Por Nicolás Wiñazki.
El Gobierno reconoció ayer que la empresa Hotesur funciona sin cumplir con las leyes que regulan a las sociedades comerciales. El secretario de Justicia, Julián Álvarez, admitió por primera vez que la compañía hotelera de la familia Kirchner le debía a la Inspección General de Justicia (IGJ) la presentación de sus balances correspondientes a los últimos tres años. Y anunció que por ese motivo el Estado le impondrá una “multa severa”: la sanción será de tres mil pesos.
El funcionario tomó casi de modo literal las palabras que el domingo había utilizado la propia Hotesur para intentar deslindar sus responsabilidades: la firma había dicho en un comunicado que la documentación básica que le debe a la IGJ es solamente un “incumplimiento que podría llegar como máximo a una multa de hasta pesos tres mil”.
Los jefes de Hotesur y de Álvarez son los mismos: los Kirchner.
El secretario de Justicia explicó así la nueva posición que tomará el Gobierno: “Una empresa no presentó sus balances en la IGJ y los presentó en la AFIP. Habrá sido el error de un contador, no vas a pretender que la Presidenta esté viendo si se presentó el balance en la IGJ o en la AFIP”, dijo en declaraciones a la radio Vorterix. Y agregó: “Le vamos a aplicar una multa a Hotesur y será la más severa. La multa es de 3 mil pesos, pero no porque se nos ocurre, sino porque está reglamentado así.”
Con el novedoso anuncio de la sanción, la Casa Rosada abre nuevos caminos de investigación.El periodismo había denunciado que el Gobierno sabía que Hotesur incumplía con la presentación de su documentación comercial ante el Estado, y que era protegida por los funcionarios nacionales debido a que su dueña es la Presidenta.
A fines del 2013, la propia IGJ reconoció en un comunicado que había intimado a Hotesur para que presente los papeles que le adeudaba. Pero esa intimación nunca se pudo comunicar realmente a la firma porque fue enviada al domicilio que la empresa tenía registrado: Lavalle 975 piso cuatro departamento cinco, unas oficinas en las que en realidad no había nada.
Casi un año después, cuando la Justicia investiga la cuestión, el Gobierno decidió actuar en el caso.
¿Por qué no lo hicieron antes?Álvarez tampoco habló ayer sobre otras irregularidades de Hotesur: en el 2012 registró ante la IGJ un domicilio en el que en realidad no funciona; le adeuda al Estado la actualización de la renovación de sus autoridades; e incluso el propio hijo de la Presidenta, Máximo Kirchner, aparece en un acta trabajando en la dirección “fantasma” de Lavalle.
La IGJ depende del ministro de Justicia Julio Alak, y está bajo control político de su segundo, Álvarez. Desde el 2012, el organismo está manejado por militantes de La Cámpora. Su actual titular es Martín Cormick. Pero quien ejerce el verdadero poder es el subsecretario de Coordinación y Control Registral, Ernesto Kreplak.
Desde hace diez días, Hotesur está siendo investigada por el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. El Gobierno acusa a Bonadio de hacer “golpismo”, a pesar de que recién tomó pocas medidas de prueba: tres allanamientos y la declaración de una testigo.
La ex directora del registro de sociedades comerciales de la IGJ, Silvina Martínez, explicó que “el monto de la multa no se relaciona con la gravedad del tema: el máximo es de tres mil pesos porque el Gobierno nunca lo actualizó”.
Al contrario de lo que dio a entender Álvarez, el objetivo central de la investigación judicial no apunta al modo con el que Hotesur se manejó con la IGJ. Ocurre que la empresa es dueña del hotel Alto Calafate, un negocio que está sospechado de haber sido usado para lavar dinero por el el socio de los Kirchner, Lázaro Báez. El juez Bonadio analizará la documentación de la firma para determinar si no se utilizó como pantalla para cometer delitos de corrupción.
