Es una herramienta que está siendo mirada con mucho interés desde el mundo privado, que confía en que su aplicación permita, al fin, destrabar los proyectos de generación que se encuentran empantanados y revierta el escenario de oposición social frente a las inversiones en energía.

Se trata del Proyecto de Ley de Asociatividad, que está elaborando el Ministerio de Energía y que deberá ser analizado por La Moneda, para ser presentado tal como es el compromiso del Ejecutivo, antes de fin de año.

PULSO tuvo acceso al borrador de la normativa, cuyo objetivo central es generar un nuevo trato entre las comunidades y las empresas interesadas en invertir en energía, generando así beneficios compartidos y estableciendo mecanismos de resolución de conflictos, de los que el Estado será el garante.

Se trata de un documento con carácter preliminar, pero que recoge los principales lineamientos de lo que será el proyecto de ley final.

Dos de las propuestas más llamativas de la iniciativa, tal como está al día de hoy, son propiciar una reducción de los precios de la energía a las comunidades productoras, lo que en una presentación hecha por el Ministerio de Energía a expertos se califica como “injusto”, y forzar que las empresas paguen patentes en las zonas en las que están ubicadas sus centrales.

Además, se está evaluando establecer mecanismos vinculantes, como, por ejemplo, plebiscitos para que los vecinos decidan, con las propuestas de beneficios y los proyectos sobre la mesa, si están de acuerdo o no con la instalación de alguna central.

“Los procesos participativos deben incidir en la toma de decisiones. ¿Debiera haber instancias vinculantes, por ejemplo, plebiscitos?”, se señala en una presentación hecha por la autoridad.

En relación con la propuesta de rebajar las tarifas, y para analizar su viabilidad, el ministerio encargó un estudio a la Comisión Nacional de Energía (CNE), el que se espera esté listo en los próximos días. Se trata de un tema que ha sido recurrente en las actividades que ha sostenido el ministro del ramo, Máximo Pacheco, quien ha oído directamente quejas de parte de los vecinos al respecto, situación que se intensifica durante las inauguraciones de los proyectos de generación que se han abierto este año.

A modo de comparación, y considerando las tarifas vigentes para las principales comunas productoras de energía, mientras en Santiago una cuenta tipo (200 KWh mensuales) cuesta unos $17.704, en Coronel, comuna que alberga las centrales Bocamina I y II (Endesa) y el complejo Santa María (Colbún) el mismo consumo significa un desembolso de $23.459, es decir, un 32,5% más. En San Clemente, comuna que alberga 896 MW de capacidad instalada, llega a $26.209 (48% más que en la capital) y en Mejillones, la comuna líder en capacidad instalada, la cuenta se empina a los $22.346, equivalente a un 26,2% por sobre Santiago.

¿Quién paga?

No es claro si esta rebaja se hará mediante subsidio a cargo de la empresa o del Estado o, eventualmente, un prorrateo al resto de los clientes del sistema eléctrico. Todo eso es parte del análisis que está haciendo la CNE y se espera que esté resuelto cuando se presente el proyecto de ley.

Un consultor energético apunta un tema clave: “Es muy relevante al respecto que el precio que reciben los consumidores residenciales está compuesto aproximadamente en 50% costo de distribución y 50% tarifa de generación  y transporte”, señala.

De la misma manera, el gobierno encargó estudios a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y al Ministerio de Hacienda para que analicen la factibilidad de que las empresas generadoras paguen las patentes en las zonas en las que tienen instaladas sus centrales, situación que también está a la espera de una definición antes de presentar formalmente el proyecto.

El documento añade que el Estado tomará un rol activo en el debate, como garante tanto de los beneficios para las comunidades como también en la participación “desde el origen, efectiva y con incidencia” en los mecanismos de resolución de conflictos. Ello, pues la idea instalada es que falta información creíble para todos, pues existen asimetrías entre los actores.

Otro punto importante tiene que ver con los aportes que las empresas harán a las comunidades. Si bien ya estaba definido que se iba a propender a generar un mecanismo descentralizado en el que participara la compañía, las comunidades, sus representantes y también el Estado como garante, la definición es que lo que se buscará es generar un cambio de paradigma y no simplemente una herramienta para destrabar proyectos, pues no es ese el eje.

“Promoveremos un marco de interacción entre las partes, con apoyo directo del ministerio y/o en base a facilitadores o mediadores, para desarrollar procesos de diálogo que permitan comprenderse mutuamente y generar acuerdos”, plantea el documento.

“Este diálogo permitirá prevenir y resolver conflictos, llegar a acuerdos donde se mejoren los proyectos y construir las bases de la relación que mantendrán las partes en todo el ciclo de vida de éste y potenciar el desarrollo local”, se añade.

Este diálogo, espera el gobierno, permitiría participar en incidir de mejor manera en la toma de decisiones del titular respecto al proyecto, aunque ello dependerá principalmente del nivel de entendimiento mutuo que logren las partes, con el Estado como garante.

En ese sentido, el gobierno plantea si debiera haber instancias vinculantes como, por ejemplo, plebiscitos, situación que está siendo analizada y que no está zanjada en la discusión por el proyecto de ley.

Otro punto relevante para el gobierno es generar mecanismos regulados y transparentes para las asesorías, estudios y capacitaciones para la comunidad, de manera de que se puede enfrentar de manera apropiada el diálogo y la relación con la empresa.

“Las personas u organizaciones que realicen estas actividades cumplirían ciertos requisitos y podrían ser elegidos de mutuo acuerdo entre las partes”, agrega el texto.

En ese sentido se plantea generar un registro público de profesionales y consultores, que proveerá los nombres para mediadores, facilitadores y estudios que se requieran.

¿Cómo se financiarán?

La propuesta preliminar el establecimiento de un fondo ciego con dineros públicos y privados, aunque también está sobre la mesa la idea de que se ejecute y luego se pida a la empresa que pague.

En relación con los compromisos que deberán adoptar las partes, está definido que los mecanismos de asociatividad serán flexibles pero no voluntarios. Es decir, constituirán una exigencia al titular.

Ente las claves de esta idea está la de la necesidad de adaptarse a las realidades regionales locales, reconocer las diferentes tecnologías y que es un error contar con un solo mecanismo para arreglar las diferencias.

“Se está analizando dar flexibilidad y adaptabilidad a las distintas realidades, puesto que serán las propias partes quienes tomarán las decisiones a través del diálogo y acuerdos”, complementa el documento de la autoridad.

También se busca que quede claro que la asociatividad no está relacionada con temas ambientales y por ningún motivo busca sustituir al Sistema de Evaluación de impacto Ambiental. Sí se espera que se genere una mayor focalización en los temas de desarrollo local. De la misma manera, el beneficiario final será la comunidad y no individuos o grupos.

¿Cómo se definirán los aportes de las empresas?

El documento plantea que se trabajará en una fórmula en base a distintos indicadores como las utilidades de las compañías, las ventas, las inyecciones de energía al sistema y la capacidad instalada, situación que debe evaluarse de manera minuciosa dado que en algunas comunas pequeñas existen grandes proyectos, lo que podría distorsionar el balance final entre las comunas.