(Por Ignacio A. Boulin Victoria*)
Una intervención quirúrgica de bajo riesgo puede entrañar un serio peligro para el paciente si quien toma el bisturí es un alumno de primer año de medicina que nunca antes realizó una cirugía. En este caso particular, carecerá de importancia que otros médicos hayan realizado el mismo procedimiento innumerables veces con resultados exitosos si quien va a operar no sabe o no puede hacerlo.
Algo parecido puede decirse respecto del debate sobre la minería en Mendoza. La discusión en abstracto -minería sí, minería no- sin detenerse a considerar la situación actual del Estado que controla la actividad (y olvidando por un momento a las empresas concesionarias) es un sinsentido.
Resulta válido, entonces, indagar acerca de qué materias podrían servir como indicadores sobre la confianza que deberíamos tener en el Estado mendocino como agente de control. A tal efecto, propongo tres parámetros: transparencia, gasto público y capacidad técnica de los organismos ambientales.
En primer lugar, cabe decir que ninguna de las fuerzas que gobernaron la provincia desde la vuelta de la democracia mostraron voluntad política para sancionar una ley de acceso a la información pública. Esta grave falencia institucional permite, por lo menos, dudar de las promesas que el gobierno formula alegando que será abierto a la hora de transparentar los beneficios que la minería genere.
A tenor de lo ocurrido hasta hoy, cuánto ingresa y a qué se destina esa renta serán preguntas sin respuesta. Una posible solución a este problema consiste en que Mendoza -lo óptimo sería que lo haga el Estado nacional- adhiera a la Iniciativa por la Transparencia de las Industrias Extractivas, convenio internacional que ha tenido un éxito notable en varios países con muchos recursos y baja institucionalidad.
Consideremos el segundo punto: el gasto público (o en otras palabras, cómo se utilizarán las ganancias que la minería produzca). Previo a todo, debe tenerse en cuenta que no hay más que una chance para aprovechar los recursos que deja una explotación minera. Extraído el mineral, no crece por segunda vez. Esto hace imprescindible asegurar que el dinero que genere la actividad no se desperdicie en gastos corrientes.
¿Podemos confiar en que quien ocupe el gobierno (pues tampoco ha habido gran diferencia entre radicales y justicialistas en el rubro) utilizará estos fondos de manera prudente? Vamos a los hechos: según el estudio realizado por Fernando Diez, desde 1983 hasta 2013, sólo los cargos permanentes aumentaron en 126,76%.
Estos datos empíricos muestran que los gobiernos, sin distinción de color político, han hecho de la estructura estatal un botín de guerra, contratando una multitud de empleados sin concurso, generando un Estado que presta malos servicios y cuya recaudación genuina se utiliza casi en exclusividad para pagar sueldos.
Un tercer y fundamental aspecto: debe mejorarse la capacidad técnica de los órganos de gobierno en materia ambiental que permita ejercer un control efectivo sobre el manejo de los residuos peligrosos y la contaminación generada por la actividad industrial en la provincia.
Muestra de esta falencia es la reciente denuncia del fiscal de Estado en contra de una empresa farmacéutica extranjera que mantenía un depósito no habilitado para sus residuos peligrosos. A pesar de que esta situación era conocida por la Dirección de Protección Ambiental, no había generado ninguna acción al respecto.
Una reforma en la ley de residuos peligrosos y en su organismo de aplicación es imperiosa para construir instituciones que, en materia ambiental, sean capaces de garantizar una fiscalización efectiva sobre toda actividad que produzca un impacto significativo en el medio ambiente.
Noruega y el Congo son dos países ricos en recursos naturales. Sin embargo, mientras Noruega ocupa consistentemente los primeros puestos en desarrollo humano según el índice elaborado por la ONU, el Congo suele ocupar los últimos. La diferencia entre ellos radica en que en el primero las instituciones son realmente sólidas; en el segundo, la corrupción y la guerra destruyeron las instituciones.
Los tres problemas señalados evidencian la necesidad de una rotunda mejora institucional para que la minería se convierta en una actividad sustentable para la provincia.
Este progreso institucional redundará en una real capacidad técnica para controlar, mayor transparencia para percibir y verdadera prudencia para gastar. Sin estos cambios, solo conseguiremos pan para hoy y hambre para mañana.
