El secretario de Justicia, Julián Álvarez, cuestionó ayer al juez federal Claudio Bonadío, quien investiga supuestas irregularidades en una empresa que controla un hotel del que Cristina Fernández es accionista, y sostuvo que el magistrado busca protegerse “frente a los nueve expedientes de destitución” que tiene en contra.
“Bonadío viene montándose un escudo frente los nueve expedientes de destitución que tiene en el Consejo de la Magistratura. Cada vez que el Consejo de la Magistratura sesiona, Bonadío toma una medida contra el Gobierno. Por ejemplo, el 20 de marzo de este año la Comisión de Disciplina y Acusación lo citó por mal desempeño en el trámite de las causas Tandanor y Yoma, y ese mismo día firmó la elevación a juicio de Guillermo Moreno en una causa por abuso de autoridad”, planteó Álvarez.

Operativos
El funcionario recordó que el jueves, mientras se designaban las autoridades del Consejo de la Magistratura, Bonadío “hizo el allanamiento en la Inspección General de Justicia, justamente el Ministerio de Justicia, y en Hotesur, donde por supuesto no se encuentra nada”.
Álvarez sostuvo que “Bonadío es uno de los más cuestionados de la Justicia Federal”, que “es un juez del menemismo” y que “es el caso más emblemático de los magistrados de la servilleta que respondían directamente a (el ex ministro del Interior Carlos) Corach”, de quien fue “subsecretario antes de ser juez”.
“Ahora Bonadío, en vez de guiarse por la imparcialidad, se guía por sus conexiones políticas y por sus vinculaciones con el massismo”, cuestionó Álvarez.
Denuncias
El Consejo de la Magistratura tiene actualmente nueve denuncias contra el juez, y una de las principales es su desempeño en la llamada causa “Tandanor”, por demorar la elevación a juicio. Similar actitud tomó en causa “Yoma”.
Otra de las causas en la que fue denunciado por mal desempeño de sus funciones, se refiere al juicio por el contagio masivo de más de mil doscientos pacientes hemofílicos con los virus de HIV, hepatitis B y hepatitis C, ocurrido en 1984.
Posee dos denuncias por malos tratos y otras vinculadas con abuso de autoridad por la Tragedia de Once.

Hotesur negó irregularidades

La empresa Hotesur SA, que administra el hotel Alto Calafate de la presidenta Cristina Fernández, negó ayer irregularidades y “maniobras de ocultamiento” de su actividad y tildó de “actitud desmedida” el allanamiento ordenado por el juez federal Claudio Bonadío.
En un comunicado difundido por el twitter de la Casa Rosada, la firma precisó que pagó “todas sus obligaciones impositivas”, reconoció que se demoró en formalizar el domicilio ante la Inspección General de Justicia y en entregar lo libros contables.

Senador criticó medida del juez

El senador Aníbal Fernández (FpV) aseguró: “No se hace en ningún país del mundo allanar una empresa del Presidente de la Nación. Se pide el balance y la composición del directorio, y a los tres días lo tiene resuelto”.

Después de 20 días de silencio, la empresa Hotesur S.A. propiedad de Cristina Kirchner, salió al cruce de la investigación realizada por el juez Claudio Bonadio y que habilitó el allanamiento de la firma el jueves pasado. En el texto hablan de una "operación mediática - judicial" y acusa a la diputada Margarita Stolbizer que realizó la denuncia de "cómplice" de "dicha operación".

Todo es "contra la Presidenta y sus hijos", plantea el comunicado de prensa de Hotesur, en el que, paradójicamente, la empresa reconoce que no está en regla con la Inspección General de Justicia, a la que le debe "documentación contable" de los períodos 2011-2012-2013.

El argumento de la firma para autocatalogarse en regla es polémico: aduce que entregó toda la información y no adedua impuestos "a la AFIP". Pero no explica por qué presentó la información en ese organismo y en cambio la adeuda en en la Inspección General de Justicia.

En referencia al domicilio de la firma propietaria del hotel Alto Calafate (en la IGJ figura una dirección en Capital cuyo inmueble está vacío), Hotesur asegura que en marzo de 2010 realizaron el cambio durante una asamblea para trasladar el mismo a Santa Cruz, y agrega que, cuatro años más tarde, está "en trámite la cancelación de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Según el comunicado, las irregularidades que reconoce son menores. Por eso, aduce, todo se trata de una "operación de prensa" que "revela groseramente la actitud desmedida de un juez federal que manda a allanar dos organismo del Estado por este supuesto incumplimiento".

Fuentes de la oposición y la Justicia, en cambio, consideran grave que un organismo oficial, que depende del Ejecutivo, permita que una empresa de la propia Presidente incurra en irregularidades explícitas. Esto podría esconder un abuso de autoridad, ya que Cristina aparece en ambos lados del mostrador.

