Por Carlos Pagni.

Francis Bacon dijo que a la naturaleza es más útil estudiarla cuando entra en convulsión, porque se vuelve más sincera. Con la política suele ocurrir lo mismo.

La familia Kirchner parece estar involucrada en la que, se presume, ha sido una operación sistemática de lavado de dinero. Las sospechas ya no se limitan a las constructoras de Lázaro Báez . La lupa de Claudio Bonadio se ha posado sobre las empresas de la familia presidencial que Báez contrataba. La crisis que se originó a raíz de este avance ofrece una radiografía inmejorable del submundo de negocios de los Kirchner. Pero también desnuda el vínculo de complicidades y rupturas que existe entre el poder y la Justicia.

Las primeras novedades que obtuvo Bonadio sobre las actividades de Hotesur S.A., la sociedad hotelera de la Presidenta, fueron inquietantes. Se sabe que, además de Austral Construcciones, la proveedora de obra pública de Báez, también Aerolíneas Argentinas alojaba a sus empleados en el hotel Alto Calafate. Quiere decir que la jefa del Estado renta sus habitaciones a la línea aérea del Estado. O si no se quiere rozar a la señora de Kirchner, que Mariano Recalde , militante de La Cámpora, contrata a la compañía del líder de La Cámpora, Máximo Kirchner , que está siendo investigada por no haber presentado balances en la Inspección General de Justicia, que preside otro militante de La Cámpora, Rodolfo Tailhade.

Un problema más para Recalde, que ya está siendo investigado por enriquecimiento ilícito. Por suerte, en el Consejo de la Magistratura está papá Héctor. Y Eduardo De Pedro y Julián Álvarez, que también son cofrades de La Cámpora.

La información reunida por Bonadio presenta algunas curiosidades. Por ejemplo, las tripulaciones que han pernoctado en Alto Calafate son demasiadas para la cantidad de vuelos que llegan a la ciudad. De todos modos, sería inconcebible que Aerolíneas, la empresa que Cristina Kirchner rescató "del vaciamiento más grande la historia", haya imitado los misteriosos alquileres de Austral Construcciones.

Bonadio formuló también otros interrogantes. ¿Alto Calafate cuenta con un libro de pasajeros actualizado? ¿Cuántos empleados trabajan en los hoteles de Hotesur? Para el juez sería sencillo resolver estos acertijos. Porque la familia Kirchner tuvo mala suerte. Decidió enriquecerse en una actividad dominada por uno de sus grandes adversarios: el secretario general del sindicato gastronómico, Luis Barrionuevo. La Presidenta, que suele detectar conspiraciones donde los simples mortales sólo ven casualidades, puede fascinarse con esta coincidencia: Barrionuevo ya protagonizó un capítulo de este escándalo. Él mismo se lo confió a Paz Rodríguez Niell, de LA NACION, el año pasado, cuando explicó: "Yo le di los 34 puntos de rating a Jorge Lanata", porque fue quien contactó a Federico Elaskar, quien declaró traficar con las bolsas de dinero de Báez que le entregaba Leonardo Fariña. A propósito: ¿a ningún fiscal se le ocurrió averiguar si parte de esos fondos habrá ido a Viena? La Argentina tuvo un interesante acuerdo impositivo para operar con bonos austríacos que al cabo de unos años Néstor Kirchner suspendió.

La reacción del kirchnerismo frente al requerimiento de la Justicia ha sido tan irracional como la administración de los hoteles. El teléfono de Bonadio se saturó de amenazas extorsivas. Una de ellas le aconsejaba mirar un programa de América TV donde un presunto periodista reconstruiría la historia de una antigua secretaria suya con problemas de conducta. Son ataques que delatan el desasosiego que se respira en el palacio. Cristina Kirchner en persona arremetió contra Bonadio desde la cuenta de Twitter que utiliza para que Barack Obama le rinda cuenta sobre las designaciones que realiza. Y Luis D'Elía, postulándose como verdugo metafórico de un Estado Islámico criollo, propuso un empalamiento simbólico del juez. Lo más sorprendente es que el Gobierno haya divulgado la lista de acusaciones que pesan sobre Bonadio en el Consejo de la Magistratura, sin advertir que algunas se deben a que ha protegido a sus propios funcionarios.

