Sobre el filo de la medianoche, la Legislatura de Chubut aprobó la Ley de Sustentabilidad Ambiental para la Actividad Minera. La norma aprobada da por tierra con las pretensiones de la anti minería más radical de impedir a perpetuidad la actividad minera en esa provincia patagónica.
La ley finalmente aprobada sólo rescató el primero de los seis artículos, referido a la necesidad de preservar el medio ambiente, del texto propuesto por la llamada “Iniciativa Popular”. Los cinco restantes fueron borrados de un plumazo por el dictamen de mayoría que bajó al recinto con un borrador de cuatro artículos que finalmente se impuso en una votación de 15 a 12 votos.
En los tres artículos restantes, la ley sancionada estipula:
-La suspensión de toda actividad minera por 120 días
-La obligatoriedad del Poder Ejecutivo de llamar a un debate abierto y democrático sobre la cuestión minera.
- El mecanismo de consultas públicas obligatorias y vinculantes en las comunidades vecinas y afectadas para determinar la licencia social para la actividad minera.
“Estamos más que conformes, esto es fruto de una larga prédica, en la cual fuimos acompañados por sectores ciudadanos que entienden que Chubut no puede renunciar a esta posibilidad de desarrollo”, dijo a Mining Press una fuente empresaria de la minería momentos después de la votación.
No le falta razón, la atomización política chubutense derivó en los últimos meses en bandazos notables y alineamientos inverosímiles que hicieron temer por un resultado adverso en la compulsa con los sectores más recalcitrantes.
Esta noche, el contorno de la Legislatura fue un claro reflejo de la divisoria de aguas. Por un lado, los promotores del rechazo a la minería, el conocido sector militante de izquierda y ambientalista. Enfrente, la pro minería que tuvo como importante sostén al gremio de Petroleros y otros sectores sindicales, que hicieron suya la reivindicación productiva, junto a los pobladores de la Meseta.
En términos políticos, el debate de hoy, bastante expeditivo (comenzó después de las 19, se vio alterado por incidentes promovidos por opositores a la minería y terminó cerca de las 24), deja ganadores y perdedores. El gran derrotado de la jornada fue Mario Das Neves, quien llamativamente encolumnó a su sector tras las consignas del No a la Minería y intentó fragotear con el sector de Norberto Yahuar en su afán de minar las bases de sustentación del gobernador Martín Buzzi. La docena de votos negativos tienen esa expresión, más el Polo Social y parte del radicalismo.
La victoria legislativa se la llevó el FPV –PJ que logró desarticular una movida que iba mucho más allá de la minería. Nestor Di Pierro, Gustavo Mac Carthy, Martín Buzzi y Rafael Williams impusieron finalmente su peso político y legislativo
Más allá de la comidilla política doméstica, el gran logro es de los exponentes de la minería que en el último trimestre no bajó los brazos, en medio de señales preocupantes de que la propuesta talibán y anti productiva saldría como por un tubo.
En los próximos cuatro meses la polémica será de alto voltaje, pero los dirigentes de la Meseta, que tantas puertas golpearon para que se escuchara su vocación minera, tienen por estas horas muy buenas razones para festejar.
ARTICULO 1º: La presente Ley tiene por objeto garantizar el cumplimiento de los principios ambientales preventivos, precautorios, de sustentabilidad y de equidad intergeneracional, establecidos en la Ley nacional 25.675, en la actividad minera metalífera, como así también: a) Garantizar el uso racional y sustentable de los recursos naturales. B) Proteger los recursos hídircos. C) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos. D) Asegurar la conservación de la diversidad biológica. E) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas puedan generar sobre el ambiente. F) Posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo. G) Minimizar los riesgos ambientales. H) Prevenir la posibilidad de emergencias ambientales. I) Remediar el impacto ambiental producido a la fecha.
ARTICULO 2º: Suspender en todo el territorio provincial el inicio de cualquier actividad minera metalífera de primera categoría, establecidas en el inciso (a) del Artículo 3º del Código de Minería Nacional, por el término de ciento veinte (120) días a partir de sancionada la presente Ley.
