(Por Atilio G. Galdiolo) En los últimos días nos hemos enterado del contenido de un proyecto minero que ha sobrevivido al análisis de la Cámara de Senadores de la provincia, el llamado Hierro Indio. En el camino quedó para mejor ocasión el llamado Cerro Amarillo.

De dos, al menos uno sorteó, mal que bien, el escrutinio del Senado para llegar a Diputados. Y ardió Troya, tal cual.

Cinco son las observaciones principales que se expusieron como invalidantes de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) perseguida por el proponente: 1º) Que la carátula del Expte. dice “Reactivación de mina”; 2º) que no se pidió Informe Sectorial a Gral. Alvear y San Rafael;  3º) que no se sabe de la existencia de “permafrost” o hielos encapsulados bajo las rocas; 4º) que no se detallan estudios de la existencia de acuíferos subterráneos, y 5º) que faltan estudios de detalle sobre la población de la zona.

Esto estaría muy bien si se tratara de oposición a la DIA para la etapa de extracción, pero la autorización se limita a “prospección y exploración”, que son los términos autorizados en la sanción del Senado. 

Entonces puede que suene mal “reactivación de mina” pero sucede que el yacimiento estuvo en explotación, y de resultar positivos los nuevos estudios el fin último es reactivar la mina.

A los efectos de solicitar Sectoriales, el Decreto 820, firmado por el gobernador Cobos, establece que cuando la actividad es mínima, o somera, no es necesario realizar consultas extendidas en razón de que, de nuevo, la actividad será mínima.

En cuanto a la existencia o no de glaciares confinados en roca, la ubicación es suficiente y la actividad a realizarse como para independizarse del tema. Por igual razón, ya que no se perforará en ningún sitio, la actividad solicitada y autorizada por el Senado no incidirá, existan o no acuíferos subterráneos. Por fin, se sabe de la existencia de más de 10 puesteros en la zona, pero que un equipo recorra “a pie” el terreno para rescatar muestras y levantar información magnética no puede influir en absoluto en la salud de los piños y manadas que los puesteros posean.

Dicho esto, sí será lógico exigir esa información cuando, de resultar positivos los estudios, debe analizarse una DIA que solicite autorización para la explotación.

Mucho de lo que se dice no tiene más sostén que opiniones o creencias particulares lejanas al conocimiento concreto de la actividad minera. Quienes están preocupados por el agua hacen bien en manifestarse, pero no por ello pueden arrogarse el privilegio de ser los únicos opinantes, y menos a expresar su visión con carácter apocalíptico y tremendista.

Si la empresa proponente manifiesta que usará 5,5 litros de agua por segundo, como reza en su presentación, la cuestión es controlar que cumpla con ese rango de uso, que implica en 12 horas de trabajo diario algo así como 240 metros cúbicos en total por día.

Resulta que con crisis hídrica, el caudal del río es menor a 34,7 metros cúbicos por segundo que arrojan las mediciones promedio tomadas durante 91 años. Suponiendo que el caudal sea de 20 metros cúbicos por segundo, el total de agua usada por día de labor equivaldrá a captar 20 segundos del caudal total.

¿Vale la pena paralizar un departamento, cerrar negocios y paralizar el tránsito antes de cuantificar las cosas?

Veinte segundos del caudal del río no suponen constituir la pérdida irremediable que se expone. Y mucho menos justifica que los opositores al proyecto amenacen a diputados que cumpliendo su obligación se sientan a escucharlos repetir lo que ya dijeron antes y escuchar que “estamos acá y nos quedaremos hasta que el proyecto sea rechazado”, palabras repetidas también por un funcionario municipal de Alvear que, llevado por sus convicciones, seguramente no midió la importancia ni consecuencias que institucionalmente encierran sus palabras.

Que el tema minero ha adquirido ribetes y contenido político es una realidad, pero también es necesario que los involucrados sepan cuáles son los límites que impone la democracia, que obligó a los malargüinos a tomar una posición de defensa de sus intereses.

La cuestión minera tiene componentes de mucha mayor importancia que los 20 segundos de uso del caudal del río. El mineral de hierro que se pueda eventualmente extraer de Hierro Indio no será exportado, servirá para nutrir la industria argentina, que de otro modo debe importarlo, usando divisas que no dispone. 

¿Vale la pena enfrentar a la sociedad de esta forma? Creo que no. Bien se dice que no hay crecimiento sin dolor, de modo que sería muy prudente, reconociendo que Alvear sufre la crisis hídrica, poner la mira en no afectar su economía, pero a la luz de las cifras cabe a las autoridades explicar acabadamente la situación

Mendoza debe asumir que, como dicen quienes no aceptan la minería, apenas el 5% del territorio es explotable por el agro, pero se debe mejorar la eficiencia de esa actividad, porque lamentablemente no hace uso del agua disponible de la mejor manera y, guste o no, será necesario modificar las técnicas de explotación a cuenta de que el cambio climático lo exige, mejor aún, lo impone.

