La foto del teléfono celular del diputado Gustavo Muñiz tomada dentro del recinto de la Legislatura Provincial el dia que se trataba el proyecto de iniciativa popular y que mostraba una conversación por mensajes de texto con el gerente de una minera, levantó esta semana posiciones encontradas, críticas y denuncias por parte de los grupos antimineros.

Finalmente, este martes el diputado Gustavo Muñiz envió a los medios de comunicación una nota explicando su posición y punto de vista al respecto.

El diputado Gustavo Muñiz difundió ayer un comunicado donde explicó su voto en la sesión del 25 de noviembre con respecto a las consultas regionales por la minería y donde una fotografía lo encontró intercambiando mensajes con el gerente de una compañía minera.

“Quien suscribe Gustavo Muñiz, diputado del PJ, al igual que todos los bloques parlamentarios, nos hemos reunido con todos los sectores interesados, Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), pobladores de la Meseta, cámaras de proveedores, colegios de profesionales y representantes de empresas mineras”, dice en el texto.

De acuerdo al detalle de Muñiz, ese día el plenario de comisiones fue a las 16, de donde surgió un dictamen del Frente para la Victoria. El mismo reemplazó la iniciativa popular de la UAC con apoyo de 10 votos, Muñiz incluido, y ocho votos en contra.

A las 19 comenzó la sesión. “El proyecto en cuestión fue tratado como primer punto del orden del día, fue leído por Secretaría Legislativa y se abrió el debate para que se fundamente por la positiva y se escuchen las voces por la negativa”, repasa Muñiz en su descargo.

“Cerca de las 23:40 se pone a votación en forma nominal ese idéntico dictamen de mayoría que se había firmado pasadas las 17, con lo cual ratifiqué con mi voto lo mismo que había firmado antes del inicio de la sesión”, recuerda el diputado del PJ.

“Además, vale aclarar que ni yo ni ningún otro diputado, solicitó durante la sesión modificación alguna al dictamen de mayoría, resultando el mismo aprobado sin ningún cambio, habiendo obtenido 15 votos por la positiva y 12 por la negativa; resultando el mismo aprobado”, describe.

LOS HECHOS

“Con esto queda más que demostrado que bajo ningún punto de vista, cualquier comunicación, de cualquier sector, que se pueda haber recibido pasadas las 17:20, pudo haber influido en la redacción y menos en el voto de los quince diputados que hemos votado positivamente en el recinto el dictamen de comisión”, asegura.

El diputado del bloque que completan Carlos Gómez y José Karamarko también envió un recorte de junio de 2012, donde pedía que las mineras inviertan en ganadería para los campos que exploten. En ese momento, el gobierno de Martín Buzzi presentó el Marco Regulatorio Minero-Petrolero (que después se desdobló y se convirtió en la Ley Provincial de Hidrocarburos).

Hace ocho días, la Legislatura del Chubut debía abordar la iniciativa popular de la UAC que restringía la actividad minera y prohibía la gran minería metalífera y uranífera. Sin embargo, se aprobó una suspensión por cuatro meses de la actividad, mediando un debate y consultas populares vinculantes en las regiones cercanas a cada proyecto.

Además de la foto en la que Muñiz es detectado contestándole un mensaje a un ejecutivo minero, en Esquel y en Rawson le realizaron denuncias penales. Desde la capital provincial, la abogada comodorense Silvia de los Santos añadió la solicitud del listado de llamadas entrantes y salientes del legislador, extendiéndolo a los 15 diputados que votaron a favor.

El diputado Gustavo Reyes (FpV) aseguró que “el diputado Muñiz no planteó ninguna modificación” al proyecto de Iniciativa Popular. “Lo excluyo totalmente a Muñiz, que se enteró de las modificaciones en la comisión”, precisó.

Dijo que “se ve en la respuesta que estaba dando el diputado Muñiz (al presunto gerente de Yamana Gold, Gastón Berardi en el chat telefónico que se ve en la foto), que decía que `el Ejecutivo iba a reglamentar`. Eso es mentira; hasta encima estaba mintiéndole el diputado, no sé si tomándole el pelo a quien le había enviado el mensaje”.

Reyes remarcó tras la denuncia penal de la Unión de Asambleas Ciudadanas, que pretende que se investiguen los teléfonos de los 15 diputados que aprobaron la ley: “si quieren investigar investiguen, si quieren pasar Excalibur en mi teléfono celular que lo pasen, si son felices los de la Unión de Asambleas Ciudadanas denunciando esta pavada, porque nosotros nos ajustamos a derecho, que sean felices”, disparó en contacto con ADNSur.