La estrategia de los Kirchner cambió: primero denunciaron a través de sus funcionarios a Bonadio; después Hotesur difundió un comunicado intentando desmentir las acusaciones en su contra; y ahora el Gobierno le impone una multa a la compañía. No importa: el orden de esas acciones es indistinto para la justicia.
Por Lucia Salinas.
La firma Hotesur SA reúne amigos, familiares, socios. Un blindaje perfecto para la empresa de Cristina Kirchner allanada el jueves pasado por orden del juez federal Claudio Bonadio. Los nombres detrás de la firma y quiénes administran su único inmueble, el hotel Alto Calafate, constituyen un círculo de extrema confianza para los negocios financieros entre los Kirchner y el empresario Lázaro Báez.
Uno de los últimos directorios informados por Hotesur S.A – por cuyas iregularidades Cristina es investigada por “abuso de poder y violación de los deberes de funcionario público–, parece una fotografía del kirchnerismo santacruceño durante esta última década. El director titular de los accionistas clase A hasta enero de 2009 era Osvaldo “Bochi” Sanfelice, socio de Máximo en la inmobiliaria “Sanfelice, Sancho & Asociados”, ubicada en Río Gallegos, en avenida Kirchner 496, domicilio fiscal de Hotesur.
El suplente fue Adrián Esteban Berni, un hombre de confianza de Lázaro Báez y presidente de Valle Mitre S.A, firma del empresario K que gerenciaba los hoteles de Cristina: Las Dunas, La Aldea y Alto Calafate. Por medio de esta empresa se “alquilaron” habitaciones por $14,4 millones entre 2010-2011.
Como directora de los accionistas clase B, se nombró a Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner y actualmente empleada de Cristóbal López en Inversora M&S, del Grupo Indalo. Fue una de las beneficiadas con la venta de terrenos de El Calafate (Manzana 107 1 “C”). Su hermana Natalia –fiscal de la Villa Turística– investigó a su propio tío, Néstor, en la causa sobre la oscura compra- venta de esos terrenos.
También integró el directorio otro conocido de Báez. Se trata de Alejandro Fermín Ruiz, un contador propietario de “Cristina SA”, una concesionaria de autos también propiedad de César Andrés, contador de Lázaro y en cuyo domicilio habría funcionado una especie de “rosadita local”, donde se manejaba efectivo de Austral Construcciones. Ruiz también tiene cuotas sociales del diario Prensa Libre, propiedad del empresario K.
Otro nombre que integra el círculo empresarial K y que figura en el directorio de Hotesur, es Patricio Pereyra Arandia. Dedicado al servicio inmobiliario. Sin sociedades a su nombre, figura como empleado de Idea Sociedad Anónima, empresa de María José Fernández Clark, socia de Máximo Kirchner.
En la danza de nombres, como suplente en el directorio Hotesur, un hombre de extrema confianza de Lázaro Báez vuelve a aparecer: Roberto Saldivia, su abogado y mano derecha. Todos fijaron domicilio en Lavalle 975, Capital Federal, aunque la firma informó que aún está “en trámite” el cambio de la dirección de la sociedad, que figurará en Santa Cruz “porque allí está su único inmueble”.
Hotesur es propietaria del hotel Alto Calafate, que antes había sido gerenciado por Valle Mitre, una empresa de Báez. Sin embargo, desde diciembre de 2013 dicha responsabilidad la tienUnae “Idea Sociedad Anónima”, de María José Fernández Clark, socia de Máximo y esposa de Carlos Sancho –ex gobernador de Santa Cruz–. Idea también gerencia Las Dunas, que fue propiedad de Báez hasta que después vendió esa hostería a y un complejo habitacional de El Chaltén a Néstor Kirchner.
