El ministro de Gobierno, Javier Touriñán, dialogó con ADNSur sobre el proyecto de ley modificatorio de la Iniciativa Popular antiminera que aprobaron los diputados la semana pasada. “Se ha promulgado, un poco honrando la palabra de lo dicho un par de semanas antes, de que fuera cual fuera el resultado se iba a respetar la votación y promulgar la ley”, recordó.
Afirmó que esto no tiene que ser tomado como que se habilita la minería porque sigue vigente la 5001. “La 5001 no se alteró ni derogó ni formó parte del tratamiento de esta ley –aclaró-. Ante cualquier alternativa que avance sobre la minería metalminera con utilización de cianuro y a cielo abierto no se va a poder hacer por más que haya una consulta popular localizada en algún sector que diga ´acá habilitamos`”.
Sobre la posibilidad de zonificar, expresó que en ese caso, al menos se le debe “dar un tratamiento legislativo posterior para ver si se permite o no, de acuerdo a las características del proyecto”.
Para Touriñán, “no está en juego la constitucionalidad de la ley sancionada y promulgada”. Consideró “un exceso” que se pida en la denuncia penal de ambientalistas que se investiguen los teléfonos de los 15 diputados que aprobaron la ley y del propio vicegobernador Gustavo Mac Karthy.
"Una de las alternativas era ésta y en ese momento la que se manejaba era que tenía mayor cantidad de votos la iniciativa”, dijo.
Afirmó que esto no tiene que ser tomado como que se habilita la minería porque sigue vigente la 5001. “La 5001 no se alteró ni derogó ni formó parte del tratamiento de esta ley. Ante cualquier alternativa que avance sobre la minería metalífera con utilización de cianuro y a cielo abierto no se va a poder hacer por más que haya una consulta popular localizada en algún sector que diga ´acá habilitamos`”.
Consultado sobre si entonces correspondería zonificar o avanzar en lo que establece la 5001, manifestó que “al menos darle un tratamiento legislativo posterior para ver si se permite o no de acuerdo a las características del proyecto”.
Luego de que grupos ambientalistas se presentaran en la Justicia para cuestionar la constitucionalidad de lo que se aprobó la semana pasada en la Legislatura, el ministro de Gobierno expresó: “la constitucionalidad de la ley sancionada y promulgada no creo que esté en juego. No colisiona con la Constitución el plexo normativo de lo que fue votado. Más allá de eso la Justicia debe resolver”.
DENUNCIA
En cuanto a la denuncia penal de ambientalistas por la foto polémica del diputado Gustavo Muñiz (PJ) y a que se investiguen los teléfonos de los 15 diputados y del propio vicegobernador Gustavo Mac Karthy dijo que “eso me parece un exceso. Primero hay que ver las cuestiones constitucionales; primero hablan de constitucionalidad y después de vulnerar la Constitución en cuanto a inmunidad de opinión y inviolabilidad de domicilio y documentación y correspondencia de los diputados. No sé sobre qué base pueden hablar de que hubo cohecho. Deberían tener alguna prueba para poder hacerlo; si no es ensuciar por ensuciar”, expresó.
“En el caso de que Muñiz tuviese ese mensaje, él ha ido a cara descubierta y formó parte del Foro Minero en Rawson, igual que otros diputados, como los que fueron a los foros antimineros y no por eso hay que poner en duda su honestidad”, resumió.
Y ante la sugerencia que le hace el presunto gerente de Yamana Gold en el mensaje de texto, dijo que “lo único que hay es que dice si se podría reformar esto de tal forma y la respuesta es que no. ¿Lo acusan de negarse a reformar lo que quería el gerente de la empresa?”, se preguntó Touriñán y agrego: “no hubo una reforma en ese sentido; no veo que haya algo para cuestionar ahí. Y lo que es cierto es que hay diputados que están constantemente twitteando, chateando y mandando mensajes constantemente en las sesiones ante cualquier tema que ocurra”.
El ministro de Gobierno, Javier Touriñán, mencionó que en los próximos días, cuando sea publicada en el Boletín Oficial, entrará en vigencia la ley que instala el debate minero en la provincia.
Mencionó que hasta el momento no se acercó ningún empresario con proyectos mineros y aclaró que el Ministerio de Ambiente incorporará técnicos metalmineros en caso de que se presente este tipo de proyectos. En tanto, sobre los mensajes al diputado Gustavo Muñiz durante la sesión, recordó que tanto este último como Vicente Jara y Carlos Gómez participaron en el plenario minero, por lo que «no hay nada oculto en esto». En todo caso -ironizó- «deberían propugnar una ley para evitar utilizar los teléfonos».
Al referirse a los dichos del ministro José María Musmeci, quien admitió que hoy el Gobierno no está en condiciones de controlar la minería metalífera, Touriñán justificó que al haber estado «vedada esta posibilidad, no se contrataron técnicos especializados en esto».
