Por Carlos Pagni.

Crstina Kirchner demarcó ayer su campo de batalla. Resolvió con dos espectaculares verónicas el conflicto sectorial. Y reforzó su línea de combate frente a una investigación penal que tiene alterados a su familia y al Gobierno. A los sindicalistas opositores que, liderados por Hugo Moyano y Luis Barrionuevo , lanzaron un paro por los descuentos de Ganancias , les dedicó una exención para el medio aguinaldo.

Y a las seis entidades empresarias que pedirán a la Corte Suprema de Justicia que declare la inconstitucionalidad de la ley de abastecimiento , les hizo saber que esa norma no será reglamentada.

Como la decisión sobre Ganancias afecta sólo al sueldo complementario de fin de año, como pedían los sindicatos oficialistas, los gremios opositores anoche mantenían su protesta. Al menos es lo que declaraba Barrionuevo, siempre más intransigente que Moyano. Del mismo modo, los hombres de negocios no pensaban desistir de su presentación en tribunales.

Con estas dos resoluciones la Presidenta confirmó su inclinación bonapartista. Las buenas noticias no son el resultado de una negociación. Emanan de sus concesiones majestuosas. Y siempre tienen la acidez de una chicana.

Los anuncios confirmaron, además, que el conflicto que interesa se despliega en otro frente. Con el paso de los días va quedando más claro lo que quiso decir Jorge Capitanich cuando denunció que con el allanamiento a las empresas de los Kirchner se ponía en marcha un golpe. Estaba adelantando que el Gobierno se arrogaría el derecho a dejar de lado los últimos modales. Ayer hubo más evidencias de cómo las instituciones se van convirtiendo en el arsenal político de una batalla que será muy prolongada.

En contra de lo que muchos empresarios esperaban, la Presidenta no mencionó ayer, en la cumbre de la UIA , la cuestión que anteanoche la desveló en Twitter, su ametralladora digital. Allí se refirió a la fabulosa evasión impositiva que se habría realizado a través del banco HSBC. Es la denuncia sobre la que viene machacando el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray , desde la semana pasada. Con un fallido estratégico: en su declaración inaugural, Echegaray consignó que Lázaro Báez no estaba entre los que habían eludido sus obligaciones. Como si Báez fuera un creador compulsivo de cuentas offshore, cuya aparición está garantizada en todos los escándalos. En cualquier momento Báez denunciará a Echegaray ante el Inadi.

La señora de Kirchner buscó sensibilizar a sus seguidores enumerando la cantidad de vacunas, hospitales y ambulancias que se podrían adquirir si el dinero depositado en Suiza se hubiera declarado. Para ella, como para Echegaray, todos esos fondos eran clandestinos.

La Presidenta convalidó un nuevo desaguisado. Muy simple: la AFIP cuenta, gracias a un convenio con Francia sobre doble imposición, con un listado de 4040 nombres que tienen alguna vinculación con el banco HSBC. Pero, a medida que los funcionarios lo ventilan, se advierte que algunos acusados, como Gustavo Grobocopatel, desconocen los depósitos de los que les están hablando. Otros, como Alfonso Prat-Gay, sólo fueron apoderados de una cuenta perteneciente a otra persona física, en este caso Amalia Lacroze de Fortabat, que tenía sus ahorros declarados. Los ejecutivos de Cablevisión, del grupo Clarín, son apenas directores de instituciones que operan con esa filial suiza. Gabriel Martino, el presidente del HSBC en la Argentina, tuvo una cuenta, pero la cerró en el año 2004.

Lo más significativo: en casi todos los ejemplos divulgados, los fondos denunciados eran blancos. En consecuencia, los cálculos de la Presidenta sobre lo que se podría hacer con ellos están equivocados. Axel Kicillof agregó otro desatino. Dijo que el dinero depositado en Suiza debería estar integrando las reservas del Banco Central . Se ve que Kicillof está por colgar un cartel de venta en su casa de Colonia para repatriar los dólares de la operación. Nimiedades.

El verdadero problema es que, a raíz de estos errores, Echegaray será querellado por falso testimonio. Prat-Gay, por ejemplo, ya tiene su escrito redactado. El mismo riesgo corren Aníbal Fernández y Roberto Felletti , los legisladores que preparan una comisión investigadora en el Congreso . Sucede que el artículo 27 del tratado con Francia señala que la información que reciba un Estado será mantenida en secreto. Y que sólo puede revelarse en audiencias o sentencias judiciales. No están previstas las conferencias de prensa, las casillas de Twitter o las comisiones legislativas. Tampoco que los datos se utilicen para persecuciones políticas. De otro modo, el convenio podría quedar inutilizado.

