Por Nicolás Wiñazki.

La causa “Hotesur” pasó a ser el caso “Kirchner-Báez”. El juez Claudio Bonadio demostró que su investigación no se detendrá en los incumplimientos administrativos de uno de los hoteles de la familia presidencial: ayer pidió a la AFIP las declaraciones juradas impositivas de la presidenta Cristina Kirchner; de Néstor, su esposo fallecido; la de los hijos de ambos, Máximo y Florencia; y también la de Lázaro Báez, y la de su hijo Martín, entre otros nombres que integran del entramado de negocios que se generaron entre todos ellos durante los últimos años.

Es la primera vez en los años de poder K que la Justicia requiere la información fiscal de los Kirchner, y de sus principales socios comerciales.

Ayer a la mañana una delegación de la Policía Metropolitana, que depende del Gobierno porteño y no del Gobierno nacional, se presentó en la AFIP para llevarse esas declaraciones fiscales.
Mientras tanto, el Gobierno reforzó su ataque contra Bonadio al denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura.

Báez, y sobre todo su hijo Martín, están siendo investigado por lavado de dinero en causas judiciales de Suiza, Uruguay, los Estados Unidos y Argentina.

Los Báez administraron hasta fines del año pasado a Hotesur, la empresa con la que los Kirchner manejan el hotel Alto Calafate. El empresario fue acusado de alquilar cientos de habitaciones que después nadie ocupó, en una acción habitual para quienes buscan lavar dinero originado en delitos.

El pedido de Bonadio ante la AFIP, adelantado por Infobae, es elocuente: los Kirchner y los Báez serán investigados en forma conjunta. En los negocios, ambas familias conformaron un grupo que se retroalimentó siempre gracias a multimillonarios fondos públicos.

El juez Bonadio empezó a investigar a Hotesur por una denuncia de la diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN), debido a que la compañía registró ante el Estado un domicilio falso; y también adeuda sus últimos balances contables, entre otras muchsa irregularidades que aun incumple.

La hipótesis de la Justicia es que la falta de transparencia en Hotesur podría esconder en realidad delitos financieros complejos, vinculados a la corrupción.

El magistrado no solo solicitó documentación fiscal de los Báez, sino que también agregó a su lista de sospechosos a otro de los socios de Máximo Kirchner, Osvaldo Sanfelice, supuestramente el presidente de Hotesur. El magistrado también buscó en la AFIP los datos fiscales de personas que figuran como integrantes de esa empresa hotelera, como Patricio Pereyra Aranda; la sobrina presindencial, Romina Mercado, hija de la ministra Alicia Kirchner; y de dos personas claves vinculadas a Báez.

Uno de ellos se desempeñó como gerente suyo en la empresa Valle Mitre, la que administró el Hotel Alto Calafate, hasta que a fines del 2013 debió dejar esa compañía.
Y el otro es el contador Leandro Albornoz.

Se trata de nombre desconocido para la opinión pública: paradoja o no, hizo trabajos cruciales para los dos últimos presidentes de la Argentina, que confiaron en él algunos de sus máximos secretos.

Albornoz es el escribano de la familia Kirchner. Y de los Báez. O al revés. Es lo mismo.

En el marco de la causa en la que investiga presuntas irregularidades de la empresa Hotesur, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el juez Claudio Bonadio solicitó ayer a la AFIP las declaraciones juradas de impuestos de Cristina; de su difunto marido, Néstor Kirchner; y de los hijos de ambos, Máximo y Florencia, además de las correspondientes al empresario Lázaro Báez.

Efectivos de la Policía Metropolitana fueron comisionados por Bonadio para presentarse ante la AFIP para recabar esa información, en el marco de la causa en la que investiga presuntas irregularidades en la empresa Hotesur S.A., que administra el hotel Alto Calafate, informaron fuentes judiciales. En el caso del ex presidente Néstor Kirchner, se trata de las declaraciones juradas entre los años 2008 y 2010, cuando falleció.

La medida ordenada por Bonadio tiene que ver con las declaraciones de impuestos a los bienes personales y a las ganancias e involucra también a Martín Báez, hijo del empresario kirchnerista; a integrantes de la sociedad Hotesur, entre ellos Romina Mercado, y directivos de Valle Mitre, una firma también vinculada con Lázaro Báez. Si bien la denuncia que formuló la diputada opositora Margarita Stolbizer no tenía relación con Lázaro Báez sino con irregularidades registrales y contables de Hotesur, el juez dispuso ampliar la investigación y llevarla hasta el vínculo entre la familia presidencial y el empresario santacruceño.

La semana pasada, Bonadio allanó un departamento en la calle Lavalle al 900 de esta Capital, donde según los registros funciona la sede fiscal de Hotesur, pero el lugar estaba vacío y ninguna documentación de relevancia obtuvo el juez en ese procedimiento.

El pedido de Bonadio fue bien recibido por la diputada nacional por el GEN Margarita Stolbizer, quien lo reconoció como "un paso muy importante" para la causa. "El juez está haciendo lo que corresponde", dijo Stolbizer, que pidió "reabrir las causas de investigación del enriquecimiento patrimonial del matrimonio Kirchner" y "mirar con mucho detenimiento qué hay atrás de la actividad hotelera sumada a las irregularidades en la sociedad". Stolbizer, en declaraciones al canal TN, insistió que ante las irregularidades en la sociedad "naturalmente surge la necesidad de investigar tres aspectos principales", entre los que nombró los delitos de "corrupción, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito".

Bonadio, entre otras causas sensibles para el Gobierno, procesó en agosto pasado a Boudou por falsificación de documentación pública en un expediente relacionado con la compra de un auto Honda 92, que Boudou habría comprado con papeles falsos. En la misma, el Vice se encuentra al borde de afrontar un juicio oral.