Después de 20 días de silencio, la empresa Hotesur S.A., propiedad de Cristina Kirchner, salió al cruce de la investigación realizada por el juez Claudio Bonadio y que habilitó el allanamiento de la firma el jueves pasado. En un comunicado, advierten por una supuesta “operación mediática-judicial” y acusan a la diputada Margarita Stolbizer, que realizó la denuncia, de “cómplice” de “dicha operación”. Todo es “contra la Presidenta y sus hijos”, plantea el texto, en el que, sin embargo, la empresa reconoce las irregularidades que se le adjudican en su funcionamiento. Entre otras cosas, la firma propietaria del hotel Alto Calafate admite que no está en regla con la Inspección General de Justicia, a la que le debe “documentación contable” de los períodos 2011-2012-2013.
El argumento de la firma para autocatalogarse en regla es polémico: aduce que entregó toda la información y no adeuda impuestos “a la AFIP”. Pero no explica por qué presentó la información en el organismo recaudador y en cambio no lo hizo en la Inspección General de Justicia, que es donde debe inscribirse y entregar información, según las leyes de las sociedades comerciales. En la IGJ no sólo es una obligación presentar los balances, sino que estos documentos deben estar firmados por contadores; esto ni siquiera se cumple con el último balance presentado allí por Hotesur en 2010.
En referencia al domicilio legal de la firma (en la IGJ figura una dirección en la Ciudad de Buenos Aires, Lavalle 975, cuyo inmueble está vacío), Hotesur asegura que en marzo de 2010 se realizó el cambio durante una asamblea para trasladar el mismo a Santa Cruz y agrega que, cuatro años más tarde, todavía está “en trámite la cancelación de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Dos informaciones que reveló ayer Clarín contradicen esta información. En abril de 2012, Hotesur presentó ante la IGJ su declaración jurada de actualización de datos: en ese trámite se lee que la firma volvió a inscribir como sede a Lavalle 975. La IGJ supo que algo pasaba en ese domicilio porque a fines del 2013 intimó a Hotesur por sus incumplimientos pero la carta volvió rebotada.
Pero además, la compañía declaró que aprobó balances en una asamblea de 2011. En el acta que reproduciría ese encuentro figura que estuvo presente el hijo de la Presidenta, Máximo Kirchner, y que aprobó esos ejercicios contables, aunque no está su firma en ese papel. Ese documento afirma que la reunión de la cúpula de Hotesur se hizo en la oficina hoy fantasma de Lavalle 975. El dato complica al heredero de los Kirchner.
Una de las sospechas es que Hotesur busca concentrar la información en la AFIP de Santa Cruz, porque allí trabaja la cuñada de Máximo. Según el comunicado, las irregularidades que reconoce Hotesur son menores. Por eso, aduce, todo se trata de una “operación de prensa” que “revela groseramente la actitud desmedida de un juez”.
Fuentes opositoras y judiciales, en cambio, consideran grave que un organismo oficial, que depende del Ejecutivo, permita que una empresa de la propia Presidente incurra en irregularidades explícitas. Con el agravante de que se trata de una firma sospechada de haber sido vehículo de operaciones de lavado de dinero, ya que el empresario Lázaro Báez alquiló cientos de habitaciones que nadie ocupó.
Pese a que la empresa busca minimizar el caso, la investigación judicial recién empezó y aún no determinó los delitos que se pueden haber cometido alrededor de la empresa. La denuncia periodística, que luego tomó la oposición, es el puntapié de un expediente que acaba de empezar. Esto podría esconder un abuso de autoridad, ya que Cristina aparece en ambos lados del mostrador. O la causa podría virar incluso hacia otros delitos como posible lavado de dinero o falsificación de documentos públicos.
Finalmente, la firma Hotesur sostiene que es una “práctica legítima, legal y habitual en cualquier sociedad de familia, que sus accionistas retiren a cuenta de dividendos los fondos obtenidos”, justificando la deuda que declara Cristina Kirchner sobre su propia empresa superior a los $ 4 millones, como reveló Clarín.
El secretario de Justicia, Julián Álvarez, cuestionó ayer al juez federal Claudio Bonadío, quien investiga supuestas irregularidades en una empresa que controla un hotel del que Cristina Fernández es accionista, y sostuvo que el magistrado busca protegerse “frente a los nueve expedientes de destitución” que tiene en contra.
