En diciembre próximo se cumplirán tres años desde la “declaratoria de guerra” a la minería ilegal por el actual gobierno. Desde entonces, el caso más visible y mediático –Madre de Dios– no tiene ningún minero formalizado, lo mismo que el resto de la Amazonía. Los debates y las discusiones políticas van de aquí y allá, pero en concreto la destrucción y los delitos asociados no se detienen.
Ante el cuestionamiento sobre el éxito o fracaso de la formalización, quizás convenga comentar lo siguiente, a fin de mostrar con hechos que es lo que sucede:
1. Una de las razones de la imposible formalización en la Amazonia, concretamente en Madre de Dios, recae en que gran parte de las concesiones mineras están superpuestas a concesiones forestalesy no hay quien otorgue la autorización para el uso del terreno superficial. Lo mismo ocurre con las tierras no concesionadas. Por lo tanto, ante la ausencia de esta “autoridad” que otorgue la autorización del uso del terreno superficial, quienes buscan formalizar una operación en una concesión minera no son admitidos a continuar con los procesos de formalización o saneamiento por las direcciones regionales de minería.
2. Los responsables de formalizar no son el MEM o el Minam, sino los gobiernos regionales, que no tienen recursos ni personal adecuado, y algunos de ellos incluso con intereses directos en la actividad. Casos concretos son los de Arequipa, que inicialmente tenía cerca de 17.000 mil mineros por formalizar y 5 personas empleadas para toda esta labor.
3.Las acciones del Gobierno Central solo se han orientado a la interdicción, y no a facilitar la formalización, que podría haberse dado de una manera mucho más real mediante mayores procesos de asistencia técnica y económica y la facilitación de mayor personal a las regiones, ni tampoco a la recuperación de áreas degradadas o a la identificación de tecnologías apropiadas, como bien manda la ley. Pero en concreto hasta ahora no hay ningún plan aprobado para la recuperación de áreas destruidas (solo en Madre de Dios más de 50.000 hectáreas y en el resto del país aproximadamente 150.000 hectáreas).
4. Las medidas del Ejecutivo han resultado “tan informales” que tenemos normas como un decreto legislativo que es modificado por normas de menor rango (veamos el Decreto 1105 que requiere la autorización de uso de agua y su exigencia o presentación es modificada por un decreto supremo). Además, resulta inaudito que vía el Decreto Supremo N° 032-2013-EM se pretenda “regresar” las facultades de las regiones al MEM, lo cual hasta resultaría inconstitucional, entendiendo la descentralización como un proceso irreversible. Todas estas son, infelizmente, prácticas tan usuales en un Estado que debe actuar dentro del marco de la legalidad.
Si habláramos de la eficiencia del proceso de formalización y si sinceráramos los resultados, veríamos que no ha funcionado. La fecha del término de la formalización fue el 19 de abril del 2014 –D.L. N° 1100– y debió mostrar resultados claros y no recurrir a un mismo proceso con otro nombre, denominado hoy Proceso de Saneamiento, cuya fecha de término es el 2016.
Nadie quiere la minería ilegal –eso es cierto–, pero mientras las acciones solo sean para la prensa, nuestra Amazonía y nuestro país se desangran. ¿Y las autoridades, y quienes lucran de la ilegalidad?, bien gracias. Las políticas deben estar orientadas a la interdicción de la ilegalidad, la formalización de lo que sea formalizable, a recuperar las áreas destruidas y a diseñar un plan de “reconversión” de aquella gente que no alcanzará la formalización.
*César A. Ipenza Peralt, abogado especializado en materia ambiental
