El ministro Javier Touriñán explicó que no hay plazos para la realización de la consulta popular en las zonas con recursos mineros. Además indicó que serán los propios titulares de los proyectos quienes deberán acreditar toda la documentación correspondiente y el estudio de impacto ambiental aprobado, para después avanzar con la búsqueda de la licencia social.

«No necesariamente el día 121 (cuando culmine el plazo de suspensión de actividades mineras) tiene que haber una consulta popular», explicó el ministro de Gobierno tras la aprobación del polémico proyecto por parte de los diputados del FPV. 

Precisó Touriñán que «todo va a depender del titular de una concesión que tenga desarrollado el proyecto; el que esté interesado tendrá que tener todos los papelitos, los estudios de impacto ambiental aprobados, presentarlos y llegar hasta la etapa de condiciones de desarrollo del proyecto». Subrayó además que «recién entonces el Gobierno convocará a la consulta popular vinculante. No va a ser el Gobierno quien impulse la consulta sobre algo que no tiene». Por otra parte, Touriñán recordó que «la ley 5001 sigue vigente, no ha sido tocada, adulterada ni modificada. Así que la situación en la provincia sigue siendo exactamente la misma que existía hasta el martes». 

Por eso enfatizó que la aprobación de este proyecto «no significa que el día de mañana exista un boom minero, porque sigue existiendo el escudo que proponía la Ley 5001». 

Respecto a la consulta popular, precisó el ministro que «la boleta es por el sí o por el no únicamente, y debe contemplar una campaña de difusión que informe qué se pone a consideración de la gente, y sobre todo con documentación a disposición de la gente, para que pueda decidir sobre lo que se está votando». Además dijo que «el Gobierno no debe hacer campaña como parte de ninguna de las posiciones. Los emprendedores deberán ser los que cuenten ‘las bondades’ de la minería y aquéllos que son opositores, harán la campaña en contra». Pero «el Gobierno lo que hace es regular la actividad, ser el supervisor de que las cosas sucedan en forma normal, incluso al ser la autoridad convocante de la consulta, no debería formar parte de ninguna de las posiciones». 

POR REGIONES Por su parte, el diputado del interbloque del FPV, Eduardo Daniel, precisó que «el debate lo planteamos en toda la provincia y las consultas populares en las regiones donde tenga influencia cualquier proyecto que se presente». Esto no tiene que suceder necesariamente cuando se cumplan los 120 días, «lo planteamos para que el Ejecutivo pueda tener tiempo suficiente como para replantear este nuevo esquema, donde a partir de la iniciativa popular se impuso en la agenda de la Provincia el tema minero». Daniel afirmó que no se hicieron los distraídos. «Pusimos la cara y con absoluta franqueza dijimos lo que pensábamos. Algunos están planteando controversias sobre este proyecto; les diría a los asambleístas que pidan y tengan la versión taquigráfica de lo que sucedió, y van a ver que muchos de los que han votado a favor de la minería, a largo plazo van a cambiar su postura y van a defraudar en todo lo que dijeron el martes».

CONTRADICCIONES Touriñán decidió apuntar con sus críticas hacia quienes no acompañaron el proyecto modificado del FPV. «Yo escuchaba que la Provincia no estaba capacitada ni tenía la capacidad para realizar los controles. Los mismos que remarcaban esto, son los que rechazaron el Marco Regulatorio Minero en 2012», expuso el ministro. Agregó que por eso «no hay que ser hipócritas, un marco regulatorio lo que hace es regular la actividad y esto permite controlar. Los mismos que no han permitido regular en la provincia, son los que se quejaban de que no existe regulación en la provincia». Y continuó diciendo que «son los relatores de la realidad que nunca proponen soluciones y pasan a formar parte del problema». 

EXPLOTACION RESPONSABLE 

También la ministra de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos, Gabriela Dufour, se refirió al tema y consideró que «la Legislatura nos hace trabajar en una propuesta de explotación de un recurso natural en forma responsable». La funcionaria indicó en contacto con los medios, que «si uno mira el contenido de la norma, lo que se está planteando es que cuidemos el medio ambiente y nuestros recursos, pero sin dejar de aprovecharlos, si esto se hace en forma responsable y sustentable». Explicó que «más allá de este recurso en particular, a mí como ministra me tocará todo lo que es la cadena productiva vinculada».  

La Legislatura, sobre la hora, puso cierto margen de previsibilidad para la actividad minera y decidió por una mayoría ajustada continuar con el debate y no prohibir de forma definitiva su desarrollo en toda la provincia. Fue 15 votos a 12.

