La sesión programada para mañana en la Legislatura de Chubut se realizará pese a la retención de servicios que viene desarrollando la Asociación del Personal Legislativo. Será con importantes medidas de seguridad, según adelantó el vicegobernador, Gustavo Mac Karthy, para evitar enfrentamientos entre los promineros y antimineros.

Las Asambleas Ciudadanas presentaron la propuesta hace seis meses con el aval de 13.007 firmas de ciudadanos de toda la provincia que se expresaron en contra de la mega minería a cielo abierto, el uso de cianuro y de agua en importantes proporciones para sostener esa actividad que, consideran, nociva para el medio ambiente.

La sesión de mañana será histórica porque será la primera vez que la Cámara de Diputados tratará un proyecto de ley presentado bajo el esquema de la iniciativa popular, que se consagró por la reforma constitucional de 1994 con el objetivo de darle al ciudadano herramientas para impulsar temas para que sean debatidos y definidos por los legisladores.

El proyecto que los diputados deben tratar, aprobándolo o rechazándolo, encontró la resistencia de los representantes de la minería y de los intendentes o jefes comunales de los pueblos de la meseta, quienes sostienen que se trata de una actividad lícita, que se realizará en esa zona con todos los controles ambientales del caso. Argumentan que generará trabajo e inclusión en las localidades más abandonadas de la provincia.

Estos mismos sectores, como algunos diputados, entienden que el proyecto no puede aprobarse porque “es inconstitucional”.

Desde la presentación de la propuesta, las asambleas insistieron en su tratamiento, que estuvo a punto de frustrarse cuando la Legislatura, a instancias del diputado del Frente para la Victoria, Gustavo Reyes, devolvió el expediente al Tribunal Electoral Provincial por entender que la presentación no reunía los requisitos legales del caso, algo que fue negado por el organismo que devolvió la presentación que, por plazos legales, los diputados tienen que tratar sí o sí mañana.

Junto con la calificación de “inconstitucionalidad”, los sectores pro mineros pidieron la realización de un debate técnico, en el que solicitaron intervengan todas las voces, previo a la discusión en el recinto del proyecto. El requerimiento, que aparecía como importante para explicar posiciones y los beneficios y/o riesgos de la actividad, de acuerdo a las distintas posiciones que existen, no pudo concretarse.

OPERATIVO DE SEGURIDAD
Para evitar inconvenientes y enfrentamientos entre los grupos en pugna, cuyos representantes seguramente ocuparán distintos sectores de las barras de la Legislatura, el vicegobernador Gustavo Mac Karthy dispuso que, para mañana, se implemente un importante operativo de seguridad.

En ese sentido, confirmó que solicitó al Ministerio de Seguridad que disponga de un operativo afuera del recinto ante la movilización de grupos promineros y ambientalistas, y señaló que habrá una barra para cada uno de los sectores y un vallado para separarlos en la entrada a la Legislatura.

Mac Karthy recordó que la gente “tiene todo el derecho a expresarse” pero pidió que los grupos entiendan que “se puede pensar distinto. Esperemos que el debate se realice dentro de la normalidad” y no adelantó cómo se expresará en el caso de que la votación salga empatada y tenga él, como presidente de la Cámara, desempatar.

“Estoy terminando de evaluar varias cuestiones, argumentaciones de la Unión de Asambleas Ciudadanas y de quienes están a favor de la minería y si es que corresponde fijaremos nuestra posición”, explicó.

El Patagónico

(Por Andrés Cursaro) La Legislatura se apresta a tratar este martes la iniciativa popular presentada por la Unión de Asambleas Ciudadanas para prohibir definitivamente la explotación minera en Chubut. Sin dictamen de comisiones, hoy aún es incierto el resultado que tendrá esa votación ya que existen posiciones encontradas entre los diputados: algunos se manifestaron abiertamente en contra de la iniciativa (por ende, autorizar la actividad), otros explicitaron dudas y otro grupo se expresó a favor de la prohibición de la explotación. Más allá del resultado, la sesión del martes, como nunca, dejará al descubierto el “procedimiento político” de cada legislador para avalar o rechazar el proyecto en lo que se presume será una votación nominal, ya que, insisto, por estas horas no existe acuerdo unánime al interior de los bloques mayoritarios.

