En Chubut crece el escándalo tras la sesión de la Legislatura en la que se rechazó un proyecto para prohibir la minería. En su lugar, los diputados aprobaron un dictamen para frenar las explotaciones por solo 120 días y, después, convocar a una consulta popular vinculante que decida sobre el futuro de la actividad.
Ayer, un tuit de Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, desató la polémica: subió una foto donde se veía a un diputado que había recibido un sugestivo mensaje de texto durante la sesión. “Podría corregirse un término del artículo 4, debería decir abarcando la región oeste”, dice el texto que recibió el diputado del bloque justicialista Gustavo Muñiz de parte del representante de una minera. El diputado contestó: “Después el ejecutivo lo regula”. En la región oeste de la provincia se encuentran los principales yacimientos de oro y plata.
Muñiz reconoció que fue él quien recibió el mensaje. Y justificó: “Recibí varios y de todo tipo durante la sesión. El que está en la foto me llegó después de la votación”. Muñiz responde al vicegobernador Gustavo Mac Karthy que el martes presidió la sesión y que acompaña el proyecto del kirchnerismo.
Pero hay más. Por la tarde, el diputado del FPV Anselmo Montes denunció: “Las mineras compraron jueces y compraron diputados”, dijo. Montes fue de los pocos diputados kirchneristas que votó en contra del dictamen que modificó el proyecto original, que había sido presentado por iniciativa popular y pedía suspender la minería.
En la sesión hubo representantes de mineras, entre ellos el gerente de Yamana Gold, quien habría sido el autor del mensaje que recibió Muñiz. Las barras de la legislatura chubutense estuvieron colmadas de militantes antimineros y de quienes defendían el desarrollo de la minería aunque estos en general eran activistas de los sindicatos de UOCRA y Petroleros. El Twitter de Viale se viralizó rápidamente.
Ayer el gobierno que conduce el kirchnerista Martín Buzzi se mostró conforme con la decisión de los diputados. Por su parte, el senador radical por Chubut Mario Cimadevilla le pidió a Buzzi “que vete la ley aprobada por la Legislatura”. Y disparó: “No podemos seguir tolerando que las leyes se redacten en los despachos de las empresas sin tener en cuenta la necesidad de los chubutenses”.
A las protestas por la sanción en Chubut de una ley que permite ampliar las zonas en las que se practica la megaminería se sumó en las últimas horas una imagen que hizo estallar el escándalo: mientras se debatía la norma, el legislador peronista Gustavo Muñiz fue fotografiado cuando aparentemente recibía indicaciones del gerente de una minera.
La imagen difundida a través de las redes sociales sugiere que Gastón Berardi, directivo de Yamana Gold, le señalaba al diputado introducir un cambio en la redacción del artículo 4 de la ley. Según puede verse en el mensaje de la foto, el legislador le habría aclarado que ese punto no era importante porque después el Poder Ejecutivo de la provincia podía cambiar algunos términos en la reglamentación final de la norma.
La fotografía fue tomada el martes a la noche y comenzó a circular en las primeras horas del miércoles. Aunque las organizaciones ambientalistas recién empiezan a evaluar los pasos a seguir, el abogado Enrique Viale confirmó a Infobae que en estos momentos estudian presentarse a la Justicia para denunciar el caso y solicitar que el diputado entregue su agenda de teléfonos y todos los mensajes que hayan intercambiado con el gerente de Yamana Gold.
Esta madrugada, la Legislatura de Chubut aprobó un dictamen que abre la puerta a la explotación minera en las zonas donde los pobladores así lo acepten, a través de consultas vinculantes. La nueva norma generó fuertes protestas de los ambientalistas porque el texto fue sancionado a partir de lo que consideran una tergiversación del proyecto de iniciativa popular que ellos habían presentado.
Tras cinco horas de discusión y por 15 votos a 12, fue aprobado un dictamen que cambió radicalmente el proyecto original elaborado por la Unión de Asambleas Ciudadanas que pretendía prohibir la megaminería en la provincia.