La discusión continuará, ya que por 120 días se decidió suspender cualquier tipo de desarrollo minero, con el objetivo de que se den las condiciones marco, brindadas por el Gobierno Provincial para tomar las decisiones. Hasta allí todo igual. La diferencia radica en el Artículo 4, donde se estipula la consulta popular, y de forma vinculante. Esto debería ocurrir luego de que se dé el debido debate, para lo cual se dieron los 4 meses de plazo.

Se establece en el punto 4 que “previo al inicio de la actividad del aprovechamiento minero metalífero, deberá contarse, obligatoriamente, con licencia social. Para ello se deberá utilizar el mecanismo de Consulta Popular vinculante previsto en la Ley XII N° 6 (antes Ley Nº 4.564), abarcando la región o localidades afectadas por el proyecto de exploración”.

En ese sentido hay dos cuestiones que destacar. En primer lugar, la consulta es vinculante. Es decir que la decisión que tome la gente tendrá fuerza de ley. Por otra parte, el debate por el avance o no, no se dará en toda la provincia, sino de forma zonificada, es decir sólo en aquellas regiones donde haya yacimientos por desarrollar. Vale aclarar en ese sentido que hoy son dos los proyectos más avanzados: Navidad, en la zona ubicada entre Gastre y Gan Gan (para la explotación de plata y plomo) y Cerro Solo, localizado en Paso de Indios, para la extracción de uranio.

Otro detalle a tener en cuenta es que en Esquel seguirá sin poder avanzar la actividad, ya que sigue vigente la ley 5.001.

Una de las cuestiones que abrió la polémica fue la posibilidad o no de modificar el proyecto de Iniciativa Popular, tal como ocurrió. Dentro de esa discusión, aparecían las posturas que indicaban que las normativas permitían correcciones, mientras que en el lado opuesto advertían que más que modificaciones se había presentado un proyecto nuevo.

Al analizar el texto ambientalista y compararlo con la ley finalmente sancionada, se observa que sólo se siguió al pie de la letra el primer artículo de los 6. El mismo manifiesta que se tiene por objeto “garantizar el cumplimiento de los principios ambientales preventivos, precautorios, de sustentabilidad (…) como así también garantizar el uso racional y sustentable de los recursos naturales. B) Proteger los recursos hídricos C) Mantener el equilibrio de los sistemas ecológicos”. Y hay otros puntos sobre los cuidados sobre el medio ambiente.

Los otros artículos de la Iniciativa Popular hacían hincapié en las prohibiciones sobre la minería metalífera, que es lo que los diputados que votaron el nuevo proyecto querían evitar.

Posturas de los diputados

La defensa más firme del proyecto finalmente aprobado corrió por cuenta de Argentina “Ika” Martínez (FpV). La diputada puntualizó que había artículos de la Iniciativa Popular que contradecían la Constitución y las normativas del Código Minero.

“Encontramos la inconstitucionalidad en varios artículos y nosotros debemos actuar con responsabilidad”. Apuntó que “el Artículo 99 de nuestra Constitución dice que se promueva el desarrollo de nuestros recursos”.

“Ika” cerró su exposición de una forma particular. Leyó un artículo que hablaba de la necesidad de impulsar la minería como una alternativa económica. Ante la pregunta irónica al aire de Jerónimo García por el autor: ´¿Es Eliceche?´, la diputada reveló la autoría: se trataba de Mario Das Neves.

Una de las objeciones más fuertes fue la de Roberto Risso. “Lo que se hizo (con las modificaciones) es menoscabar el esfuerzo de un grupo de chubutenses porque ellos lo hicieron por convicción, no hay interés económico atrás”. Manifestó que “se demostró que no hay control para la minería”.

El dasnevista Jerónimo García, cargó contra el Gobierno, indicando que no expresa una posición clara. “Buzzi promete un cheque a cada ciudadano por la minería, es increíble”. Aseguró que “el derecho a la vida se relaciona con el derecho a la salud”.

Argumento petrolero

Carlos Gómez, del PJ, planteó desde un principio desde dónde hablaría: “En representación de los trabajadores petroleros que representan 12 mil familias”. En este sentido dio algunos argumentos tan sinceros, como llamativos. “Yo defiendo esto porque es en la actividad petrolera donde se usa radioactividad y químicos contaminantes”, haciendo referencia a los controles que se ejercían para que ello no dañe el ambiente.