«No hay personal que esté trabajando en esto, no hay técnicos mineros especializados en metalminería, y si llegara a darse esta posibilidad habrá que tener el personal idóneo», sostuvo el ministro, quien dejó en claro que no obstante, la ley Nº 5001 se mantiene vigente.
Por último, Touriñán explicó que cuando entre en vigencia esta ley quedará suspendida por 120 días la actividad minera metalífera, y una vez que cada emprendedor presente en el Ministerio de Ambiente un proyecto con los requisitos correspondientes, el Ejecutivo realizará una consulta popular en la localidad o región donde quiera instalarse.
El ministro de Gobierno, Javier Touriñán, dialogó con ADNSur sobre el proyecto de ley modificatorio de la Iniciativa Popular antiminera que aprobaron los diputados la semana pasada. “Se ha promulgado, un poco honrando la palabra de lo dicho un par de semanas antes, de que fuera cual fuera el resultado se iba a respetar la votación y promulgar la ley”, recordó.
Afirmó que esto no tiene que ser tomado como que se habilita la minería porque sigue vigente la 5001. “La 5001 no se alteró ni derogó ni formó parte del tratamiento de esta ley –aclaró-. Ante cualquier alternativa que avance sobre la minería metalminera con utilización de cianuro y a cielo abierto no se va a poder hacer por más que haya una consulta popular localizada en algún sector que diga ´acá habilitamos`”.
Sobre la posibilidad de zonificar, expresó que en ese caso, al menos se le debe “dar un tratamiento legislativo posterior para ver si se permite o no, de acuerdo a las características del proyecto”. Para Touriñán, “no está en juego la constitucionalidad de la ley sancionada y promulgada”. Consideró “un exceso” que se pida en la denuncia penal de ambientalistas que se investiguen los teléfonos de los 15 diputados que aprobaron la ley y del propio vicegobernador Gustavo Mac Karthy.
“Primero hay que ver las cuestiones constitucionales; primero hablan de constitucionalidad y después de vulnerar la Constitución en cuanto a inmunidad de opinión y inviolabilidad de domicilio y documentación y correspondencia de los diputados. No sé sobre qué base pueden hablar de que hubo cohecho. Deberían tener alguna prueba para poder hacerlo; si no es ensuciar por ensuciar”, expresó.
“En el caso de que Muñiz tuviese ese mensaje, él ha ido a cara descubierta y formó parte del Foro Minero en Rawson, igual que otros diputados, como los que fueron a los foros antimineros y no por eso hay que poner en duda su honestidad”, resumió sobre los mensajes de texto que mantuvo el diputado del PJ con una minera durante la sesión del pasado martes.
Y ante la sugerencia que le hace el presunto gerente de Yamana Gold en el mensaje de texto, dijo que “lo único que hay es que dice si se podría reformar esto de tal forma y la respuesta es que no. ¿Lo acusan de negarse a reformar lo que quería el gerente de la empresa?”, se preguntó Touriñán.
Luego el funcionario agregó: “No hubo una reforma en ese sentido; no veo que haya algo para cuestionar ahí. Y lo que es cierto es que hay diputados que están constantemente tuiteando, chateando y mandando mensajes constantemente en las sesiones ante cualquier tema que ocurra”.
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) de Chubut presentó hoy una denuncia penal contra quince diputados provinciales de Chubut por presuntas dádivas a cambio de aprobar con modificaciones un proyecto de ley minera que había surgido de una iniciativa popular.
La UAC, organización que reúne al denominado grupo antiminero, que había presentado una iniciativa popular con más 13 mil firmas para prohibir la minería en Chubut, presentó la denuncia penal contra quince diputados entre los cuales figura Gustavo Muñiz (Frente para la Victoria), de quien se difundió una foto cuando al parecer negociaba por mensajes de texto modificaciones a la ley con un directivo de la empresa minera Yamana Gold.
Lucas Fosatti, referente de la UAC, señaló que la denuncia penal fue "ingresada al Ministerio Público Fiscal a las 9 horas" de este lunes "con firmas de varios vecinos", que requieren una investigación sobre posible "negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, cohecho y tráfico de influencias". En el mismo planteo la UAC pidió investigar la posibilidad de existencia de dádivas y el cruce de teléfonos de los quince diputados que aprobaron el proyecto de ley y del presidente de la Legislatura, Gustavo Mac Karthy. También pidieron investigar a Gastón Berardi, gerente de Yamana Gold, quien intercambió mensajes de texto con el diputado Muñiz durante la sesión, y el "control de patrimonio y movimiento de cuentas a partir del día de presentación de la iniciativa popular".
