Los argentinos somos los campeones del mundo en aprobar enfáticamente lo que nos gusta de las mayorías democráticas y en defenestrar con ahínco lo que esas mayorías aprueban y va en contra de nuestros principios o intereses.

En este esquema de “pensamiento nacional” se ubican los fallos de la Justicia; las decisiones de los gobernantes elegidos por el pueblo; y por supuesto las votaciones de las cámaras de diputados, senadores y legislaturas provinciales.

Chubut no es la excepción al derecho que todos tienen a cuestionar las decisiones de las mayorías, sin que ello signifique torcer el brazo a las decisiones mayoritarias. Ocurrió esta semana luego de que la Legislatura provincial aprobara un dictamen de mayoría que le abrió la puerta a las consultas populares vinculantes para definir si los ciudadanos aprueban o no que haya explotación minera en sus pueblos, ciudades y regiones.

La discusión minera no llegó a la Legislatura de Chubut impulsada por el Gobierno provincial, ni por los legisladores oficialistas y “semi-oficialistas”, sino por una Iniciativa Popular avalada por 13 mil firmas de ciudadanos comprometidos con sus ideas y principios y apoyada por doce diputados provinciales, la mayoría de la oposición.

Ni los voceros de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), la mayoría abogados y profesionales que han hecho de su lucha antiminera una causa de tiempo completo, ni los combativos diputados provinciales que los apoyaron puertas adentro de la Legislatura, podían ignorar que la mecánica legislativa permite convertir cualquier proyecto en un dictamen de mayoría con modificaciones de forma o de fondo.

Más allá de los cuestionamientos razonables de quienes señalan esta chicana legislativa, suena al menos ingenuo el reclamo encarnado ahora por los dirigentes antimineros y los legisladores que se encolumnan detrás de ellos luego de perder una votación. Se sabe: la política no es para los ingenuos. Ni para los que se disfrazan de ingenuos.

El reclamo legítimo de los ciudadanos que marcharon esta semana por las calles de Esquel y de Rawson, se desdibuja por las consignas políticas reaccionarias hacia los que piensan o se expresan de manera distinta.

En este sentido, las denuncias realizadas por los diputados Carlos Gómez (PJ) y Javier Cisneros (FpV) por las amenazas recibidas deberían encender las luces de alerta. Cuestionar sus votos es legítimo. Pero perseguir y escrachar a diputados elegidos por el voto popular, es fascismo.

Y esto incluye a los medios de comunicación, que suelen ser el blanco de las actitudes persecutorias de algunos militantes antimineros. Este diario ha venido publicando desde hace más de una década las actividades de los antimineros. Como así también informes técnicos y denuncias judiciales sobre la contaminación del aire en Puerto Madryn y también la del río Chubut.

Eso le ha costado, entre muchas otras represalias, que empresas como Aluar y otras que son nombradas en estos informes, retiren sus pautas publicitarias como castigo a la libertad de expresión que ejerce Jornada.

Sin embargo, estas organizaciones ambientalistas y los sectores políticos que las respaldan, jamás han abierto la boca para cuestionar a Aluar o a sus deficientes controles ambientales del pasado y tampoco nunca han marchado ni un metro para reclamar por la calidad del aire de Puerto Madryn.

No es un cuestionamiento sino la descripción de la realidad. Pero, al parecer, para estos ambientalistas la contaminación comprobada tiene menos importancia que la que dicen ellos que va a haber en el futuro.

No al veto, sí al veto

Los dirigentes políticos y sociales que ahora reclaman que el gobernador Martín Buzzi vete una norma aprobada por la mayoría de la Legislatura son los mismos que algunos días antes de la sesión advertían al Gobierno provincial que no osara usar el veto –una herramienta democrática avalada por la Constitución Nacional- luego de la aprobación de la iniciativa popular que ellos anticipaban.