Finalmente, la firma Hotesur sostiene que es una "práctica legítima, legal y habitual en cualquier sociedad de familia, que sus accionistas retiren a cuenta de dividendos los fondos obtenidos", justificando la deuda que declara Cristina Kirchner sobre su propia empresa superior a los $4 millones, como reveló Clarín.

El juez federal Claudio Bonadío enfrenta nueve pedidos de destitución por su accionar irregular en procesos judiciales de alto contenido político, en los que demoró medidas para que las causas prescriban.

En ese sentido, el Consejo de la Magistratura busca aclarar el retraso en convocar testigos y otras supuestas maniobras que retrasaron la elevación a juicio de algunas causas, y es acusado de montar un "Operativo Escudo" detrás de las medidas judiciales más mediáticas para desviar la atención.

"Bonadío viene montándose un escudo frente a los nueve expedientes de destitución que tiene el Consejo de la Magistratura", aseguró el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez y afirmó que el juez "es uno de los más cuestionados de la Justicia federal".

Las causas en las que se investiga el accionar del juez federal son:

• La llamada causa "Tandanor", donde es analizado su desempeño por la indebida extensión del plazo para la elevación a juicio del expediente. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 lo denunció ante el Consejo de la Magistratura dado que todos los acusados por defraudación al Estado en la venta del principal astillero público fueron sobreseídos por el vencimiento de los plazos procesales que produjo Bonadío.

• Idéntica situación afronta en la causa "Yoma", en la que se investigaba a la curtiembre de esa familia por defraudar a la administración pública a través del acceso a un régimen de promoción industrial que luego utilizaban como garantías de préstamos.

Al igual que en la causa Tandanor, Bonadío es investigado por una demora injustificada en el desarrollo de la etapa de instrucción, que permitió la prescripción de la acción penal.

• Otra de las causas en la que fue denunciado por mal desempeño de sus funciones, se refiere al juicio por el contagio masivo de más de mil doscientos pacientes hemofílicos con los virus de HIV, Hepatitis B y Hepatitis C, ocurrido en 1984.

El denunciante busca esclarecer por qué Bonadío demoró injustificadamente la citación a indagatoria de los imputados, las cuales fueron tomadas recién tres años después de iniciada la causa, mientras que otros imputados no fueron nunca indagados, pese a que se lo ordenó la Cámara.

En dos oportunidades este juez declaró el sobreseimiento de los acusados, pero ambos dictámenes fueron revocados por la Cámara que le ordenó realizar nuevas medidas, entre ellas indagar a los imputados, medidas que el juez nunca concretó.

• Una cuarta demanda fue presentada por Diego Lorenzo Sanoguera, quien denuncia que en el juzgado a cargo de Bonadío recibió malos tratos cuando en reiteradas oportunidades se presentó en la oficina judicial para solicitar un certificado de sobreseimiento.

• También existe otro expediente vinculado a los malos tratos recibidos por la abogada Gloria Altamirano, quien denunció al juez por "violaciones graves a sus deberes" cuando el magistrado le impidió tomar vista de las actuaciones en reiteradas oportunidades, en paralelo altrato "cruel, inhumanos y degradante" aplicado por el magistrado de quien incluso debió soportar comentarios despreciativos de distinta índole.

• Bonadío también tiene tres denuncias en su contra por la actuación que tuvo en el proceso judicial que investigó el accidente ocurrido en la estación de Once el 22 de febrero de 2012.

Una de ellas corresponde al abogado de la querella mayoritaria de damnificados por el accidente, el doctor Gregorio Dalbón, que denunció que asistió a numerosos actos procesales que dan muestra de un comportamiento arbitrario por parte del juez, a quien acusó de utilizar la `causa once´ para fines propios y no para la búsqueda de la verdad.

En este sentido, el letrado aseguró que Bonadío direccionó la investigación a demostrar que se trataba de una acción fraudulenta del Estado, y que utilizó su poder jurisdiccional como herramienta para imputar arbitrariamente a bomberos, policías y socorristas, a los fines de deslindarse de responsabilidad en el hallazgo tardío del cuerpo de Lucas Menghini Rey.

Según el abogado querellante, el magistrado ordenó a los bomberos y socorristas que cesaran la búsqueda del joven, quienes ofrecieron métodos alternativos de búsqueda para no afectar la escena del hecho, y el juez volvió a negarse a continuar la búsqueda.

Con posterioridad -y en virtud de la repercusión mediática alcanzada por el caso- imputó a bomberos y policías por incumplimiento de deberes de funcionario público, y los llamó a prestar declaración indagatoria.

• El último expediente fue abierto a raíz de la presentación del doctor Alejandro L. Rua por mal desempeño en sus funciones contra Bonadío por entender que cometió severas irregularidades al iniciar una campaña de hostigamiento e intimidación destinada a limitar el ejercicio de lalegítima defensa de sus asistidos, situación que cesó solamente cuando la Cámara lo apartó de la causa.