La minería en Colombia, considerada como actividad de alto riesgo e incluida entre las locomotoras del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, está identificada en más de 14.000 unidades de producción minera, de acuerdo al último censo minero. Opera en los tipos formal o legal, ilegal, ancestral, tradicional, pequeños mineros, informal o de hecho y la mecanizada.
i. Legal: Representó un 2.3% del PIB en 2012, según el DANE. Se cuenta con 9.300 títulos vigentes inscritos en el Registro Minero Nacional, algunos en parques nacionales y reservas indígenas . Cursan 19.000 solicitudes, de las cuales están rechazadas el 90%, conforme a la autoridad minera, la Agencia Nacional de Minería, ANM. Está prohibido expedir licencias en páramos, humedales y parques naturales, en aproximadamente 22 millones de hectáreas.
En la expedición de los títulos se omite consultar a la comunidad y solicitar los planos de la unidad productiva, que deben ser fijados en los sitios de trabajo, “antes de iniciar las operaciones”, como lo establece la OIT. Es difícil evaluar cuántos proyectos mineros están en ejecución.
ii. La minería ilegal, que comprende para esta nota la minería de subsistencia, representa más del 60%, a la que están vinculados miles de trabajadores que laboran en 307 focos. Es la que se pretende formalizar, a través de la Política Nacional para la formalización de la minería. Los departamentos involucrados son Antioquia, Chocó, Bolívar, Valle del Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Córdoba y Cauca. En Bogotá la mayoría de canteras son ilegales.
iii. La ancestral o artesanal, llevada a cabo por comunidades por varios siglos, que se estima en unos 15 mil mineros de hecho, según la Defensoría del Pueblo, DP. El principal detonador lo dieron en 2013 cuando adelantaron un paro por varias semanas. Se encuentran en vía de legalización los que demuestren “tradición y trayectoria” por más de dos años.
iv. La tradicional, ejercida sin título inscrito y reglamentada mediante el Decreto 2715 de 2010 y decreto 1970 de 2012. v. Los pequeños mineros de los cuales no hay un censo oficial. En Conalminercol hay 200.000 asociados. vi. La informal son los que no tienen título minero.
vii. La mecanizada surgida hace poco y operada ilegalmente con retroexcavadoras, dragas, buldóceres, motobombas, mangueras, volquetas y otros equipos. Los minerales que se extraen en los 22 departamentos mineros son más de treinta: los metales preciosos, plata y platino ; los más caros: níquel, carbón que se extrae de minas subterráneas o de socavones, y el oro a través de la minería aluvial. Estos dos últimos minerales son los que causan más impacto ambiental; y los llamados minerales negros (coltán, tantalio o titanio), cuyo precio es más significativo que el oro. Además otros productos minerales como esmeraldas y tungsteno, que en conjunto hacen de Colombia un país minero de gran significación en la comunidad internacional. Colombia es el primer productor mundial de esmeraldas, el primer productor de carbón en América Latina y el quinto en el mundo y el séptimo productor de níquel. En contraste, la pobreza es la particularidad de las regiones mineras y en los mineros.
Entrando al socavón
En general la minería irresponsable se caracteriza por los elementos de precariedad laboral; abundante empleo de mano de obra infantil, (doscientos mil niños/as en 2003, según la UN); falta de capacitación de los trabajadores; falta de equipos de seguridad y de programas de seguridad industrial; ausencia de ventilación en las carboneras, necesaria por la excesiva acumulación de gases; proliferación de enfermedades y accidentes laborales, que poco o nunca se investigan; escasa presencia de ingenieros de minas o geólogos para dirigir la salud ocupacional en las minas; recaudo de “impuestos”, según la Contraloría General de la República, de parte de los que cobran “por todo”; genera contrabando y esclavitud, conforme al Ministerio Público; creciente evasión fiscal; los ripios que recogen los mineros frente a las inmensas ganancias que genera la actividad, y los daños ambientales que ocasionan las mismas, especialmente las de oro y mercurio.
Acciones de las autoridades
Las autoridades quedan inertes ante tanta mina y el poco personal para controlarlas. La actividad ilegal y la mecanizada es combatida a través del decreto 2235 de 2012 o decreto Terminator, por el cual la Policía Nacional está facultada para destruir la maquinaria utilizada. En sus 5 artículos no prevé un proceso para garantizar el debido proceso, lo que puede convertirlo en estéril en un futuro. Algunos opinan que en lugar de destruir la maquinaria debería incautarse para ser utilizada provisionalmente por el Estado mientras se adelanta la investigación. Al parecer este decreto se está aplicando también contra la minería ancestral.
En las operaciones policiales incrementadas en 2014, se han producido miles de capturas de trabajadores mineros, intervenidas 1.421 minas y suspendidas 994, a agosto de 2013, según la Policía. Las autoridades territoriales son permisivas con la minería ilegal y es deficiente la vigilancia e inspección de las del trabajo. En algunos casos se limitan al cierre temporal que es burlado enseguida, o el Ministerio de Trabajo a efectuar visitas periódicas sin resultados contundentes. Tampoco se ofrecen otras alternativas de trabajo para los mineros. Las autoridades se justifican arguyendo la distancia y condiciones en que están localizadas las minas entre otros obstáculos. En este sentido la DP advirtió en 2011 que no hay controles suficientes por parte del Estado.
Entidades relacionadas con el sector minero
Se reclama una mayor aleación entre las más de medio centenar de entidades relacionadas con el sector, los Ministerios de Minas, Defensa, Ambiente y Trabajo, ANM, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Cámara Colombiana de la Minería, UPME, Conalminercol, los 22 departamentos mineros, las CAR, Servicio Geológico Colombiano (antes Ingeominas) , Policía, ONGs, ambientalistas, entre otros.
Formalización minera
El gobierno nacional pretende formalizar la actividad minera a través del Decreto No. 0933 de 2013, la Ley 1658 de 2013 o “Ley Mercurio”, Decreto 480 de 2014 y Resolución 90719 del 8 de julio de 2014, Ministerio de Minas. Colombia sigue sin ratificar el Convenio de la OIT sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176).
Saldo fatal
Por cuenta de la minería ilegal de 2008 a 2011 fallecieron más de 216 personas, según la DP. En 2014 han fallecido más de 80 mineros, incluida la última tragedia del 30 de octubre en una mina de carbón en Amagá, Antioquia, cuyas víctimas no han sido rescatadas en su totalidad. Después de cada tragedia las declaraciones oficiales son siempre repetitivas: “ Esto no puede volverse a repetir en Colombia”. Más del 90% de las familias de los infortunados mineros quedan desprotegidas sin una pensión de sobrevivientes.