Viale: "Es como si por iniciativa popular se hiciera un proyecto de ley contra la trata de personas y la ley que termina saliendo habilitara los prostíbulos"
Los artículos originales de la iniciativa popular antiminera presentada seis meses atrás con el aval de 13 mil firmas ampliaba los alcances de la ley 5001 que prohíbe los yacimientos a cielo abierto. Por los plazos que establece la Constitución provincial, el plazo para tratar el proyecto vencía ayer.
"Es un gran escándalo. Hay una gran indignación en el pueblo de Chubut. Podrían haber rechazado la iniciativa popular, pero lo que hicieron fue muy artero. Alejan a la gente de las instituciones. Es como si por iniciativa popular se hiciera un proyecto contra la trata de personas y la ley que termina saliendo habilitara los prostíbulos", comparó Viale.
El articulado de la norma original fue reemplazado por otro que beneficiaba a las empresas. Lo aprobado implica la suspensión por 120 días en todo el territorio de la provincia del inicio de cualquier actividad minera metalífera, lapso en el cual el Ejecutivo deberá promover el debate en torno a la actividad.
Asimismo, los diputados dispusieron que, antes del inicio de cualquier emprendimiento, deberá realizarse una consulta popular vinculante en las regiones afectadas. El texto fue consensuado entre el bloque del kirchnerismo y un desprendimiento conocido como Interbloque.
"Encontramos en los artículos (de la iniciativa popular) una inconstitucionalidad y nos hemos concentrado en esta responsabilidad de hacer cumplir la Constitución Provincial que tiene artículos que habilitan que se desarrolle la minería en la provincia", explicó la jefa del bloque del FpV,Argentina "Ika" Martínez.
En uno de los momentos de mayor tensión entre el público que presenciaba el debate, la sesión debió interrumpirse ya que manifestantes antimineros quisieron ingresar por la fuerza al sector de las barras, por lo que debió intervenir la Infantería.
La diputada Martínez explicó que los 120 días de suspensión para el inicio de cualquier iniciativa "no" son para quedarse "en la casa" sino para debatir "como corresponde, y si los chubutenses dicen que no, no habrá minería"
El diputado de la UCR Roberto Risso dijo sentirse "defraudado" por lo aprobado. En diálogo conInfobaeTV, dijo que la industria minera tiene un gran poder de lobby en la provincia: "La presión ha llegado al Estado. El Estado no regula".
Un escándalo político se desató anoche en Chubut en medio del debate público por la instalación de grandes emprendimientos mineros en la provincia. El diputado provincial por Trelew Gustavo Muñiz (Frente para la Victoria) fue fotografiado en plena sesión de la Legislatura intercambiando mensajes de texto en los cuales recibía instrucciones para modificar un proyecto de ley.
"Podría corregirse un término del artículo 4? Debería decir: ... Abarcando la región o (...)", se visualiza en la pantalla del móvil del legislador, quien responde "(...) después el Ejecutivo lo regla". La fotografía se comenzó a viralizar esta mañana en las redes sociales.
La información fue confirmada por la radio La Cien 1 de la localidad de Comodoro Rivadavia. Muñiz dijo que había recibido mensajes de varios sectores una vez que el proyecto estuvo cerrado.
Por otra parte, medios locales identifican como emisor de los mensajes a Gustavo Berardi, gerente de la minera Yamana Gold, que en la Argentina posee operaciones en Gualcamayo (San Juan) y participación accionaria en Alumbrera (Catamarca).
Anoche la Legislatura chubutense debatió hasta la madrugada una iniciativa que presentaron las Asambleas Anti Mineras, que lograron juntar 13.000 firmas, en la cual solicitaban a los legisladores que prohibieran la explotación minera de cualquier tipo en Chubut.
El debate había permanecido congelado en los últimos 11 años, cuando se aprobó la ley provincial 5001 que prohibió la explotación minera a cielo abierto y con cianuro.
Sin embargo, la mayoría de los legisladores modificó el proyecto de las Asambleas y aprobó una nueva ley que fomenta el debate sobre la minería en los próximos 120 días y le pide al Poder Ejecutivo local que convoque después de ese plazo a consultas populares en las localidades donde las mineras se podrían instalar (zona de la meseta central y cordillera de Chubut).
Muñiz fue uno de los 15 diputados que votaron en favor de esta idea. LA NACION intentó comunicarse con Muñiz, que no atendió el teléfono.