La denuncia penal se extiende al diputado Muñiz y a sus pares de Argentina Martínez, Juan Ale, Javier Cisneros, Eduardo Daniels, Mónica Gallegos, Carlos Gómez, Vicente Jara, Alejandra Johnson Táccari, Adolfo Mariñanco, Gustavo Reyes, Félix Sotomayor, Exequiel Villagra, Elba Willhuber y Héctor Trotta, "que fueron parte de este fraude que sustituyó, adulteró, modificó estructuralmente la iniciativa popular en todo su texto", sostuvo Fossati.
Fosatti también señaló que van a denunciar "muy pronto el delito de lesa humanidad o genocidio por una actividad incompatible con la ecología, como es la instalación de una posible planta de uranio y de la megaminería en general".
Un grupo de ambientalistas denunció ante la Justicia al diputado provincial Gustavo Muñiz (PJ), quien fue fotografidado cuando intercambiaba mensajes en plena sesión con el gerente de una compañía minera.
Fue durante la discusión del proyecto de Iniciativa Popular. La presentación es para que se determine si hubo «cohecho y tráfico de influencias». La denuncia fue presentada ayer por la Unión de Asambleas Ciudadanas de la provincia ante la Fiscalía General, para que se investigue con un peritaje a sus teléfonos celulares la conducta de Muñiz y otros quince diputados, quienes aprobaron el miércoles a la madrugada una ley que impulsa consultas populares por la actividad minera.
Lucas Fosatti, integrante de las asambleas, explicó que presentaron «en el Ministerio Público Fiscal la denuncia» contra los legisladores que, dijo, «fueron parte de este fraude que sustituyó y modificó estructuralmente la Iniciativa Popular» que impulsaba la prohibición del uso de cianuro en emprendimientos mineros al aire libre. El ambientalista indicó que en la presentación pidieron «que se esclarezca» si hubo «negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, cohecho y tráfico de influencias».
Asimismo, advirtió que reclamaron «la investigación sobre la posibilidad de existencia de dádivas». A su vez, el ministro de Gobierno, Javier Touriñán, consideró «un exceso» que en la denuncia se solicite la investigación de los teléfonos de los 15 diputados que aprobaron la ley y del vicegobernador Gustavo Mac Karthy. En su denuncia, los asambleístas adjuntaron como pruebas «dos fotos impresas de Muñiz», quien recibió el mensaje del gerente de una compañía minera con intereses en la provincia. Fosatti aseguró que sumarán «pruebas en forma permanente».
MOVILIZACION El grupo de ambientalistas de la Asamblea Ciudadana, prepara para el jueves a las 17:00, concentraciones en plazas de Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson, Puerto Madryn y Esquel para reclamar el esclarecimiento de esa situación e insistir con el tratamiento de la iniciativa popular con su texto original.
Omar Burgos opinó que "falta un poco de debate a nivel sociedad" respecto a la instalación de la minería en Chubut. "Con un control estricto podría ser de mucha utilidad para la provincia. Yo creo que el debate hay que darlo con otra altura. Hay que respetar a todas las partes y todas las posiciones", dijo.
El intendente de la localidad chubutense de 28 de Julio, Omar Burgoa, comentó que la suya es "una de las pocas localidades de la Meseta que somos mineros. Producimos vajilla, inodoros, una serie de productos en la localidad y que muchos no conocen".
Burgoa afirmó que su opinión personal como chubutense acerca de la instalación de la minería en la provincia es que "falta un poco de debate a nivel sociedad. Yo lo centraría en de qué manera se va a instalar y no si se va a instalar o no. Con un control estricto podría ser de mucha utilidad para la provincia. Yo creo que el debate hay que darlo con otra altura. Hay que respetar a todas las partes y todas las posiciones".
El intendente agregó que "lo que no podemos es prohibir algo que no conocemos. Debemos de participar todos. Los controles tienen que ser mixtos y que los controles sean más estrictos. Que la transparencia sea absoluta".
Respecto de la polémica sesión donde se aprobó con modificaciones, el proyecto de Inciativa Popular, Burgoa dijo que fue "el corolario de cómo se trató el tema. La población tiene la información que le llega por los medios. Se ha hablado del agua y hay un permanente meter el dedo en que las empresas vienen a depredar. Ninguno de los chubutenses, ni los ambientalistas ni los que están gobernando quieren que a la provincia le vaya mal. Lo que queremos es una actividad económica sustentable. La minería no escapa a este parámetro, de ninguna manera".
En este sentido, el intendente de 28 de julio explicó los beneficios que traería la actividad en lugares donde hay pocos habitantes por la falta de oportunidades laborales. "Nosotros hemos sido una máquina de expulsar jóvenes. Tenemos 1.500 habitantes hoy y podríamos tener unos 2.200. La gente busca irse a lugares con mejor futuro", precisó.
"Lo que hay son grises y no blanco y negro. Hay que procurar una minería amigable. Descartar algo en la vida sin conocerlo es algo tremendo. Ningún pueblo puede darse ese lujo. Los chubutenses podemos generar un método de control propio", puntualizó.