*Abogado, LL.M. Harvard, profesor universitario
Después de dar explicaciones por la cancelación de la Ultra Maratón, motivo por el que realizó una denuncia penal contra los guardaparques que interrumpieron la competencia, el ministro de Ambiente, Guillermo Elizalde, dialogó con MDZ TV y se refirió a los temas de gestión y, al mismo tiempo, dejó la puerta abierta a su eventual candidatura a intendente de Guaymallén.
"Estamos trabajando para que el peronismo sea una opción para los mendocinos en cada uno de los 18 departamentos", dijo, sin descartar sus aspiraciones de pelear por la jefatura municipal el próximo año, en un territorio donde el actual intendente interino, Luis Lobos, debe "sobrevivir" a la renovación de autoridades del Concejo Deliberante.
Por otra parte, tras el rechazo en la Legislatura de Hierro Indio, el ministro de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales cargó contra la oposición, y remarcó: "La oposición, o por lo menos un sector de ella, no vio el expediente. Me parece que a algunos legisladores de la oposición les faltó información en cuanto al expediente en particular".
"Yo no soy especialista en osos polares, pero la junta médica de prefesionales unánimemente dijo que era una irresponsabilidad trasladar al oso Arturo", manifestó el funcionario, ratificando que el animal no abandonará el zoológico de Mendoza a pesar de que en los últimos días se reactivó una campaña vía Twitter para su traslado a Canadá.
"Queremos un zoológico que tenga que ver con el rescate de la fauna y la flora autóctonas. Que sea un lugar para disfrutar pero que también sirva para un proceso de aprendizaje bajo el cuidado de las especies", continuó, en referencia al proyecto de ley que se enviará a la Legislatura para reformar el Jardín Zoológico, al que Elizalde calificó como un "zoó del siglo pasado".
El Gobernador le pidió a los empresarios mineros que insistan en la educación sobre el tema. Zandomeni aseguró que la Provincia se queda sin recursos y necesitará otras actividades.
Después del fracaso político que significó la caída del proyecto de exploración y prospección Hierro Indio, en Malargüe, el gobernador Francisco Pérez solicitó a los empresarios del sector energético que “potencien el debate, la información y la pedagogía”, sobre otras actividades que se pueden realizar dentro del espectro del desarrollo sustentable. Instó a la oposición a abandonar “el narcisismo con miras electorales”.
La discusión por la apertura de Mendoza a nuevos proyectos mineros sumó un nuevo capítulo durante la Primera Cena de la Energía, que reunió a los principales exponentes del sector. Durante su extenso discurso, el Gobernador no dejó pasar la oportunidad para acusar a los partidos de la oposición de practicar “un narcisismo con fines electorales”. En esta misma dirección, el ministro de Energía, Marcos Zandomeni remarcó “que el radicalismo está bastante de acuerdo en auspiciar el desarrollo minero”. “Tenemos que buscar alternativas porque el turismo dejó de empujar la economía y los candidatos durante 2015 van a tener que hablar de minería, porque si no, el próximo gobernador va a estar muy apurado con la caja”, argumentó.
“Ustedes representan el sector con mayor incidencia en la actividad económica de la provincia y generan el 30% del Producto Bruto Geográfico (PBG)”, enfatizó Pérez para “incluirlos” en la toma de posición frente a este tema.
“Vengo trabajando con ustedes desde hace 7 años”, evocó Pérez e hizo referencia al camino que transitó desde su paso por el Ministerio de Infraestructura en el gobierno de su antecesor Celos Jaque, y la actual gestión como gobernador, en la cual creó el Ministerio de Energía. “Tienen que tomar conciencia de que los gobernantes pasan y los empresarios quedan. Por eso es muy importante que desde las cámaras, empresas y el IAPG (Instituto Argentino del Petróleo y el Gas), potencien el debate, la información y a la pedagogía de que se puede llevar un desarrollo sustentable”, resaltó.
Pérez también se refirió al eslogan de las organizaciones ambientalistas que postulan “agua sí, minería no”. Al respecto, les recomendó que “acepten las autonomías departamentales”. “Nosotros aceptamos que General Alvear decida que el futuro estratégico de su departamento sea la ganadería del secano; pero también estamos de acuerdo con que Malargüe vuelque su desarrollo al turismo, el petróleo, el gas, y también el minero, sobre todo si es sustentable y no utiliza agua”, señaló.