“Bonadío viene montándose un escudo frente los nueve expedientes de destitución que tiene en el Consejo de la Magistratura. Cada vez que el Consejo de la Magistratura sesiona, Bonadío toma una medida contra el Gobierno. Por ejemplo, el 20 de marzo de este año la Comisión de Disciplina y Acusación lo citó por mal desempeño en el trámite de las causas Tandanor y Yoma, y ese mismo día firmó la elevación a juicio de Guillermo Moreno en una causa por abuso de autoridad”, planteó Álvarez.
Operativos
El funcionario recordó que el jueves, mientras se designaban las autoridades del Consejo de la Magistratura, Bonadío “hizo el allanamiento en la Inspección General de Justicia, justamente el Ministerio de Justicia, y en Hotesur, donde por supuesto no se encuentra nada”.
Álvarez sostuvo que “Bonadío es uno de los más cuestionados de la Justicia Federal”, que “es un juez del menemismo” y que “es el caso más emblemático de los magistrados de la servilleta que respondían directamente a (el ex ministro del Interior Carlos) Corach”, de quien fue “subsecretario antes de ser juez”.
“Ahora Bonadío, en vez de guiarse por la imparcialidad, se guía por sus conexiones políticas y por sus vinculaciones con el massismo”, cuestionó Álvarez.
Denuncias
El Consejo de la Magistratura tiene actualmente nueve denuncias contra el juez, y una de las principales es su desempeño en la llamada causa “Tandanor”, por demorar la elevación a juicio. Similar actitud tomó en causa “Yoma”.
Otra de las causas en la que fue denunciado por mal desempeño de sus funciones, se refiere al juicio por el contagio masivo de más de mil doscientos pacientes hemofílicos con los virus de HIV, hepatitis B y hepatitis C, ocurrido en 1984.
Posee dos denuncias por malos tratos y otras vinculadas con abuso de autoridad por la Tragedia de Once.
Hotesur negó irregularidades
La empresa Hotesur SA, que administra el hotel Alto Calafate de la presidenta Cristina Fernández, negó ayer irregularidades y “maniobras de ocultamiento” de su actividad y tildó de “actitud desmedida” el allanamiento ordenado por el juez federal Claudio Bonadío.
En un comunicado difundido por el twitter de la Casa Rosada, la firma precisó que pagó “todas sus obligaciones impositivas”, reconoció que se demoró en formalizar el domicilio ante la Inspección General de Justicia y en entregar lo libros contables.
Senador criticó medida del juez
El senador Aníbal Fernández (FpV) aseguró: “No se hace en ningún país del mundo allanar una empresa del Presidente de la Nación. Se pide el balance y la composición del directorio, y a los tres días lo tiene resuelto”.
El juez federal Claudio Bonadío enfrenta nueve pedidos de destitución por su accionar irregular en procesos judiciales de alto contenido político, en los que demoró medidas para que las causas prescriban.
En ese sentido, el Consejo de la Magistratura busca aclarar el retraso en convocar testigos y otras supuestas maniobras que retrasaron la elevación a juicio de algunas causas, y es acusado de montar un "Operativo Escudo" detrás de las medidas judiciales más mediáticas para desviar la atención.
"Bonadío viene montándose un escudo frente a los nueve expedientes de destitución que tiene el Consejo de la Magistratura", aseguró el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez y afirmó que el juez "es uno de los más cuestionados de la Justicia federal".
Las causas en las que se investiga el accionar del juez federal son:
• La llamada causa "Tandanor", donde es analizado su desempeño por la indebida extensión del plazo para la elevación a juicio del expediente. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 lo denunció ante el Consejo de la Magistratura dado que todos los acusados por defraudación al Estado en la venta del principal astillero público fueron sobreseídos por el vencimiento de los plazos procesales que produjo Bonadío.