ARTICULO 3º: El Poder Ejecutivo deberá promover, organizar, pautar y garantizar el debate sobre la minería, en todo el territorio provincial.
ARTÍCULO 4º: Establecer que previo al inicio de la actividad del aprovechamiento minero metalífero, deberá contarse, obligatoriamente, con licencia social. Para ello se deberá utilizar el mecanismo de Consulta Popular vinculante, previsto en la Ley XII Nº 6 (antes Ley Nº 4564), abarcando la región o localidades afectadas por el proyecto de exploración.
Luego de un extenso debate, la Legislatura de Chubut aprobó esta madrugada por 15 votos a 12 el dictamen oficialista, el cual se presentó por la tarde luego de un extenso trabajo interno que el bloque del Frente para la Victoria desplegó con la intención de obtener un consenso que conformara a la mayoría de los diputados. La propuesta, que impone la suspensión de la actividad por 120 días, la realización de “un debate serio” y consultas populares solo en las localidades en las que tendrían lugar los emprendimientos mineros, contó con el aval de casi todo el FpV y dos de los tres legisladores del PJ.
Miércoles 26 de Noviembre de 2014
La propuesta presentada por el bloque del Frente para la Victoria es una modificación concreta al proyecto de Ley 075/14 que seis meses atrás, con el respaldo de 13.007 firmas, elevaron las Asambleas Ciudadanas, que ayer se expresaron en contra del proyecto alternativo que fue apoyado por los pro mineros, entre ellos los referentes de los sindicatos Petroleros Privados Chubut, de la UOCRA y los jefes comunales de los pueblos de la meseta.
El despacho de las comisiones (Asunto Constitucionales, Desarrollo Económico, Legislación Social, y Presupuesto) fue avalado por 11 de los 21 diputados que las integran. Luego del debate, se elevó a 15, número con el que se venció la resistencia de los restantes legisladores, que abogaron por el tratamiento y apoyaron el proyecto presentado por las asambleas ciudadanas.
Con incidentes en la escalinata de la Legislatura, en la que hubo forcejeos entre los manifestantes antimineros y personal de infantería de la policía del Chubut, se realizó ayer la sesión en la que se trató el proyecto presentado por las Asambleas Ciudadanas que endurece la ley 5001.
La sesión comenzó minutos antes de las 19, luego de que durante toda la jornada los bloques vinculados al oficialismo buscaron llegar a un acuerdo por el que se apuntaba a aprobar, en reglas generales el proyecto de los ambientalistas pero con modificaciones.
El debate lo inicio la titular del bloque del Frente para la Victoria, Argentina Martínez, quien adelantó la intención de modificar la redacción original del proyecto de las Asambleas y pidió que el tratamiento sea luego de “un debate serio, en el que participen todos los involucrados, que son todos los chubutenses”
La posición de Martínez motivó la reacción de los ambientalistas, que reclamaron el tratamiento del proyecto original y junto con un amago de represión en la escalinata, hizo que los diputados de la oposición primero y luego todos se retiren del recinto a las 19.33, para luego volver a las 19.44.
En la continuidad de su expresión, Martínez indicó que, a su juicio, el proyecto “es inconstitucional” y aseguró que, como diputada, su obligación y la de sus pares es “tener la responsabilidad de buscar la forma de generar, a partir de un debate serio, incluir a todos los chubutenses”.
El presidente del interbloque, Eduardo Daniel, pidió “terminar con las chicanas y de cara a la gente y sin especulaciones políticas expresarse” para de inmediato plantear la realización de un debate, dentro de 120 días, “sin agresiones” y sugirió que, en caso de haber una consulta popular, la misma debería hacerse en los pueblos donde se piense hacer los proyectos y no en la provincia en su conjunto.
