Por Claudio Savoia.

Hotesur es el nombre de una empresa que pertenece a la Presidenta. Pero desde hace unos días, también es el apelativo de un expediente judicial que, tras el allanamiento del juez Claudio Bonadio a sus oficinas porteñas, aún conmueve los cimientos del gobierno.

El caso se inició con una investigación periodística que la diputada del GEN Margarita Stolbizer convirtió en denuncia judicial. Tras cotejar las declaraciones juradas de Cristina y los escuálidos datos sobre esa firma que se podían rastrear en el Boletín Oficial, Stolbizer enumeró una serie de irregularidades, dudas e incongruencias que la justicia debería investigar:

1. Vaguedades en la declaración jurada de Cristina. En la Declaración Jurada Patrimonial Integral de 2013, la Presidenta admite ser la titular de acciones de la firma Hotesur S.A., aunque no menciona en qué cantidad o porcentaje. Dice que el importe de ese patrimonio es de 9.367.528,85 pesos, y luego reconoce una deuda con esa misma sociedad por la suma de 4.683.848,68 pesos, sin aclarar conceptos o razones de ese endeudamiento.

2. Alto Calafate, un "alojamiento fantasma". Hotesur es la propietaria del hotel Alto Calafate, situado en esa hermosa localidad santacruceña. Para la diputada, existen sospechas de que se trata, en realidad, de un alojamiento fantasma que usó el matrimonio presidencial para hacer negocios turbios con Lázaro Báez. "Surge de todos los manuales y trabajos técnicos y jurídicos que el rubro hotelero es uno de los más usados y eficaces para operaciones de blanqueo o lavado de activos".

3. Una empresa sin balances ni inscripción de autoridades. Hotesur no cumple con la obligación legal de presentar sus balances ante la Inspección General de Justicia desde 2011. ¿Qué consecuencias tiene este omisión? Que no se conocen los activos y pasivos de la empresa, ni quiénes son hoy sus socios ni los integrantes del directorio.

4. Máximo Kirchner, y la sombra de Lázaro Báez. Si bien el estatuto de Hotesur dice que sus autoridades durarían tres años, la empresa las modificó todos los años hasta la muerte de Néstor Kirchner. Desde entonces, no se sabe quiénes son. Pero en 2009, el Boletín Oficial publicó que la directora titular era Romina Mercado -hija de Alicia Kirchner-, su suplente era Roberto Saldivia (abogado de Lázaro Báez) y el presidente era Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria de Río Gallegos.

5. Lavalle 975, la sede de fantasía. La última sede de Hotesur inscritpa en los registros públicos y publicada en el Boletín Oficial se ubica en la calle Lavalle 975 piso 4 departamento A de la ciudad de Buenos Aires, lo que obliga a la firma a reportarse ante la Inspección General de Justicia que depende del ministerio de Justicia de la Nación. Pero cuando el juez Bonadio allanó esas oficinas, no había nada.

6. Los singulares alquileres de Lázaro. Hotesur alquiló a la empresa Valle Mitre, del empresario amigo y socio de la familia Kirchner -ganador de millonarias licitaciones de obras públicas con el gobierno de Santa Cruz y el nacional- habitaciones en el hotel Alto Calafate por un total de 10,1 millones de pesos (6,3 millones en 2010 y 3,7 millones en 2011). Pero esas plazas casi nunca eran ocupadas.

7. Cristina y una extraña deuda consigo misma. En su última declaración jurada, la Presidenta declaró un aumento de su deuda con Hotesur S.A., la empresa que le pertenece a ella misma y a sus hijos. Debido a los cambios en la presentación de las declaraciones juradas aprobados a instancias del Gobierno, ya no se puede conocer el movimiento real de dinero, ni cómo se contrajo la deuda, ni cuál fue la contraprestación, ni cuáles son los planes de pago para saldarla.

8. ¿Qué porcentaje de Hotesur le pertenece a Cristina? La Presidenta declaró que su participación en la firma valía en 2013 9.367.528,85 pesos. Para empezar, este dato es imposible de chequear porque Hotesur no presenta sus balances desde 2010. Tampoco se puede comprobar la variación en el valor de las acciones. Y lo más importante: ni siquiera puede saberse si Cristina es dueña del 10, el 50 el 100 por ciento de la empresa.

9. Los datos clave que deberían brindar los balances. La ley dice que las sociedades ubicadas en la Capital Federal deben presentar sus balances ante la IGJ para que los terceros que eventualmente establezcan trato con ellas puedan saber quiénes son sus accionistas y en qué proporciones, si tiene deudas y a cuánto ascienden, cuánto valen sus activos, qué negocios hicieron año tras año, qué cuentas pagaron y cuáles son sus planes para los años siguientes. Son todos datos cruciales, por ejemplo, para los jueces que deberían investigar los negocios de Lázaro Báez con el fin de establecer si el empresario lavó dinero de origen ilegal.