• Idéntica situación afronta en la causa "Yoma", en la que se investigaba a la curtiembre de esa familia por defraudar a la administración pública a través del acceso a un régimen de promoción industrial que luego utilizaban como garantías de préstamos.
Al igual que en la causa Tandanor, Bonadío es investigado por una demora injustificada en el desarrollo de la etapa de instrucción, que permitió la prescripción de la acción penal.
• Otra de las causas en la que fue denunciado por mal desempeño de sus funciones, se refiere al juicio por el contagio masivo de más de mil doscientos pacientes hemofílicos con los virus de HIV, Hepatitis B y Hepatitis C, ocurrido en 1984.
El denunciante busca esclarecer por qué Bonadío demoró injustificadamente la citación a indagatoria de los imputados, las cuales fueron tomadas recién tres años después de iniciada la causa, mientras que otros imputados no fueron nunca indagados, pese a que se lo ordenó la Cámara.
En dos oportunidades este juez declaró el sobreseimiento de los acusados, pero ambos dictámenes fueron revocados por la Cámara que le ordenó realizar nuevas medidas, entre ellas indagar a los imputados, medidas que el juez nunca concretó.
• Una cuarta demanda fue presentada por Diego Lorenzo Sanoguera, quien denuncia que en el juzgado a cargo de Bonadío recibió malos tratos cuando en reiteradas oportunidades se presentó en la oficina judicial para solicitar un certificado de sobreseimiento.
• También existe otro expediente vinculado a los malos tratos recibidos por la abogada Gloria Altamirano, quien denunció al juez por "violaciones graves a sus deberes" cuando el magistrado le impidió tomar vista de las actuaciones en reiteradas oportunidades, en paralelo altrato "cruel, inhumanos y degradante" aplicado por el magistrado de quien incluso debió soportar comentarios despreciativos de distinta índole.
• Bonadío también tiene tres denuncias en su contra por la actuación que tuvo en el proceso judicial que investigó el accidente ocurrido en la estación de Once el 22 de febrero de 2012.
Una de ellas corresponde al abogado de la querella mayoritaria de damnificados por el accidente, el doctor Gregorio Dalbón, que denunció que asistió a numerosos actos procesales que dan muestra de un comportamiento arbitrario por parte del juez, a quien acusó de utilizar la `causa once´ para fines propios y no para la búsqueda de la verdad.
En este sentido, el letrado aseguró que Bonadío direccionó la investigación a demostrar que se trataba de una acción fraudulenta del Estado, y que utilizó su poder jurisdiccional como herramienta para imputar arbitrariamente a bomberos, policías y socorristas, a los fines de deslindarse de responsabilidad en el hallazgo tardío del cuerpo de Lucas Menghini Rey.
Según el abogado querellante, el magistrado ordenó a los bomberos y socorristas que cesaran la búsqueda del joven, quienes ofrecieron métodos alternativos de búsqueda para no afectar la escena del hecho, y el juez volvió a negarse a continuar la búsqueda.
Con posterioridad -y en virtud de la repercusión mediática alcanzada por el caso- imputó a bomberos y policías por incumplimiento de deberes de funcionario público, y los llamó a prestar declaración indagatoria.
• El último expediente fue abierto a raíz de la presentación del doctor Alejandro L. Rua por mal desempeño en sus funciones contra Bonadío por entender que cometió severas irregularidades al iniciar una campaña de hostigamiento e intimidación destinada a limitar el ejercicio de lalegítima defensa de sus asistidos, situación que cesó solamente cuando la Cámara lo apartó de la causa.
Por Mariana Verón.
El Gobierno minimizó ayer las irregularidades en la presentación de balances de Hotesur, la empresa de Cristina Kirchner , ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y, en un gesto tendiente a quitarle trascendencia a la investigación, anunció que le cobrará una multa de 3000 pesos como castigo.
Ésa es la pena máxima para una sociedad que incumple con las disposiciones de la IGJ, según la resolución 267/90 de la Secretaría de Justicia, de donde depende el ente en el que se registran las empresas.