El diputado Gustavo Reyes (FPV) reiteró su oposición al proyecto por considerar que el mismo no se presentó de acuerdo a las exigencias de la Constitución y la ley que lo reglamentó. Y afirmó que, en un control que el realizó de las firmas, encontró dos infractores a la obligación del voto, por lo que consideró que “estos casos pueden repetirse” y reiteró que el Tribunal Electoral no cumplió con su obligación y función.
El presidente del bloque de Chubut Somos Todos, Jerónimo García, pidió respeto para el proyecto original y a quienes “consiguieron el apoyo de más de 10.000 firmas. No se puede ningunear este trabajo político y ciudadano, y lo peor que podemos hacer es pretender cambiar la propuesta original, eso sería una falta de respeto y una tomada de pelo”, sostuvo.
El diputado Oscar Petersen del Polo Social se expresó también a favor del proyecto de iniciativa popular y recordó que pide una consulta popular sobre este tema desde 2011. “Hoy no se puede ser tibio, hay que ser caliente o frío, hay que decidirse de qué lado está, y yo por sobre todo elijo la vida porque la megaminería no es siquiera un negocio sino un saqueo”, manifestó.
APOYO
El diputado del PJ, José Karamarko, adelantó su voto favorable a la propuesta tras citar no solo a sus nietas e hija sino a grandes pensadores y pese a ser interrumpido por el sector pro minero se expresó a favor de la aprobación general y en particular, en el caso de que luego se concrete, en contra de los artículos 3, 4 y 5.
El presidente del bloque de diputados de la UCR, Roberto Risso, defendió la propuesta de las asambleas que dijo “se presentó no por un interés económico detrás sino por una convicción”. Y lo comparó luego con lo que definió como “proselitismo económico que realizan las mineras, que no es ideológico sino que se traduce en billetes” para después pedir la aprobación y adelantar la presentación efectiva de proyecto para realizar una consulta popular, a todos los chubutenses, junto con las elecciones del año próximo.
Desde el bloque del PJ el diputado petrolero Carlos Gómez se expresó a favor del proyecto alternativo y tras aclarar que hablaba en calidad de “representante de los petroleros y los pueblos de la meseta que quieren y necesitan trabajo” señaló sentir vergüenza porque “ya pasaron 11 años y la ley 5001 sigue sin reglamentarse”.
Finalmente, luego de recordar que el pasivo ambiental se sigue generando en la actividad petrolera, Gómez reclamo “respeto por el trabajo” y un control efectivo y serio del medio ambiente “sin prohibiciones al desarrollo de una región que está esperando hace tiempo”.
Luego de la participación de otros oradores –y con apoyos y rechazos de las barras-, la votación se produjo en los primeros minutos de hoy.
Tras un fuerte y extenso debate, anoche Legislatura aprobó por 15 votos a favor y 12 en contra suspender por 120 días el inicio de actividades mineras en Chubut. Se trata de una versión modificada del proyecto de ley de Iniciativa Popular, que el Frente para la Victoria modificó en comisión. El texto original prohibía la actividad minera.
En este lapso, el Poder Ejecutivo deberá garantizar y organizar un debate sobre la minería en todo el territorio provincial. Además, previo inicio de cualquier actividad, deberá contarse con una “licencia social” que se definirá mediante consultas populares vinculantes en las regiones afectadas por los proyectos que puedan habilitarse.
Votaron por la positiva los diputados Argentina Martínez, Juan Ale, Javier Cisneros, Eduardo Daniel, Mónica Gallego, Carlos Gómez, Vicente Jara, Alejandra Johnson Táccarí, Adolfo Mariñanco, Gustavo Muñiz, Gustavo Reyes, Félix Sotomoyor, Exequiel Villagra, Elva Willhuber y Ricardo Trotta.
Por la negativa, mientras tanto, lo hicieron Ana María Barroso, Myrhian Crespo, Raquel Di Perna, Jerónimo García, Roddy Ingram, José Karamarko, José Luis Lizurume, María José Lllanes, Anselmo Montes, Oscar Petersen, Roberto Risso y Mirtha Romero.
