto del Ministerio de Salud previsto para este año (16.240 millones de pesos); al de la Policía Federal ($ 14.873 millones), y equivale a un 34% del dinero asignado a la cartera de Educación, una de las mejor dotadas de recursos.

La deuda tiene otro agravante: es irremediablemente cada vez mayor. En enero de este año, el rojo de las eléctricas era de 7693 millones de pesos. Se trataba de un número récord, pero el pasivo actual lo supera en 2,38 veces.

Y en abril de 2012, cuando el Gobierno todavía amenazaba a las empresas que no pagaban, los pasivos eran de apenas 360 millones de pesos.

Las principales deudoras son Edenor y Edesur, con rojos de 6250 millones y 5700 millones de pesos en cada caso, seguidas por algunas de las mayores empresas del rubro a nivel provincial, como la cordobesa EPEC, Edelap (proveedora del servicio en La Plata y alrededores) y la chaqueña Secheep, que hasta hace poco más de un año respondía a la gestión del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

LA MANO OFICIAL

El rojo creciente de las compañías, que las coloca en una situación incómoda frente a sus accionistas, es uno de los resultados de la intervención del Gobierno en la actividad en la última década.

Cammesa, una creación de los años 90, es la compañía que administra el negocio. Aunque nació como empresa mixta, el Gobierno (primero el Ministerio de Planificación y luego el de Economía) la controla desde hace tiempo. La empresa se encarga de comprarles la energía a las generadoras, como Central Puerto, Endesa Costanera y Yacyretá; luego la despacha y abastece a las distribuidoras, que le cobran la factura al cliente final. Luego le pagan a Cammesa, que a su vez debe girar los fondos a los generadores, en el final de ese ciclo. Pero nada de eso hoy funciona.

Las distribuidoras, en especial Edenor y Edesur, tienen tarifas congeladas por la decisión del Gobierno desde los inicios del kirchnerismo. Es por eso que, en un contexto de aumentos de costos y menores ingresos reales por la inflación, se fueron quedando sin fondos para hacerles frente a sus obligaciones. Como no pueden dejar de pagar los sueldos, prefieren reducir los giros a su principal proveedor, Cammesa.

Si bien ese mecanismo cuenta con el aval tácito del Gobierno, es molesto para las distribuidoras y no le resulta gratuito al sector público, que en algún momento tendrá que darle algún destino a esa deuda.

Edesur y Edenor cotizan en la Bolsa. Para ellas, la deuda es un elemento adicional que oscurece sus balances, de por sí cada vez peores. La primera, por ejemplo, lleva perdidos 2019 millones de pesos en los primeros nueve meses del año, mientras que el rojo de Edenor fue de 1443 millones de pesos en el mismo período. Esto deteriora sus cuentas y al mismo tiempo repercute en los precios de sus acciones en el mercado, afectando su patrimonio.

"La causa es que las distribuidoras siguen con tarifas congeladas, sin subsidios y con una inflación de 40 por ciento anual. Además de los convenios laborales, para nada competitivos. Pero hay un subsidio no oficializado que les permite seguir operando", explicó el ex secretario de Energía Emilio Apud, en referencia a esta deuda.

La deuda es también una preocupación para el resto de las empresas. Sucede que el Gobierno tomó el mismo vicio del cual es víctima y les paga con muchísimo retraso a las compañías que generan la electricidad.

Eso, pese a que Cammesa es la mayor beneficiada con los subsidios al sector eléctrico, que se destinan principalmente a pagar las importaciones de combustibles.

El principal ejecutivo de una de las mayores empresas del rubro, que pidió reserva de su nombre, describió la situación del sector de la siguiente manera: "Somos electricistas. Funcionamos como alguien a quien el Gobierno, como el dueño de la casa, llama para hacer una obra. Pasamos un presupuesto y paga el sueldo de nuestros empleados", explicó.

La comparación es bastante justa. Lejos de gestionar integralmente el sistema, las empresas eléctricas aceptan las órdenes de Planificación (Roberto Baratta, coordinador del ministerio y mano derecha del ministro Julio De Vido, es el principal responsable) para hacer obras. Es también esa cartera la que debe girar los fondos, para lo cual las empresas tienen que presentarle un sinfín de papeles.

El sistema es tan complejo y polémico que logró lo que parecía imposible. En julio, el ministro de Economía, Axel Kicillof, que desde su llegada al Gobierno no dejó de ganar poder, le ordenó a uno de sus máximos colaboradores, el viceministro Emmanuel Álvarez Aggis, que abandonara el organismo de control de las obras eléctricas, donde Baratta quedó como máxima autoridad.

