El proceso de formalización de la minería artesanal, promovido por el Gobierno con grandes ilusiones e ímpetu explosivo, cumple dos años y ocho meses de vigencia sin resultados visibles que mostrar. Peor aun, una evaluación realizada por el Instituto Libertad y Democracia (ILD) sugiere que apenas cinco mineros artesanales, de casi 70 mil que presentaron declaraciones de compromiso al Minem, han conseguido formalizarse.

Día_1 contactó a la Oficina de Formalización Minera del Minem para contrastar la veracidad de esta estadística. La respuesta que nos dieron fue que se han cursado cinco resoluciones directorales de formalización, pero que estas no corresponden a cinco mineros (como señala el ILD) sino a dos personas naturales y a tres cooperativas que agrupan a 231 mineros artesanales. Todos ellos en Puno. 

Cinco o 231. Las cifras motivan a analizar si el proceso de formalización se encamina al fracaso o si tiene, quizá, algún viso de alcanzar el éxito. ¿O será acaso que se impone redefinirlo (es decir, suspenderlo) como propone el líder del ILD, Hernando de Soto?

¿ÉXITO O FRACASO?
Se estima que hay más de 300 mil mineros artesanales en el país, incluyendo a los operarios (4 o 5) que trabajan para el empresario artesanal llamado a formalizarse. De estos últimos, 69.668 han iniciado trámite en el Minem. Empero, faltando dieciséis meses para el cierre del proceso, apenas un ínfimo porcentaje: 0,007% o 0,3% en el mejor de los casos, ha accedido a la formalidad.

A la luz de estos resultados, César Ipenza, especialista en Derecho Ambiental, no duda en considerar que el programa es un fracaso. “Madre de Dios, que es el caso más clamoroso de contaminación ambiental, no cuenta con un solo minero artesanal formalizado, como tampoco lo hay en el Cusco ni en Ucayali ni en otras regiones, salvo unos pocos en Puno”, manifestó.

A su entender, la formalización no cumplirá sus objetivos de largo plazo, debido a deficiencias en su concepción y a la carencia de recursos financieros en los gobiernos regionales, que son los llamados a liderar el proceso. 

Manuel Pulgar-Vidal, ministro del ambiente, tiene una visión muy diferente. El funcionario sostiene que la formalización es un éxito, porque promueve la asociación de los mineros artesanales a través de cooperativas, una estrategia empresarial que los ayuda a afrontar los costos de acceder a la formalidad. Tesis opuesta a la sostenida por Hernando de Soto, para quien el proceso genera vasallos, más no empresarios.
“La formalización no debe verse solo como estadísticas, sino como un conjunto de elementos exitosos, relacionados con la trazabilidad y el control de la exportación de oro, la interdicción y procesos simplificados”, añadió el ministro.

EMPEZAR DE CERO
El ILD propone redefinir por completo el proceso de formalización, porque no empodera al minero artesanal sino que lo obliga, únicamente, a regularizarse, es decir, a pagar impuestos sin recibir incentivos de ninguna especie. 

Rafael Belaunde, geólogo minero, defiende esta postura. En su opinión, el programa ha demostrado una clara hostilidad contra los empresarios mineros emergentes y un marcado favoritismo hacia los intereses económicos de las grandes empresas mineras. 

De acuerdo al geólogo, existen muchas alternativas de refedinición. Una de ellas consiste en reordenar el sistema de concesiones mineras para hacerlo más asequible a las posibilidades de los mineros artesanales. En ese sentido, propone crear áreas de 10 o 20 hectáreas, rompiendo el estándar de 100, ideado para atraer los grandes capitales.

“Lo único que hay que tener es voluntad para pensar en la problemática de los mineros emergentes, pero el ministro de Energía y Minas está más preocupado por los petroleros y los empresarios del sector energía, que por las necesidades de la pequeña minería”, manifestó. 

Lenin Valencia, especialista en minería informal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, advierte que si bien el proceso de formalización no ha dado resultados satisfactorios, ha proporcionado al menos una sólida estructura para diferenciar a los mineros informales (pasibles de ser formalizados) de losilegales (combatidos abiertamente en Madre de Dios) dentro de una estrategia que debe mirarse en el largo plazo y no pensando solamente en el 2016.

Esta es la razón que lo impele a defender la continuidad del proceso. “No se puede revisar todo el programa porque abriría las puertas a la minería ilegal”, sostiene. Un atisbo de esto puede verse  en el deseo de los mineros ilegales de Madre de Dios de acercarse al ILD, como acaba de anunciar su líder, Luis Otsuka. 