A las 19 horas, casi 6 horas más tarde de lo previsto, comenzó la sesión en el parlamento. Es que en el medio hubo mucho debate, negociación y fundamentalmente el conflicto por el convenio colectivo de la Asociación de Empleados Legislativos.
Este problema, que retrasaba el comienzo, pudo ser subsanado finalmente, con la intervención del secretario general de la Confederación General del Trabajo del Valle, Luis Núñez.
Lo cierto es que tras varias horas de incertidumbre acerca del comienzo de la sesión, finalmente se dio inicio y con algunas sorpresas. Es que el proyecto de Iniciativa Popular entró al recinto con modificaciones de un dictamen de mayoría consensuado entre el Frente para la Victoria y el Interbloque.
En primer término propone la suspensión de cualquier tipo de minería por el lapso de 120 días. Además se pide que en ese tiempo el Gobierno de las herramientas para que se dé un debate profundo sobre el tema y que finalmente se vaya a una consulta popular en cada una de las regiones en las que busca desarrollarse la actividad.
Dentro del artículo primero también se expresa la necesidad de que toda explotación que se realice deberá ser de forma racional, respetando los recursos, los principio ambientales y no dando lugar a la contaminación.
La encargada de defender el dictamen en primer lugar fue la jefa de bancada del FPV, Argentina “Ika” Martínez, basándose en argumentos que marcaban la inconstitucionalidad del proyecto ambientalista. Este argumento despertó un importante griterío de parte de la barra antiminera y como contraparte, una ovación del lado de los mineros, grupo que contaba con una importante participación de los grupos petroleros.
Luego de los fundamentos de cada uno de los diputados, el dictamen de mayoría era lo que se aprestaba a definir en la Legislatura.
Martínez aclaró en primer lugar que las modificaciones a la Ley de Iniciativa Popular eran lícitas y sostuvo que varios de los artículos del proyecto ambientalista eran contrarios a la Constitución Provincial.
El diputado Eduardo Daniel, del Interbloque, sostuvo que “tenemos que hablarle a la gente a la cara, sin especulaciones”. Por su parte, otro de los discursos polémico fue el de Gustavo Reyes, quien planteó que la Iniciativa Popular nunca debió haber ingresado a la Legislatura ya que sostuvo que dentro de las 13.000 firmas adjuntas figuraban las rúbricas de algunos infractores al Código Electoral.
En tanto, desde Chubut Somos Todos, el titular de bancada, Jerónimo García, sostuvo la postura de aprobar la Iniciativa Popular tal como fue presentada, sin ningún tipo de modificación. “No se le puede tomar el pelo a la gente que presentó la Iniciativa Popular. Vamos a apoyar tal cual fue presentada la propuesta ambientalista”. Desde el radicalismo, Roberto Risso se mostró a favor de que se avance con la Iniciativa Popular, ya que consideró que no están los controles para que se desarrolle la minería. El jefe de la bancada opositora dejó planteada la opción de pedir, aunque no prospere el proyecto ambientalista, un requerimiento de consulta popular, para que finalmente la gente de toda la provincia se pueda expresar.
En el Partido Justicialista, Carlos Gómez y Gustavo Muñiz apoyaron el dictamen por mayoría impulsado por el FPV para modificar la Iniciativa Popular. José Karamarko, por su parte, se mostró a favor de que se avance con el proyecto ambientalista. Oscar Petersen, del Polo Social, sostuvo que acompañaba tal como estaba la Iniciativa, argumentando que no es momento para “tibios: se es frío o se es caliente”. Otra de las incógnitas era el voto de Marlene Jhonson Táccari, que finalmente se opuso a la Iniciativa y decidió acompañar, sin mucho entusiasmo, la propuesta del bloque del FPV.
Luego de cuatro horas de discusión, la Cámara de Diputados resolvió en una votación nominal que finalizó 15 a 12, aprobar un dictamen que cambió completamente el proyecto original elaborado por las Asambleas Ciudadanas y que prácticamente prohibía la mega minería en Chubut, suplantando los artículos originales por otros que suspende en todo el territorio el inicio de cualquier actividad minera metalífera por el término de 120 días, planteando que en ese lapso el Ejecutivo deberá promover y garantizar el debate, y que antes de iniciar cada emprendimiento se deberá contar con la correspondiente licencia social mediante el mecanismo de consulta popular vinculante en las localidades o zonas afectadas.