Desde que los grupos pro mineros encabezados por los empresarios del sector iniciaron la campaña de reinstalación del tema desde este espacio abogué por la realización de debates serios y abiertos a toda la comunidad para que cada uno de los habitantes pueda contar con información confiable y, sobre todo, certera que le permitiera fijar posición. Lamentablemente, no hubo debate. Ningún debate, sólo chicanas y enfrentamientos pueriles, argumentos extorsivos y amenazas explícitas. Ni los interesados en que la explotación se reactive, ni quienes están en contra de esta posibilidad, ni los estamentos académicos, ni los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) fueron capaces de generar esos espacios de intercambio de datos e información. La discusión, entonces, quedó nuevamente circunscripta a la actuación de los lobbys empresarios, políticos y ecologistas.

Fue la diputada de Chubut Somos Todos, Myriam Crespo, quien no hizo más que acentuar lo descripto al afirmar hace pocas horas que “hay presiones de ambos lados: tanto de quienes apoyan la actividad minera en la Provincia, como de quienes la rechazan” y reveló que su bloque votará a favor de la iniciativa popular. La decisión, según argumentó, se basa en la falta de información actualizada sobre las consecuencias (negativas o positivas) que tendría la explotación minera en el territorio provincial.

Sin debate ni discusión seria, todo quedó reducido a la “capacidad operativa” de cada sector. Escraches, pintadas, insultos y foros direccionados del lado antiminero y amenazas al Estado desde el sector empresarial. “En toda la Provincia se siguieron aprobando informes de impacto ambiental, cobrando cánones, impuestos, que generaron la posibilidad de que el inversor siga haciendo inversiones, las cuales serán juicios reclamables económicamente. Alguien tiene que pagar los platos rotos”, disparó el secretario de la Cámara de Proveedores Mineros, Mario Bensimón.

En el medio, los diputados provinciales estiraron los tiempos del tratamiento de la iniciativa hasta extinguirlo y verse obligados a fijar fecha para ello. Así, el tema minero llegará a recinto este 25 de noviembre con más dudas que certezas. Dudas sembradas por quienes aseguran que el proyecto de la Unión de Asambleas Ciudadanas es “anticonstitucional”; sombras proyectadas por quienes ven atrás del impulso a la minería nada más que dinero y ambición; desconfianza de quienes observan sin poder vislumbrar claramente qué se esconde atrás de las discusiones bizantinas.

Con cierta ingenuidad, por estas horas me permito pensar que los diputados provinciales están sumamente incómodos con el papel que les toca asumir frente a este tema. Incomodidad fundamentada en que son ellos los únicos obligados a fijar postura y a asumir los costos de la decisión que tomen. Es que así como no hubo debates serios, tampoco se escucharon pronunciamientos explícitos de quienes pretenden gobernar Chubut en los próximos años.

A diferencia de otras iniciativas, como las PASO, por ejemplo, sobre esta cuestión el gobernador Martín Buzzi sólo se limitó a expresar la muletilla de que habrá explotación en los lugares donde exista “licencia social”. La misma actitud adoptó el diputado nacional Mario Das Neves a quien no se lo escuchó hablar de minería en ninguna de sus recorridas proselitistas por la provincia. Mucho menos a los dirigentes del PACh o del PRO.

En este sentido resulta reveladora la estrategia política del radical Roberto Risso que, además de votar a favor de la prohibición de la explotación minera, este martes presentará un proyecto que propiciará que en las elecciones generales del año próximo se realice un plebiscito provincial para ratificar o rechazar la decisión que los diputados tomen. “La idea es que todos los chubutenses con su voto ratifiquen o rechacen lo resuelto por la iniciativa popular, si es que la misma se aprueba en la reunión legislativa. Queremos que toda la gente de su opinión y que los distintos candidatos a la Gobernación también digan qué piensan sobre la minería”, sentenció Risso.

De prosperar esta iniciativa, no habrá candidato que pueda callar ni mirar para otro lado cuando tenga la necesidad de ganarse la confianza de los votantes. Todos, absolutamente todos, no sólo los legisladores provinciales, quedarán salpicados por el lodo de la minería frente a la ciudadanía. Y, sobre todo y más importante, que cada uno de los habilitados para elegir pueda emitir su opinión y que ésta se convierta en mandato, como ya ocurrió hace una década sólo en Esquel.

En este tren de conjeturas, no descartaría otra posible estrategia que no haría más que “patear el tema para adelante”. En caso de aprobarse la iniciativa popular, ¿qué resolverá el Poder Ejecutivo si determina que la ley es anticonstitucional? El ministro Coordinador, Juan Garitano, la calificó en estos términos en una conferencia de prensa ofrecida el viernes en Rawson.