Ese detalle es mucho más que un lapsus. Revela la naturaleza de la disputa judicial. Porque la ciudadanía no asiste al saludable espectáculo de un grupo de magistrados que cumple, sin segundas intenciones, su tarea. Para comprender la agresividad de los actores hay que advertir que se ha roto un compromiso. El de la Casa Rosada y los tribunales no es un conflicto. Es un divorcio.

Cuando Bonadio escucha que los funcionarios le atribuyen dar un golpe de Estado, debe recordar las viejas deudas que contrajeron con él esos mismos detractores. El juez que investiga una empresa presidencial sospechada de lavado de dinero es el mismo que hace seis años tuvo en sus manos a tres secretarios de la señora de Kirchner acusados por enriquecimiento ilícito. Eran Fabián Gutiérrez, que había multiplicado su patrimonio 75 veces entre 2003 y 2009; Isidro Bounine, que lo había incrementado 45 veces entre 2005 y 2009, y Daniel Muñoz, que lo hizo 78 veces. Muñoz es el mayor custodio de los secretos de Kirchner y sus manualidades con dinero. Miriam Quiroga, quien fue asistente del ex presidente, reveló ante Jorge Lanata: "Muñoz recibía los bolsos negros con plata, los llevaba a Olivos y de ahí a Santa Cruz. Me decía que los billetes estaban muy bien contados por el jefe".

En 2011, Bonadio sobreseyó a esos tres abogados exitosos. El fiscal Guillermo Marijuan no apeló la decisión. Es posible que ahora Bonadio se reencuentre con protagonistas de esa causa. La contabilidad de Gutiérrez, por ejemplo, fue presentada por Víctor Manzanares, el contador de Hotesur.

Entre las irregularidades que el kirchnerismo imputa al juez en el Consejo de la Magistratura hay dos referidas a su comportamiento en el expediente de la tragedia ferroviaria de Once. Alguien olvidó que también en este caso Bonadio fue misericordioso. De lo contrario, habría llamado a indagatoria a Julio De Vido, como pedían los familiares de las víctimas. Pero los procesamientos se detuvieron en Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. El jefe, De Vido, quedó a salvo. En tribunales lo atribuyen a un acuerdo que gestionó el 7 de marzo de 2012 el abogado Alfredo Lijo, hermano del juez Ariel Lijo e íntimo amigo del secretario del ministro, José María Olasagasti.

¿Por cuánto tiempo seguirá De Vido a resguardo del huracán judicial? Para las transacciones hoteleras que se investigan en tribunales ha sido indispensable el Ministerio de Planificación. Las habitaciones eran contratadas por proveedores de obra pública. No sólo por Báez. También por Juan Carlos Relats, a cuya firma De Vido acaba de adjudicarle un gasoducto.

El escándalo que ha montado el Gobierno por las decisiones de Bonadio es contraproducente. Pone en evidencia todo lo que los jueces perdonaron. El reciente libro de Federico Morgenstern y Guillermo Orce Cosa juzgada fraudulenta propone que las sentencias dictadas bajo el influjo de la coacción, del soborno o sin el debido proceso sean revisadas. Es una idea indeseable para los beneficiarios de sobreseimientos dudosos. Y para los jueces que los dispusieron.

No se trata, entonces, de que en las relaciones del Poder Ejecutivo con el Judicial ahora haya animosidad. Antes hubo clemencia. El paso de un estado a otro se debe a que la corrupción es tan visible que los jueces no pueden mostrarse indiferentes. Además, la Presidencia está perdiendo el poder. Y el poder en la Argentina, como explicó Yabrán, otorga impunidad.

Sin embargo, hay un motivo más poderoso para despabilar a los magistrados, y es que el nuevo Código de Procedimientos Penales enmascara una reforma judicial. El llamado a indagatoria, la intervención de teléfonos y otras atribuciones de los jueces pasarán a los fiscales. La enorme influencia política de quienes dirigen los juzgados quedará muy reducida. El último martes, durante una comida, uno de esos magistrados interpeló a los colegas: "Avívense. Nos están convirtiendo en jueces de garantías, como los de la provincia de Buenos Aires. En adelante, ¿quién nos va a llamar?".