El texto final fue consensuado entre el bloque del FPV y el interbloque, y con los cambios se evitó aprobar o rechazar el proyecto original presentado 6 meses atrás a través de 13 mil firmas, lo que fue calificado como un «fraude» desde las barras de ambientalistas, y como «una burla» por los bloques de la oposición, mientras fue festejado por la barra con pobladores de la meseta y trabajadores petroleros.
Según la votación nominal que se hizo a las 23,30 luego de una sesión que comenzó a las 19 en la que se logró destrabar la medida de fuerza de los empleados que se aseguraron que este jueves se aprobará el convenio colectivo de trabajo, finalizó de la siguiente manera: A favor del nuevo dictamen votaron Ale, Cisneros, Daniel, Gallego, Gómez, Jara, Johnson Táccari, Mariñanco, Martínez, Muñiz, Reyes, Sotomayor, Trotta, Villagra y Willhuber. En contra del dictamen y con una postura favorable a la iniciativa popular, hubo 12 votos: Barroso, Crespo, Di Perna, García, Ingram, Karamarko, Lizurume, Llanes, Montes, Petersen, Risso y Romero.
RAZONES DE LOS CAMBIOS
Como miembro informante del dictamen en mayoría, Ica Martínez (FPV) dijo que «encontramos en los artículos una inconstitucionalidad, y nos hemos concentrado en esta responsabilidad de hacer cumplir la Constitución Provincial que tiene artículos que habilitan que se desarrolle la minería en la provincia». Pidió luego «hablar de la minería sin prejuicio y sin enojo, que no se convierta en un Boca-River», momento en que la sesión debió ser interrumpida por un episodio entre la infantería y manifestantes anti mineros que querían ingresar por la fuerza a las barras. Continuó Martínez que «los 120 días no son para quedarnos en casa, sino para que en serio debatamos como corresponde, y si los chubutenses dicen que no, no habrá minería, pero tenemos que escucharnos».
Por el interbloque, Eduardo Daniel destacó «tenemos que terminar con las chicanas y hablar de cara a la gente, no votar porque conviene y mañana lo derogamos si somos gobierno. La suspensión de 120 días es para que el debate empiece de una vez pero sin agresiones». «Planteamos que sea el Ejecutivo quien promueva esta discusión para que todos los pobladores se puedan informar, y el día que haya una consulta sepan de qué se trata», agregó, y dijo «desde la cordillera pensé que la consulta sea por zona, para que grandes ciudades como Comodoro no decidan qué deben hacer los pueblos».
En tanto Gustavo Reyes (FPV) insistió en que no se respetó la reglamentación del artículo 263 de la Constitución sobre la Iniciativa popular, porque no se chequeó debidamente los datos de los firmantes.
NINGUNEO
Por la negativa al dictamen de la mayoría, Jerónimo García dijo por el dasnevismo que «el ninguneo mayor es modificar el espíritu de esa propuesta» y que el ministro de Ambiente «dijo públicamente que no está en condiciones de controlar». Afirmó que «estamos hablando de las empresas transnacionales más importantes del planeta». Indicó que «este proyecto es una burla, se deja solo el primer artículo, le toma el pelo a un ejercicio de democracia semidirecta, además la 5001 tiene un fallo de la Suprema Corte, la convalida y los derechos de las provincias para complementar la legislación precautoria».
«Vamos a apoyar tal cual fue enviada a esta legislatura en el convencimiento de que no es inconstitucional, no prohíbe la minería, es una falta de respeto a la ciudadanía decir que atenta contra los recursos, y trata de introducir debates falsos», concluyó. Oscar Petersen (Polo Social) sostuvo que «está en juego el agua, la tierra el aire y la vida. La megaminería no es la solución», agregando que «hoy no se puede ser tibio, es el momento de jugarse y yo elijo la vida por sobre todo, un futuro para las generaciones venideras, y elijo proteger el agua». Concluyó que «de los 5 artículos, solamente uno queda, esto es eliminar el cuerpo y el espíritu de la norma presentada».