Comparó el pedido de la meseta para que llegue la minería con la movilización y el plebiscito en Esquel en aquel momento para prohibirla: “Hoy la meseta, junto a los intendentes está tratando de hacer su voz”.

Por su parte, a la diputada Alejandra Johnson Táccari, tuvo una explicación al menos confusa de por qué acompañaba el dictamen de mayoría del FpV. Expresó que su voto iba en contra de la Iniciativa Popular, auncuestionó que no haya sido informada de los cambios que se impulsaron desde el bloque, para lo cual mostró su enojo. Incluso marcó sus críticas hacia el Gobierno, por no haber dado el debate antes como correspondía.

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Transporte del Chubut, Javier Touriñán, brindó ayer una rueda de prensa donde hizo referencia al tratamiento que tuvo la Iniciativa Popular de parte del Poder Legislativo Provincial.

“La Legislatura por mayoría ha decidido no acompañar la Iniciativa Popular referida a la prohibición taxativa del proyecto minero en la provincia”, comentó.

Al respecto explicó que “cualquier tipo de emprendimiento minero en la provincia requerirá previamente una consulta popular vinculante que autorice o no el desarrollo de ese emprendimiento minero. De esta manera se sabrá si “existe licencia social o no en cada una de las localidades donde haya un proyecto”.

A su vez, Touriñán se manifestó sobre un sector de los legisladores que expresaban “que la Provincia no estaba capacitada ni tenía la capacidad para los controles. Los mismos que remarcaban esto, son los que rechazaron el marco regulatorio en 2012”.

Por eso “no hay que ser hipócritas, un marco regulatorio lo que hace es regular la actividad y esto permite controlar. Los mismos que no han permitido regular en la provincia son los que se quejaban de que no existe regulación en la provincia”.

Consulta Popular

El ministro de Gobierno aclaró que “existen leyes que reglamentan una consulta popular, son mecanismos de democracia semidirecta que estableció la Constitución del 1994. Se trata de los mismos que permitieron la iniciativa popular”.

“La boleta es por el sí o por el no únicamente y debe contemplar una campaña de difusión que informe qué se pone a consideración de la gente y sobre todo con documentación a disposición de la gente para que pueda decidir sobre lo que se está votando”, detalló Touriñán.

Aclaró que puede ser que no haya una consulta el día 121 porque primero las empresas mineras interesadas deben presentar un proyecto y si no existe, “el Gobierno no impulsará una consulta para evaluar algo que no hay”.

Indicó que en estos cuatro meses, “si la legislatura avanza con otra ley”.

Por último, Touriñán subrayó que “el Gobierno no debe hacer campaña como parte de ninguna de las posiciones. Los emprendedores deberán ser los que cuenten ‘las bondades’ de la minería y aquellos que son opositores harán la campaña en contra”.

El intendente Néstor Di Pierro ratificó ayer su posicionamiento a favor de la actividad minera y se refirió al tratamiento que tuvo en la Legislatura el proyecto de las asambleas ciudadanas que fue aprobado durante la noche del martes con modificaciones, lo que determina 120 días de análisis y eventuales consultas populares en los lugares pasibles de tener metales en su subsuelo.

El jefe comunal se mostró satisfecho ya que dijo que en cuatro meses se debe definir un tema que lleva once años de discusiones. Señaló que fue siguiendo de cerca las instancias del debate en la Legislatura. Recordó que su postura siempre fue clara al respecto, considerando que Comodoro Rivadavia es también una ciudad minera a partir de la explotación de hidrocarburos.

“Siempre dije que era prominero y que había que terminar con la indiferencia de no dar la discusión sobre el recurso mineral. Hace once años se viene debatiendo la explotación minera metalífera y no hay definiciones”, expresó.

Di Pierro valoró el accionar de los legisladores provinciales y sostuvo que “la decisión de los diputados fue muy buena al plantear que hay 120 días para definir el tema y esto de buscar la licencia social en los lugares donde hay posibilidad de explotar los recursos minerales. Creo que es una decisión acertada”.

Planteó que “cuando uno va a la meseta, a Gan Gan, Gastre, Lagunita Salada, ve que la gente que antes subsistía con la cría de ganado caprino y ovino, ya no puede subsistir con ese recurso. La minería es un posibilidad de crecimiento de los pueblos que permite darle trabajo a la gente del lugar y que los chicos puedan estudiar y que no tengan que hacer 400 kilómetros para llevar a sus hijos al hospital”. Sostuvo que su afirmación se fundamenta en haber podido recorrer todos esos lugares durante su gestión en Petrominera.