TRABAS AL PROCESO
Hernando de Soto advierte que el principal factor que impide la formalización es su costo prohibitivo: US$87.849 (unos S/.240.000), y el engorroso trámite, estimado en 1.260 días. Si bien el Minem y el Minam califican estas cifras de exageradas, es evidente que existen cuellos de botella que obstaculizan el proceso.

Lorenzo de la Puente, especialista en Derecho Ambiental minero, considera que se debe adoptar una solución intermedia entre la flexibilización en asuntos administrativos y tributarios (que entrampan la formalización) y el cumplimiento irrestricto de la normativa ambiental, que no admite lugar a peros; no obstante lo que puedan opinar los mineros artesanales.

“No hay nada que modificar en la ley en este momento. El EIA (IGAC) que se exige a la minería artesanal es más barato que el que se exige a la grande, porque los términos de referencia son diferentes y las características de la operación artesanal la hacen, además,  menos onerosa”, indicó. A su entender, lo que debería  hacer el Gobierno es acompañar a los informales en todo el proceso. 

Por ejemplo, a través de asistencia técnica y difusión de equipos y tecnologías limpias, o identificando zonas libres donde puedan asentarse libremente, en la eventualidad de que no puedan alcanzar acuerdos con los propietarios de las concesiones donde trabajan, percance que es un cuello de botella enorme, como apunta Ipenza.

Pero hay otra traba fundamental: el limitado presupuesto que el MEF asigna a los gobiernos regionales para supervisar la formalización. “Por ejemplo, el Gobierno de Madre de Dios, que tiene el peor problema ambiental minero, necesita S/.2 millones anuales para atender sus obligaciones de formalización, pero solo recibe S/.200 mil, es decir, sólo el 10%”, indica Lenin Valencia.

Si el mismo Estado no conoce cuáles son los requerimientos económicos que demanda la formalización, no es de extrañar que el proceso se encuentre en su lánguido estado actual. Y eso es bastante preocupante.

El Jurado Nacional de Elecciones organizó el esperado debate electoral entre los candidatos a la Presidencia Regional de Madre de Dios en segunda vuelta, Simón Horna Alpaca (Movimiento Regional amor por Madre de Dios); y Luis Otzuka Salazar (Partido Político Democracia Directa).

Tres horas antes del debate ambas agrupaciones políticas movilizaron a sus simpatizantes en singulares manifestaciones y comparsas en las calles de Puerto Maldonado, para amenizar y darle colorido de fiesta democrática. A las 7 de la noche en el auditórium de la Universidad Andina, el primero en llegar fue el candidato Luis Otzuka Salazar al podio de los debates, seguido luego de Simón Horna Alpaca.

Los candidatos discutieron temas relacionados a la actividad económica regional, gestión ambiental y de los recursos naturales; transparencia informativa, eficiencia en la gestión pública y políticas anticorrupción.

Al mare de estos temas, ambos candidatos centraron sus planteamientos en la defensa de la minería en la Región de Madre de Dios.

TEMA MINERO

Luis Otzuka Salazar fue el primero en iniciar su disertación preguntando “¿por qué en el Perú, hay tanta extrema pobreza, sobre todo en Madre de Dios, habiendo tanta riqueza?”, para responder luego que el problema es la corrupción y las leyes del gobierno central, “que impiden el desarrollo”.

Esta afirmación estaba referida al DS 016-2014 EM, norma que regula el control de insumos químicos que pueden ser utilizados en la minería ilegal. Según el candidato esta norma lejos de controlar que el combustible llegue a la minería ilegal, impide que los agricultores y otros productores tengan combustible para sus máquinas para laborar en sus áreas de trabajo.

Para Simón Horna, las actividades económicas principales son la agricultura, la minería y el turismo, por lo que priorizara la entrega de títulos de propiedad a los agricultores, mejorar los caminos vecinales, entrega de maquinarias, y en el tema minero, propone defender la minería, y no permitir más interdicciones del gobierno a la minería.

Para tal efecto propuso una ordenanza regional que prohíba las interdicciones a la minería ilegal en Madre de Dios, añadiendo que no permitirá más interdicciones durante su Gobierno. Además propone entregar más tierras a los mineros ilegales sin tierra, para hacer minería. Remarcando textualmente que “aquellos que tienen tierras” – es decir los mineros ilegales – “también tienen que tierras”

Para el segundo tema, Gestión ambiental y de los recurso naturales; candidato Simón Horna, dijo que el nombre de capital de la biodiversidad, solo beneficia a las ONGs, y no benefician a los agricultores ni a las comunidades nativas, por ello dijo que impulsará cobrar a cada turista un impuesto de 5 soles, de los 40 mil que llegan al año. Recursos que serían empleados para apoyar las actividades productivas y a través de un programa conjunto con las municipalidades provinciales y distritales trabajara para mejorar la gestión ambiental.