Expresó que “estamos acostumbrados a que (los ambientalistas) sean violentos y se están poniendo un poquito más complicados. Nosotros cumplimos con al manda constitucional pero esta gente no lo entiende, es intransigente”.

Y alertó: “mientras sean manifestaciones y no haya agresión física uno puede soportarlo pero si se va más allá de esto sería mucho más grave”.

"En ningún momento participó de las modificaciones que se le hicieron al proyecto”, sostuvo. “Participamos los del FpV en conjunto con el denominado interbloque y uno de los que propiciaba la reforma era Anselmo Montes, que no acompañó porque quería que la consulta popular sea en toda la provincia”, dijo.

“Yo lo excluyo totalmente a Muñiz, que se enteró de las modificaciones en la comisión. Cuando fuimos y leímos el proyecto de modificación que presentábamos estaba de acuerdo con el mismo, firmó el dictamen y fue al recinto”, detalló el legislador Gustavo Reyes.

“Se ve en la respuesta que estaba dando el diputado Muñiz (al presunto gerente de Yamana Gold, Gastón Berardi en el chat telefónico que se ve en la foto polémica) que decía que `el Ejecutivo iba a reglamentar`. Eso es mentira; hasta encima estaba mintiéndole el diputado, no sé si tomándole el pelo a quien le había enviado el mensaje”.

“Si quieren investigar investiguen, si quieren pasar Excalibur en mi teléfono celular que lo pasen, si quieren denunciar, si son felices los de la Unión de Asambleas Ciudadanas denunciando esta pavada, porque nosotros nos ajustamos a derecho, que sean felices”, disparó.

Afirmó que hay preocupación por diputados que dicen que están recibiendo amenazas y precisó que son “sobre todo los de la cordillera que han sido amenazados, han ido a sus domicilios la semana pasada”.

Expresó que estos ambientalistas “estamos acostumbrados a que sean violentos y se están poniendo un poquito más complicados. No entienden cuando sucede una cuestión como la que ocurrió, de aprobarse lo que se aprobó, sintiéndose engañados o no sé qué pero tienen que entender que las leyes están hechas para ser cumplidas. Cumplimos con al manda constitucional y las leyes reglamentarias de la Constitución. Esta gente no lo entiende, es intransigente y está haciendo lo que está haciendo”.

“Mientras sean manifestaciones y no haya agresión física uno puede soportarlo pero si se va más allá de esto ahí ya sería mucho más grave”, advirtió el diputado Reyes en contacto con esta agencia de noticias.

El Gobierno se ha encargado de poner énfasis en que a pesar de la aprobación de la ley que abre la consulta popular vinculante a la cuestión de la minería, la Ley 5001 que prohíbe la explotación a cielo abierto y con cianuro sigue vigente. Además, Blas Meza Evans como apoderado del PJ, dijo que el partido será un espacio de debate sobre el tema minero con participación de todos los Consejos de Localidad.

El 14 de diciembre se realizará el Congreso Provincial del PJ, pero la semana entrante habrá una reunión previa para ordenar el debate minero con la participación de todos los Consejos de Localidad, es decir la representación partidaria en cada pueblo y ciudad de la provincia. «Somos conscientes que dentro de nuestras filas existen distintas posiciones, pero ello no debe paralizarnos, sino todo lo contrario», indicó Meza Evans. 

Y dejó en claro que el partido «acompaña la decisión de nuestros diputados, en función de haber resuelto, dentro de sus potestades, sancionar una norma que habilita consultas populares vinculantes para el desarrollo de la actividad minera metalífera, consagrando la licencia social obligatoria para los mismos». Pero además subrayó que «creemos que un debate serio, despojado de pasiones y con una alta dosis de racionalidad técnica y social es imprescindible; debe escucharse la opinión de las comunidades del interior, pueblos originarios y todos aquellos sectores que tengan opinión fundada sobre el tema». 

Defendió la decisión de los diputados del FPV y del PJ afirmando que «se ampliaron los derechos de las comunidades del interior a decidir su modelo de desarrollo, tal cual lo hiciera Esquel en el 2003». Hizo hincapié en que «el instrumento normativo que posibilitó frenar el avance del proyecto minero cordón Esquel, la Ley 5.001, sigue vigente. La ley votada no implica modificación alguna de esta situación, de modo que la minería a cielo abierto con utilización de cianuro está prohibida en Chubut».