Por Daniel Santoro.

El juez federal Claudio Bonadio estuvo ayer virtualmente encerrado en su despacho de los tribunales de Comodoro Py cruzando datos, de los balances de Hotesur y las declaraciones impositivas de los Kirchner y de Lázaro Báez. Mientras tanto, encontró otra irregularidad de Hotesur, la empresa de los Kirchner que es dueña del hotel Alto Calafate. Sucede que el domicilio legal ante la Inspección General de Justicia (IGJ) lo dio en Lavalle 975, que Bonadio al allanarlo la semana pasada y confirmó que estaba vacío.Hotesur dio como domicilio fiscal principal la avenida Presidente Néstor Kirchner 496, Río Gallegos, donde funciona la inmobiliaria de Máximo y Osvaldo Sanfelice. Pero dio otro alternativo en “Belgrano 265 piso 3° de esta capital” donde funciona un estudio jurídico-contable. Al juez le llamó la atención que Hotesur haya dado ese domicilio secundario en Belgrano 265 piso 3°, contaron fuentes judiciales a Clarín. En ese domicilio de Belgrano “funcionó” Hotesur hasta el 2006 cuando se mudó, al menos en los papeles, a Lavalle 265, incluso luego de que Néstor Kirchner comprara esa empresa en el 2008 con dos millones de dólares. En un comunicado Hotesur, dijo la semana pasada que está dando de baja el domicilio de Lavalle ante la IGJ para concentrar todo en Río Gallegos. Pero nada se dijo sobre qué rol cumplió la oficina de Belgrano y sobre un “contador” que trabajó allí y cuyo nombre se mantiene en reserva. Un policía hizo en lugar averiguaciones sobre este nueva pista y luego declaró como testigo en el expediente. Y no se trata de Víctor Manzanares (Ver “Un escribano...”), el contador histórico de los Kirchner, que los asesoró en el juicio por enriquecimiento ilícito que terminó con el polémico sobreseimiento del juez Norberto Oyarbide.Por lo pronto, Bonadio analiza “toda la masa crítica de información” que reunió desde que allanó Hotesur el 20 de noviembre pasado. Los que lo conocen dicen que usa la técnica de hacerle preguntas a su equipo de lo que no entiende, escuchar respuestas y quedarse con las preguntas más precisas que le servirán para decidir hacia dónde centralizar la investigación. El juez “sabe que está en un momento crítico” y apuesta a que los Kirchner no se presentarán ahora en la causa espontáneamente sino que lo harán cuando eventualmente estén imputados “y entrarán con los tapones de punta”. En Comodoro Py esperan que, luego de las denuncias ante el Consejo de la Magistratura, la familia Kirchner pida la recusación de Bonadio.Tranquilo, Bonadio espera también que el fiscal Eduardo Taiano decida si lo imputa por enriquecimiento ilícito por una denuncia hecha por un abogado en el marco de la ofensiva K y que se le de la oportunidad de defenderse de la denuncia presentada por el senador del Frente para la Victoria Marcelo Fuentes por tener el 20 por ciento de una estación de servicio, propiedad de la empresa Mansue y por supuestamente lavar dinero. “Los jueces tienen prohibido por ley ejercer el comercio o administrar empresas, pero pueden hacer inversiones con dinero legítimo”, afirmó una fuente. “Creer que se puede lavar dinero con una estación de servicio cuya contabilidad está controlada en detalle por la petrolera que la abastece es un absurdo. Los establecimientos típicos usados para el lavado “son hoteles y casinos, donde se puede sobrefacturar ingresos”, contaron las fuentes. Las fuentes explicaron que Bonadio no pidió, por ahora, la declaración impositiva del empresario K y zar del juego Cristóbal López. “Es una confusión, Bonadio lo investiga en otra causa donde Carrió denunció el pago de coimas por la compra de activos de Petrobras en Argentina”, precisaron. En este expediente, se mandó un exhorto a Brasil que no se contestó y ahora que se conocieron las declaraciones del diputado socialista brasileño Rubens Bueno quien sospecha que se habrían pago sobornos. Ahora, Bonadio volvió a mandar otro exhorto con las declaraciones de Bueno y la pelota quedó del lado de la justicia del Brasil.w

Por Roman Lejtman.