De igual manera sostuvo que lo que sigue es una discusión más intensa, superados estos pasos. “Después la discusión es otra, cómo explotamos el recurso, que les deja a los chubutenses y cómo se reparte la utilidad de ese recurso entre los privados que hacen la inversión y el Estado es el que debe defender el valor de los recursos naturales, porque todos los proyectos se evalúan región por región”.

EL ROL DEL ESTADO

También se mostró crítico del rol del Estado como ente de control ante diversas actividades. Admitió que “los controles necesarios los tiene que dar el Estado, es una obligación”. Aunque subrayó, “si me preguntan si es eficiente el Estado como controlador, yo les digo no. Tampoco es eficiente en el control hidrocarburífero el Estado en general en todos sus estamentos y esa es la obligación tener buenos controles, es la responsabilidad que tiene que asumir el Estado” recalcó.

Por ende, entiende el intendente que algún día “el Estado tiene que ponerse los pantalones largos y tener el mecanismo de control”, asegurando que esa es también responsabilidad de los gobernantes. Por otra parte, consideró que en esta materia hay que seguir gestionando y capacitando gente para cumplir el objetivo.

En relación a la explotación minera, consideró que también los ecologistas deben participar de esta comisión de contralor y así despejan cualquier duda, a la vez que instó a que además participen los que están en contra de una actividad porque pueden garantizar que las cosas se hagan bien. Además, subrayó “los organismos de control deben tener gente eficiente, muy buenos controladores y bien pago y ese es el desafío del Estado, pero son decisiones políticas”.

Recordó que las puertas a la minera están abiertas desde 1907 cuando buscando agua se encontró petróleo, y pidió “hay que dejar de especular porque no se puede vivir solo de una actividad como es el petróleo, la pesca no está en su momento, el aluminio tampoco. Entonces cómo vamos a sostener la salud, la educación con una sola fuente de trabajo”, interrogó.

Dijo que con la minería hay otros lugares de la provincia que también pueden tener desarrollo igual que la actividad petrolera “entonces porque no hacerlo”, cuestionó.

El gobernador Martín Buzzi defendió la actitud de los diputados del FPV que modificaron casi por completo el proyecto de iniciativa popular transformándo la prohibición minera en consulta popular.

Dijo que fue «una salida lógica». Planteó que no habrá proyecto minero en desarrollo si no cuenta con licencia social. «Se ha aprobado un proyecto con un consenso importante. Creo que la salida que se ha planteado es lógica», entendió el gobernador Buzzi sobre el polémico trato que tuvo la iniciativa popular en la maratónica sesión del martes por la noche en la Legislatura. Del proyecto original poco quedó y terminó llegando al recinto un despacho de mayoría de la comisión que lo trató. 

Sin embargo el Gobernador planteó que «la opinión de la gente y la comunidad siempre hay que tenerla en consideración y siempre hay que tenerla en cuenta». Por eso valoró el mandatario provincial que «el hecho que por cada proyecto se avance en una consulta yo creo que es absolutamente necesario que sea así». 

Reiteró su planteo inicial respecto a la cuestión minera al sostener que esa es «la legitimidad que tiene que tener el conjunto de los proyectos sociales, el conjunto de los proyectos que tienen impacto productivo y que tienen que tener acompañamiento y presencia social». Insistió en que «no hay oportunidad de desarrollo económico si antes no hay licencia social. Y la licencia social es la gente a través de las propias organizaciones definiendo y diciendo». «Creo que la salida y la alternativa que se ha planteado -continuó Buzzi- es lógica y coincido plenamente.

Todo proyecto productivo tiene que contar siempre con el acompañamiento y la licencia social necesaria».

DEBATE El bloque del FPV impuso su mayoría en la Legislatura y determinó suspender por el término de 120 días toda actividad minera metalífera en la provincia, para que en ese lapso de tiempo el Poder Ejecutivo promueva el debate. Buzzi ratificó que desde el Gobierno se garantizará que se escuchen todas las opiniones y «ver que cada proyecto que quiera presentarse tiene que atravesar todas la instancias necesarias, tener el impacto ambiental y lo esencial, el acompañamiento y la licencia social».

