(Por Rómulo Mucho) Objetivamente, nuestra economía está experimentando una preocupante desaceleración. Lo que más preocupa es la falta de coherencia entre la intención y la acción en campo del actual gobierno. La intención es buena. Las recientes medidas lanzadas en materia económica no hacen más que manifestar el deseo del actual gobierno de reactivar nuestra economía mediante el incentivo a las inversiones y otras medidas de políticas económicas. El gobierno es consciente de que sin inversiones, nuestro futuro es incierto.
El problema no está precisamente en las medidas planteadas. El problema está en la falta de coherencia entre la intención y la acción, sobre todo en uno de los sectores más importantes de nuestra economía: el sector minero. La minería aporta con casi el 14% del PBI y representa el 55% de nuestras exportaciones, dinamiza otros sectores como el de la construcción, la metalmecánica y el comercio. Se desarrolla en zonas alto andinas en las que hay una débil presencia del Estado. Es una actividad que tradicionalmente convive con el agro, sector que también es importante para nuestro desarrollo. No obstante, vemos que el Estado no “se la juega” por la minería ante la población. Allí radica su falta de coherencia.
Es hasta cierto punto entendible, el descontento social que existe en las poblaciones de algunas áreas de influencia de las unidades operativas y proyectos mineros, sobre todo si se tiene en cuenta que una parte del sector minero peruano aún no se da cuenta de la diferencia entre lo que es: (1) trabajar con responsabilidad social buscando el logro empresarial y al mismo tiempo el desarrollo humano de las poblaciones de sus áreas de influencia, y (2) trabajar en base a una relación transaccional con las comunidades con el objetivo de que las dejen trabajar. Son concepciones diferentes.
En lo que refiere al Estado, su rol (en el contexto expuesto) es hacer ver a las poblaciones, la importancia del sector minero. Es más, debiera garantizar ante las poblaciones el cuidado del medio ambiente y del agua. Capacitando a los pobladores lugareños para que sean ellos mismos quienes realicen los monitoreos ambientales participativos. Esto traería abajo paradigmas fijados en la población como que la minería compite con el agro por el agua, o que la mina acaba con la vida de las cuencas en las que se desarrolla y demás “argumentos” sin sustento técnico. El Estado tiene que “poner en valor” a la minería ante la población.
Todos queremos que la canasta de exportación peruana sea más diversificada que la actual pero, para alcanzar este objetivo pasarán una o dos décadas y siempre y cuando, se empiece desde ahora con mejora de la educación, apoyo a la investigación científica y desarrollo de tecnología, nada o muy poco se esta haciendo. Además, la única herramienta que tenemos a la mano para “hacer caja” en pos de asentar el proceso que posteriormente nos lleve a la necesaria y ansiada diversificación productiva, es la minería. Si solo la mitad de los US$ 41,000 millones en proyectos de inversión en minería, energía e infraestructura se hubiera ejecutado, no se hubiera tenido que recurrir a las recientes medidas reactivadoras.
Es por este motivo que se debe eliminar la falta de coherencia que estoy resaltando. Los recursos minerales no son renovables. Aprovechemos ahora que existe una demanda mundial por lo que tenemos. Busquemos acuerdos sinceros con las poblaciones. Dialoguemos desde el más alto nivel. Los esfuerzos de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM están resultando estériles. Es el Presidente de la República quien tiene que hablarle al pueblo en favor de la minería en forma directa y sincera, claro está, si está convencido de su real importancia. Basta ya de incoherencias. Si hoy no apoyamos a la minería, ¿hacia dónde vamos como país?