Por su parte Luis Otzuka propuso culminar el estudio de ordenamiento territorial con la participación de todos los sectores económicos y sociales, dijo también que propondrá leyes que permitan la viabilidad de la extracción de los recursos naturales.

Sobre la contaminación del medio ambiente por el uso del mercurio dijo que este tema “ya lo tienen superado, con el uso del método de la gravimetría en la extracción minera”, y eso para mostrarle a este Gobierno que no quiere formalizar a los mineros, si no terminar con las actividades extractivas, solo hay cinco formalizados en todo el Perú y ni uno en Madre de Dios. Dijo además que convocara a técnicos de nivel para hacer un estudio, para aplicar tecnologías limpias, en la explotación de los recursos naturales.

Otzuka Salazar se reafirmó y dijo sentirse orgulloso de convocar a Hernando de Soto a visitar Madre de Dios, para asesorar en el tema de la formalización de la minería “informal”.

DATO

Luis Otzuka dijo sentirse orgullo de ser minero y de haber cumplido con las normas ambientales. Afirmó que, desde el 2003 tiene permiso de agua, pago impuestos a la Sunat y planillas, “y porque no tengo un estudio que es de Digesa no soy minero formal, el artículo tercero de la 1,100 me convierte en minero informal y me penaliza como un vulgar delincuente”.

En el debate quedó de lado la protección y la conservación del medio ambiente y de las otras actividades económicas, centralizándose las discusión del debate en la agenda minera de la región de Madre de Dios.

La periodista peruana Cecilia Valenzuela publicó un informe la semana pasada en el diario ‘El Comercio’ y posteriormente en el programa ‘Mira quién habla’, de Willax Televisión, basado en fuentes oficiales de Perú y Colombia, donde revela una alianza entre los mineros ilegales de ese país y guerrilleros del frente 63 de las Farc, para extraer oro en la frontera, en la región Loreto.(Lea acá la columna del Comercio de Perú)

En su columna asegura que “hace por lo menos tres años las Farc tienen dominio de esta zona de la frontera colombo-peruana, y aunque las autoridades de ambos países tienen identificados a los cabecillas, la falta de decisión política de los dos lados impide que se tomen medidas frontales contra esta actividad criminal”.

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Según datos revelados por las autoridades colombianas a Valenzuela, la persona encargada de cobrar a los mineros ilegales peruanos a cambio de protección y ayuda logística es el cabecilla del frente 63 de las Farc alias ‘Wilmer el burro’, quien comparte el dominio con alias ‘Antonio’ y alias ‘El Flaco’.

“Alias ‘El Flaco' se ufana de ser el responsable de la frontera entre Colombia y Perú para su organización delictiva”, precisa Valenzuela en su informe.

Además, la Policía colombiana ha identificado a los denominados ‘articuladores’, quienes serían el nexo entre los cabecillas, los mineros ilegales y los compradores.

Entre ellos se ha identificado a Wilder Usuga Userquia, alias ‘Mechas’; Omar Verano Guevara, alias ‘Mechudo’; Jorge Lobo Dosantos, alias ‘Neto’; Alexis Fabián Polania, alias ‘Polaco’ y Wellington Valencia Ramírez, alias ‘Willo’.

De igual manera, identificaron al ciudadano colombiano Jair Manrique Pedroza como el principal comprador de oro en esa zona. Según la investigación de la Policía colombiana, en esta zona de frontera se extraen al menos 3.000 gramos de oro al mes, con un valor aproximado de 30 dólares por gramo.

En su denuncia, la periodista hace énfasis en el daño que se está generado en esta vertiente, que es riquísima en oro, antílopes y biodiversidad, debido a la alianza devastadora en la que riegan con mercurio y cianuro las aguas y bosques.

En la investigación se menciona que se destruyen al año por lo menos 250 hectáreas de bosque porque se utiliza alrededor de una tonelada de mercurio y cianuro en la extracción y el amalgamado del oro que rasca de la arena del río.

“Las dragas, que pueden observarse gracias a la fotografía digital, están mayoritariamente en el lado peruano del río Putumayo y ya han alterado el cauce de las vertientes explotadas, erosionando los suelos de los bosques que las rodean. Los huecos que se forman por la falta de vegetación, y que se aprecian en las imágenes satelitales, están ubicados cerca de lo que se conoce como Puerto Arturo y Tarapacá en el lado colombiano; y sobre el lado peruano del río Putumayo”.

Fuera del daño ambiental, otra de las principales consecuencias de la minería ilegal es la afectación a las comunidades nativas que viven en esas riberas. Al parecer, las corrientes fluviales a las que estaban acostumbradas ya no son las mismas y la contaminación ha alcanzado a los peces que les servían de alimento.