Por su parte José Karamarko dijo «hemos desperdiciado una oportunidad magnífica de tratar por primera vez un proyecto de iniciativa popular» y «mi hija me pidió que vote pensando en mis nietas, me aferro a la idea de ser precavido ante tamaña decisión». En tanto el radical Roberto Risso, en la argumentación más extensa, expresó «no escuché un solo argumento que diga por qué es inconstitucional esta ley, repiten lo que dicen las empresas mineras y quienes vinieron a hablar a favor».
Indicó que «en la cuestión económica, todos los proyectos mineros tienen una primera etapa de contratación de mano de obra local, que generalmente son afiliados de la Uocra, pero eso después desaparece, no son trabajadores mineros ni se los capacita para ello». Y dijo que las empresas «quieren llevarse 3.500 millones de dólares y dejar el pasivo a cambio de dar un millón. Eso es colonialismo, es saqueo».
VOTOS A FAVOR
El justicialista Carlos Gómez dijo hablar en representación de los petroleros, afirmando «desde hace 107 años los trabajadores petroleros trabajan con elementos químicos, y ningún ecologista planteó prohibir la actividad petrolera. Estamos defendiendo el derecho al trabajo». «Nos interesan 9 mil habitantes de la meseta. En su momento se escuchó la voluntad de los vecinos de Esquel, lo que hoy quieren los intendentes es que se escuche la voz de la meseta y que ellos determinen», agregó. Gustavo Muñiz agregó que «desde el punto de vista legal la iniciativa presenta puntos claros de conflicto con la Constitución y leyes vigentes, la consulta popular da rol protagónico a la voluntad del pueblo y garantiza la expresión del pensamiento de cada comunidad».
Finalmente Alejandra Johnson Táccari, afirmó que «este proyecto que se intenta implementar tergiversa la voluntad del proyecto de Iniciativa Popular» por lo que «no coincido con la postura de legisladores que no se animan a dar voto a favor o en contra». Luego cuestionó que no hay política clara de desarrollo para la meseta, hay un mapa inconcluso de parte del gobierno, por lo que «falta de información precisa, de un proyecto político y de un compromiso real».
Antimineros tomaron Canal 7
Un grupo organizado de militantes antimineros irrumpió por la fuerza en las instalaciones de Canal 7, la TV Pública del Chubut, agrediendo a sus trabajadores y pretendiendo interrumpir la transmisión de la emisora estatal.
La toma, ocurrida ayer por la tarde, fue organizada por un desprendimiento del grupo que se manifestaba en Rawson mientras los diputados reunidos en la Legislatura trataban el proyecto presentado por las propias organizaciones ambientalistas. Fuentes oficiales señalaron que la manifestación, que finalmente fue persuadida para abandonar el canal, exhibió un importante grado de coordinación y entre sus participantes había algunos caracterizados concurrentes a diversas actividades políticas.
Luego de cuatro horas de discusión, la Cámara resolvió en una votación nominal que finalizó 15 a 12, aprobar un dictamen que cambió completamente el proyecto original elaborado por las Asambleas Ciudadanas y que prácticamente prohibía la mega minería en Chubut, suplantando los artículos originales por otros que suspende en todo el territorio el inicio de cualquier actividad minera metalífera por el termino de 120 días, planteando que en ese lapso el Ejecutivo deberá promover y garantizar el debate, y que antes de iniciar cada emprendimiento se deberá contar con la correspondiente licencia social mediante el mecanismo de consulta popular vinculante en las localidades o zonas afectadas.
