La diputada Marita Colombo (FCS) presentó un proyecto de resolución por el cual impulsa, en la Legislatura provincial, la creación de la Comisión Bicameral de control y seguimiento de la empresa Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN SE).
La iniciativa prevé que la comisión estará integrada por diez miembros de ambas Cámaras –cinco de cada una- respetándose la proporción según la representación política.
A su vez, los informes de la Comisión Bicameral, así como los que resulten de los estudios o auditorías realizadas a la empresa estatal serán de obligatoria difusión pública a través de internet y comunicaciones a la prensa sin restricciones ni demoras superiores a los 15 días.
Además, se especifica que toda información relevante para el propósito de la comisión deberá ser puesta a disposición de la Bicameral "sin restricciones ni demoras” superiores a los 10 días de formulada la solicitud.
El proyecto también precisa que anualmente la comisión nombrará sus autoridades (un presidente, un vicepresidente y un secretario), los que podrán ser reelegidos. Los dos primeros cargos deberán ser ejercidos por legisladores de distinta Cámara y bancada. La presidencia será alternativa y corresponderá un año a cada Cámara.
La Comisión Bicameral dictará su propio reglamento interno dentro de un plazo de 30 días desde su puesta en marcha. Nombrará a sus autoridades y tendrá la obligación de informar sobre la totalidad de la evolución y los resultados de su trabajo a ambas Cámaras legislativas cada noventa días.
La empresa CAMYEN SE, presidida por Daniel Issi, tiene a su cargo la explotación del complejo de Minas Capillitas, de donde se extrae la piedra semipreciosa rodocrosita.
Fundamentos de Colombo
La diputada Colombo recordó que es "potestad” de la Legislatura arbitrar los medios que correspondiesen para la conformación de una Comisión Bicameral sin necesidad de contar con la intervención de otros poderes del Estado.
"No se ha conformado aún la Comisión Bicameral, por lo que las Cámaras legislativas, al igual que la opinión pública en general, carecen de los elementos de juicio suficientes relativos a la situación de CAMYEN SE. El mayor y mejor control que pueda realizar la Legislatura a través de la Bicameral redundará en un eficiente y transparente desenvolvimiento empresarial de CAMYEN SE”, fundamentó Colombo.
La legisladora recordó que la sociedad del Estado creada por la ley 5354 especifica que se "someterá" al control y seguimiento de la Comisión Bicameral que oportunamente se establezca por el Poder Legislativo.
El municipio de Andalgalá comenzó a ejecutar el proyecto denominado "Complejo municipal para el desarrollo y fomento del turismo, la cultura y deporte” que consiste en un predio para realizar eventos culturales. El proyecto fue aprobado por el Concejo Deliberante pero no pasó todavía por un organismo de control para evaluar la inversión de las regalías mineras, ya que el municipio tiene una acción de amparo iniciada contra el control previo que implementó la Provincia.
La iniciativa fue aprobada por el Concejo Deliberante y prevé una inversión de $ 9.855.355 con fondos provenientes de regalías mineras. La obra ya comenzó a ejecutarse aunque no tiene luz verde del Tribunal de Cuentas –porque ya no realiza el control previo de los proyectos- ni de la Unidad de Gestión de Proyectos del Ministerio de Producción porque el intendente Alejandro Páez presentó un recurso de amparo en contra del decreto del Poder Ejecutivo. Es por eso que ningún proyecto de esa comuna se presentó ante la Unidad de Control.
En una audiencia pública, que se realizó 23 de octubre, el proyecto no contó con objeciones por lo que fue aprobado en segunda lectura y ya fue elevado al Tribunal de Cuentas para su conocimiento, aunque el organismo ya no determina si se ajusta al artículo 5º de la ley de regalías mineras. De todos modos, la obra ya comenzó a ejecutarse.
La Unidad de Gestión se creó, tras un arduo debate, con la intención de agilizar la aprobación de los proyectos. En ese momento, el Gobierno había evaluado que la presentación de las iniciativas en el Tribunal de Cuentas generaba un trámite burocrático porque se demoraba la aprobación de los proyectos.
Los intendentes del FCS presentaron una fuerte oposición a la Unidad de Gestión al argumentar que la inversión de los recursos mineros quedaba a criterio del Poder Ejecutivo. Sin embargo, solo el intendente de Andalgalá, Alejandro Páez, se presentó en la Justicia.
Opinión
La concejal Leila Fuentes, del bloque unipersonal Raúl Alfonsín, recordó que con la creación de la Unidad Ejecutora se suprimió las facultades que tenía el Tribunal de Cuentas para el control previo de los proyectos. Además, está vigente el litigio entre la Provincia y el municipio sobre el uso de los fondos mineros. "Entendimos en ese momento que el gobierno de la Provincia quería hacerse de los recursos de Andalgalá, que es el municipio que más recursos recibe junto a Belén. El amparo que fue presentado por el municipio ante la justicia tuvo eco favorable", dijo.
Al consultarle si no era conveniente esperar la aprobación respondió: "Desde hace un año y medio que está vigente el amparo y se han ejecutado obras. Esta no es la primera obra que se ejecuta bajo ese amparo ante la Corte de Justicia”, manifestó.
A través del decreto 204/14 el intendente Alejandro Páez declaró al proyecto de "Necesidad Publica” y en este espacio se pretende realizar el Festival de El Fuerte del año entrante previsto para el 30, 31 de enero y 1 de febrero.