Es posible que el titular de la AFIP haya previsto este inconveniente. Una versión muy aceptable afirma que se resistió a hacer declaraciones con nombres y apellidos. Pero a su jefa no le basta. Cristina Kirchner se ha puesto al frente de la "guerra comunicacional". Su primer soldado es Capitanich, que todas las noches recibe una tarjeta con los temas a los que debe referirse en la conferencia de prensa que dará por la mañana.

El pleito penal tributario que se inició con esta denuncia recayó, después de que María Verónica Straccia se excusara, en el juzgado de Javier López Biscayart. Pero ayer ocurrió otro episodio insólito. La AFIP recusó a López Biscayart por "enemistad con el organismo". ¿Cómo se logra ser enemigo de un "organismo"? En el caso de López Biscayart es todavía más difícil. Hace 14 años es juez en un fuero en el que la AFIP es siempre parte.

La pista hay que buscarla en otro lado. López Biscayart investiga los extraños movimientos de dinero de Austral Construcciones, de Lázaro Báez. En esta causa hay, si no un conflicto, un desencuentro entre el juez y la AFIP. López Biscayart pidió al organismo que informe si en la documentación secuestrada durante un allanamiento en las oficinas de Báez hay indicios de evasión impositiva. Ya venció el plazo y la oficina de Echegaray no ha contestado.

Los legajos en poder de López Biscayart pueden ser decisivos para la suerte de Báez. Allí está documentada la misteriosa operación que Hugo Alconada Mon detalló en LA NACION el 19 de mayo del año pasado: un aporte de $ 254,3 millones que Austral Construcciones recibió de un fiduciario holandés y de un fideicomiso uruguayo por un contrato que no prosperó para realizar obras en Belice. Todo así de claro.

Esta enigmática transferencia sería, para muchos expertos, mucho más difícil de justificar que las contrataciones de Báez con los hoteles de los Kirchner. Báez podría estar a un paso de que López Biscayart, el "enemigo de la AFIP", lo involucre en una operación de lavado de dinero.

Si ése fuera el desenlace de la investigación, el juez debería dejar la causa, ya que no se estaría ante un caso de evasión sino de blanqueo de fondos negros. Las pruebas acumuladas pasarían al juzgado de Claudio Bonadio , quien ya indaga ese delito. Aníbal Fernández advirtió que si Bonadio descubre que en los hoteles de Cristina se lavaba dinero, deberá girar la causa a Sebastián Casanello, un juez protegido de La Cámpora . Alguien debería indicarle a este senador que lo que se espera de él es que asegure que en las empresas de la Presidenta no se cometen delitos. Pero Fernández suele hablarse encima.

No debe llamar la atención que el mismo día que la AFIP recusó a López Biscayart, la mayoría kirchnerista del Consejo de la Magistratura , con la adhesión de la presidenta de ese organismo, Gabriela Vázquez, haya resuelto recortar el sueldo de Bonadio en 30% como castigo a su mal desempeño en una causa por la privatización de Tandanor y en otra por créditos a los Yoma. Se evitó de esta manera el empalamiento simbólico que había pedido Luis D'Elía .

El castigo salarial a Bonadio se suma a una larga serie de torpezas, entre las que está denunciar a Margarita Stolbizer por enriquecimiento ilícito. Ayer Eduardo Amadeo propuso compensar al juez a través de una colecta popular. Y algún radical con sentido del humor sugirió acusarlo por haber sobreseído en una causa por enriquecimiento ilícito a Fabián Gutiérrez, Isidro Bounine y Daniel Muñoz, los tres abogados exitosos que oficiaban como secretarios privados de la Presidenta. Sería interesante ver cómo la mayoría kirchnerista vuelve a subir el sueldo de Bonadio.

El cuadro general que se va configurando es muy extraño. El gobierno nacional y popular denuncia y vitupera, como si fueran evasores, a ciudadanos que pagaron sus impuestos. Y, al mismo tiempo, castiga a los magistrados que investigan si hubo lavado de dinero en contratos de la Presidenta con proveedores de obra pública. Qué raro que no lleguen inversiones.