La sesión donde la Legislatura de Chubut aprobó, en la madrugada del miércoles, el proyecto que reemplazó al presentado por las asambleas ciudadanas sobre la minería, tuvo de todo: desde fuertes cruces de opinión entre las bancadas, barras que complicaron el desarrollo de la reunión legislativa, fundamentos técnicos y políticos, y mucha confusión respecto a qué proyecto finalmente los diputados trataron y convirtieron en ley por mayoría, 15 a 12, como ayer informó en exclusiva Diario Patagónico.

Gran parte de la discusión, que en el recinto se extendió cinco horas, se generó a partir del dictamen de mayoría que en las cuatro comisiones pudieron firmar los diputados del Frente para la Victoria quienes durante la tarde del martes decidieron modificar el contenido del proyecto original que las asambleas ciudadanas habían presentado seis meses antes.

“De lo que presentaron los ciudadanos solo quedó el título, el resto es una cosa totalmente distinta a lo que propusieron y sostuvieron con las firmas de más de 10.000 chubutenses las asambleas”, aseguró durante el debate el presidente del bloque de la UCR, Roberto Risso, quien -paradójicamente- encontró el acompañamiento en su discurso del titular de Chubut Somos Todos, Jerónimo García, y de Oscar Petersen del Polo Social.

La modificación del proyecto fue defendida por la presidente del FpV, Argentina Martínez. Sostuvo la necesidad de avanzar “en un debate serio, en el que todos los chubutenses estemos involucrados. Esto no puede ser un Boca-River”, graficó con lenguaje futbolero.

Luego de hablar de la supuesta inconstitucionalidad del proyecto original, la diputada insistió en que se trata de “un tema que debe ser resuelto por los casi 500.000 chubutenses y no solo por 13.000 firmas”, para luego avanzar en otro esquema que tuvo el debate que fueron los cuestionamientos hacia la figura del ex gobernador Mario Das Neves.

“Yo puedo respetar a Risso, que es coherente y siempre piensa lo mismo sobre este tema, pero no a quien está especulando políticamente pensando en las próximas elecciones. Nadie debe especular con la necesidad de trabajo que tiene la gente”, sostuvo.

La respuesta provino, luego de varios oradores, del titular del bloque de Chubut Somos Todos, Jerónimo García, quien recordó que “especular” es razonar y pensar y que por lo tanto “nadie puede objetar que se quiera pensar”, afirmó para luego repudiar lo que consideró “una tomada de pelo”, como fue “cambiar el proyecto presentado” por las asambleas, lo que definió como “una burla”.

El cambio de la iniciativa también fue criticado por Petersen e incluso por Alejandra Johnson Táccari, que si bien luego votó a favor la nueva propuesta, consideró que “el procedimiento no es el adecuado”.

Carlos Gómez, que se presentó como vocero de los petroleros que coparon parte de la barra prominera, y de los pobladores de la meseta, centró su análisis en lo que sucede en Comodoro, “donde hace 107 años los petroleros trabajan con elementos químicos y ningún ecologista planteó prohibir la actividad”, sostuvo.

Tras citar a filósofos y pensadores, Karamarko fundamentó su voto en lo que conversó con su hija y en lo que le transmitió su nieta. Respecto al cambio de proyecto, el ex concejal comodorense aseguró que se perdió “una oportunidad magnífica para tratar por primera vez un proyecto de iniciativa popular”

La sombra de la 5.001 y el plebiscito que en 2004 la impulsó en Esquel también estuvo presente en el debate. Se escucharon ponencias favorables a este hecho histórico de Chubut, como la de Jerónimo García, cuestionamientos como los de Carlos Gómez y una posición intermedia de Elva Willhuber, de esa ciudad, que en su discurso sugirió que su localidad perdió, tal vez, oportunidades históricas de crecimiento por no haberse sostenido o permitido la actividad minera.

Sergio Kain y Natalia Williams son vecinos de Esquel que participaron del debate en Legislatura por el tema minería. Se autocalifican como “promineros”. Se refirieron al saldo de la sesión en la que se suspendió por 4 meses la actividad en la provincia obligando al Gobierno a generar el debate. “Nos parece que los diputados están considerando la opinión que tiene el pueblo. Muchos se han jactado de decir que la gente pide y quiere trabajo”.

Williams indicó: “Somos pro mineros. Estamos nucleados en representación de muchos más vecinos. Desde nuestro proyecto apoyando a la Meseta para que puedan desarrollar su industria”, sostuvo.

