Por JOE LEAHY.

Cuando el intermediario de dinero negro Alberto Youssef fue arrestado por la policía en marzo, llevaba consigo siete teléfonos móviles y contaba con otros treinta en su oficina, contó un oficial involucrado en la causa. El motivo por el que, en el marco del escándalo de corrupción más grande de Brasil, podría haber necesitado tantos teléfonos queda cada vez más claro desde que este mes la policía allanó las oficinas de las principales constructoras del país, lo que derivó en el arresto de funcionarios y ejecutivos.

Las constructoras bajo investigación por la trama de corrupción –donde Youssef supuestamente ayudaba al ex director de Petrobras Paulo Roberto Costa a retirar miles de millones de dólares de la petrolera estatal para pagar a políticos– son responsables de gran parte de los proyectos de infraestructura de Brasil, desde aeropuertos y bases submarinas nucleares hasta estadios para los Juegos Olímpicos 2016.

Los arrestos provocaron preocupación no sólo en el país sino entre los inversores internacionales. Si las compañías constructoras entran en la lista negra –por lo que quedarán fuera de las obras civiles–, los proyectos de infraestructura del gobierno, que ascienden a 871.000 millones de reales, podrían detenerse por completo. Los inversores extranjeros no podrán hacer negocio con las compañías. A eso se agrega la preocupación por Petrobras, que se ve obligada a revisar sus finanzas por el fraude, y una gran parte de la economía brasileña podría congelarse.

La supuesta estafa en torno a Petrobras salió a la luz cuando la policía arrestó a Youssef y Costa. A cambio de una rebaja en la condena, ambos aceptaron contar todo. Aseguran que un grupo de grandes constructoras de Brasil pagó al Partido de los Trabajadores (PT) y a sus aliados cerca de 3% del valor de los grandes proyectos de Petrobras a cambio de contratos.

Las compañías colaboraban con los dos para inflar el valor de esos contratos, afirmaron.

El PT niega las acusaciones. La presidente Dilma Rousseff, que encabezaba Petrobras antes de asumir en 2011, niega estar involucrada. Algunas constructoras también aseguran no haber cometido ningún delito. Las cifras supuestamente implicadas en la estafa eclipsan las encontradas en el Mensalão, el mayor escándalo de corrupción de Brasil hasta el momento donde líderes del PT recibieron condenas de cárcel por desviar dinero para un programa de compra de votos en el Congreso.

La policía de Brasil sostiene que están investigando siete compañías constructoras que juntas tienen contratos por 59.000 millones de reales. Morgan Stanley estima que Petrobras podría haber pasado a pérdida unos 21.000 millones de reales para cubrir el peor escenario, es decir casi todas las ganancias netas estimadas para este año.

Peor aún, si Petrobras no puede presentar sus estados financieros auditados para el 30 de abril del año próximo, estaría violando las condiciones de la deuda; y eso permitiría a los acreedores con bonos por u$s 57.000 millones exigir el pago inmediato. Ese hecho podría afectar el sistema bancario, con el cual Petrobras tiene préstamos por u$s 66.000 millones.
"En el peor de los escenarios, si la investigación se extiende durante mucho tiempo y se presentan nuevas acusaciones, creemos que el escándalo podría restringir el acceso de Petrobras a fuentes de financiación, y potencialmente causar la aceleración de la deuda", señaló Morgan Stanley.

Con los allanamientos de la policía, la sombra sobre Petrobras se extendió al sector constructor. Esta semana, Fitch pasó a panorama negativo su pronóstico para las seis constructoras más grandes de Brasil –Camargo Corrêa, Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao Engenharia– y bajó la nota de Mendes Júnior Trading e Engenharia.

Fitch señaló que la medida refleja los temores a un posible "impacto financiero y comercial sobre esos bonos a raíz de las acusaciones de corrupción ligadas a los contratos entre Petrobras y múltiples compañías del sector".

El temor es a que las constructoras declaradas culpables de cohecho sean incorporadas a la lista negra de grupos que no pueden hacer negocios con el gobierno.

El ente anticorrupción del Brasil, el TCU, sugirió que podría buscar un compromiso que permita a compañías renegociar sus contratos. La mayoría de los analistas cree que los reguladores y los directivos de las empresas encontrarán la manera de salir del impasse. Un informe del diario Valor Económico señala que este escándalo podría hasta brindar a Brasil la oportunidad de abrirle las puertas a grupos extranjeros.