La investigación sobre los hoteles de los Kirchner tendrá impacto electoral. Los principales competidores del Frente para la Victoria, Daniel Scioli y Florencio Randazzo, deben defender a la Presidenta. Otros candidatos, como Miguel Pichetto, un especialista en el entramado judicial, guardan silencio. Bonadio podría, además, alterar las listas. Si sentara en el banquillo a Máximo Kirchner, afectaría a un aspirante a diputado nacional.

La consecuencia más inmediata de los movimientos judiciales se verificará pasado mañana. El oficialismo convocó para ese día a tres comisiones de la Cámara baja para disponer que las elecciones de diputados del Mercosur se celebren con las presidenciales. Desde hace tiempo circula la hipótesis de que Cristina Kirchner se postularía para ese Parlamento regional, encabezando la lista del Frente para la Victoria en todos los distritos. Un detalle del proyecto fortalece esa especulación: el kirchnerismo quiere que los legisladores del Mercosur estén protegidos por los fueros.

Esta semana, el Gobierno anunció el hallazgo de 4.040 cuentas no declaradas en Suiza. Aunque los propios funcionarios se encargaron de informar los nombres de algunos de los involucrados, aún no se conoce el listado completo. Una investigación ya fue comenzada en la Justicia, pero ahora el oficialismo anunció su intención de crear una comisión investigadora en el Congreso para que también evalúe el caso.

"En Estados Unidos todo este tema se dirimió en el Senado, en la Cámara de Representantes, donde se generaron comisiones investigadoras. Por eso el día que presentamos la denuncia enviamos notas con parte de la documentación a los presidentes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en las cámaras de Diputados y Senadores, Roberto Feletti y Aníbal Fernández, para que tomen conocimiento de la maniobra y se pueda generar en el Congreso una comisión y un debate sobre este tema", confirmó el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

El propio Aníbal Fernández confirmó la idea e incluso anticipó su intención de convocar a todos los involucrados por el caso: "Ya comenzamos a analizar la información que brindó la AFIP, que es muchísima. Vamos a definir una comisión bicameral que cite a todos los responsables, por ejemplo a Alfonso Prat-Gay, que figura como apoderado de una de las cuentas encontradas en Suiza y que por ello va a tener que dar explicaciones. Acá hay un planteo delicado en contra de la filial local del HSBC, acusada de montar una plataforma para llevar a cabo la evasión fiscal".

"Investigaremos si esto forma parte de un comportamiento sistémico de parte de la banca extranjera. Y en caso positivo habrá que revisar la legislación vigente", señaló Feletti. Los tres adelantaron la decisión en el diario Página 12.

Echegaray estimó que, gracias a las cuentas no declaradas, distintos empresarios, compañías y personas particulares consiguieron evadir impuestos por cifras que equivalen a "2,5 veces la Asignación Universal por Hijo; 2,2 veces las asignaciones familiares; 118,3 veces el Seguro de Desempleo; 21,3 veces el plan Conectar Igualdad; 14,9 veces el Progresar y 61,1 veces el programa Más escuelas, mejor educación". "O también es igual a la suma de las erogaciones fiscales previstas para todos esos programas juntos", comparó. La cifra total asciende a 61.915 millones de pesos.

En el reportaje, el titular de la AFIP reveló además que desde que se anunció el descubrimiento de las cuentas no declaradas, muchos de sus titulares comenzaron el trámite para entrar al blanqueo de fondos promovido por el Gobierno: "Muchos contribuyentes vinieron a pedir su ingreso al blanqueo después del día 25 de noviembre a las 8:50 de la mañana, es decir, después de la presentación de la denuncia".

Echegaray incluso dirigió un consejo a quienes se hallen en esa situación: "Ahora sí creo que quienes tienen en otros lugares activos no declarados han empezado a prestar atención. Tal vez les convenga acercarse a declarar y hacer las rectificaciones correspondientes, antes de que haya una investigación que termine en una denuncia penal, o bien por ahí deciden traer de vuelta esas divisas al país".