Se sabe que el Ejecutivo tiene este poder de veto sobre todas las normativas aprobadas por el Poder Legislativo, más si las considera “anticonstitucional”. Se puede inferir entonces que la ley sería factible de ser vetada y retornar a la Legislatura donde debería aprobarse con nueva mayoría. Y allí nace otra incertidumbre: ¿si regresa a la Cámara los plazos que la Constitución determina para el tratamiento de una iniciativa popular ya no correrían y el proyecto podría quedar durmiendo allí hasta que la presión popular, empresarial o política vuelvan a rescatarla?

En este contexto se tomará este martes a una decisión fundamental para todos los habitantes de Chubut, no sólo para quienes residen en la Meseta Central. Una decisión, cualquiera sea, que posiblemente, esta vez sí, abra paso a una discusión verdaderamente democrática y enriquecedora. Ya lo dijo Voltaire: “la incertidumbre es una posición incómoda, pero la certeza es una posición absurda”.

A pocos días de las definiciones, cuando el vicegobernador Gustavo Mac Karthy adelantó que se prevé montar un importante operativo de Seguridad y además continúa el paro del gremio APEL, fuentes parlamentarias especulan con que la votación estará muy dividida e incluso no descartan que algunos diputados se abstengan de emitir su voto. De hecho, el propio Ale reparó en que esta semana «algunos de nosotros no han viajado a ningún lado» y agregó que esto se explica en que «estamos analizando minuciosamente el proyecto».

 También elogió la indefinición de muchos diputados como un signo con ribetes cartesianos de que «dudar es demostrar un poco de seriedad en el análisis». En ese marco, el diputado Ale indicó que «puede presentarse una alternativa que no eche por tierra el proyecto inicial pero que dé alguna posibilidad a futuro de que con el debido control y la licencia social se lleve adelante la minería».

El legislador del interbloque FPV reconoció que «es cierto que la iniciativa popular cierra prácticamente todas las posibilidades e incluso da un plazo de adecuación a las empresas que ya estén trabajando que a mi entender no es muy extenso tampoco». Por el contrario, Ale ubicó en un segundo plano la constitucionalidad o no de la iniciativa popular ya que aclaró que en última instancia «es la Justicia» la que deberá expedirse sobre esta cuestión, dijo.

 Sin que ello implique desatender las observaciones de la diputada «Ika» Martínez. «En particular pienso que lo que dicen otros diputados del FpV tiene solidez jurídica respecto de la posibilidad de que sea inconstitucional. Es cierto que si uno ve temas muy evidentes también tiene que ponerse alerta como lo manifestó la diputada», mencionó.

Por último, el diputado del interbloque manifestó haberse inclinado desde un principio en la consulta popular. «Nosotros dijimos que preferíamos consulta popular. Esto sería bueno; por eso estamos viendo y yo en particular tengo una propuesta que vamos a analizar en el interbloque y será presentada en forma conjunta con el bloque si lo acepta o por nosotros en el recinto. Veremos cómo lo hacemos, qué se decide», concluyó con suspenso.

"No traiciono principios ni tengo causas judiciales abiertas"

El Chubut

«Yo tengo mi placar y mis activos tranquilos. No tengo causas judiciales abiertas, sino que las inicié yo», le respondió Norberto Yauhar al gobernador Martín Buzzi, quien el sábado lo descalificó en Comodoro como un dirigente «que no tiene autoridad moral ni política» para pedirle que se baje de la candidatura a la reelección. También agregó que «a diferencia de Buzzi yo tengo un ADN puro, siempre he jugado en el mismo lugar y no traiciono principios. 

El Gobernador cree que está construyendo un proyecto distinto con un nuevo ADN, que es una mutación que nos va a sacar del peronismo, y en esa jugada no me voy a prender», afirmó. El líder del Nuevo Espacio Peronista sostuvo que el lanzamiento de la Junta Promotora Buzzi 2015 terminó definitivamente con el intento de construir una lista de unidad desde el justicialismo, y además aseguró que presentarán junto con otros compañeros un proyecto alternativo para competir en internas con el mandatario provincial.