En una jugada arriesgada pero políticamente correcta, el jefe de Gabinete, Juan Garitano, salió un día antes de la sesión a confirmar que el Gobierno no iba a vetar la decisión de la Legislatura. Y no se refería a lo que finalmente se votó, sino a la iniciativa popular que pretendía prohibir la minería.

La aparición de una foto del diputado Gustavo Muñiz (PJ) mientras chateaba desde el recinto con un directivo de una empresa minera, fue la excusa perfecta que encontraron los sectores interesados en que la decisión mayoritaria quedara envuelta en un mar de dudas.

Más allá del papelón político de Muñiz, la foto no parece representar –le pese a quien le pese- más que el habitual contacto entre los legisladores y los distintos sectores en pugna por una legislación. Y si la actitud de Muñiz merece algún tipo de reproche mayor al escarnio popular, la Legislatura encontrará las herramientas adecuadas para tratar el caso. Exigir un veto de prepo por la actitud de un legislador no parece ser el camino más democrático para asumir una derrota legislativa.

Otro papelón político de la semana lo encarnó la diputada Alejandra Johnson Táccari –que llegó a la banca en 2011 en la lista del Frente para la Victoria-, que un día después de levantar la mano para apoyar la minería, se pasó oficialmente al bloque de Chubut Somos Todos, que ahora se convirtió en un férreo defensor de la Iniciativa Popular y las causas ambientalistas.

Si, como dicen los ambientalistas y algunos sectores políticos, no es verdad que la mayoría de los pueblos de la Meseta chubutense reclamen el desarrollo de la minería, nadie entiende por qué Johnson Táccari –la única legisladora de la Meseta- levantó su mano para apoyar el dictamen de mayoría.

Tampoco quedó bien parado el intendente de Esquel, Rafael Williams, que firmó la iniciativa popular pero luego deambuló por el filo de la ambigüedad y terminó avalando el voto favorable de su esposa, la diputada Elva Willhuber (FpV).

Más allá de quienes están abiertamente a favor y en contra de la minería, la votación del martes a la medianoche en la Legislatura provincial dejó “ganadores” y “perdedores” en términos políticos. El futuro dirá si el electorado les pasa factura por sus posiciones de ocasión.

Incómodos

La minería es incómoda para todos los sectores políticos, sobre todo después del plebiscito de marzo de 2003 en Esquel. Todos recuerdan cómo debió irse de su ciudad el entonces gobernador José Luis Lizurume (UCR), acusado de “traidor” por los militantes del “No a la mina” y escrachado en su vivienda casi de manera permanente por haber impulsado políticamente el proyecto minero de la empresa Meridian Gold. Por eso desde hace más de una década vive en Rawson y hasta votó en contra del dictamen de mayoría que impuso las consultas populares vinculantes para la actividad minera.

Los dirigentes políticos que están filosóficamente en contra de la minería lo dicen sin tapujos. Son los menos, claro. Todos los demás, que están a favor de la explotación minera o que al menos no la resisten, se ocultan detrás de los intereses políticos coyunturales.

Hay que decirlo: muchos integrantes del Gobierno provincial le esquivan a las definiciones sobre minería como Messi a los defensores rivales. Y muchos opositores convertidos súbitamente en “neo-antimineros”, no pueden sostener su salto mortal hacia el ambientalismo ni cinco minutos. El recuerdo de sus posiciones públicas recientes o una simple búsqueda en Google deja todos en off-side.

La sociedad chubutense debería admitir de una vez por todas que las cartas están echadas y que la única manera de zanjar las diferencias será asistir a las consultas populares que se convocarán a partir de 2015. Y que serán los habitantes de cada pueblo, ciudad o región impactada por un proyecto minero los que definan el futuro.

La democracia es de las mayorías, no de los que son o se creen más fuertes. Y esto va tanto para el Gobierno como para la oposición, para las organizaciones ambientalistas antimineras como para las poderosas empresas mineras.

Que nadie se arrogue una mayoría que debe demostrarse en las urnas y nada más que en las urnas.