Administrador Federal, Ricardo Echegaray, afirmó que el Gobierno buscará la creación de una comisión parlamentaria para investigar el caso de las 4040 cuentas bancarias de argentinos en Suiza.

Tras das a conocer la denuncia el jueves pasado, el titular de la AFIP envió a los presidentes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en las cámaras de Diputados y Senadores, Roberto Feletti y Aníbal Fernández, parte de la documentación para que puedan generar una comisión conjunta que debata el tema.

"En Estados Unidos todo este tema se dirimió en el Senado, en la Cámara de Representantes, donde se generaron comisiones investigadoras. Por eso el día que presentamos la denuncia enviamos notas", dijo Echegaray en diálogo con el diario Página/12, que confirmó que los legisladores actuarán en este sentido.

Echegay ratificó sus dichos sobre la presunta actuación del banco HSBC Argentina como facilitador para el armado de cuentas en el exterior para evitar el pago de impuestos. También insistió en que el presidente de esa entidad, Gabriel Martino, mantuvo una cuenta en el HSBC Suiza hasta el 2006 y que luego la cerró.

Por su parte, el banco HSBC Argentina respondió a las acusaciones de la AFIP sobre presuntas maniobras para ocultar al fisco cuentas de sus clientes. En un breve comunicado de prensa rechazó enfáticamente su "participación en asociación ilícita alguna, incluyendo cualquier organización que permita la exteriorización de capitales con la finalidad de evadir impuestos" y aclaró que la filial local "no posee cuenta en HSBC Suiza".

Legisladores del Frente para la Victoria de ambas Cámaras impulsarán la creación para profundizar la denuncia contra el banco HSBC, desde donde se habría instigado la fuga de divisas no declaradas a cuentas bancarias en una sucursal de Ginebra, Suiza.

Así lo comunicaron al diario Página/12 los titulares de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados y Senadores, Roberto Feletti y Aníbal Fernández, que adelantaron que piensan citar a los denunciados por la AFIP, entre ellos a Alfonso Prat-Gay, y también a directivos del HSBC y de otros bancos extranjeros en el país.

“Si esto forma parte de un comportamiento sistémico por parte de la banca extranjera para facilitar la fuga de divisas, habrá que revisar la Ley de Entidades Financieras”, planteó Feletti.

En tanto, remarcó que “es un tema muy grave, porque no se trata de un empleado administrativo que ayudaba a fugar divisas, sino de un banco multinacional de gran envergadura que está involucrado”.

“Tengamos en cuenta que en el país los bancos extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales, y no puede ser que ellos compitan para captar depósitos y luego ayuden al inversor a fugar las divisas al exterior”, sostuvo Feletti.

En la misma linea, el senador nacional Aníbal Fernandez, señaló que ya comenzaron a analizar la información que brindó la AFIP, por lo que sostuvo: “Vamos a definir una comisión bicameral que cite a todos los responsables, por ejemplo a Alfonso Prat-Gay, que figura como apoderado de una de las cuentas encontradas en Suiza y que por ello va a tener que dar explicaciones”.

Y agregó: “Acá hay un planteo delicado en contra de la filial local del HSBC, acusada de montar una plataforma para llevar a cabo la evasión fiscal”, explicó el senador.

El pasado jueves el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray denunció que existen 4.040 cuentas ocultas en Suiza de clientes argentinos del banco HSBC, que representan una evasión de por lo menos 62.000 millones de pesos.

La suma equivale a tres mil millones más que los presupuestos de Mendoza, San Juan y San Luis, y casi el equivalente al de todas las provincias del NEA.

Con respecto al presupuesto nacional, lo evadido a la AFIP por los empresarios de nacionalidad argentina que tienen dinero sin declarar en Suiza supera la totalidad de lo que el Estado argentino gasta, sumados, en Educación ($45.669 millones) y Salud ($16.307 millones).

La operatoria ilegal, descubierta por la AFIP en la sucursal del HSBC en Ginebra con la ayuda del gobierno de Francia, también supera a los presupuestos provinciales de Córdoba, que en 2014 aprobó un monto de 44.614 millones, y Santa Fe, que para este año contó con un presupuesto de 53.609 millones de pesos.