Al respecto, Yauhar sostuvo que el Congreso del PJ en Lago Puelo del 14 de diciembre, es la fecha límite para esperar que en la Legislatura se definan las Paso, y especuló con que en caso de no ser aprobadas las internas abiertas partidarias se realizarían en abril o mayo del próximo año. «A partir de esta decisión política podemos caminar tranquilos y empezar a buscar una alternativa. No hay posibilidades de una lista de unidad porque no compartimos la visión política que tiene Buzzi del peronismo y mucho menos de cómo está llevando adelante el Gobierno provincial», explicó Yauhar, sin dar nombres de los candidatos que encabezarán esa propuesta. 

Yauhar dejó en claro que en la última reunión que mantuvo con los dirigentes justicialistas Blas Meza Evans, Carlos Eliceche, Javier Touriñán, Néstor Di Pierro y Rafael Williams, sugirió a título personal la posibilidad de armar «una estructura política unificada dentro del peronismo», y consideró que para ello era necesario «bajar todas las candidaturas y empezar a construir una propuesta colectiva resignando las aspiraciones personales». No obstante, frente al lanzamiento de la Junta Promotora de la reelección de Buzzi, Yauhar aclaró que «es respetable, pero nosotros entendíamos que se podría haber buscado una lista de unidad, que obviamente no se busca en función de las candidaturas personales».

Por último, el dirigente del FPV insistió en que «cuando uno habla de unidad, habla de alternativas que permitan a todos los compañeros poder expresarse y buscar que se ponga el proyecto de movimiento por encima de los proyectos personales».

«El Gobierno hizo acuerdo por venta de arenas a YPF bajo cinco candados»

El dirigente del FPV Norberto Yauhar criticó el hermetismo con que el Gobierno está gestionando el proyecto de venta de arenas extraídas de los campos de la zona del Valle a YPF en el yacimiento de Vaca Muerta, que el gobernador Martín Buzzi anunció meses atrás. Yauhar dijo que al igual que sucede con la minería, el Gobierno no muestra estudios de impacto ambiental ni de infraestructura en las rutas que garanticen la viabilidad de este proyecto y la seguridad para los chubutenses. 

El ex ministro de la Nación sostuvo que el acuerdo con YPF «se hizo bajo cuatro o cinco candados, porque no se expuso públicamente». Sostuvo que es necesario un estudio de sustentabilidad económica para determinar si los dueños de los campos y los trabajadores van a cobrar lo que les corresponde.

Veda al extractivismo

Pagina12

Por Darío Aranda

(Por Favio. J. Casarin*) En estos días tendrá tratamiento en la Legislatura de Chubut el Proyecto de Ley denominado antiminero presentado por la Unión de Asambleas Ciudadanas de esa provincia. El mismo desde lo fáctico está plagado de irregularidades en su concepción, y desde el punto de vista jurídico resulta claramente inconstitucional, violando las Constituciones Provincial y Nacional, y las leyes que rigen la materia. Sin embargo, todo vale en pos de armar un circo político, en la cual la indefensa y débil actividad minera que mira para otro lado resulta el blanco ideal para calmar la ira de ciudadanos hartos de denuncias de corrupción y malos gobiernos, y el trampolín para políticos en busca de notoriedad aún a costa de postergar el crecimiento industrial de la Provincia. Todos buscan resarcirse de sus frustraciones, desesperanzas a través de la minería. Pero vayamos por partes, y antes de volver al circo, trataré de desmenuzar como se gestó este Proyecto y la inconsistencia e ilegalidad jurídica del mismo.  

El Proyecto surge de acuerdo a las facultades que otorga la Ley de Iniciativa Popular de Chubut (Ley XII Nro. 5 (ex Ley 4562), que en su Art. 4 dice que pueden presentarse proyectos sustentados con la firma de un 3 % como mínimo de ciudadanos que se encuentren inscriptos en el padrón electoral de las últimas elecciones generales. A su vez, el Art. 2 del mismo cuerpo legal señala que (textual): “No pueden ser objeto de Iniciativa Popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tributos en general, presupuesto y materia contravencional y procesal penal”.

Existen denuncias sobre la ilegalidad de las firmas y falta de verificación de las mismas por parte de la autoridad competente. No he podido comprobar la veracidad de tales denuncias, por lo tanto –y en honor a la verdad y en procura de la seriedad del análisis-, me concentraré en los aspectos jurídicos.