Además hay otras áreas mineras que prometen sustitución de importaciones, como las que abarcan el uranio y el cobre, que se harán presentes a poco andar en el tiempo y requerirán de mucho más elevadas discusiones que las sostenidas por percepciones y temerosos impulsos.

Coincido con los opositores a la minería en la necesidad de establecer controles efectivos, rigurosos, y me atrevo a decir, implacables. Pero no puede dejarse que el temor dicte las decisiones que involucran a más de un millón setecientos mil habitantes. Como antecedente, nos rige la ley 7.722, sancionada ante la incapacidad política de enfrentar en su momento la raíz que hoy levanta, otra vez, al público alvearense.

EDITORIAL LOS ANDES

La reapertura del debate por los proyectos mineros en la provincia por parte del gobierno de Francisco Pérez trajo aparejado el resurgimiento de los reclamos de organizaciones que, amparándose en los alcances de la ley vigente sobre dicha actividad económica, por lo general apuntan a la invalidez de los estudios de factibilidad que se realizan y dan a conocer sobre las áreas a inspeccionar y eventualmente explotar.

El ejemplo más claro y reciente lo dio el debate en la Legislatura de la declaración de impacto ambiental del proyecto Hierro Indio, previsto en el departamento de Malargüe. El abordaje del tema generó las habituales reacciones de los grupos que lisa y llanamente parecen querer oponerse a toda posibilidad de desarrollo minero en el territorio mendocino.

Agrava el panorama general una suerte de regionalización de la demanda, que hace que haya zonas o departamentos más afines a la actividad minera y otros en los que prácticamente la protesta insistente ha llevado a internalizar entre los habitantes la idea de que la minería directamente no sirve ni es viable.

En estos momentos dos departamentos del sur provincial, Malargüe y General Alvear, con sus intendentes a la cabeza, llevan a cabo un enfrentamiento por el uso del agua y sus derechos que parece haber sobrepasado el poder de decisión de las autoridades provinciales y que sólo responde a la puja por el proyecto minero en discusión.

Lamentablemente, las presiones sectoriales fueron importantes durante el debate legislativo y ello indudablemente influyó en el ánimo de las autoridades provinciales, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, para que el abordaje en el recinto se desvirtuara y el futuro del proyecto minero en cuestión quedara a la deriva. 

El proyecto Hierro Indio, lejos de un debate parlamentario serio, fue sometido a tironeos que no sólo terminaron dividiendo caprichosamente la votación sino que desnudaron alarmantes debilidades de la dirigencia, que debería responder según el interés de la ciudadanía a la que representa, es indudable, pero siempre despojándose de pasiones y presiones que por lo general no permiten llegar a conclusiones basadas en sólidas definiciones políticas, como todo proyecto que hace al futuro de la economía que una provincia merece.

En una jornada en la que las protestas públicas abundaron, la Cámara de Diputados rechazó por mayoría y envió al archivo el proyecto que contenía los estudios ambientales del proyecto minero, colocándole un candado a su abordaje y llevando al Poder Ejecutivo  hasta a verse obligado a poner en tela de juicio la factibilidad del mismo luego de haberlo promovido con bombos y platillos, como hizo también con el proyecto Cerro Amarillo, que aún depende del resultado de los estudios correspondientes. 

El escándalo y el descrédito provincial fueron de tal magnitud y trascendencia que casi inmediatamente tuvo que primar la sensatez política, y esos mismos legisladores que actuaron bajo presión decidieron, con criterio esta vez, proceder al desarchivo del expediente y su reenvío al Poder Ejecutivo para efectuar las correcciones que correspondan antes de llevar el tema nuevamente al recinto, pero esta vez, cuando los plazos reglamentarios del funcionamiento institucional lo permitan. Es decir que en calma y sin el agobio de las protestas sectoriales, los legisladores terminaron adoptando las medidas que debieron tomar en un principio.

El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas... dice claramente la Constitución nacional en su artículo 22. Sabio precepto mediante el cual el constituyente buscó trazar el límite entre el justo reclamo de la ciudadanía y el rol que le compete a quienes son electos por el pueblo para alzar su voz en su representación. Es de esperar que luego de los recientes incidentes, en los que Gobierno y Legislatura actuaron bajo indudable presión e intendentes departamentales tienden a sobrepasar el límite de sus atribuciones, los criterios republicanos vuelvan a regir a pleno para que debates serios y profundos sobre la Mendoza productiva que viene tengan el marco apropiado.