El texto final fue consensuado entre el bloque del FPV y el interbloque, y con los cambios se evitó aprobar o rechazar el proyecto original presentado 6 meses atrás a través de 13 mil firmas, lo que fue calificado como un “fraude” desde las barras de ambientalistas, y como “una burla” por los bloques de la oposición, mientras fue festejado por la barra con pobladores de la meseta y trabajadores petroleros.
Según la votación nominal que se hizo a las 23,30 luego de una sesión que comenzó a las 19 luego de que se logró destrabar la medida de fuerza de los empleados que se aseguraron que este jueves se aprobará el convenio colectivo de trabajo, finalizó de la siguiente manera. A favor del nuevo dictamen votaron Ale, Cisneros, Daniel, Gallego, Gómez, Jara, Johnson Táccari, Mariñanco, Martínez, Muñiz, Reyes, Sotomayor, Trotta, Villagra y Willhuber.
En contra del dictamen y con una postura favorable a la iniciativa popular, hubo 12 votos: Barroso, Crespo, Di Perna, García, Ingram, Karamarko, Lizurume, Llanes, Montes, Petersen, Risso y Romero.
RAZONES DE LOS CAMBIOS
Como miembro informante del dictamen en mayoría, Ica Martínez (FPV) dijo que “encontramos en los artículos una inconstitucionalidad, y nos hemos concentrado en esta responsabilidad de hacer cumplir la Constitución Provincial que tiene artículos que habilitan que se desarrolle la minería en la provincia”.
Pidió luego “hablar de la minería sin prejuicio y sin enojo, que no se convierta en un Boca-River”, momento en que la sesión debió ser interrumpida por un episodio entre la infantería y manifestantes anti mineros que querían ingresar por la fuerza a las barras.
Continuó Martínez que “los 120 días no son para quedarnos en la casa, sino para que en serio debatamos como corresponde, y si los chubutenses dicen que no, no habrá minería, pero tenemos que escucharnos”.
Por el interbloque, Eduardo Daniel destacó “tenemos que terminar con las chicanas y hablar de cara a la gente, no votar porque conviene y mañana lo derogamos si somos gobierno. La suspensión de 120 días es para que el debate empiece de una vez pero sin agresiones”.
“Planteamos que sea el Ejecutivo quien promueva esta discusión para que todos los pobladores se puedan informar, y el día que haya una consulta sepan de qué se trata”, agregó, y dijo “desde la cordillera pensé que la consulta sea por zona, para que grandes ciudades como Comodoro no decidan qué deben hacer los pueblos”.
En tanto Gustavo Reyes (FPV) insistió en que no se respetó la reglamentación del artículo 263 de la Constitución sobre la Iniciativa popular, porque no se chequeó debidamente los datos de los firmantes.
NINGUNEO
Por la negativa al dictamen de la mayoría, Jerónimo García dijo por el dasnevismo que “el ninguneo mayor es modificar el espíritu de esa propuesta” y que el ministro de Ambiente “dijo públicamente que no está en condiciones de controlar”. Afirmó que “estamos hablando de las empresas trasnacionales más importantes del planeta”.
Indicó que “este proyecto es una burla, se deja solo el primer artículo, le toma el pelo a un ejercicio de democracia semidirecta, además la 5001 tiene un fallo de la Suprema Corte, la convalida y los derechos de las provincias para complementar la legislación precautoria”.
“Vamos a apoyar tal cual fue enviada a esta legislatura en el convencimiento de que no es inconstitucional, no prohíbe la minería, es una falta de respeto a la ciudadanía decir que atenta contra los recursos, y trata de introducir debates falsos”, concluyó.
Oscar Petersen (Polo Social) sostuvo que “está en juego el agua, la tierra el aire y la vida. La megaminería no es la solución”, agregando que “hoy no se puede ser tibio, es el momento de jugarse y yo elijo la vida por sobre todo, un futuro para las generaciones venideras, y elijo proteger el agua”. Concluyó que “de los 5 artículos, solamente uno queda, esto es eliminar el cuerpo y el espíritu de la norma presentada”.