El mencionado Proyecto colisiona con normas de mayor supremacía legal tanto a nivel nacional como provincial. De entrada con el Art. 72 inc.12 de la Constitución Nacional,  que determina que es el Congreso de la Nación el encargado de dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal y de Mineria entre otros. Tanto el Código de Minería de la Nación (Ley Nacional 1919), y sus leyes subsiguientes y complementarias rigen los derechos, obligaciones y procedimientos referentes a la adquisición, explotación y aprovechamiento de las sustancias minerales en todo el territorio de la Nación. Ninguna ley provincial puede oponerse al mismo.

También se enfrenta con el Art. 126 de la Constitución Nacional que establece que:  ”Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación. No pueden celebrar tratados parciales de carácter político; ni expedir leyes sobre comercio, o navegación interior o exterior; ni establecer aduanas provinciales; ni acuñar moneda; ni establecer bancos con facultad de emitir billetes, sin autorización del Congreso Federal; ni dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería, después que el Congreso los haya sancionado. Por lo tanto, las Provincias no pueden dictar normas de fondo que prohíban lo que el Código de Minería no prohíbe y viceversa, que habilite explotaciones de minerales que el Código prohíbe o restringe.

Resulta útil a esta altura, recordar que el Art. 13 del Código de Minería de la Nación establece el carácter de Utilidad Pública que reviste la exploración y explotación de minas. El concepto de Utilidad Pública se refiere a un bien o servicio que es considerado común e importante para la población, entonces el poder público se arroga la facultad de protegerlo o de proporcionarlo. Con la declaración de Utilidad Pública de la actividad minera por el Código de Minería, se quiso establecer que la exploración y explotación de minerales son para el aprovechamiento de toda la población en general, no pudiendo ningún grupo oponerse a la misma.

No obstante lo señalado en los párrafos anteriores, el Art. 2 del  Proyecto Antiminero dice: “Prohíbase en todo el territorio de la provincia de Chubut, la actividad minera de sustancias metalíferas correspondiente a la primera categoría establecidas en el inciso a) del artículo 3 del Código de Minería con la utilización de cianuro, cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio…” (siguen las sustancias). Es decir, el Proyecto pretende legislar en contra del Código de Minería de la Nación, y de bienes de Utilidad Pública, facultad que se les encuentra vedada a las provincias.

Con estos argumentos, y sin ingresar en mayores consideraciones este Proyecto debió ser declarado inadmisible de entrada y archivado sin más trámite. Es clara y rotundamente anticonstitucional, como lo son todas las leyes que rigen en distintas provincias y que legislan sobre prohibiciones a la actividad minera (la misma Chubut con una ley en vigencia, Mendoza, Córdoba, San Luis, y sigue la lista…).

Pero hay más. Según el proyecto de iniciativa popular en su Art. 3 especifica: "Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2º de la presente ley, prohíbese en todo el territorio de Chubut toda actividad minera metalífera cuyas actividades comprendidas en el inciso b) del artículo 249 del Código de Minería, o cualquier tipo de procesamiento, sean realizadas en otra provincia o en el extranjero." dentro de ese articulo alcanzaria a la empresa Aluar dado a que entre las actividades que realiza están comprendidas en el inciso b) del articulo 249 del Codigo de Mineria.  También se vulnera otro Principio Constitucional que es el de la irretroactividad de la Ley.  En sintonía con la violación de este Principio va el  Art.  2 de dicho Proyecto –ya citado, pero que en otras de sus partes especifica-: "Los titulares de concesiones o de derechos mineros que involucren minerales metalíferos o aquellas personas que los ejerciten, deberán adecuar todos sus procesos a las  previsiones del presente artículo en el término de seis (6) meses a partir de la publicación de la misma, bajo pena de caducidad de la concesión minera."  Y como si no bastara, se mete también con otro tipo de sustancias que son competencia del Código de Minería en el Arti. 4 del Proyecto que dice " Prohíbase, en todo el territorio de la Provincia de Chubut, la actividad minera, en todas sus etapas, de minerales nucleares tales como el uranio y el torio. Dicha prohibición regirá, asimismo, para las minas actualmente concedidas las que deberán proceder al cierre y a la inmediata aplicación de las acciones de remediación, recomposición y restitución necesarios." 