NÚMEROS PREOCUPANTES

$ 2019 millones

Es la pérdida en los primeros nueve meses del año de Edesur. Se debe, principalmente, a que sus ingresos bajaron mientras sus costos aumentaron sustancialmente por la inflación y los aumentos de salarios. La empresa le debe al Estado, pero otras compañías del mismo grupo (Enel) tienen acreencias sin cobrar por las demoras en las transferencias del Gobierno

2,38 veces

Es la cantidad por la que se multiplicó la deuda de las distribuidoras eléctricas con el Estado entre enero y noviembre de este año, que implica un crecimiento exponencial. En abril de 2012, por ejemplo, la deuda de las empresas con Cammesa, la administradora mixta del mercado eléctrico, era de apenas 360 millones de pesos

A días de comenzar el verano y con el fantasma latente de los apagones que se sucedieron hace un año, las empresas distribuidoras de energía eléctrica fueron convocadas al Congreso para que expliquen los avances en las obras de inversión que, junto con el gobierno nacional, se comprometieron a realizar a lo largo de 2014 para evitar interrupciones masivas en el suministro de energía.

La cita, que fue convocada para esta tarde por la diputada nacional por la UCR Córdoba y presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, Patricia De Ferrari, fue dirigida a las compañías Edenor; Edesur; Edelap; Edea; Edes; Epec, Cooperación, entre otras, sumado a varias asociaciones de consumidores. "En el marco de nuestras ya habituales consultas a empresas que prestan servicios públicos, vamos a reunirnos con las distribuidoras de electricidad, teniendo en cuenta que hace pocos días comenzó a subir la temperatura pero ya ha habido apagones en distintas ciudades del país.

Queremos saber cuál es el estado de las obras de inversión, así como acercarles preguntas que hemos recibido de usuarios, en relación con el sistema eléctrico. Por eso también invitamos a las asociaciones de consumidores", señaló la legisladora.

Un informe publicado ayer por el diario La Nación de Buenos Aires destaca que, hasta el mes de noviembre, las distribuidoras eléctricas, como Edenor y Edesur, entre otras, le debían al Estado argentino más de US$ 2.160 millones por la energía que reciben y luego venden a sus clientes. La situación es preocupante, ya que también afecta a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que suministra el 18,2% de la energía que consume el sistema argentino.

Según el reporte, el problema se origina en la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), que es la firma que administra el negocio. La empresa mixta es controlada por el Gobierno argentino a través del Ministerio de Planificación, a cargo de Julio de Vido, y ahora también por el de Economía, Axel Kicillof.

“La empresa se encarga de comprarles la energía a generadoras como Central Puerto, Endesa Costanera y Yacyretá; luego la despacha y abastece a las distribuidoras, que le cobran la factura al cliente final. Luego le pagan a Cammesa, que a su vez debe girar los fondos a los generadores, en el final de ese ciclo; pero nada de eso hoy funciona”, dice la nota de La Nación firmada por el periodista Pablo Fernández.

Detrás de esto también se esconde una confrontación política entre los ministros De Vido y Kicillof, en la que este último ha venido ganando terreno en el sector, destaca el informe. Añade que las empresas eléctricas “aceptan las órdenes de Planificación” a cargo de Roberto Baratta, coordinador del ministerio y mano derecha del ministro Julio de Vido. Cabe indicar que Baratta integra actualmente la delegación argentina en la Comisión Negociadora de Yacyretá con Paraguay.

El Ing. Ernesto Samaniego, técnico del sector, opinó que no se deberían perder de vista estos conflictos internos argentinos por ganar más espacios de poder. Insistió en que dada la situación actual, nuestros negociadores “tendrían que abocarse a idear un mecanismo para asegurar el cobro de las acreencias de nuestro país en Yacyretá, ya que esto es lo importante para el Estado”.

Agregó que la mera “clarificación” no hará viable a la entidad y así como se están desarrollando los acontecimientos, “solo constituye una distracción y pérdida de tiempo en las negociaciones, ya que se mantiene el statu quo que favorece a las autoridades argentinas”.

Aumentó la generación

La central hidroeléctrica de Yacyretá (CHY) cerró noviembre con una producción de 1.639.592 MWh.
De esta cantidad, 1.543.730 MWh fueron para abastecer al sistema argentino (94,2%), y tan solo 95.862 MWh para consumo del sistema interconectado paraguayo (5,8%). El resto de la energía que corresponde al lado paraguayo, 723.934 MWh, fue cedida a la Argentina. En lo que va del año, la producción acumulada de la central ya alcanzó 18.645.138 MWh, y la previsión es llegar a 20.000 GWh. La producción de Yacyretá del mes pasado fue superior a la de 2013, cuando llegó a 1.597.046 MWh.