10. La red de protección. Cada una de las irregularidades enumeradas y sostenidas durante al menos tres años fue posible gracias a la omisión de la Inspección General de Justicia en hacer su trabajo de control. Hasta esta semana, cuando el secretario de Justicia anunció que le aplicaría a Hotesur una "severa" multa de 3.000 pesos, la empresa no había sufrido sanciones. La "complicidad" de la IGJ -según la califica Stolbizer en su denuncia- ni siquera se modificó cuando se inició la investigación judicial por "la ruta del dinero K" sobre Lázaro Báez, pese a que el empresario kirchnerista está sospechado de haber lavado dinero de origen ilegal.

Tras la difusión del supuesto incumplimiento de un manual interno para prevernir el lavado de dinero que la obligaba a reportar operaciones sospechosas de Hotesur, la Inspección General de Justicia difundió un comunicado en el que desmiente esa supuesta falta, porque las irregularidades en la empresa de Cristina serían solo "incumplimientos formales".

"La Inspección General de Justicia (IGJ) comunica que no emitió un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) sobre la sociedad Hotesur S.A. porque, de acuerdo a las normas vigentes, los incumplimientos formales de esa firma no configuran acciones sospechosas de eventuales maniobras de lavado de activos y financiamiento del terrorismo", empieza el comunicado.

"Concretamente, la ley 25.246 establece que la IGJ es lo que se denomina “Sujeto Obligado” a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF). La resolución 29/2011 de ese organismo fija las pautas objetivas que determinan las obligaciones de la IGJ en materia de prevención de esos delitos financieros. Según esa reglamentación, ninguno de los incumplimientos formales ante la IGJ configura alertas que obliguen a la emisión de un ROS, siendo sólo pasibles de multas."

El texto finaliza explicando que, "por la misma razón, este organismo tampoco ha emitido Reportes de Operaciones Sospechosas sobre las demás sociedades que incurren en incumplimientos formales vinculados a la competencia de la Inspección General de Justicia, a las cuales les aplica las sanciones administrativas que determina la Ley Orgánica de la IGJ (Nº 22.315)."

Tal como informó Clarín, según el Manual de Políticas y Procedimientos Para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la IGJ, entre las ciruncunstancias que se deben tener en cuenta para emitir un ROS ante la UIF, se encuentran al menos dos que podrían haberse usado en el caso Hotesur.

La primera tiene que ver con maniobras que se pueden usar para esconder quiénes son los “beneficiarios” de las empresas. En el caso Hotesur, la IGJ no conoce la identidad de sus accionistas. El punto del “manual” sobre esta cuestión dice que la Inspección puede emitir un ROS ante “cualquier situación, actuación o omisión tanto de persona física como jurídica que tenga por finalidad ocultar la identidad y/o información que el organismo esté obligado a brindar conforme la normativa vigente”.

El segundo punto que se cumple en el caso Hotesur es el que determina que la falta de presentación de balances contables podría generar una sospecha de intento de lavado. El texto dice así: “Cualquier situación, actuación u omisión en el trámite, ya sea de persona física o jurídica, que se considere injustificada y/o poco común y/o poco frecuente para el tipo de trámite que se le ha asignado para efectuar su trabajo habitual”.

El allanamiento que ordenó a la empresa Hotesur, vinculada a la familia presidencial en función de los hoteles que posee en la Patagonia, puso a Claudio Bonadio en el blanco de las críticas oficialistas. Funcionarios del gabinete, legisladores y dirigentes de toda índole dentro de ese espacio acusaron al juez de ser la punta de lanza de una campaña en contra de Cristina Kirchner en la que también incluyen a opositores y medios de comunicación.

La reacción oficialista al procedimiento que motivó una denuncia de Margarita Stolbizer llegó incluso a advertir que podrían denunciar al propio magistrado. El aviso se materializó hoy con la presentación que hizo el senador Carlos Fuentes en la Justicia.

El legislador neuquino denunció a Bonadio por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La acusación se apoya en la información que divulgó ayer la Presidente por Twitter respecto a la sociedad que integraría el magistrado (MANSUE S.A.), que tendría irregularidades administrativas similares a las detectadas en Hotesur.

Según Fuentes, Bonadio no podría formar parte de esa empresa, dedicada a la venta de combustibles y en la que tiene una participación del 20%, ya que el reglamento para la Justicia nacional no les permite a los magistrados ejercer el comercio o actividad lucrativa alguna sin autorización de la autoridad de superintendencia, que en este caso es la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

La prestación observa que la firma no habría presentado ante la Inspección General de Justicia los balances correspondientes a los años 2011 y 2012, y agrega que al desconocerse por ende el estado financiero de la empresa, tampoco resulta posible efectuar un certero y completo análisis de la evolución patrimonial del magistrado.

Es por todo ello que Fuentes pidió que se investigue la evolución patrimonial del juez para determinar si pudo haber existido un incremento no justificado en su situación económica. Y entre las medidas que requirió figura que se dé intervención a la Unidad de Información Financiera frente a la posible comisión del delito de lavado de dinero.