El juez federal de Nueva York Lewis Kaplan dictaminó la semana pasada que Chevron puede solicitar la “exhibición de documentos” ligados al contrato por US$6,4 millones entre el gobierno de Ecuador y la firma de relaciones públicas MCSquared, con sede en Brooklyn, Nueva York. Se trata de otra victoria para la petrolera contra los demandantes que buscaban culparla de los daños medioambientales en la selva ecuatoriana.
MCSquared “probablemente posee evidencia ligada a la coordinación entre la República del Ecuador y los demandantes detrás de la demanda fraudulenta”, afirmó Chevron en un comunicado del 24 de noviembre.
La compañía busca escudriñar en el papel de Ecuador en lo que parece cada vez más como una extorsión a una empresa. Pero Chevron no es el único posible beneficiario de lo que pueda salir a la luz. Los ecuatorianos que viven desamparados bajo un régimen represivo y lleno de secretos que se promociona como democrático también quedarán mejor informados.
Ningún miembro de la oposición en la Asamblea Nacional tiene acceso a los contratos públicos suscritos durante el mandato del presidente Rafael Correa. Las solicitudes para que se entregue esa información son rechazadas por la legislatura, controlada por el gobierno, e ignoradas por el fiscal general y el contralor general. Cuando el congresista de la oposición Andrés Páez pidió al gobierno que revelara detalles de lo que MCSquared hizo para recibir el pago de US$6,4 millones, el gobierno lanzó una campaña de desprestigio en su contra y lo acusó de ser un agente de la CIA.
Una corte ecuatoriana dictaminó en 2011 que Chevron tenía que pagar US$18.200 millones por la degradación medioambiental que, según los demandantes, Texaco dejó en la selva. El año pasado, una corte de apelaciones ecuatoriana redujo el monto a US$9.500 millones, pero Chevron asegura que Texaco, a la que compró en 2001, cumplió con sus obligaciones de limpieza y fue liberada por Ecuador de sus responsabilidades en 1998. No va a ceder ahora aunque hayan reducido el pago.
Chevron demandó en 2013 al abogado de los demandantes, Stephen Donziger, en una corte federal en Nueva York bajo la ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés), y ganó. El juez Kaplan halló que Donziger había coercionado, sobornado y fabricado evidencia, entre otras fechorías, en la corte de Ecuador. Donziger está apelando el veredicto.
Sin importar el resultado de la apelación, los demandantes tratan de que el fallo ecuatoriano se cumpla en lugares en los que Chevron tiene activos, incluyendo Brasil, Argentina y Canadá.
Chevron está respondiendo. La exhibición de documentos es una herramienta útil. Por ejemplo, generó imágenes incriminatorias de un filme sobre la demanda en Ecuador que Donziger estaba grabando. La información ayudó a Chevron a presentar su caso durante el juicio.
Ahora, la petrolera quiere conocer los detalles de la relación entre MCSquared y el gobierno que sean relevantes a su acusación de que el gobierno de Correa trabaja para desprestigiar a Chevron y “promover el cumplimiento” de lo que Chevron asegura que fue un dictamen fraudulento. “La evidencia es relevante para los casos de Chevron en otras jurisdicciones extranjeras”, indicó la compañía en su comunicado del 24 de noviembre.
Correa comenzó en 2011 un proceso para cerrar la Corte Suprema de Ecuador y crear una nueva Corte Suprema bajo su control. También presentó una ley que permite que un consejo judicial, controlado por el Ejecutivo, retire a cualquier juez por “errores inexcusables”. Desde entonces, la práctica de encarcelar a adversarios o imponerles multas elevadas ha enfriado las críticas públicas. Sin embargo, fuera del país es más difícil controlar el relato. Ahí es donde MCSquared aparece en escena.
La firma se registró ante el Departamento de Justicia de EE.UU. como agente de un gobierno extranjero en julio, más de un año después que firmó su contrato por US$6,4 millones con Ecuador. Chevron no fue mencionado, pero en el contrato que acompañaba a la solicitud, Ecuador describe la necesidad de “ejecutar una estrategia de contención inmediata para reducir cualquier daño o mitigar los efectos de” las acciones de organizaciones y corporaciones multinacionales para socavar la reputación de Ecuador “a nivel internacional”. Correa parece haber tenido a Chevron en mente. En un documento enmendado con fecha del 10 de septiembre, MCSquared incluyó varios comunicados de prensa denunciando a Chevron como un contaminador de la Amazonía.
El reportero de Bloomberg Paul Barrett informó en mayo que los manifestantes en una protesta anti-Chevron llevada a cabo durante la reunión anual de accionistas de la empresa en Midland, Texas, recibieron un pago de US$85 por persona. Celebridades de Hollywood también han sido remuneradas generosamente por su “indignación”, tal como lo indica el documento enmendado presentado en septiembre por parte de MCSquared.
Sin embargo, aún falta por conocerse el destino de US$4,5 millones. Esa es la diferencia entre los desembolsos de US$1,9 millones detallados en el documento presentado en septiembre y el total pagado a MCSquared según el documento presentado en julio. El gobierno no ha negado el pago de la cantidad total estipulada en el contrato, pero no ha respondido a la pregunta de Andrés Páez sobre dónde fue a parar el resto del dinero.
El miércoles llamé a Jean-Paul Borja, asesor de comunicaciones de MCSquared. Me dijo que lo llamara de nuevo el viernes. El viernes no contestó el teléfono y no devolvió los mensajes que dejé en su correo de voz. Quizás los ecuatorianos descubran más cuando Chevron proceda con la exhibición de documentos de MCSquared.