Por su parte José Karamarko dijo “hemos desperdiciado una oportunidad magnífica de tratar por primera vez un proyecto de iniciativa popular” y “mi hija me pidió que vote pensando en mis nietas, me aferro a la idea de ser precavido ante tamaña decisión”.
En tanto el radical Roberto Risso, en la argumentación más extensa, expresó “no escuché un solo argumento que diga por qué es inconstitucional esta ley, repiten lo que dicen las empresas mineras y quienes vinieron a hablar a favor”.
Indicó que “en la cuestión económica, todos los proyectos mineros tienen una primera etapa de contratación de mano de obra local, que generalmente son afiliados de la Uocra, pero eso después desaparece, no son trabajadores mineros ni se los capacita para ello”. Y dijo que las empresas “quieren llevarse 3.500 millones de dólares y dejar el pasivo a cambio de dar un millón. Eso es colonialismo, es saqueo”.
VOTOS A FAVOR
El justicialista Carlos Gómez dijo hablar en representación de los petroleros, afirmando “desde hace 107 años los trabajadores petroleros trabajan con elementos químicos, y ningún ecologista planteó prohibir la actividad petrolera. Estamos defendiendo el derecho al trabajo”.
“Nos interesan 9 mil habitantes de la meseta. En su momento se escuchó la voluntad de los vecinos de Esquel, lo que hoy quieren los intendentes es que se escuche la voz de la meseta y que ellos determinen”, agregó.
Gustavo Muñiz agregó que “desde el punto de vista legal la iniciativa presenta puntos claros de conflicto con la Constitución y leyes vigentes, la consulta popular da rol protagónico a la voluntad del pueblo y garantiza la expresión del pensamiento de cada comunidad”.
Finalmente Alejandra Johnson Táccari, afirmó que “este proyecto que se intenta implementar tergiversa la voluntad del proyecto de Iniciativa Popular” por lo que “no coincido con la postura de legisladores que no se animan a dar voto a favor o en contra”. Luego cuestionó que no hay política clara de desarrollo para la meseta, hay un mapa inconcluso de parte del gobierno, por lo que “falta de información precisa, de un proyecto político y de un compromiso real”.
El dictamen de mayoría que presentaron los diputados del Frente para la Victoria, que ayer se discutió en la sesión de la Legislatura como propuesta alternativa al presentado por iniciativa popular, establece la suspensión “en todo el territorio provincial del inicio de cualquier actividad minera metalífera de primera categoría por el término de ciento veinte días” e impulsa un debate sobre el tema y plantea una consulta popular solo en las localidades o regiones donde se quiera desarrollar la actividad.
En el artículo 3 de la propuesta se le encomienda al Ejecutivo provincial organizar un debate sobre la minería, en todo el territorio provincial y en el artículo 4 se establece que “previo al inicio de la actividad del aprovechamiento minero metalífero, deberá contarse, obligatoriamente, con licencia social. Para ello se deberá utilizar el mecanismo de Consulta Popular vinculante previsto en la Ley XII N° 6 (antes Ley Nº 4.564), abarcando la región o localidades afectadas por el proyecto de exploración”.
En la tarde de ayer, un grupo de militantes antimineros irrumpió por la fuerza en las instalaciones de Canal 7, agrediendo a sus trabajadores y pretendiendo interrumpir la transmisión de la emisora estatal.
La toma fue organizada por un desprendimiento del grupo que se manifestaba en Rawson mientras la Legislatura trabaja en torno a un proyecto presentado por los ambientalistas. La manifestación, que finalmente fue persuadida para abandonar el Canal, exhibió un importante grado de coordinación y entre sus participantes había algunos reconocidos concurrentes a diversas actividades políticas. Asimismo, se pudo detectar a algunos sujetos alcoholizados o bajo los efectos de las drogas.
El de ayer no es el primer ataque que sufre la emisora pública provincial, que semanas atrás fue copada por militantes de esta misma línea, y forma parte de una seguidilla de hechos contra el patrimonio público de los chubutenses, que incluyó daños en la Legislatura y la Casa del Chubut en Buenos Aires, entre otros edificios del Estado.
