El sector minero, a través de explotaciones y permisos de investigación activos, tiene implicada en la actualidad en la provincia de Huelva una inversión de alrededor de 1.350 millones de euros.

Según los datos facilitados a Efe por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, se prevé que el sector cree a corto plazo alrededor de 6.000 puestos de trabajo, a los que habría que sumar los que se deriven del éxito de las investigaciones.

En la actualidad Matsa es la única empresa que tiene operativa una operación minera en Huelva, la de mina de Aguas Teñidas, en Almonaster la Real, y está a la espera de que se le concedan los derechos de Sotiel Coronada, en Calañas, para ponerla en explotación; si bien se prevé que de aquí a unos seis meses comience a tratar mineral la mina de Riotinto, cuya reapertura proyecta Emed Tartessus.

Además, en la provincia han salido, en los dos últimos años, más de 150 derechos que ocupan una superficie superior a las 75.000 hectáreas y una inversión en investigación comprometida, por parte de las empresas, que sobrepasa los 30 millones de euros.

El último concurso fue fallado por la administración autonómica en octubre de este año, en aquella ocasión se otorgó a la empresa australiana Kimberley Diamonds los permisos para investigar el terreno que ocupa la antigua explotación minera de Lomero Poyatos, situada entre los términos municipales de El Cerro del Andévalo y Cortegana (Huelva), con una superficie de más de 6.000 hectáreas.

Antes que éste, durante 2013 se celebraron otros dos concursos mineros en la provincia de Huelva; el primero de ellos, convocado en el primer trimestre del año, puso a disposición de los investigadores un total de 40 derechos mineros exclusivamente metálicos distribuidos sobre un total de 32.200 hectáreas.

La resolución se llevó a efecto en el mes de junio y, en virtud de ella, tres empresas (Emed Tartessus, Corporación de Recursos Iberia y Cambridge Minería -la adjudicataria de Masa Valverde-) se comprometieron a invertir 7,5 millones de euros para investigar una superficie superior a las 7.000 hectáreas, actualmente en ejecución.

Posteriormente, en el último trimestre del año, se convocó un segundo concurso que incluía 90 derechos ocupando una superficie de 33.500 hectáreas.

Como resultado de éste, fallado a finales del pasado mes de abril, Matsa y Emed Tartessus, empresas adjudicatarias, se han comprometido a invertir 22,7 millones de euros para investigar sobre una superficie de 4.900 hectáreas (163 cuadrículas mineras) ubicadas en Puebla de Guzmán, Paymogo y otros municipios de la Cuenca Minera, especialmente El Campillo. 

La provincia de Cádiz tendrá la oportunidad, en los próximos meses, de iniciar un camino laboral inédito hasta la fecha: la minería. Según confirmó hace pocos días la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, la Administración autonómica ha decidido convocar de manera inminente el principal concurso minero de la legislatura, y, además, el primero que se convoca simultáneamente para todas las provincias andaluzas. En el caso de Cádiz, la provincia contará con siete derechos mineros (como se denomina legalmente) cuya superficie total asciende a las 6.583,83 hectáreas. 

En concreto, se trata de tres enclaves compuestos por recursos de arenas silíceas, otros tres de yesos y un séptimo integrado por diatomitas (rocas sedimentarias silíceas) y arcillas especiales. Por territorios, tres de esos derechos mineros que saldrán a concurso en la provincia afectan por igual a los términos de Vejer y Barbate; otro, entre Olvera, Torre Alháquime y Alcalá del Valle; uno más, en Puerto Real; un sexto entre Morón de la Frontera (provincia de Sevilla) y Puerto Serrano; y, finalmente, un derecho que abarca los municipios de Morón y Pruna (Sevilla) y a Olvera en la provincia gaditana. 

Los planes de la Junta para sacar a concurso los denominados derechos mineros pasan por siete enclaves repartidos por la geografía gaditana. En concreto, se trata de la finca La Oliva 1 (términos de Vejer y Barbate), con una superficie de 10 cuadrículas mineras (cada una de ellas equivale a unas 30 hectáreas); La Oliva 2, en los mismos municipios, de 17 cuadrículas; la finca María Victoria II, entre Olvera, Torre Alháquime y Alcalá del Valle, con una extensión de 118 cuadrículas; la finca Carmen 2, entre Puerto Serrano y Morón (Sevilla), de solo dos cuadrículas mineras; la finca Vejer, entre este municipio y Barbate, de 49 cuadrículas mineras; la finca La Sanda, que abarca los términos de Olvera y Morón y Pruna (en Sevilla); y, por último, la finca Matanzuela II, en el término municipal de Puerto Real, de una cuadrícula minera. 

Susana Díaz explicó que en los últimos cinco años la minería ha pasado de ser un sector residual a ser un sector potente, pujante y con fuerza, especialmente en la provincia onubense. "Hemos hecho una planificación consensuada con el sector, acorde con el subsuelo rico que tenemos y con la capacidad de crecimiento y de generación de empleo que hay en torno a la minería", explicó Díaz. 

En este sentido, a través de la Consejería de Economía y su Delegación Territorial en Cádiz, se incidió en que "para provincias que no cuentan con tradición minera, como la gaditana, el nuevo concurso supone una oportunidad para crear tanto empleo como nuevas inversiones en el territorio". 

Además, la presidenta de la Junta se comprometió a continuar haciendo "una apuesta firme y decidida por la minería", que se traducirá en medidas como "la puesta en marcha del portal andaluz del sector, nuevas cartografías o la Estrategia 2020, que será clave para el desarrollo y crecimiento del sector, con cuyas empresas se está elaborando conjuntamente". 

Por otro lado, en el ámbito estatal, Susana Díaz criticó las "prisas con las que se está llevando a cabo la reforma de la Ley de Minas, que era preconstitucional; porque el Gobierno andaluz ha tenido sólo dos semanas para analizar y hacer aportaciones". 

A pesar de ello, Díaz garantizó que Andalucía va a estar presente en la mesa de trabajo y a hacer aportaciones y confió en que exista "sensibilidad" por parte del Ministerio para que el "planteamiento definitivo de la ley sea acorde con las necesidades que tiene el sector".