Si la Presidente no encuentra un antídoto político para terminar con la actuación de Claudio Bonadio en la causa Hotesur, su futuro judicial será sombrío y oscuro. El niño mimado de Carlos Corach es sinuoso y arrogante, pero hasta ahora manejó la pesquisa con un preciosismo legal que supo evitar cuando revisó los patrimonios de los secretarios privados de Néstor Kirchner y el encubrimiento cometido por Carlos Menem durante la investigación del atentado a la AMIA. Bonadio no perdona la traición del gobierno y juró venganza eterna.

Frente a la ira de Su Señoría, Cristina Fernández debería contratar al abogado penalista Eugenio Zaffaroni, tras su paso por la Corte Suprema, si quiere una defensa profesional acorde a las pruebas que se están acumulando. Sólo un Cortesano que sobrevivió a una causa de trata en sus propios departamentos, puede abogar la inocencia de una jefe de Estado investigada por ejecutar su poder institucional a favor de socios, familiares y amigos.

Bonadio tiene su hipótesis judicial y reúne evidencias para probar su construcción teórica: CFK y Lázaro Báez urdieron un conglomerado de empresas para lavar y distribuir los fondos públicos que capturaron con las obras que la Casa Rosada entregó a Austral Construcciones durante las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner.

Para Su Señoría, la trama de Hotesur es sólo un modus operandi, un presunto método que permitía ingresar al sistema legal millones de pesos que Báez supuestamente devolvía a la familia presidencial por las contrataciones avaladas desde Balcarce 50. Ya no se investiga una ‘irregularidad administrativa’: se trata de averiguar cómo CFK, sus hijos, amigos y socios multiplicaron su patrimonio en diez años de ejercicio del poder.

César Milani, jefe del Ejército y espía presidencial, revuelve en la basura para encontrar evidencias que traben la pesquisa de Bonadio. El general acusado de violar los derechos humanos durante la dictadura, aún no encontró suficiente roña para complicar al juez federal, pero la instrucción secreta solo será cancelada cuando la causa Hotesur quede en manos oficiales, discretas y sumisas.

Bonadio sabe que lo están caminando y no pierde el sueño. Tiene contactos en la inteligencia civil que cubren sus espaldas y amigos en la clase política que han decidido olvidar sus pecados jurídicos a cambio del procesamiento de CFK, Máximo, Báez y sus socios de cartón piedra. Su Señoría pone cara de poker y avanza en la pesquisa que preocupa a Balcarce 50.

Ante el fracaso del general Milani, que no aportó suficiente basura para apretar a Bonadio, los voceros de Cristina ya han comenzado a ejercer su atribulada declaratoria en los medios de comunicación. Aníbal Fernández, que sabe de política, justicia y poder, ha sostenido que la causa Hotesur debería ser anexada a la investigación de Sebastián Casanello, un magistrado que tiene una causa de Báez y una fuerte inclinación budista para emitir exhortos y ordenar pericias contables.

El exintendente Fernández, que en su época debió enfrentar una orden detención, propone la solución más simple para resolver la causa judicial que más complica a CFK, su familia y su entorno: reconocer que hay un presunto lavado y anexar el expediente de Bonadio a la lentitud ya probada de Casanello. Esa estrategia procesal podría funcionar, pero tiene dos problemas: Cristina no quiere reconocer que está siendo investigada por la justicia federal y Bonadio jamás cederá su investigación judicial. Cara y cruz: la misma moneda, distinta imagen del poder.

Para después de la feria de verano, si antes no fue recusado, Su Señoría citará a Máximo, Báez y sus gerentes todo terreno. Bonadio prepara el terreno para su jugada más audaz y necesita tener probado su objeto procesal. No es común que una Presidente conteste como testigo un pliego de preguntas en una causa abierta para investigar los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de poder y negociaciones incompatibles con la gestión pública. Zaffaroni, pro bono, podría ayudar a Cristina en su defensa penal.

Jorge Urso fue un juez federal que comía asados junto a Carlos Menem y Carlos Corach en la quinta de Olivos. En junio de 2001, cuando Menem ya era expresidente, lo detuvo, embargó y procesó por la venta de armas a Ecuador y Croacia. Al lado de Bonadio, Urso es apenas un aprendiz de brujo.

Que CFK llame a Corach y le pregunte.