Por las dudas que a los chubutenses en su cruzada contra la minería que pretende arruinarles su saludable y próspera vida, pretendan independizarse de la Nación con alguna otra iniciativa popular, el Proyecto también vulnera la Carta Magna Provincial. En efecto, el Art. 102 de la Constitucion Provincial de Chubut establece que “El Estado promueve la exploración y aprovechamiento de los recursos minerales, incluidos los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos y minerales nucleares, existentes en su territorio, ejerciendo su fiscalización y percibiendo el canon y regalías correspondientes. Promueve, asimismo, la industrialización en su lugar de origen”.  De paso también también vulnera el Art. 17 de la misma Constitución que reza: “’En ningún caso el Gobierno de la Provincia puede suspender la observancia de esta Constitución, ni la de la Nación, ni la vigencia efectiva de las garantías y derechos establecidos en ambas".

También, el Art. 5 del mencionado Proyecto, legisla contra el avance y la investigación científica, ya que prohíbe también “el cateo, la prospección y la exploración de sustancias minerales”. Es decir, en Chubut no solo se prohíbe la minería, ahora también se meten con las incumbencias de la actividad geológica y obligación de los estados provinciales de conocer sus recursos. En el fondo, es congruente: mejor no conocer, ni invertir ni gastar recursos, si total más tarde los vamos a prohibir.

Y hay más, mucho más para decir sobre la ilegalidad flagrante de este Proyecto. Que por otro lado son conocidas por los que lo promovieron, por los que lo aceptaron y por los que lo van a votar, sea a favor o en contra. Pero, más allá de lo jurídico, son necesarias otras consideraciones que no es posible soslayar. Un grupo de legisladores tiene en sus manos la decisión sobre el futuro de una provincia y de varias generaciones de chubutenses que sufrirán las consecuencias –para el caso de que se convierta en Ley este Proyecto- de permanecer en una provincia que ha sido bendecida con recursos naturales como son los hidrocarburíferos y mineros, y que se niega al progreso y al aprovechamiento de los mismos.

Una Provincia que con esta riqueza que en lugar de aprovecharla, ponerse a trabajar e industrializarse, eligió el circo. Eligió el circo, tomando como sustento este verdadero mamarracho jurídico, que a esta altura constituye un papelón nacional e internacional. Más allá de que se apruebe o se rechace, es un papelón el sólo hecho de que se esté tratando y debatiendo sobre un tema con contenidos absolutamente antijurídicos y sin sustento racional ni científico.

De alguna manera, los mismos que trabajamos en esta actividad, somos también responsables, y cómplices por omisión. Lo somos porque venimos jugando al gato y al ratón. Poseedores de la legislación que ampara la actividad, de la tecnología que permite una explotación de los recursos de manera sustentable, y de los profesionales y técnicos capacitados, por ahora no somos capaces de hacernos entender y de utilizar una comunicación profesional y sin ambigüedades. Como ya manifesté en otro artículo de reciente publicación, hemos caído nosotros mismos en la trampa utilizando y tergiversando conceptos como minería o megaminería; subterránea o a cielo abierto; con o sin utilización de cianuro. Todo por la mezquindad de conseguir que nuestro propio proyecto continúe sin interesarme los demás. Que cada unos se las arregle solo y como pueda, terminará con que ninguno se las podrá arreglar. Es un principio elemental que la minería aún no termina de comprender.

Desde lo político, se observa el mismo desdén. En un Seminario de Minerales Metalíferos hace unos días, se sigue hablando de éxitos mineros –que los hubo por cierto-, mientras en un tercio de las provincias está prohibida la minería. Se habla de la producción de áridos y de ladrillos –que son importantes, a no dudarlo-, pero no se habla de este Proyecto de ley anitiminero, ni de la reciente prohibición al proyecto Hierro Indio en Mendoza, ni de la defensa organizada de la actividad. Se crean Mesas de proveedores –que son útiles claro está-, pero no se crean Mesas de divulgación y de defensa de los proyectos mineros. Existen organizaciones de tipo federal que se crearon con la finalidad de sustentar y promover la minería, y no se han pronunciado sobre estos verdaderos atentados contra la actividad.

Para terminar, vuelvo al comienzo, y seguramente Usted ya entenderá. Las fieras siempre estarán hambrientas, y si encima nosotros mismos les damos de comer, la fiesta está servida.  Y para que la fiesta sea completa, es necesario armar un circo. No se podía esperar otra cosa. “Había una vez un circo”, es la alegre y recordada canción de los payasos Gaby, Fofó y Miliki. Aquel circo y aquellos payasos, nos hacían reir. Los payasos y el circo de hoy, nos hacen llorar.

*Presidente de la Asociación de Profesionales de las Industrias del Petróleo y de la Minería de Argentina (APPMA)