Apuntó además que “me parece que los diputados están considerando la opinión que tiene el pueblo porque muchos se han jactado de decir que la gente pide y quiere trabajo. Si la matriz de la provincia tiene que cambiar y el petróleo está castigado: ¿de qué más va a vivir el resto de la gente? ¿cómo generamos empleo?”.

Sostuvo además Natalia Williams que “hay mucha mala información, información mal manejada. Porque si decimos: vamos a matar a los chicos, decís que no. Cuando entrás a cuestionar por qué están diciendo eso, quienes lo dicen se enojan. Está el castigo social en Esquel de que estás en contra de ellos o enojado. Hablo con todo el mundo y siempre pedí que me lo expliquen de nuevo”, remarcó.

Por su parte Sergio Kain, geólogo, opinó sobre lo aprobado. “No es la solución definitiva pero es un gran avance porque ha mostrado un quiebre lo que es el tema minero en Chubut. Se ha dicho que no se va a prohibir la minería. Ya es un gran avance. Se da lugar al debate. Estos 120 días son para debatir y definir cómo van a seguir haciendo minería en Chubut”, sostuvo por último el vecino de la localidad de Esquel.

«La Iniciativa Popular debía ser tratada, pero no con todos los parches que le hicieron, dejándole sólo el artículo 1ø, es una burla para el resto del contenido del articulado», dijo Fabián García, de la Unión de Asambleas Ciudadanas, tras el polémico tratamiento del proyecto ambientalista en la Legislatura.

Acusó de «fraude» a los diputados del FPV que aprobaron el proyecto modificado. Adelantó García que hoy harán una presentación y «entiendo que aparecerá alguna cuestión legal, porque lo que se hizo fue un mamarracho, habiendo bastardeado la iniciativa. Es una ofensa contra la democracia». Manifestó el dirigente ambientalista que «nos hemos encontrado con cosas que no pueden ser presentadas en un Juzgado por la ausencia de pruebas materiales, pero son cuestiones que tienen que ver con el patrimonio de cada uno de los diputados, que son muy llamativas». Llegó a calificar de «fraude» lo acontecido en la Legislatura en la noche del martes. García insistió en señalar en declaraciones a Radio 3 que «el proyecto de Iniciativa Popular fue vaciado, sólo le dejaron el título, y la decisión final puso en relieve cómo el poder ejerce presión sobre los diputados y sobre la voluntad de la gente». 

PRESIONES «Fue realmente muy fuerte, porque otra vez la democracia formal estuvo por encima de la democracia verdadera», lamentó el ambientalista García. Y relató que durante la sesión del martes en Legislatura «veíamos cómo llegaban colectivos con petroleros y con La Incomparable, la barrabrava de Deportivo Madryn, gente que nada tiene que ver con la minería». Denunció represión policial y detalló que «en un momento sentimos mucho ruido y vimos cómo la Policía impedía el ingreso. Nunca llegamos a tener 75 personas en las gradas porque la Policía impidió el acceso». «Los discursos demostraron que algunos diputados estaban bien financiados por las mineras», disparó el ambientalista, y agregó: «Seguimos creyendo que 60 puestos de trabajo no justifican la devastación que harán las mineras». 

El proyecto de Iniciativa Popular había juntado más de 13 mil firmas de ciudadanos proponiendo prácticamente la prohibición de la minería en todo el territorio provincial. Pero el FPV impuso su mayoría en la Legislatura para ingresar a la Cámara un dictamen con modificaciones que cambiaba prácticamente todo el proyecto inicial. Logró su aprobación, la suspensión por 120 días de toda actividad minera metalífera, y la realización de consulta popular vinculante en cada región con recursos mineros, pero sin plazo definido de tiempo.

El senador y presidente del radicalismo provincial, Mario Cimadevilla, reclamó que el gobernador Martín Buzzi vete la ley que había surgido como Iniciativa Popular y que diputados del FPV y del PJ modificaron casi por completo y posteriormente aprobaron.

Entendió que se trata de favorecer a las empresas mineras. Cimadevilla planteó que existieron irreguralidades y sostuvo que «esto amerita que el gobernador Martín Buzzi vete la ley aprobada por la Legislatura en la jornada del martes».

Dijo además que «no podemos, como ya sucedió en su momento con las petroleras PAE y Tecpetrol, seguir tolerando que las leyes se redacten en los despachos de las empresas, sin importar las necesidades y prioridades de los chubutenses». También hizo referencia al mensaje de texto en el celular del diputado Gustavo Muñiz, que se conoció a través de las redes sociales.