"Es una irregularidad que es más leve que pasar un semáforo en rojo", graficó el secretario de Justicia, Julián Álvarez, convertido en vocero de la estrategia oficial contra el juez Claudio Bonadio, que llevó adelante el jueves pasado un sorpresivo allanamiento en la sede legal de Hotesur y que despertó duras críticas del Gobierno hacia el magistrado.
"Le vamos a aplicar una multa y será la más severa. La multa es de 3000 pesos , pero no porque se nos ocurre, sino porque está reglamentado así", insistió el funcionario para minimizar el tenor de la denuncia que impulsó la diputada Margarita Stolbizer.
En rigor, el castigo que podría recibir la empresa de la Presidenta y sus hijos, Máximo y Florencia, ya lo había hecho quien redactó el comunicado de la empresa hotelera que anteanoche aclaró la falta de presentación de los balances de Hotesur, que no llevó firma. En el punto séptimo de aquel parte de prensa se advertía que "la demora en la formalización de trámites administrativos podría llegar como máximo a una multa" por el monto que justamente ayer especificó el secretario de Justicia.
Molesto con Bonadio y la cobertura mediática del caso, el gobierno nacional propagó dos líneas centrales de su estrategia: anunciar el cobro de la multa, un castigo menor para dar cuenta del tipo de irregularidad, y una nueva denuncia contra el juez.
Álvarez ratificó ayer que hará una presentación ante el Consejo de la Magistratura, organismo que integra como representante del Poder Ejecutivo, por lo que considera "maniobras extorsivas" de Bonadio contra Cristina Kirchner.
"Lo vamos a denunciar por la acción sistemática de generar un escudo para que no se lo investigue", remarcó el funcionario, y descartó que la presentación fuera por el modo en que llevó adelante esta investigación.
"Una empresa no presentó sus balances en la IGJ y los presentó en la AFIP. Habrá sido el error de un contador, no van a pretender que la Presidenta esté viendo si se presentó el balance en la IGJ o en la AFIP", insistió Álvarez en la seguidilla de declaraciones radiales que hizo ayer.
LA DEFENSA
A través del comunicado de la empresa difundido por la Casa Rosada, la Presidenta argumentó que estaba en trámite el cambio de domicilio de la compañía (de allí que el departamento allanado el jueves en Lavalle 975, sede legal de la compañía, estuviera vacío) y que las presentaciones se habían hecho ante la AFIP. Lo único que admitió como faltante fue que no había regularizado la entrega de esos balances a la IGJ durante los últimos tres años. Álvarez resaltó que en esa situación están unas 40.000 empresas, además de Hotesur.
El Gobierno puso énfasis ayer en cuestionar al juez, que ya tiene nueve causas por presunto mal desempeño de sus funciones ante el Consejo de la Magistratura. El oficialismo no tiene forma de avanzar con el inicio de un juicio político ante la falta de los dos tercios de los votos que necesita para abrirlo.
El mismo destino tendrá la nueva presentación que hará el secretario de Justicia, que hasta anoche ni siquiera estaba redactada. Incluso la Comisión de Acusación, que deberá tratar la denuncia, recién se conformará el próximo jueves, con lo que es poco probable que esta misma semana el kirchnerismo pueda avanzar. La denuncia incluirá lo que la Casa Rosada denomina el "modus operandi" de Bonadio. Según el secretario de Justicia, cada vez que se mueve un expediente en su contra en el Consejo de la Magistratura el juez avanza con alguna causa que involucra a funcionarios nacionales. El juez ya envió a juicio oral a Guillermo Moreno y procesó a Amado Boudou por los papeles falsos de su auto Honda.
Álvarez negó, además, que el Gobierno tuviera una intencionalidad manifiesta contra Bonadio. "Ariel Lijo procesó al vicepresidente de la Nación y no lo estamos tratando en el Consejo de la Magistratura, ahí no hay un escudo", confesó, en una inesperada defensa del juez que tiene a Boudou contra las cuerdas.
